La periodista se encontraba reporteando el tercer aniversario de la revuelta social desatada en Chile cuando fue detenida por carabineros, a pesar de tener colgando en su cuello dos credenciales que la certificaban como comunicadora y corresponsal de un medio extranjero. Sin embargo, en el parte policial nunca se explicita su oficio y además, hasta ahora no ha tenido la posibilidad de defenderse ante un juez.
Por Camila Sierra M.
Desde el estallido social (2019) hasta la fecha, la organización sin fines de lucro dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, Observatorio del Derecho a la comunicación (ODC) reporta más de 400 casos de ataques a la prensa en Chile perpetrados por agentes del Estado u otros. Según abogados de Derechos Humanos, se está convirtiendo en una práctica habitual, ya que quienes la ejercen no reciben ningún tipo de amonestación o castigo por la falta.
Uno de ellos es el caso de la periodista Carolina Trejo Vidal, corresponsal de la agencia de noticias Sputnik News, profesora de la Universidad de Chile y de la Universidad de Santiago, quien fue detenida mientras se encontraba cubriendo las manifestaciones del tercer aniversario de la revuelta social. Según ella misma relata, pasadas las 18:00 horas ya estaba en camino de retirada cuando se percata de unos controles de identidad realizados arbitrariamente a manifestantes que llegaban a la conmemoración cerca de Plaza Dignidad.
Fue en ese momento en que es detenida por el cabo segundo Rafael Carrasco, aun cuando la corresponsal se identificó como periodista y tenía colgando del cuello –es decir, a la vista- dos credenciales que la acreditaban como profesional de la prensa y que, por lo tanto, estaba ejerciendo su trabajo.
Sin embargo, fue arrestada de todas formas, de una manera que según dice, fue muy violenta. Trejo, su abogado y el Director de ODC advierten que este y otros casos, son claros y evidentes hostigamientos y animadversiones a la prensa, principalmente independiente y alternativos, que además, se vienen produciendo cada vez con mayor frecuencia -y haciéndose cada vez más públicos desde el 2019- ataques que son ejecutados principalmente por Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile C.O.P.
Irregularidad en el proceso
La corresponsal del medio ruso se encontraba registrando una detención al momento de ser arrestada, instante en que no medio ningún tipo de o diálogo previo, según relata, (como sí lo hubo en ocasiones anteriores donde quisieron impedir su labor) simple y rápidamente la toman, según cuenta, bruscamente y la detienen.
De su cuello colgaban dos credenciales: una de ellas es la que otorga la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio Secretaría General de Gobierno, la otra, del medio Sputnik. Ambas a la vista, además de encontrarse con su carnet de identidad, documento oficial en el que al reverso explicita su profesión, es decir, periodista.
Según el abogado de la Corporación por la Promoción y la Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), Hiram Villagra, la práctica detrás de este tipo de detenciones es compleja: “es desconocer y tratar de restringir la libertad de prensa hacia los periodistas, sobre todo de los de medios alternativos”.
Anterior a estas detenciones cada vez más frecuentes, lo que se hacía –según el abogado de CODEPU- es que se usaban figuras como la sedición impropia o el espionaje. Más, rápidamente eso cambió, ya que se trataba de delitos de naturaleza política muy difíciles de probar, por lo que pasaron de ello a las vías de hecho, o derechamente a desnaturalizar procedimientos que están hechos para otra cosa, a fin de sancionar a los periodistas por conductas que no son infracciones o no aparecen cometidas en el curso de la práctica periodística cuando en realidad sí lo son.
En el caso particular de Trejo, ella es detenida, siendo acusada en primera instancia de atentado contra la autoridad, luego cambia a desobediencia a la autoridad, delitos que se le adjudican mientras se encontraba en la 3era Comisaría de Santiago. Si bien ella menciona en innumerables oportunidades su oficio, no se deja claro en el parte ni tampoco en el acta de detención, aun cuando el mismo carabinero que la detuvo se queda con sus credenciales de periodista.
La comunicadora menciona que luego de un rato, estando en el calabozo, el cabo segundo Carrasco –persona que la detiene- se dirige a ella y le indica que el número de carnet que aparece en la credencial otorgada por la Secretaría de Estado no corresponde a la cédula inscrita en su carnet de identidad, por lo que la va a acusar además de falsificación de instrumento público.
Frente a esto, la periodista, le responde que puede ser un error de tipeo, y que tiene la tranquilidad del origen oficial de sus credenciales. “Creo que lo que estaba buscando era un delito por el cual acusarme, porque mi detención desde el primer momento fue ilegal”, sostiene Trejo.
Gracias a la intervención del Colegio de Periodistas, al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y a que la casa de estudios en la que trabaja la periodista hizo la denuncia, Trejo fue liberada durante la noche de ese mismo día. Sus credenciales fueron devueltas. Más, nunca recibió citación a juicio, solo una notificación que había sido objeto de una multa por la falta cometida, a la que ella apeló. Hasta el término de este reportaje aun no tenía la posibilidad de contar su versión frente a un Juez.
A pesar de que se intentó acusar a Trejo, en la comisaría, de falsificación de documento público, quienes omitieron información fueron los agentes del Estado. A momento en que en el parte que llega al domicilio de Carolina Trejo, en ningún lugar la identifica como profesional de la prensa.
“En el caso mío, nunca se reconoce mi condición de periodista. El Fiscal, a partir de declaración de Carabineros, sostiene que yo no obedecía a los funcionarios en la calle mientras estaban despejando la calle. Nunca sostiene que yo tengo credenciales que me identifican, nunca menciona que yo estaba grabando, no. Porque Carabineros omitió ese conocimiento y, evidentemente, eso al momento de escribir el parte puede constituirse en falsificación de instrumentos público”, declara Trejo.
Finalmente, Villagra, abogado de Trejo, sostiene que “esta es una situación bastante seria. Se trata del uso desnaturalizado de los procedimientos naturales y judiciales para obtener resultados de amedrentamiento, que es algo bastante complejo y que se está haciendo muy habitual”.
Libertad de expresión y derecho a la información
Tanto para Trejo, como para su abogado y el Director del ODC, lo que ocurrió con la periodista –quien cuenta con vasta trayectoria- se trata de un ataque a la libertad de expresión estando en contra al derecho a la información.
El pasado mes de mayo, la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), publicó su informe número 21 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, en el cual participan 180 países. Chile aparece en una “situación problemática” al respecto, ya que bajó de la posición 31 donde se encontraba el año 2017, a la posición 83 del ranking sobre libertad de prensa.
Según radio JGM (de la Universidad de Chile), este es el séptimo año consecutivo en que Chile desciende en el ranking: entre el 2021 y 2022 se evidenció la baja más significativa, pasando de la posición 54 a las 82, periodo durante el cual Carolina Trejo vivió la detención.
Javier García, Director de ODC, señala que “durante el 2020 hubo 80 detenciones a periodistas y comunicadores, fueron las que logramos identificar, que es una cifra brutal, brutal”. En cuanto a lo mismo –y al caso particular de Carolina Trejo- Hiram Villagra señala que carabineros “claramente extienden el tema de la soberanía porque un periodista no está obligado a obedecer. No es un manifestante a los cuales se dispersa, porque aquí hay protocolos que no usan.En este caso,ella no estaba obstaculizando ni podía hacerlo, dado que no estaba funcionando como manifestante, estaba funcionando como periodista”.
A dos años de lo señalado por García, el documento de RSF afirma que “el periodismo de investigación pierde terreno y las agresiones a periodistas se multiplican. Los procesos judiciales contra medios y periodistas se han convertido en una estrategia recurrente para silenciar el periodismo”.
Lo anterior es reafirmado por el Director de ODC, quien declara que “si tú tienes un órgano del Estado que hace mal su función y está haciendo detenciones irregulares y tú eres el siguiente y no logras filtrar eso, entonces todo el sistema está mal. Claro, nos hemos enfocado mucho en los errores de carabineros entorno a las violaciones de Derechos Humanos, pero para que eso ocurra es porque otros agentes del Estado lo permiten, es un fallo en cadena. Lo mismo ocurre con las Fiscalías, aunque seguro que en algunas más que en otras”.
En el caso de Trejo, ella alega que “primero me acusaron de un delito que no cometí, que es grave, porque es carabineros quien determina que estás cometiendo una acción, es una potestad de la autoridad policial. En segundo lugar, una vez que se me acusa, en este caso, de desobediencia contra la autoridad, es un calificativo que inhibe que nosotros podamos ejercer la profesión, nuestra labor. Eso es más grave. Y finalmente, es que al momento en que se escribe el parte y el Fiscal me acusa, nunca menciona mi oficio, hay una omisión de información, y eso también es grave”.
“Pero nosotros, como periodistas, estamos ahí para cubrir una noticia. Estoy ahí por mi labor y convicción. Y además estábamos en un aniversario importante, de manifestaciones. O sea, todo el contexto era político, social y noticioso. Entonces, la cuestión que hay detrás de mi caso es ¿cuándo Carabineros decide qué es desobediencia y que no es desobediencia? Y sobre todo en el caso de un periodista. Eso un problema para el libre ejercicio de la profesión. Y lo otro, ¿qué pasa cuando un fiscal toma una declaración como cierta cuando se omite información?”, reflexiona la periodista afectada.
El pasado 31 de julio la Cámara de Diputados aprobó, en general, la idea de creación del estatuto de protección de periodistas y comunicadores. Sin embargo, por ser objeto de indicaciones, vuelve a la Comisión de Cultura para un segundo informe.
En dicho estatuto, el concepto de agresión se define como cualquier acto que atente contra la vida, integridad física, psíquica y sexual de periodistas y trabajadores de las comunicaciones en el ejercicio de su labor. Entre ellas, se consideran las detenciones ilegales y/o arbitrarias.
¿Igualdad ante la ley?
Según Hiram Villagra, abogado defensor de Carolina Trejo, “en su caso hubo uso abusivo de normas, digamos que se mal usa una determinada norma. Abusivo en el término de mal uso, de uso por una cosa que es distinta a lo que naturalmente es el uso abusivo, mal uso o uso malicioso de normas legales de menor entidad que crean meras infracciones”.
Lo que quiere decir el abogado, es que lo que pasó con la corresponsal de Sputnik News se habría resuelto con una simple conversación. “Pero no, la detienen y ocultan su calidad de periodista porque saben que, si se invoca eso, se da. Y el fiscal no se preocupa de llegar al fondo del asunto”.
Por lo anterior, es que Villagra y Trejo realizaron la denuncia por falsificación del parte, ya que omite información habiendo sido manifestada en reiteradas oportunidades por la afectada, se trata de un documento público, atribuyéndole además una conducta que ella nunca incursó.
“¿Qué es lo que pasa? Los partes policiales pueden ser entendidos como instrumento público. Cuando tú aseveras en un instrumento público algo que no sucedió, es lo que se llama la falsificación ideológica. Hay dos tipos de falsificaciones. Esta es una variante de falsificación de instrumento público, que es cuando en un instrumento que cumple todas las variedades se vierten contenidos que no son realidad, debiendo serlo”, declara enfático el abogado defensor de la periodista.
A Carolina Trejo, además de acusársele primero de atentado contra la autoridad, luego de desobediencia y de falsificar el parte omitiendo su profesión, nunca se le da la posibilidad de juicio, de estar frente a un Juez. En primera instancia, se le aplica procedimiento monitorio, que es aquel que se aplica a faltas que solo tienen como sanción una multa. Luego se le aplica Principio de oportunidad, que es la facultad del Ministerio Público de no iniciar la investigación de un delito o de no continuar la ya iniciada cuando el hecho no compromete gravemente el interés público. En el fondo lo que hace Fiscalía es renunciar a la acción penal o renunciar a la acción judicial, ya que es más barato incursar una multa que hacer un juicio.
Ambos procedimientos culminaron en la llegada de un actuario al domicilio de la periodista, notificándola de que debe pagar una multa, sin haberse presentado nunca en ningún juzgado. “Aquí lo que sucede es que Fiscalía les cree a carabineros, tomándolo como un testigo de fe. Yo nunca tuve, como una de las partes, igualdad ante la ley ¿Y por qué? Porque aplicaron, según las normas que benefician a los jueces para hacer procedimientos cortos, para evitarse gastos y no para ejercer justicia. Es decir, aquí primó criterios de economía judicial y no de justicia”, declara la periodista.
La profesional se niega a pagar la multa, ya que como menciona su abogado, “se agarra una situación que no puede ser o que no es. O sea, no puede ser un delito cubrir la manifestación, aunque la manifestación no sea autorizada, es noticia y por lo tanto periodistas y comunicadores están habilitados para cubrirla. Por eso decimos que es un delito imposible, que es aquel que, por las circunstancias concretas, no se puede cometer”.
Por todo lo anterior, es que actualmente Carolina Trejo y su abogado evalúan la posibilidad de llegar a instancias internacionales, como la Corte Interamericana, tanto para perseguir las sanciones a carabineros y acusarlos de falsificación de instrumento público como para tener la posibilidad de un juicio justo. “Lo que pasa aquí es que no hay igualdad ante la ley. Yo nunca tuve un juicio justo ¿Por qué? Porque nunca escucharon mi versión, todo lo determinaron ellos, una de las partes. Y yo digo que eso es lo más grave de hoy en día, porque no todos tienen los conocimientos en cuanto a la ley”.
Respecto a lo último, culmina: “Si estamos hablando del trabajo de nosotros como profesionales de la prensa ¿Cierto? Yo no trabajo para ellos y para eso tengo credencial, para eso tengo un fuero, para eso tengo una profesión que me permite acceder a fuentes, sitios, lugares, para informar. Aquí el sistema hace que, de alguna manera, el estado viole normas Internacionales del derecho a la información Eso resulta peligroso”.
Este artículo se realizó en el marco de la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña de Investigación sobre Ataques a Periodistas.
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