Animadversión contra la prensa independiente, falsificación de documento público y desigualdad ante la ley: el caso de Carolina Trejo

La periodista se encontraba reporteando el tercer aniversario de la revuelta social desatada en Chile cuando fue detenida por carabineros, a pesar de tener colgando en su cuello dos credenciales que la certificaban como comunicadora y corresponsal de un medio extranjero. Sin embargo, en el parte policial nunca se explicita su oficio y además, hasta ahora no ha tenido la posibilidad de defenderse ante un juez.

Por Camila Sierra M.

Desde el estallido social (2019) hasta la fecha, la organización sin fines de lucro dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, Observatorio del Derecho a la comunicación (ODC) reporta más de 400 casos de ataques a la prensa en Chile perpetrados por agentes del Estado u otros. Según abogados de Derechos Humanos, se está convirtiendo en una práctica habitual, ya que quienes la ejercen no reciben ningún tipo de amonestación o castigo por la falta.

Uno de ellos es el caso de la periodista Carolina Trejo Vidal, corresponsal de la agencia de noticias Sputnik News, profesora de la Universidad de Chile y de la Universidad de Santiago, quien fue detenida mientras se encontraba cubriendo las manifestaciones del tercer aniversario de la revuelta social. Según ella misma relata, pasadas las 18:00 horas ya estaba en camino de retirada cuando se percata de unos controles de identidad realizados arbitrariamente a manifestantes que llegaban a la conmemoración cerca de Plaza Dignidad.

Fue en ese momento en que es detenida por el cabo segundo Rafael Carrasco, aun cuando la corresponsal se identificó como periodista y tenía colgando del cuello –es decir, a la vista- dos credenciales que la acreditaban como profesional de la prensa y que, por lo tanto, estaba ejerciendo su trabajo.

Sin embargo, fue arrestada de todas formas, de una manera que según dice, fue muy violenta. Trejo, su abogado y el Director de ODC advierten que este y otros casos, son claros y evidentes hostigamientos y animadversiones a la prensa, principalmente independiente y alternativos, que además, se vienen produciendo cada vez con mayor frecuencia -y haciéndose cada vez más públicos desde el 2019- ataques que son ejecutados principalmente por Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile C.O.P.

Irregularidad en el proceso

La corresponsal del medio ruso se encontraba registrando una detención al momento de ser arrestada, instante en que no medio ningún tipo de o diálogo previo, según relata, (como sí lo hubo en ocasiones anteriores donde quisieron impedir su labor) simple y rápidamente la toman, según cuenta, bruscamente y la detienen.

De su cuello colgaban dos credenciales: una de ellas es la que otorga la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio Secretaría General de Gobierno, la otra, del medio Sputnik. Ambas a la vista, además de encontrarse con su carnet de identidad, documento oficial en el que al reverso explicita su profesión, es decir, periodista.

Según el abogado de la Corporación por la Promoción y la Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), Hiram Villagra, la práctica detrás de este tipo de detenciones es compleja: “es desconocer y tratar de restringir la libertad de prensa hacia los periodistas, sobre todo de los de medios alternativos”.

Anterior a estas detenciones cada vez más frecuentes, lo que se hacía –según el abogado de CODEPU- es que se usaban figuras como la sedición impropia o el espionaje. Más, rápidamente eso cambió, ya que se trataba de delitos de naturaleza política muy difíciles de probar, por lo que pasaron de ello a las vías de hecho, o derechamente a desnaturalizar procedimientos que están hechos para otra cosa, a fin de sancionar a los periodistas por conductas que no son infracciones o no aparecen cometidas en el curso de la práctica periodística cuando en realidad sí lo son.

En el caso particular de Trejo, ella es detenida, siendo acusada en primera instancia de atentado contra la autoridad, luego cambia a desobediencia a la autoridad, delitos que se le adjudican mientras se encontraba en la 3era Comisaría de Santiago. Si bien ella menciona en innumerables oportunidades su oficio, no se deja claro en el parte ni tampoco en el acta de detención, aun cuando el mismo carabinero que la detuvo se queda con sus credenciales de periodista.

La comunicadora menciona que luego de un rato, estando en el calabozo, el cabo segundo Carrasco –persona que la detiene- se dirige a ella y le indica que el número de carnet que aparece en la credencial otorgada por la Secretaría de Estado no corresponde a la cédula inscrita en su carnet de identidad, por lo que la va a acusar además de falsificación de instrumento público.

Frente a esto, la periodista, le responde que puede ser un error de tipeo, y que tiene la tranquilidad del origen oficial de sus credenciales. “Creo que lo que estaba buscando era un delito por el cual acusarme, porque mi detención desde el primer momento fue ilegal”, sostiene Trejo.

Gracias a la intervención del Colegio de Periodistas, al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y a que la casa de estudios en la que trabaja la periodista hizo la denuncia, Trejo fue liberada durante la noche de ese mismo día. Sus credenciales fueron devueltas. Más, nunca recibió citación a juicio, solo una notificación que había sido objeto de una multa por la falta cometida, a la que ella apeló. Hasta el término de este reportaje aun no tenía la posibilidad de contar su versión frente a un Juez.

A pesar de que se intentó acusar a Trejo, en la comisaría, de falsificación de documento público, quienes omitieron información fueron los agentes del Estado. A momento en que en el parte que llega al domicilio de Carolina Trejo, en ningún lugar la identifica como profesional de la prensa.

“En el caso mío, nunca se reconoce mi condición de periodista. El Fiscal, a partir de declaración de Carabineros, sostiene que yo no obedecía a los funcionarios en la calle mientras estaban despejando la calle. Nunca sostiene que yo tengo credenciales que me identifican, nunca menciona que yo estaba grabando, no. Porque Carabineros omitió ese conocimiento y, evidentemente, eso al momento de escribir el parte puede constituirse en falsificación de instrumentos público”, declara Trejo.

Finalmente, Villagra, abogado de Trejo, sostiene que “esta es una situación bastante seria. Se trata del uso desnaturalizado de los procedimientos naturales y judiciales para obtener resultados de amedrentamiento, que es algo bastante complejo y que se está haciendo muy habitual”.

Libertad de expresión y derecho a la información

Tanto para Trejo, como para su abogado y el Director del ODC, lo que ocurrió con la periodista –quien cuenta con vasta trayectoria- se trata de un ataque a la libertad de expresión estando en contra al derecho a la información.

El pasado mes de mayo, la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), publicó su informe número 21 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, en el cual participan 180 países. Chile aparece en una “situación problemática” al respecto, ya que bajó de la posición 31 donde se encontraba el año 2017, a la posición 83 del ranking sobre libertad de prensa.

Según radio JGM (de la Universidad de Chile), este es el séptimo año consecutivo en que Chile desciende en el ranking: entre el 2021 y 2022 se evidenció la baja más significativa, pasando de la posición 54 a las 82, periodo durante el cual Carolina Trejo vivió la detención.

Javier García, Director de ODC, señala que “durante el 2020 hubo 80 detenciones a periodistas y comunicadores, fueron las que logramos identificar, que es una cifra brutal, brutal”. En cuanto a lo mismo –y al caso particular de Carolina Trejo- Hiram Villagra señala que carabineros “claramente extienden el tema de la soberanía porque un periodista no está obligado a obedecer. No es un manifestante a los cuales se dispersa, porque aquí hay protocolos que no usan.En este caso,ella no estaba obstaculizando ni podía hacerlo, dado que no estaba funcionando como manifestante, estaba funcionando como periodista”.

A dos años de lo señalado por García, el documento de RSF afirma que “el periodismo de investigación pierde terreno y las agresiones a periodistas se multiplican. Los procesos judiciales contra medios y periodistas se han convertido en una estrategia recurrente para silenciar el periodismo”.

Lo anterior es reafirmado por el Director de ODC, quien declara que “si tú tienes un órgano del Estado que hace mal su función y está haciendo detenciones irregulares y tú eres el siguiente y no logras filtrar eso, entonces todo el sistema está mal. Claro, nos hemos enfocado mucho en los errores de carabineros entorno a las violaciones de Derechos Humanos, pero para que eso ocurra es porque otros agentes del Estado lo permiten, es un fallo en cadena. Lo mismo ocurre con las Fiscalías, aunque seguro que en algunas más que en otras”.

En el caso de Trejo, ella alega que “primero me acusaron de un delito que no cometí, que es grave, porque es carabineros quien determina que estás cometiendo una acción, es una potestad de la autoridad policial. En segundo lugar, una vez que se me acusa, en este caso, de desobediencia contra la autoridad, es un calificativo que inhibe que nosotros podamos ejercer la profesión, nuestra labor. Eso es más grave. Y finalmente, es que al momento en que se escribe el parte y el Fiscal me acusa, nunca menciona mi oficio, hay una omisión de información, y eso también es grave”.

Pero nosotros, como periodistas, estamos ahí para cubrir una noticia. Estoy ahí por mi labor y convicción. Y además estábamos en un aniversario importante, de manifestaciones. O sea, todo el contexto era político, social y noticioso. Entonces, la cuestión que hay detrás de mi caso es ¿cuándo Carabineros decide qué es desobediencia y que no es desobediencia? Y sobre todo en el caso de un periodista. Eso un problema para el libre ejercicio de la profesión. Y lo otro, ¿qué pasa cuando un fiscal toma una declaración como cierta cuando se omite información?”, reflexiona la periodista afectada.

El pasado 31 de julio la Cámara de Diputados aprobó, en general, la idea de creación del estatuto de protección de periodistas y comunicadores. Sin embargo, por ser objeto de indicaciones, vuelve a la Comisión de Cultura para un segundo informe.

En dicho estatuto, el concepto de agresión se define como cualquier acto que atente contra la vida, integridad física, psíquica y sexual de periodistas y trabajadores de las comunicaciones en el ejercicio de su labor. Entre ellas, se consideran las detenciones ilegales y/o arbitrarias.

¿Igualdad ante la ley?

Según Hiram Villagra, abogado defensor de Carolina Trejo, “en su caso hubo uso abusivo de normas, digamos que se mal usa una determinada norma. Abusivo en el término de mal uso, de uso por una cosa que es distinta a lo que naturalmente es el uso abusivo, mal uso o uso malicioso de normas legales de menor entidad que crean meras infracciones”.

Lo que quiere decir el abogado, es que lo que pasó con la corresponsal de Sputnik News se habría resuelto con una simple conversación. “Pero no, la detienen y ocultan su calidad de periodista porque saben que, si se invoca eso, se da. Y el fiscal no se preocupa de llegar al fondo del asunto”.

Por lo anterior, es que Villagra y Trejo realizaron la denuncia por falsificación del parte, ya que omite información habiendo sido manifestada en reiteradas oportunidades por la afectada, se trata de un documento público, atribuyéndole además una conducta que ella nunca incursó.

“¿Qué es lo que pasa? Los partes policiales pueden ser entendidos como instrumento público. Cuando tú aseveras en un instrumento público algo que no sucedió, es lo que se llama la falsificación ideológica. Hay dos tipos de falsificaciones. Esta es una variante de falsificación de instrumento público, que es cuando en un instrumento que cumple todas las variedades se vierten contenidos que no son realidad, debiendo serlo”, declara enfático el abogado defensor de la periodista.

A Carolina Trejo, además de acusársele primero de atentado contra la autoridad, luego de desobediencia y de falsificar el parte omitiendo su profesión, nunca se le da la posibilidad de juicio, de estar frente a un Juez. En primera instancia, se le aplica procedimiento monitorio, que es aquel que se aplica a faltas que solo tienen como sanción una multa. Luego se le aplica Principio de oportunidad, que es la facultad del Ministerio Público de no iniciar la investigación de un delito o de no continuar la ya iniciada cuando el hecho no compromete gravemente el interés público. En el fondo lo que hace Fiscalía es renunciar a la acción penal o renunciar a la acción judicial, ya que es más barato incursar una multa que hacer un juicio.

Ambos procedimientos culminaron en la llegada de un actuario al domicilio de la periodista, notificándola de que debe pagar una multa, sin haberse presentado nunca en ningún juzgado. “Aquí lo que sucede es que Fiscalía les cree a carabineros, tomándolo como un testigo de fe. Yo nunca tuve, como una de las partes, igualdad ante la ley ¿Y por qué? Porque aplicaron, según las normas que benefician a los jueces para hacer procedimientos cortos, para evitarse gastos y no para ejercer justicia. Es decir, aquí primó criterios de economía judicial y no de justicia”, declara la periodista.

La profesional se niega a pagar la multa, ya que como menciona su abogado, “se agarra una situación que no puede ser o que no es. O sea, no puede ser un delito cubrir la manifestación, aunque la manifestación no sea autorizada, es noticia y por lo tanto periodistas y comunicadores están habilitados para cubrirla. Por eso decimos que es un delito imposible, que es aquel que, por las circunstancias concretas, no se puede cometer”.

Por todo lo anterior, es que actualmente Carolina Trejo y su abogado evalúan la posibilidad de llegar a instancias internacionales, como la Corte Interamericana, tanto para perseguir las sanciones a carabineros y acusarlos de falsificación de instrumento público como para tener la posibilidad de un juicio justo. “Lo que pasa aquí es que no hay igualdad ante la ley. Yo nunca tuve un juicio justo ¿Por qué? Porque nunca escucharon mi versión, todo lo determinaron ellos, una de las partes. Y yo digo que eso es lo más grave de hoy en día, porque no todos tienen los conocimientos en cuanto a la ley”.

Respecto a lo último, culmina: “Si estamos hablando del trabajo de nosotros como profesionales de la prensa ¿Cierto? Yo no trabajo para ellos y para eso tengo credencial, para eso tengo un fuero, para eso tengo una profesión que me permite acceder a fuentes, sitios, lugares, para informar. Aquí el sistema hace que, de alguna manera, el estado viole normas Internacionales del derecho a la información Eso resulta peligroso”.

Este artículo se realizó en el marco de la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña de Investigación sobre Ataques a Periodistas.

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Taller: Impacto de las crisis políticas en el periodismo

Sábado 4 de marzo de 2023 de 10 a 14 horas

Asistencia presencial: Centro de Memoria del Estadio Nacional, Av. Grecia 2001, RM, Metro Estadio Nacional.

Asistencia online: Mediante plataforma Zoom, se enviará link a personas inscritas

Formulario de inscripción

Contenidos

  • Restricciones de la libertad de expresión en América Latina en contexto de crisis, el Informe Sombra de Voces del Sur
  • Periodismo de investigación: qué y cómo se está investigando en América Latina.
  • Impacto de la crisis política y social en el Perú en el periodismo
  • Presentación de la campaña #comunicasinmiedo

Expositora: Adriana León, periodista del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS- Perú)

La actividad es organizada por el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC), con la colaboración de la red Voces del Sur, IPYS-Perú y la Corporación Estadio Nacional, Memoria Nacional Ex Prisioneros Políticos.

Los datos recopilados en el formulario serán utilizados para el acceso al curso y para recibir información sobre las actividades de ODC. Puedes consultar tus dudas o solicitar el ejercicio de tus derecho de acceso, rectificación, oposición o cancelación contactando al correo electrónico a ChileODC@protonmail.com

Condenan a 61 días de cárcel a editor de periódico digital por reportaje sobre presuntas irregularidades en remuneraciones de la Municipalidad de Quilleco

Desde el Observatorio del Derecho a la Comunicación alertan que esta sentencia afecta a la libertad de prensa e inhibe el control social sobre los funcionarios públicos. Debido a que el acusado carece de antecedentes se sustituyó la condena por la de remisión condicional de un año, quedando bajo vigilancia de Gendarmería.

Crédito: Resumen.cl

Viernes 20 de enero de 2023.- Una preocupante sentencia judicial se conoció el pasado 18 de enero, cuando el Tribunal de Garantía de Concepción condenó por el delito de injurias a Felipe Soto, director del periódico digital Resumen, quien en julio de 2022 escribió un reportaje sobre “presuntos sobresueldos en la Municipalidad de Quilleco”.

En el texto se aludía a la trayectoria política de Rodrigo Daroch Yáñez, funcionario del Gobierno Regional de Biobío, y a los contratos de trabajo que mantuvo en forma paralela y que fueron objeto de investigación por parte de Contraloría, sin que en el reportaje se le imputará la comisión de un delito. El aludido, quien no ejerció el derecho de rectificación, acudió a la justicia penal con una querella en la que acusaba al comunicador.

La acción fue acogida por el tribunal que, tras varios meses de tramitación, condenó a Felipe Soto por el delito de injurias graves con una pena de 61 días de reclusión menor en su grado mínimo, una multa de 11 UTM y la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. Sin embargo, por carecer de antecedentes penales, se sustituyó la pena por la de remisión condicional de un año, tiempo en que Soto quedará con firma mensual y bajo observación y vigilancia de Gendarmería.

En el fallo el tribunal consideró acreditadas las acusaciones respecto al uso de expresiones que buscan dañar la honra y producir un menoscabo aludiendo al titular del reportaje “El método Daroch” y señalando que éste contenía información parcializada.

Desde el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) advierten que esta sentencia podría sentar un preocupante precedente que afecta gravemente al escrutinio que realizan los medios de comunicación respecto de la actuación de funcionarios y autoridades públicas afectando el derecho a comunicar y a la libertad de expresión.

Javier García, presidente de ODC, afirmó que según los datos que han recopilado desde el Poder Judicial “resulta frecuente que empresarios, políticos y altos funcionarios públicos abusen de los recursos judiciales, interponiendo querellas u otras acciones contra periodistas o activistas que divulgan información y críticas sobre asuntos de interés público”.

“En 2015 las querellas no llegaban a mil, mientras que en 2020 habían aumentado a más del doble (2.000 querellas). La mayoría de ellas son admitidas a trámites y el 17% de las causas finalizan en gran medida porque la o el acusado acepta su responsabilidad por miedo a ser condenados y a enfrentar la incertidumbre de un proceso legal”, enfatizó.

Además, señaló que el uso de estos delitos contra el periodismo es contrario a los estándares internacionales. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recomendado a Chile, en reiteradas ocasiones, la despenalización de los delitos de difamación, injurias y calumnias cuando se trate de casos que involucren a funcionarios públicos porque considera que la existencia y aplicación de normas penales criminalizan la libertad de expresión, generando un efecto disuasivo e inhibiendo la investigación y el reporteo de asuntos de interés público general”.

Audio con declaración de Javier García, Presidente ODC

Sentencia del Tribunal de Garantía de Concepción

Link al reportaje que motivó la querella

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Más de 400 agresiones a periodistas y comunicadores se registran en Chile desde 2019

Desde la crisis social de 2019 se ha producido un preocupante aumento de las agresiones a periodistas y comunicadores/as durante sus labores en Chile. Desde entonces, el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) organización sin fines de lucro dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, ha registrado más de 400 agresiones por parte de fuerzas del orden público mediante seguimiento de casos, revisiones de prensa y solicitudes de acceso a la información mediante transparencia.

Sumado a ello, en marzo de 2021, se conoció el ataque con disparos a un equipo de TVN en La Araucanía y, en 2022, el lamentable fallecimiento de Francisca Sandoval, reportera de Señal 3 La Victoria a causa de un disparo recibido mientras cubría una protesta el 1° de mayo en Santiago.

Estos hechos, que evidenciaron la necesidad de aportar información sobre la seguridad del ejercicio periodístico en nuestro país, motivaron el desarrollo del proyecto “Aplicación de los Indicadores de Seguridad de Periodistas en Chile” que contará con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de UNESCO, el que será ejecutado por investigadores/as de ODC entre noviembre de 2022 y junio de 2023, con el objetivo de contribuir a la protección de las y los trabajadores de la prensa e impulsar el perfeccionamiento de políticas públicas en la materia.

“Chile se encuentra en una crisis de Libertad de Expresión que se ha agudizado desde el estallido social y la emergencia sanitaria afectando el ejercicio pleno de la democracia. Por eso con este proyecto buscamos generar conciencia entre los diferentes agentes involucrados: periodistas, fiscales, investigadores, legisladores, entre otros, para impulsar el debate y el desarrollo de medidas efectivas para la promoción de la seguridad y la protección de las y los trabajadores de la prensa”, señaló el director de ODC, Javier García.

Este proyecto, pionero en Chile, toma como base las recomendaciones e indicadores de Seguridad de Periodistas realizados por UNESCO y contempla la realización de informes sobre la situación en Chile, una base de datos sobre las agresiones registradas a la prensa desde 2019 y dos talleres sobre seguridad física y digital para el desarrollo de la actividad informativa.

Además, los principales hallazgos se presentarán al finalizar el período de ejecución del proyecto durante un seminario en el que se debatirá sobre posibles mejoras para proteger la labor periodística con agentes de organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas.

Situación en Chile

Según los datos recopilados, desde octubre de 2019 hasta noviembre de 2021 se contabilizaron 403 ataques contra la prensa, a través de amenazas e intimidaciones contra periodistas, comunicadores/as, fotógrafos/as y medios de comunicación. La mayoría de las agresiones y actos de hostigamiento ocurrieron cuando las y los trabajadores se encontraban realizando cobertura informativa de las protestas y fueron cometidas principalmente por funcionarios de Fuerzas Especiales.

Según el Informe sobre Libertad de Expresión en el Contexto de las Protestas y Movilizaciones en Chile – elaborado por ODC y Fundación Datos Protegidos con la colaboración de académicas de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile – solamente entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019 se documentaron 171 ataques: 102 a causa de disparos de armas disuasivas, 5 por gases lacrimógenos, 3 por vehículo lanza aguas, así como 27 detenciones arbitrarias y 34 relativos a distintas formas de hostigamientos como golpes, empujones o controles de identidad. Es decir, un 60% del total de ataques correspondían a impactos de proyectiles de armas disuasivas (perdigones y bombas lacrimógenas), destacando entre los casos más graves dos personas con pérdida ocular y denuncias por maltrato y violencia sexual contra dos periodistas detenidas en Arica por parte de funcionarios policiales.

Ya en pandemia, según el Informe sobre Libertad de Expresión 2020 (ODC – FDP – FCEI), se observa un nuevo escenario donde los ataques a la prensa continuaron, pero cambiaron de forma. En total se contabilizaron 105 ataques, 75 de ellos fueron detenciones arbitrarias bajo el pretexto de incumplimiento a la normativa de prevención sanitaria o de resistirse a la autoridad. Además, se identificó un incremento del uso de gases disuasivos y carros lanza aguas contra la prensa.

Durante el año 2021, en tanto, se constataron 127 agresiones contra la prensa por parte de agentes del Estado y si bien se redujeron las detenciones arbitrarias bajo causa de medidas sanitarias o de acciones contra la autoridad, se incrementaron los ataques con gas pimienta a fotoreporteros y actos de hostigamiento para impedir o dificultar el ejercicio de la labor de periodística.

Más del 86 % de los registros de casos corresponden a la Región Metropolitana y se refieren, en su mayoría, a agresiones producidas en el contexto de la cobertura informativa de las protestas en Plaza Baquedano. Las víctimas de los ataques han sido principalmente reporteros freelance y de medios independientes.

Derecho a la comunicación, libertad de expresión y nueva Constitución

Javier García, Director del ODC

Qué es el Derecho a la Comunicación

La emergencia del derecho a la comunicación tiene algunas décadas de trayectoria, y ha tomado protagonismo en momentos de debate internacional respecto al estado de las comunicaciones. Entre los hitos destaca la discusión en los años 80 a raíz de la publicación por la UNESCO del Informe MacBride, «Voces múltiples, un solo mundo», o más recientemente, las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) que se desarrolló entre 2003 y 2005.

Distintos autores han abordado la conceptualización del Derecho a la Comunicación (Sáez, 2015), si bien lo han hecho desde tres enfoques distintos. El comunicólogo Cees Hamelink (2003) lo considera como un concepto paraguas que contiene varios derechos: derechos de información, derechos culturales, derechos de protección, derechos colectivos y derechos de participación. Garantizar condiciones equitativas para todos los actores en el acceso y uso de Internet. Para la jurista Paula Saffon (2007) se trata de un derecho autónomo, que forma parte del contenido de la libertad de expresión, vinculado al desarrollo de la sociedad de la información, que garantiza a todas las personas no solo el acceso a la información, sino la posibilidad de producirla y convertirla en conocimiento, un enfoque similar al contenido en la Declaración de la Conferencia de San José de Costa Rica (UNESCO, 1974). En el ámbito de las políticas de comunicación se suele utilizar el término como un sinónimo de libertad de expresión (Loreti y Lozano, 2014). Como concepto no se incluye explícitamente en los tratados internacionales y, como acabamos de indicar, en la doctrina no se ha consolidado su significado, por lo que desde el punto de vista jurídico es un concepto jurídico indeterminado. Es decir, no posee una definición jurídica.

Algunas constituciones recientes incorporaron un enfoque desde el Derecho a la Comunicación. El texto de Bolivia, por ejemplo, opta por el reconocimiento expreso del Derecho a la Comunicación, pero sin definir su contenido o establecer garantías para su ejercicio, mientras las constituciones de Ecuador y México optan por establecer un amplio catálogo de derechos y obligaciones vinculados con las libertades expresivas.

El Derecho a la Comunicación como un conjunto de demandas

Lo anterior no imposibilita su uso coloquial en torno a la profundización del respeto a un derecho previamente reconocido, como es la libertad de expresión. En este sentido, han sido principalmente las organizaciones de la sociedad civil las que más se han referido al Derecho a la Comunicación para reclamar la democratización de la comunicación y denunciar situaciones como la discriminación a las radios comunitarias, la concentración de los medios de comunicación, la vulneración de los derechos de las audiencias, la brecha de acceso a la sociedad de la información, la precariedad del trabajo periodístico y su incidencia en la calidad de la información.

Desde esta perspectiva debemos entender el Derecho a la Comunicación no como un concepto jurídico que viene a sustituir a los existentes sino, más bien, como un conjunto de demandas por parte de los sectores que encuentran obstáculos para expresarse y comunicar y reclaman otra forma de abordar la comunicación. Las demandas se refieren a varias dimensiones: cómo se entienden algunos derechos, cómo se aplican derechos ya reconocidos, las deficiencias normativas o el rol del Estado para garantizar estos derechos.

Robustecer la libertad de expresión para garantizar el derecho a la comunicación

En países como Chile se ha desnaturalizado el sentido y alcance de la libertad de expresión. El marco normativo resulta deficiente y contradictorio, alternando enfoques extremadamente liberales con enfoques restrictivos y su aplicación es aún más deficiente. Ejemplos como la persecución penal de injurias, calumnias o el castigo con cárcel por la falta de autorización para radiodifusión, o en el ámbito de los medios de comunicación la exigencia de registro previo para difundir medios de comunicación, ausencia de medidas para garantizar el pluralismo en un ecosistema de medios concentrado. En Chile la libertad de expresión ha sido confundida con la protección de los derechos de propiedad y libertad de empresa de unos pocos.

Esta concepción de la libertad de expresión contrasta con el desarrollo que ha tenido este derecho en el ámbito internacional, tanto desde la teoría de los derechos fundamentales como en la doctrina desarrollada por los organismos de derechos humanos. En este sentido es relevante tomar los pronunciamientos tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1985), que desde hace décadas han declarado la libertad de expresión como un derecho de doble dimensión, individual y colectiva, que que tiene por objeto fortalecer el funcionamiento de sistemas democráticos pluralistas y deliberativos (CIDH, 2010).

Si bien el derecho a la libertad de expresión en Chile ha sido maltratado, no debemos caer en el error de desechar este derecho y buscarnos otro. En este sentido, la reivindicación del Derecho a la Comunicación en Chile debe destinarse, también, a una reapropiación y ampliación de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, incorporando al derecho interno los mejores estándares internacionales tanto en materia de libertad de expresión como en otros derechos y libertades relacionadas (asociación, reunión, participación), con un enfoque desde los derechos humanos. Esto debe de ir acompañado de instituciones que protejan estos derechos y su disfrute por parte de todos y no sólo de unos pocos.

Consagración constitucional del derecho a la comunicación. Traducir las demandas en garantías jurídicas

La discusión de una Nueva Constitución para Chile abre la oportunidad de avanzar hacia la democratización de la comunicación. En este sentido cabe preguntarse si la sóla mención del Derecho a la Comunicación en el texto constitucional resulta suficiente para consagrar este derecho.

Como se ha indicado anteriormente la definición jurídica del Derecho a la Comunicación se encuentra abierta, en el constitucionalismo comparado no se ha concretado su contenido, y como concepto tampoco se incluye en los tratados internacionales. En consecuencia, la inclusión del término Derecho a la Comunicación, si no va acompañada de una definición o de medidas concretas, queda a la interpretación del órgano legislador y del Gobierno de turno.

Desde el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) consideramos que lo fundamental es enfocarnos en el contenido o finalidad del Derecho a la Comunicación, para que la nueva carta fundamental incorpore una serie de principios y garantías que se vinculan con nuestras demandas. En este sentido destacamos los siguientes aspectos constitucionales que consideramos claves para la consagración material del Derecho a la Comunicación:

1- Fortalecimiento del derecho a la libertad de expresión: (1) Reconocimiento de doble dimensión, individual y colectiva, de las libertades expresivas, incluir garantías para el pluralismo, el ejercicio del periodismo y la prohibición de la censura previa; (2) Establecer un sistema de límites similar al contenido en tratados internacionales (test tripartito); (3) Incorporar la dimensión social de los derechos de comunicación pública y el deber del Estado de fomentar estos derechos e impulsar medios públicos y comunitarios.

2- Fortalecimiento de otros derechos conectados: el derecho de reunión, la participación ciudadana, los derechos sindicales, la protección de la educación y la privacidad en el contexto digital, o la función social del derecho a la propiedad, por señalar los principales.

3. Cláusulas constitucionales estructurales: (1) Rol activo y no subsidiario del Estado: los poderes públicos no deben limitarse a no interferir en el ejercicio de estas libertades (acción negativa) sino que debe tener un rol activo en promover estos derechos (acción positiva); (2) Principio de igualdad: la constitución debe garantizar la igualdad material, no sólo la formal; (3) Reconocimiento de un Estado plurinacional para garantizar el respeto y reconocimiento del pluralismo y la diversidad.

REFERENCIAS

Corte IDH (1985): “La Colegiación Obligatoria de Periodistas” Opinión Consultiva 5-85.

Comisión IDH (2010): Marco jurídico interamericano del derecho a la libertad de expresión.

Hamelink, Cess (2003): El derecho a comunicarse.

Loreti, Damián y Lozano, Luis (2014): “El derecho a comunicar. Los conflictos entorno a la libertad de expresión en las sociedades contemporáneas”.

Sáez, Chiara (2015): Derecho a la Comunicación y Nueva Constitución.

Saffon, María Paula (2007): El Derecho a la Comunicación: un derecho emergente.

UNESCO (1976): Declaración de la Conferencia de San José de Costa Rica.

Septiembre: el maltrato a la prensa independiente

BOLETÍN Nº5 DEL OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA COMUNICACIÓN

Introducción

El estallido social y la posterior crisis por la pandemia COVID-19 han evidenciado la importancia de los medios y comunicadores independientes. Su rol ha sido clave registrando las vulneraciones a los derechos humanos durante las protestas, dando a conocer una realidad que los grandes medios han opacado, pero también aportando evidencias que servirán de pruebas en numerosos casos judiciales. Durante la pandemia han sido también periodistas independientes los primeros en cuestionar las cifras oficiales y en denunciar el ocultamiento de la magnitud de la pandemia.

Si bien estos medios y comunicadores han ganado protagonismo, también se han convertido en objeto de ataques. Las agresiones y detenciones a la prensa no han cesado desde octubre pasado, a lo que se suma el hostigamiento judicial, amenazas y eliminación de contenidos en redes sociales. La radio JGM publicó un artículo multimedia con entrevistas a distintos actores que evidencian las adversas condiciones que encuentran las radios comunitarias para desarrollar la función informativai. Asimismo, el pasado 21 de septiembre un nutrido grupo de de medios populares e independientes difundió un comunicado de prensa denunciando esta situación y alertaban que “el actuar de Carabineros de Chile evidencia una estrategia de persecución y represión dirigida contra los comunicadores populares y corresponsales extranjeros que no se conforman con el discurso oficial”ii. Lamentablemente este comunicado no tuvo eco en los medios convencionales, que sin embargo, no han tenido inconveniente en utilizar, sin autorización, registros de medios independientes. La crisis de reputación de los medios grandes, también es una crisis de su modelo económico, como muestras las continuos despidos de trabajadores y los problemas financieros de algunos grupos empresariales.

Durante este mes destacamos también el reportaje de Brian Arredondo, Belén Sabbag y Francisca Vargas sobre las adversas condiciones que debido soportar los medios comunitarios tales como Radio Manque de Rancagua, Radio Plaza de la Dignidad y Radio La Voz de Paine. De acuerdo a la publicación, los comunicadores de estas radios han sido víctimas del hostigamiento policial continuamente, el cual se ha incrementado desde el estallido. La pandemia, por su parte, los ha impulsado a utilizar nuevas plataformas, generando redes para realizar foros, transmisiones en conjunto y cadenazos radiales que han aumentado el flujo de usuarios en las plataformas que utilizan, además de compartir contenido creado por los distintos participantes. Por último, también han tenido que enfrentar la judicialización por exigir el respeto a su derecho a la libertad de expresión y de la comunicación.

Finalmente, la falta de transparencia no deja de tener protagonismo en nuestro boletín. Si bien el Gobierno fue mejorando la comunicación pública sobre la pandemia, el Ministerio de Salud se niega a responder, de forma sistemática, a la solicitudes de acceso a la información pública, eludiendo entregar informes y datos que no figuran en las web oficiales.

Índice:

1. Hostigamiento a la prensa

1.1. Amenazas y agresiones a reporteros/as

1.2. Obstaculización a la labor periodística

2. Límites a la transparencia y acceso a la información

2.1. Ocultamiento de información sobre la pandemia

2.2. Denegación de solicitudes de acceso a información pública

2.3. Incumplimiento de la Ley del Lobby

3. Faltas a la ética periodística

4. Restricciones a la expresión de críticas

4.1. Censura a la expresión artística

4.2 Condena por difusión de información reservada

5. Laxitud y discrecionalidad en la regulación de la TV

5.1 Pluralismo político en matinales

5.2 Cuestiones de criterios de asignación de fondo CNTV

6. Crisis económica de la industria mediática

6.1. Despidos y disminución de la inversión publicitaria en medios digitales y TV

6.2 Crisis del grupo SAIEH – Copesa

El día 09 de septiembre, en Bonifacio, costa de Valdivia, desconocidos intentaron quemar la Radio comunitaria Lafken Mawidaiii, de la recientemente conformada Red de Medios Radiales del Wallmapu y la Patagonia. El incendio afectó la estructura del estudio de la radio comunitaria, la que se encontraba en su etapa final de construcción. Los hechos ocurrieron después de una intensa semana de movilizaciones que involucraron reuniones con las autoridades locales del MOP y particulares, donde se discutió sobre las expropiaciones impagas hace tres años, el avance acelerado de las empresas inmobiliarias que están construyendo condominios y haciendo desaparecer el bosque nativo.

El día 4 de septiembre de 2020 en el contexto de nuevas manifestaciones en Plaza Baquedano (Plaza Dignidad). Carabineros golpeó y lanzó gas pimienta a la prensaiv, arrestando con violencia al reportero de Prensa OPAL, Gianco Raglianti, hecho que quedó registradov. Al día siguiente, el Tribunal de Garantía, en base a los videos aportados por la defensavi, declaró ilegal la detención del reportero. El abogado Rodrigo Roman de la ONG Defensoría Popular anunció la interposición de una Querella en contra de los involucrados.

El 25 de septiembre en Plaza Baquedano (Plaza Dignidad), durante una protesta protagonizada por trabajadores de la salud y representantes de los Técnicos en Enfermería (TENS), Carabineros dispersaron a manifestantes con gases lacrimógenos y carro lanza agua. Se produjeron un total de 16 detencionesvii, entre quienes se encontraba la foto – reportera Daniela Parraviii, que fue subida al carro B512.

1.2. Obstaculización a la labor periodística

El día 23 de septiembre de 2020 la agrupación de Prensa del Congreso Nacional denunció, a través de sus redes socialesix, que desde la Corporación del Senado han intentado, por distintos medios, coartar la labor de la Agrupación de Prensa del Congreso mediante tonos amenazantes y el establecimiento de puntos de prensa sin aceptar preguntas. Estas acusaciones ocurren en el contexto de la decisión de la Comisión de régimen interno del Senado que estableció que el secretario general de la Corporación, Raúl Guzmán, cesará sus funciones como secretario abocándose solo a tareas de carácter administrativo, una vez que sea formalizado por el Ministerio Público por infracciones a las normas sanitarias en el marco de la pandemia, debido al polémico almuerzo en un restaurante de San Miguel en plena cuarentena.

2. Límites a la transparencia y el acceso a la información

2.1. Ocultamiento de información sobre la pandemia

Durante septiembre se tuvo conocimiento de la controversia por el acceso a los correos del ex ministro de Saludx Jaime Mañalich, de su entonces jefa de gabinete Itziar Linazasoro y de la subsecretaria Paula Daza. El caso llegó a la Corte Suprema en el marco de la investigación penal por las cifras de muertes por Covid-19 que se abrió tras una querella del senador Alejandro Navarro. Lo anterior ocurrió tras la negativa del actual jefe de esa cartera, Enrique Paris, a una diligencia de incautación de dichas conversaciones invocando un supuesto riesgo para la “seguridad nacional”.

El fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, recurrió al máximo tribunal del país para que zanje la controversia. En el escrito, Armendáriz asegura que en este estado de la investigación se puede sostener que “el ministro Jaime Mañalich y su jefa de gabinete Itziar Linazasoro, habrían decidido implementar un sistema sui generis para la recolección de datos esenciales para la correcta gestión de la pandemia. Que ese sistema de recolección de datos no solo era improvisado y distinto del diseñado bajo parámetros técnicos, por el Departamento de Epidemiología del Minsal, sino que, además, manejaba información incompleta”.

La Corte Suprema tendrá que decidir si da curso a la incautación de correos que ya ordenó el juez de garantía Darwin Bratti y si los argumentos expuestos por el ministro Paris están dentro de aquellos que el artículo 209 del Código Procesal Penal contempla para que una autoridad se oponga a una medida intrusiva.

2.2. Denegación de solicitudes de acceso a información pública

Desde el inicio de la pandemia por COVID-19 se ha identificado una práctica reiterada de obstrucción por parte del gobierno respecto del acceso a documentación relativa a la gestión de la pandemia. En la práctica totalidad de las solicitudes realizadas por ODC, la Subsecretaría de Salud elude responder a las solicitudes dentro del plazo legal, por lo que ha sido necesario acudir al Consejo para la Transparencia (CPLT) para obtener respuesta. Durante el mes de septiembre el CPLT ha ordenado a la Subsecretaría de Salud la entrega de la siguiente información:

  • Copia de los informes y criterios utilizados para decidir la aplicación de cuarentenas con motivo del COVID-19 (Decisión amparo nº C3398-20 CPLTxi).
  • Criterios o recomendaciones para que los centros de salud y personal médico decidan en contextos de escasez de ventiladores y camas de cuidados intensivos, qué enfermos tienen acceso a atención, cuando no resulta posible darla a todos los que la requieren (Decisión amparo nº C3399-20 CPLTxii).
  • Copia de los informes científicos que tiene en su poder el órgano relativos al análisis de la propagación del COVID-19 en Chile, indicando fecha en los que fueron recepcionados (Decisión amparo nº C4002-20 CPLT).
  • Actas de la Mesa Social COVID-19, así como listado de personas y entidades que la componen (Decisión amparo nº C4004-20 CPLT).

A pesar de los requerimientos, el Ministerio de Salud aún no entrega la información solicitada, por lo que hasta el momento sólo ha sido posible acceder a la información que se encuentra disponible en la página web habilitada por el Ministerio, pero no a otras informaciones que sustentan la actuación del Gobierno durante la pandemia por COVID-19.

2.3. Incumplimiento de la Ley del Lobby

Uno de los efectos que ha producido la pandemia en el contexto del quehacer de autoridades y funcionarios ha sido el incremento de las audiencias y reuniones vía plataformas de teleconferencia, incluyendo aquellas relativas a lobby o gestión de intereses particulares. Así por ejemplo lo evidenció una fiscalización del Consejo para la Transparencia (CPLT) que contrastó los registros de este tipo de encuentros entre representantes de organismos públicos del sector salud y privados. Desde el CPLT, explicaron que pese a la situación excepcional que ha impuesto la emergencia sanitaria por coronavirus, no existe obstáculo que impida el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley que regula el Lobby (Nº 20.730). Por lo tanto, estas reuniones deben quedar en los registros de la agenda pública de cada repartición: “El hecho de que las audiencias o reuniones de lobby o gestión de intereses se realicen de manera telemática, no exime a las autoridades de registrar éstas en conformidad a la ley. En efecto, el propio reglamento contempla la posibilidad que las audiencias se realicen por videoconferencia”xiii, señaló Jorge Jaraquemada.

Finalmente, desde el Consejo afirmaron que la legislación actual en materia de Lobby no establece obligaciones sobre los sujetos activos de la actividad. Por ejemplo, no existe un registro de lobbistas ni de gestores de intereses particulares previo, ni tampoco resulta posible conocer qué intereses se están representando sino hasta que se solicita una audiencia.

3. Faltas a la ética periodística

El día 12 de septiembre de 2020, a través de redes socialesxiv, la agrupación Prensa OPAL denunció que Chilevisión utilizó en su noticiero central imágenes de su autoría sin autorización. El reclamo de la Agrupación de comunicadores independientes no es nuevo, el pasado mes de enero de 2020 el colectivo denunció que las imágenes que grabaron durante las manifestaciones sociales en Antofagasta habían sido «ordinariamente robadas y tergiversadas con el propósito de justificar la represión policial En específico, el grupo de comunicadores acusó en dicha oportunidad de «hurto» de imágenes a Canal 13, TVN, CNN y Chilevisiónxv.

El Consejo de Ética de los Medios de Comunicación recibió numerosas denuncias por posible falta a la ética periodística en contra de Canal 13 por la participación de Hermógenes Pérez de Arce en el matinal “Bienvenidos” el pasado 29 de noviembre de 2019. El invitado abandonó el programa tras afirmar que no hubo una violación sistemática de los derechos humanos en Chile durante el régimen militar. El pasado 24 de septiembre, el Consejo de Ética concluyó que se incurrió en una falta a la ética periodística: “el canal tiene la libertad editorial de debatir estas materias en espacios distintos a los informativos, pero debe hacerse responsable de evitar exacerbar la emocionalidad y el conflicto, ya que transforma en espectáculo la confrontación de ideas, e impide a la audiencia entender la dignidad y relevancia de lo que se debatexvi.

El 24 de septiembre de 2020, el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social emitió una resoluciónxvii en la que declara que hubo una falta a la ética periodística en la transmisión del día 15 de mayo de 2020 en el programa radial “conectados con Agricultura”, el día en que participa el panelista Sergio Melnick y Sergio Hirane como conductor. En dicha transmisión el señor Sergio Melnik, utilizó un lenguaje con pertinaces descalificaciones para referirse a Michelle Bachelet, expresidenta de la República, tales como (textual) “vieja insoportable, vieja de mierda, enferma, inepta, nefasta, políticamente mugrienta, una basura”. Algunos de estos epítetos los repitió en el curso del programa. El panelista se refirió también en términos de menosprecio al diputado Giorgio Jackson y a la presidenta del Colegio Médico de Chile, Izkia Siches. El Consejo fundó su parecer principalmente en el hecho de que las expresiones referidas a supuestas conductas inmorales, antiéticas o delictuales deben fundarse en pruebas verosímiles en conocimiento y en poder de quien opina. La resolución condenatoria ordena al programa Conectados con Agricultura que, el día en que participa el panelista Sergio Melnick, su conductor Sergio Hirane, debe dar lectura al extracto de la resolución que se adjunta. Además, el medio deberá publicar el extracto en su sitio web durante 7 días continuos.

4. Restricciones a la expresión de críticas

4.1. Censura a la expresión artística

“Destruir en nuestro corazón la lógica del sistema”. Así rezaba el mensaje lumínico proyectado en círculo alrededor del monumento al general Manuel Baquedano en el corazón de la capital, la noche del jueves 24 de Septiembre. En el lugar además se proyectó con luces azules la llamada Estrella de Arauco (Guñelve), símbolo tradicional mapuche. Pasadas las 20.40 horas de aquel día llegó a la rotonda una patrulla de Carabineros que dispuso un foco en dirección a las luces para evitar la proyección.

Ante lo sucedido el Alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, se refirió a la necesidad de que este tipo de expresiones requieran de autorización previaxviii, señalando que “jamás vamos a ejercer censura previa, sino todo lo contrario [estamos] por patrocinar y apoyar, pero también hay una delgada línea para que esas instalaciones no vulneren ni lesionen la honra de las personas”.

Los abogados del estudio de diseño audiovisual, Delight Lab, presentaron los antecedentes ante la Corte de Apelaciones de Santiago sobre lo sucedido aludiendo a una orden de no innovar emitida por el mismo tribunal de alzada, por un recurso de protección presentado anteriormente ya que en mayo pasado ocurrió lo mismo cuando proyectaban sobre el edificio de Movistar las palabras “Hambre” y “Solidaridadxix”.

4.2. Condena por difusión de información reservada

El lunes 21 de septiembre se dió a conocer la sentencia emitida por el Octavo Juzgado de Garantías, que condenó a 61 días de pena remitida a uno de los tres investigados por difundir la información hackeada por Anonymous a Carabineros de Chile (PacoLeaks)xx. El fiscal Felipe Sepúlveda explicó que el acusado puso un banner en la página web www.verdeclaveverde.com, que redirigía la búsqueda hacia el sitio donde los piratas informáticos subieron los datos sustraídos a la policía uniformada, en los días posteriores al 18 de octubre de 2019. Los hackers accedieron a más de diez mil documentos los cuales fueron difundidos los días 25, 26 y 27 de octubre de 2019, entre la información filtrada figuran datos como nombres, RUT, unidad a la que pertenecen, documentos con informes de inteligencia, entre otros.

5. Laxitud y discrecionalidad en la regulación de la TV

5.1 Pluralismo político en matinales

Un estudio exploratorio-cuantitativo realizado por el Consejo Nacional de Televisión sobre la presencia de actores políticos en los programas matinales y las características de su aparición en pantalla, arrojó importante información estadística sobre diversos temas vinculados a la diversidad y el pluralismo en los medios de comunicaciónxxi. El informe determinó que el 60% de los actores políticos que se presentan en los matinales corresponden al ejecutivo y al oficialismo, asimismo, del total de presencia de actores políticos, el 9,2% pertenece al Gobierno/Poder Ejecutivo; el 48,8% al oficialismo político; y el 41,9%a la oposición política. Si bien, el estudio no específicó cuánto de esa oposición correspondía a la nueva mayoría y cuanta a otros conglomerados.

El informe observó en general una minoritaria presencia de mujeres en los matinales, que corresponde a un 26,6% frente al 73,4% de los hombres. El estudio, sin embargo, puntualizó que la participación de mujeres en la política no era ajena a este fenómeno, comparando para ellos sus resultados con la proporción de hombres y mujeres en el Congreso Nacional.

En cuanto a la sociedad civil y al centralismo, existe una incipiente y dispar presencia de actores en los distintos matinales. Del total de casos analizados, solo el 10,3% corresponde a actores políticos que representan a la sociedad civil y en términos generales, se observa un predominio de temas desde la Región Metropolitana: 63,8% de los temas está focalizado en esta región; un 33% de los temas son de alcance nacional y un escaso 2,7% está referido a otras regiones.

Se debe tener presente que este estudio constituye la única respuesta efectiva realizada hasta ahora por el CNTV a la denuncia sobre ausencia de pluralismo político en televisión realizada durante junio por las bancadas de oposición, a raíz del estudio realizado por Conecta Media en el mes de marzo, según el cual Joaquin Lavín y otros políticas de derecha tenían una presencia muy alta en los programas matinales de TV, en comparacion con políticos de otras coaliciones. En el boletín nº3 del mes de Julio, ya dimos cuenta de una investigación sobre el pluralismo informativo en canales de TV abierta de alcance nacional, en el que todos los canales obtenían una puntuación negativaxxii. Ante la ausencia de las herramientas y procedimientos que establece el artículo 14 de ley, el CNTV sigue sin desarrollar una regulación robusta del pluralismo.

5.2. Cuestionamiento a criterios de asignación del fondo CNTV

Controversia produjo durante el mes de septiembre la decisión del Consejo Nacional de Televisión de no incluir la serie “Magnicidio” en los proyectos a los que adjudica fondos. La serie relata en formato de thriller las circunstancias que rodearon la muerte del ex presidente de la república Eduardo Freí Montalva, durante la Dictadura cívico-militar en Chile.

La ex senadora Carmen Frei y tres de sus hijos firmaron un texto en que se acusa un «bloqueo político» contra la serie «Magnicidio», a la que por segundo año consecutivo el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) no incluyó en los proyectos a los que adjudica fondos. Los Frei denuncian la existencia de un «veto» y la realización de «maniobras pequeñas», lamentando, en especial, «las explicaciones esgrimidas» por el exministro, militante DC y actual consejero del CNTV Genaro Arriagada. El senador DC Francisco Huenchumilla manifestó su apoyo a la familia Frei, considerando: «muy poco comprensible esta decisión de una mayoría del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), dado que la existencia de una institución como la señalada, en un contexto democrático, debe fundarse, ya sea de manera explícita o tácita, en aspectos que vayan un poco más allá del ‘correcto funcionamiento’ de la televisión; guiándose también, y con toda intencionalidad, a la promoción de valores indispensables en una sociedad del siglo XXI, como son la democracia, el pluralismo y el respeto por los derechos humanos».

Los dichos de Huenchumilla contrastan con lo señalado por el actor nacional Luis Gnecco, quien cuestionó la preeminencia de criterios políticos por sobre critérios técnicos en este tipo de decisiones: «este extraño organismo que es el CNTV está compuesto en su mayoría por abogados y no por personas expertas en lo audiovisual, salvo dos o tres. Finalmente los proyectos ganadores se reparten dentro de la binominalidad habitual derecha-izquierda, suponemos dentro de los gustos o conveniencias políticas que cada consejero pueda tener», agregando que, «A todas luces una situación a la que no deben verse expuestos estos proyectos, que por ser obras artísticas no debieran estar sometidos a una evaluación política que es la que finalmente se produce. Una deliberación de esta índole se acerca más a un régimen dictatorial que ve lo conveniente o inconveniente y no a una democracia, que debiera premiar la diversidad», en esa misma línea enfatizó que «los proyectos se ven enfrentados a una especie de Corte Suprema con el color político del gobierno de turno y no a un organismo técnico idóneo para juzgar sus fortalezas y debilidadesxxiii.”

6. Crisis económica de la industria mediática

6.1. Despidos y disminución de la inversión publicitaria en medios digitales y TV

Durante el mes de septiembre se informó de fuertes caídas en los ingresos de los canales de televisión tradicionalesxxiv. Canal 13, Mega, TVN y Chilevisión reportaron a la CMF que acumularon pérdidas en su segundo trimestre por $12.441 millones, cuatro veces más que entre abril y junio del año anterior, cuando fueron de $3.249 millones. En este contexto de crisis de los medios tradicionales, durante el mes de septiembre se registraron despidos al interior de The Clinicxxv. La jornada de desvinculaciones se habría efectuado luego que se pusiera fin al Área de Podcast, desapareciendo prácticamente todos los proyectos de este tipo. Canal 13 también vivió una nueva jornada de despidos durante el mes de septiembrexxvi, reportándose alrededor de 50 profesionales de las comunicaciones desvinculados. Entre las áreas más afectadas se encuentra el Departamento de Prensa, el área Cultural y Reportajes.

6.2 Crisis del grupo SAIEH – Copesa

Álvaro Saieh es el dueño del conglomerado empresarial CorpGroup que mantiene intereses en diversas áreas: banca retail, turísmo, inmobiliarias y medios de comunicación, en una posición destacada que por varios años lo ha instalado dentro de los 5 hombres más ricos de Chile, y de los 800 con mayor patrimonio a nivel mundial.

No obstante aquellos antecedentes, en el mes de septiembre se conocieron, una vez más, de los problemas de financiamiento de algunas de las áreas de interés del grupo, deudas que han afectado el brazo de medios del holding COPESA, que mantiene La Tercera, La Cuarta, La Hora, Qué Pasa, además de Grupo Dial con algunas radioemisoras de alcance nacional.En lo inmediato la falta de liquidez ha significado para COPESA y DIAL el despido de periodistas y personal profesional (justificado en los efectos de la pandemia) y transformación del modelo de difusión de los contenidos desde soporte físico a onlinexxvii.

El negocio de medios para un conglomerado como CorpGroup es significativo, pensando en que en Chile existe una importante concentración de medios, para el caso son dos las que manejan las cadenas de diarios a nivel nacional, con avisaje cautivo, poder que se expresa, junto con El Mercurio, en el control de “Agenda Setting”, influencia determinante incluso a la hora de tratar la misma crisis que atraviesa el holding, intereses cruzados que muchas veces hacen difícil distinguir la noticia de la relaciones públicas.

i https://radiojgm.uchile.cl/radios-comunitarias-en-pandemia-comunicar-un-derecho-o-un-delito/

ii https://regionalista.cl/medios-de-comunicacion-populares-e-independientes-denuncian-represion-y-persecucion/

iii https://radiokurruf.org/2020/09/10/audio-comunicado-intentan-quemar-radio-comunitaria-lafken-mawida-en-la-costa-de-valdivia/

iv https://twitter.com/piensaprensa/status/1302026902111236098?s=21

v https://twitter.com/prensaopal/status/1302170051181772800

vi https://twitter.com/ONGDefPopular/status/1302284177610608640?s=09

vii https://www.nodal.am/2020/09/chile-carabineros-reprimio-a-trabajadores-de-la-salud-en-plaza-de-la-dignidad/

viii https://twitter.com/PiensaPrensa/status/1309630347890618370

ix https://twitter.com/congreso_prensa/status/1308872288054513669

x https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/no-tiene-fundamento-fiscalia-va-a-la-suprema-y-cuestiona-a-paris-por-oponerse-a-entregar-correos-de-manalich/QQKAJCLT4ZDATO74TCTDQHR4OY/

xi https://extranet.consejotransparencia.cl/Web_SCW2/Archivos/C3398-20/DecisionWeb_C3398-20.pdf

xii https://extranet.consejotransparencia.cl/Web_SCW2/Archivos/C3399-20/DecisionWeb_C3399-20.pdf

xiii https://www.consejotransparencia.cl/cplt-aclara-que-las-reuniones-por-video-conferencia-de-autoridades-con-fines-de-lobby-deben-registrarse/

xiv https://twitter.com/prensaopal/status/1304936621041692673

xv https://www.eldesconcierto.cl/2020/01/27/prensa-opal-denuncia-hurto-de-imagenes-y-tergiversacion-de-las-mismas-por-parte-de-canales-de-television/

xvi http://www.consejodeetica.cl/sitio/wp-content/uploads/2020/09/246-CEMC-Varios-con-Canal-13.pdf

xvii http://www.consejodeetica.cl/sitio/wp-content/uploads/2020/08/258-CEMC-Varios-con-Radio-Agricultura-1.pdf

xviii https://www.latercera.com/nacional/noticia/alcalde-de-santiago-tras-interrupcion-de-carabineros-a-intervencion-artistica-en-plaza-italia-nosotros-no-estamos-por-la-censura/3SWIUGXG3BAO5LPMUDXQJD6H4E/

xix https://www.adnradio.cl/nacional/2020/09/25/abogados-de-delight-lab-acudiran-a-la-corte-de-apelaciones-tras-bloqueo-de-intervencion-luminica-en-plaza-baquedano.html?fbclid=IwAR2S3LBKnlqHs76teURUy2W7LsPkFUQP-E_eUpooToUxsrd4rlGWCLL2SWQ

xx https://www.adnradio.cl/nacional/2020/09/21/justicia-condeno-a-61-dias-de-pena-remitida-a-hombre-que-difundio-informacion-hackeada-a.html

xxi https://www.cntv.cl/cntv/site/artic/20200922/asocfile/20200922094604/matinales_presencia_poltica_y_pandemia_docx.pdf

xxii https://pluralismotv.org/resultados/

xxiii https://elfiltrador.com/durisima-critica-de-luis-gnecco-al-cntv-por-polemica-serie/

xxiv https://www.eldesconcierto.cl/2020/09/17/canales-de-tv-registran-fuertes-caidas-de-ingresos-entre-abril-y-junio/

xxv https://elfiltrador.com/nueva-reestructuracion-confirman-despidos-en-the-clinic/

xxvi https://elfiltrador.com/rodrigo-vera-entre-los-despedidos-en-jornada-negra-para-canal-13/

xxvii https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/09/02/a-saieh-se-lo-esta-llevando-el-covid/