Desde la crisis social de 2019 se ha producido un preocupante aumento de las agresiones a periodistas y comunicadores/as durante sus labores en Chile. Desde entonces, el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) organización sin fines de lucro dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, ha registrado más de 400 agresiones por parte de fuerzas del orden público mediante seguimiento de casos, revisiones de prensa y solicitudes de acceso a la información mediante transparencia.
Sumado a ello, en marzo de 2021, se conoció el ataque con disparos a un equipo de TVN en La Araucanía y, en 2022, el lamentable fallecimiento de Francisca Sandoval, reportera de Señal 3 La Victoria a causa de un disparo recibido mientras cubría una protesta el 1° de mayo en Santiago.
Estos hechos, que evidenciaron la necesidad de aportar información sobre la seguridad del ejercicio periodístico en nuestro país, motivaron el desarrollo del proyecto “Aplicación de los Indicadores de Seguridad de Periodistas en Chile” que contará con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de UNESCO, el que será ejecutado por investigadores/as de ODC entre noviembre de 2022 y junio de 2023, con el objetivo de contribuir a la protección de las y los trabajadores de la prensa e impulsar el perfeccionamiento de políticas públicas en la materia.
“Chile se encuentra en una crisis de Libertad de Expresión que se ha agudizado desde el estallido social y la emergencia sanitaria afectando el ejercicio pleno de la democracia. Por eso con este proyecto buscamos generar conciencia entre los diferentes agentes involucrados: periodistas, fiscales, investigadores, legisladores, entre otros, para impulsar el debate y el desarrollo de medidas efectivas para la promoción de la seguridad y la protección de las y los trabajadores de la prensa”, señaló el director de ODC, Javier García.
Este proyecto, pionero en Chile, toma como base las recomendaciones e indicadores de Seguridad de Periodistas realizados por UNESCO y contempla la realización de informes sobre la situación en Chile, una base de datos sobre las agresiones registradas a la prensa desde 2019 y dos talleres sobre seguridad física y digital para el desarrollo de la actividad informativa.
Además, los principales hallazgos se presentarán al finalizar el período de ejecución del proyecto durante un seminario en el que se debatirá sobre posibles mejoras para proteger la labor periodística con agentes de organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas.
Situación en Chile
Según los datos recopilados, desde octubre de 2019 hasta noviembre de 2021 se contabilizaron 403 ataques contra la prensa, a través de amenazas e intimidaciones contra periodistas, comunicadores/as, fotógrafos/as y medios de comunicación. La mayoría de las agresiones y actos de hostigamiento ocurrieron cuando las y los trabajadores se encontraban realizando cobertura informativa de las protestas y fueron cometidas principalmente por funcionarios de Fuerzas Especiales.
Según el Informe sobre Libertad de Expresión en el Contexto de las Protestas y Movilizaciones en Chile – elaborado por ODC y Fundación Datos Protegidos con la colaboración de académicas de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile – solamente entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019 se documentaron 171 ataques: 102 a causa de disparos de armas disuasivas, 5 por gases lacrimógenos, 3 por vehículo lanza aguas, así como 27 detenciones arbitrarias y 34 relativos a distintas formas de hostigamientos como golpes, empujones o controles de identidad. Es decir, un 60% del total de ataques correspondían a impactos de proyectiles de armas disuasivas (perdigones y bombas lacrimógenas), destacando entre los casos más graves dos personas con pérdida ocular y denuncias por maltrato y violencia sexual contra dos periodistas detenidas en Arica por parte de funcionarios policiales.
Ya en pandemia, según el Informe sobre Libertad de Expresión 2020 (ODC – FDP – FCEI), se observa un nuevo escenario donde los ataques a la prensa continuaron, pero cambiaron de forma. En total se contabilizaron 105 ataques, 75 de ellos fueron detenciones arbitrarias bajo el pretexto de incumplimiento a la normativa de prevención sanitaria o de resistirse a la autoridad. Además, se identificó un incremento del uso de gases disuasivos y carros lanza aguas contra la prensa.
Durante el año 2021, en tanto, se constataron 127 agresiones contra la prensa por parte de agentes del Estado y si bien se redujeron las detenciones arbitrarias bajo causa de medidas sanitarias o de acciones contra la autoridad, se incrementaron los ataques con gas pimienta a fotoreporteros y actos de hostigamiento para impedir o dificultar el ejercicio de la labor de periodística.
Más del 86 % de los registros de casos corresponden a la Región Metropolitana y se refieren, en su mayoría, a agresiones producidas en el contexto de la cobertura informativa de las protestas en Plaza Baquedano. Las víctimas de los ataques han sido principalmente reporteros freelance y de medios independientes.