Chile no está preparado para enfrentar ataques y otorgar protección a la prensa

Lunes 25 de septiembre de 2023.– Amenazas y hostigamiento en redes sociales, acoso judicial y condenas de cárcel bajo acusaciones de injurias y calumnias, espionaje y agresiones por parte de organismos del Estado, y ataques a tiros, incluyendo un asesinato durante la cobertura informativa, son algunas de los principales hechos que el Observatorio del Derecho a la Comunicación recopiló durante 45 meses en su investigación sobre ‘Aplicación de Indicadores de Seguridad de Periodistas en Chile’, proyecto que ha contado con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de Unesco.

Y es que en los últimos años se ha producido un preocupante deterioro en materia de libertad de prensa y en la seguridad de periodistas y comunicadoras/es en el país, a pesar de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por estas causas o las recomendaciones que realizó en 2016 el Relator para la Libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos en el que alertaba de numerosas normativas y prácticas contrarias a la libertad de expresión.

Durante la ejecución del estudio se constató, por medio de entrevistas y grupos focales con representantes de entidades estatales y políticas, organizaciones de la sociedad civil, la academia, medios de comunicación, periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, sindicatos, asociaciones, medios comunitarios y organismos internacionales, que Chile no está preparado para enfrentar este escenario, ya que no existe una cultura de seguridad en el sector y el marco normativo es ineficiente y obsoleto.

“El Estado apenas tienen información sobre los temas de seguridad en la labor de la prensa, no tienen un catastro de casos para conocer la situación. Si bien en 2022 se presentó un proyecto de ley que regula la protección de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, nos preocupa que éste ha avanzado lentamente en el parlamento y recién, luego de más de un año de tramitación, fue aprobado en la Sala de la Cámara Baja en agosto y aún no ingresa al Senado”, afirmó el investigador principal del proyecto y presidente de ODC, Javier García.

Y agregó que “la cultura de seguridad en Chile es muy deficiente, esa valoración se ha repetido en varias entrevistas con diversos actores, tanto desde el punto de vista de las y los trabajadores como de los medios de comunicación masivos o comunitarios. No se toman las medidas preventivas necesarias o no se utilizan equipos adecuados y, además, hay escasa formación, ya que no se imparte información específica ni en el ámbito académico ni en la formación profesional, de hecho, en las empresas periodísticas apenas hay capacitación interna en temas de seguridad para la labor de la prensa”.

Productos

  1. Estudio de investigación realizado a partir de registro de casos y entrevistas a agentes clave en el que se aplican los indicadores de seguridad de periodistas de UNESCO a Chile.
  2. Base de datos sobre agresiones a periodistas y comunicadores/as
  3. Base de datos sobre la normativa nacional, consignando medios para denunciar ataques a la prensa.
  4. Recomendaciones para mejorar la normativas y políticas públicas, y lograr una mejor protección de la prensa.

Actividades

  • Entre los meses de diciembre de 2022 y junio de 2023 se realizaron un total de 32 reuniones, tanto en modalidad presencial como virtual.
  • Entrevistas semiestructuradas a 66 personas, de las cuales 38 fueron mujeres y 28 hombres.
  • Entrevistas personales en modalidad presencial a 12 funcionarios/as de los siguientes organismos: Subsecretaría de Derechos Humanos, Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Ministerio Público, Defensoría Penal Pública y Carabineros de Chile.
  • Solicitudes de acceso a la información pública a: Subsecretaría de Relaciones Exteriores, Subsecretaría de Evaluación Social, Ministerio Público, Poder Judicial, INDH, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Fuerzas Armadas.
  • Campaña para Redes Sociales #ComunicaSinMiedo dirigida a periodistas, comunicadores/as, fotógrafos/as, audiovisuales, medios de comunicación y ciudadanía en general, con el objetivo de incidir en el debate, visibilizar los riesgos del ejercicio de las labores periodísticas e impulsar medidas efectivas que garanticen el derecho a la libertad de expresión y a la comunicación.
  • Se realizaron 2 talleres de formación: Seguridad Física en ManifestacionesSeguridad y Autocuidado Digital con un total de 16 horas y 38 personas participantes.
  • En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo de 2023, se realizó en la Casa Central de la Universidad de Chile el seminario “La Protección de Periodistas, una Garantía para Defender la Libertad de Expresión”, al que asistieron un centenar de personas y que contó con la participación de representantes de la Secretaría General de Gobierno, de la oficina para América Latina y el Caribe de Unesco, de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, del Colegio de Periodistas, de la Federación de Medios de Comunicación Social, la organización de la sociedad civil Chile Transparente y de la Asociación Nacional de Prensa.

Comentarios de organizaciones participantes en el Seminario

  • “Este hito es reflejo de una convicción profunda que tiene nuestro gobierno por llevar a cabo reformas y proyectos que en un tiempo más nos permitan decir que en Chile las y los periodistas sí pueden salir a reportear sus historias de manera más segura”, Nicole Cardoch, Ministra (s) de la Secretaría General de Gobierno.
  • “Este seminario, a nivel local y regional, será una oportunidad para reflexionar y discutir sobre la libertad de prensa, las condiciones de los trabajadores de las comunicaciones, así como  los medios independientes, pluralistas y diversos, como clave necesaria para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)», Valtencir Mendes, jefe de Educación de la oficina para América Latina y el Caribe de Unesco (OREALC/ UNESCO Santiago).
  • “La invitación es a establecer lazos entre la academia, la sociedad civil y los periodistas en defensa de la libertad de expresión y la seguridad de periodistas y comunicadores. Para ello hay que dar a conocer los riesgos y mejorar las medidas para proteger a la prensa, revisar los marcos internacionales y analizar las buenas prácticas que hayan fortalecido la protección de los y las periodistas”, Loreto Rebolledo, Decana Facultad de Comunicación e Imagen U. de Chile.
  • “El escrutinio del poder se da en distintos aspectos, en medios de comunicación grandes y en regiones con medios alternativos. Son los medios que se salen de la agenda oficial los que más son objeto de ataques”, Javier García, presidente Observatorio del Derecho a la Comunicación.
  • “Luego del 2019, aumentaron en forma exponencial los casos de agresiones a la vulneración de los derechos del ejercicio de la prensa. Las organizaciones de comunicadores en nuestro país han tenido históricamente un papel importante develando estos hechos y en los últimos años esa no ha sido la excepción”, Rocío Alorda, presidenta del Colegio de Periodistas de Chile.
  • «Era impactante la realidad de esos países (Colombia y México) y ya están llegando situaciones similares acá. El primer recuerdo de haber ido a hablar a La Moneda fue el 2011, planteando al Ministerio de la Segegob protocolos que protegieran a la prensa”. Sebastián Zárate, secretario general de la Federación de Medios de Comunicación Social.
  • “Hay que entender que los periodistas son defensores de derechos humanos, son activistas contra la corrupción. Nos preocupa que en el país ha habido poco avance en esta materia (…) han aumentado las amenazas físicas y represalias a periodistas que investigan la corrupción internacionalmente”, María Jaraquemada, secretaria ejecutiva de Chile Transparente.

Ataques a la prensa en Chile

Datos desagregados de 2023 accesible en el Sistema de registro de incidentes del Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC).

Datos y cifras 2019 a 2022 de ataques a la prensa, incluidas las agresiones por parte de agentes del Estado.

Informes en colaboración con Universidad de Chile y Fundación Datos Protegidos

  • Protestas y movilizaciones sociales en Chile entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre de 2019. Ver enlace.
  • Informe 2020. Libertad de expresión en Chile. Ver enlace.

Informes Relatoría Especial para la Libertad de Expresión CIDH

La Relatoría realiza seguimiento de la situación de la libertad de expresión en todos los países que integran la Organización de Estados Americanos. Cada año publica un informe anual que contiene la información recopilada sobre cada uno de los países, incluido Chile. En particular recomendamos los siguientes informes:

2017 – Situación de la Libertad de Expresión en Chile. Informe especial de país 2016. Ver enlace.

2021 – Informe Anual de la Relatoría Especial Para la Libertad de Expresión 2020. Ver enlace.

2022 – Informe Anual de la Relatoría Especial Para la Libertad de Expresión 2021. Ver enlace.

2023 – Informe Anual de la Relatoría Especial Para la Libertad de Expresión 2022. Ver enlace.

Marco Normativo Nacional

Marco constitucional. Dentro del Capítulo III relativo a los derechos y deberes constitucionales, el numeral 12 del artículo 19 establece la libertad de emitir opinión y de informar, sin censura previa, además de establecer el régimen de los medios de comunicación. Decreto 100 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile.

Ley de Prensa. Ley 19.733 sobre las libertades de opinión e información y el ejercicio del periodismo.

Contiene, entre otros, los siguientes aspectos relevantes:

  • Conceptos de periodista y de medio de comunicación
  • Reserva de fuente informativa
  • Derecho de aclaración o respuesta
  • Injurias y calumnias por medio de comunicación. Ver artículos 416 y ss del Código Penal
  • Multa para publicaciones destinadas a promover odio u hostilidad en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad (Artículo 31).

Regulación de los servicios de radiodifusión sonora y el sistema de concesiones

Regulación de los servicios de televisión, incluidos los de carácter comunitario sin fin de lucro.

Sistema para realizar solicitudes de información a los organismos del Estado. Se pueden presentar reclamos al Consejo para la Transparencia

Instructivos Carabineros de Chile sobre uso de la fuerza. Incluye Protocolo 5.2. sobre trato y diálogo con Medios de Comunicación Social. Circular Nº 1.832 que aprueba la Orden General N° 2.635, de fecha 01 de marzo de 2019

En tramitación se encuentran las siguientes iniciativas:

Sistema interno de denuncias

La Policía de Investigaciones de Chile recibe denuncias de manera presencial en sus dependencias, de manera telefónica al número 134 o a través de su plataforma digital.

Carabineros de Chile recibe denuncias de manera presencial en sus dependencias, de manera telefónica al número 133 o a través de la Comisaría Virtual. El reporte se puede realizar de manera anónima o con reserva de identidad si así lo requiere y permite reportar conductas indebidas de parte de funcionarios y/o funcionarias de Carabineros.

Las denuncias ante el Ministerio Público se pueden realizar en la Fiscalía local más cercana a través de un formulario que debe ser enviado por mail a los correos que se señalan en el sitio web.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) está facultado para deducir acciones legales ante los tribunales de justicia, en el ámbito de su competencia. Además, puede iniciar querellas y presentar acciones legales (recursos de amparo, recursos de protección y amicus curiae) en casos emblemáticos de violaciones a los Derechos Humanos.

El INDH no tiene facultades para intervenir en conflictos entre particulares. Se pueden presentar denuncias a través del Sistema Integral de Atención a la Ciudadanía del INDH.

Denuncias e incidencia ante órganos internacionales

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH analiza denuncias presentadas por personas por la vulneración de los derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Se pueden presentar denuncias a través del Portal del sistema de peticiones. Cuando las recomendaciones no son consideradas por el Estado, presenta el caso ante la Corte IDH. Entre los pronunciamientos más recientes relativos a libertad de expresión destacamos los siguientes:

  • 2005 – Informe N°90/05, Caso 12.142, Alejandra Matus y otros V. Chile. Ver enlace.
  • 2016 – Informe N°48/16, Caso 12.799, Miguel Angel Millar Silva y otros (Radio Estrella Del Mar De Melinka) V. Chile. Ver enlace.
  • 2019 – Informe N°52/19, Caso 12.624, Carlos Baraona Bray V. Chile. Ver enlace.

En la actualidad se encuentran en tramitación en la CIDH varios casos relativos a la vulneración de la libertad de prensa:

  • Denuncia P-1492-10: Revista “Punto Final” (Cabieres Donoso y otros V. Chile) relativa a discriminación en la distribución de la publicidad estatal en medios de comunicación.
  • Denuncia P-453-14: Reportero Víctor Salas Araneda, víctima de trauma durante cobertura informativa manifestación estudiantil.
  • Denuncia en 2015 de los periodistas Bruno Sommer y Sebastián Larraín, del periódico El Ciudadano, que fueron sancionados penalmente por injurias y calumnias.
  • P-332-20: Denuncia por transparencia
  • P-1797-20: Reporteros independientes que fueron objeto de seguimientos de inteligencia policial por parte de Carabineros de Chile.
  • P-187-21: Reporteros/as del medio independiente “Señal 3 La Victoria” que fueron objeto de agresiones por parte de Carabineros de Chile.
  • P-1430-21: Reporteros/as del medio independiente que fueron detenidos mientras realizan cobertura de protestas.

Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sentencias sobre Chile en las que se ha declarado la vulneración de la libertad de expresión:

Comité de Derechos Humanos. Analiza denuncias presentadas por personas por la vulneración de los derechos reconocidos en Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Se pueden presentar denuncias a través del correo electrónico: ohchr-petitions@un.org

Entre los casos relativos a Chile cabe destacar el Dictamen de 7 de noviembre de 2017, comunicación núm. 2627/2015, relativo a la retirada de lienzos del espacio público por parte de Carabineros de Chile de una exposición autorizada que realizaba el espacio de memoria “Londres 38”. Ver enlace.

En la actualidad este Comité examina un caso sobre acoso judicial a un comunicador por parte de un candidato a Alcalde en la Comuna de La Pintana (Comunicación 4069-2021, González Araya contra Chile).

Observatorio del Derecho a la Comunicación lanza campaña #comunicasinmiedo

#COMUNICASINMIEDO busca empoderar a periodistas, comunicadores/as, fotógrafos/as, audiovisuales y medios de comunicación para construir una comunidad virtual que por medio del trabajo en red en distintas instancias sea capaz de incidir en el debate, visibilizando los riesgos del ejercicio de las labores periodísticas e impulsando medidas efectivas que garanticen el derecho a la libertad de expresión y a la comunicación.

Es fundamental dar visibilidad a los problemas y riesgos de seguridad integral que enfrentan periodistas y comunicadores/comunicadoras, promover y educar sobre los derechos de las y los periodistas y comunicadores sociales; y difundir y posicionar propuestas en materia de políticas públicas que resguarden de forma efectiva la seguridad de periodistas en su trabajo informativo.

Desde la crisis social de 2019 se ha producido un preocupante aumento de las agresiones a la prensa, a través de amenazas e intimidaciones contra periodistas, comunicadores/as, fotógrafos/as y medios de comunicación. Desde entonces se han registrado más de 400 agresiones por parte de fuerzas del orden público, un  ataque con disparos a un equipo de TVN en La Araucanía en 2021 y el lamentable fallecimiento de Francisca Sandoval, reportera de Señal 3 La Victoria asesinada por un disparo el 1° de mayo en 2022.

Solo en lo que va de 2023, se han registrado casi una decena de agresiones, amenazas a través de redes sociales, hostigamiento durante coberturas y situaciones de acoso judicial que terminan con condenas desproporcionadas que afectan a la libertad de prensa e inhiben el control social sobre los funcionarios públicos.

Sumado a ello, el 28 de febrero la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció nuevamente al Estado de Chile como responsable de vulneración a la libertad de expresión y a las garantías judiciales del defensor medioambiental Carlos Baraona Gray, quien acudió al tribunal internacional tras ser condenado por injurias graves ya que se trasgredió su opción a expresarse libremente desde la perspectiva de una crítica política a la gestión de una autoridad pública. El fallo además obliga a modificar la legislación estableciendo un marco jurídico que proteja a periodistas y comunicadores/as frente al acoso judicial.

Estos hechos evidencian la necesidad de aportar información sobre la seguridad del ejercicio periodístico en nuestro país a través de la realización de un estudio que desarrollamos junto UNESCO para aplicar indicadores que pongan en contexto la situación de Chile en la región y, a la vez, impulsando iniciativas comunicacionales que generen conciencia entre los diferentes agentes involucrados: periodistas, fiscales, investigadores, legisladores, entre otros, para impulsar el debate y el desarrollo de medidas efectivas para la promoción de la seguridad y la protección de las y los trabajadores de la prensa.

Es fundamental avanzar en la modificación de la legislación trabajando en red y dialogando con todos los actores para garantizar el derecho efectivo a la libertad de expresión y a comunicar sin miedo.

Taller: Impacto de las crisis políticas en el periodismo

Sábado 4 de marzo de 2023 de 10 a 14 horas

Asistencia presencial: Centro de Memoria del Estadio Nacional, Av. Grecia 2001, RM, Metro Estadio Nacional.

Asistencia online: Mediante plataforma Zoom, se enviará link a personas inscritas

Formulario de inscripción

Contenidos

  • Restricciones de la libertad de expresión en América Latina en contexto de crisis, el Informe Sombra de Voces del Sur
  • Periodismo de investigación: qué y cómo se está investigando en América Latina.
  • Impacto de la crisis política y social en el Perú en el periodismo
  • Presentación de la campaña #comunicasinmiedo

Expositora: Adriana León, periodista del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS- Perú)

La actividad es organizada por el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC), con la colaboración de la red Voces del Sur, IPYS-Perú y la Corporación Estadio Nacional, Memoria Nacional Ex Prisioneros Políticos.

Los datos recopilados en el formulario serán utilizados para el acceso al curso y para recibir información sobre las actividades de ODC. Puedes consultar tus dudas o solicitar el ejercicio de tus derecho de acceso, rectificación, oposición o cancelación contactando al correo electrónico a ChileODC@protonmail.com

Corte IDH sentencia a Chile por vulneración a la Libertad de Expresión

El fallo del tribunal internacional señaló que el Estado es responsable por penalizar declaraciones a la prensa de un defensor ambiental que señaló a un parlamentario por tráfico de influencias en la tala ilegal de alerces.

Juez Ricardo C. Pérez Manrique, presidente de la Corte, notificando la Sentencia.

Santiago, 1 de marzo de 2023.- Este martes se conoció el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que sentenció nuevamente al Estado de Chile como responsable internacional de vulneración a la libertad de expresión y a las garantías judiciales del defensor medioambiental y abogado, Carlos Baraona Gray, quien acudió al sistema interamericano de DDHH tras ser condenado por injurias graves asegurando que se trasgredió su opción a expresarse libremente desde la perspectiva de una crítica política a la gestión de una autoridad pública.

El caso data del 2004, época en que Baraona Gray emitió declaraciones públicas a diversos medios de comunicación contra el entonces senador Sergio Páez, a quien responsabilizaba de ejercer presiones e influencias para la regularización ilícita de la tala del alerce en la Región de Los Lagos. El exparlamentario se querelló por injurias graves y el Tribunal de Garantía de Puerto Montt le dio la razón, condenando al abogado a 300 días de prisión suspendida, una multa, y la suspensión de cargos u oficios públicos por el periodo de condena.

Tras la revisión de los antecedentes la Corte IDH constató que las declaraciones se referían a las acciones del exsenador en su calidad de funcionario público y que versaban sobre materias ambientales cumpliendo “con los elementos subjetivos, funcionales y materiales para constituirse de relevancia para el debate público” y concluyó que en este caso “Chile es responsable por la violación del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, al principio de legalidad y a la protección judicial (…) establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

El Estado deberá pagar una indemnización de USD $60.000, más las costas judiciales, así como adoptar programas de formación y capacitación dirigidos a funcionarios sobre participación y acceso a la información en asuntos ambientales.

Además, la sentencia establece la necesidad de modificar la legislación chilena, y establecer vías alternativas al proceso penal, ya que “la figura penal de injurias graves en el caso bajo análisis constituyó un medio indirecto de restricción a la libertad de expresión al afectar sus ámbitos individual y social. La condena y la multa impuestas, a pesar del posterior sobreseimiento, tuvieron el efecto de inhibir al señor Baraona de pronunciarse sobre asuntos de interés público general, y de participar en el debate público”.

Desde el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC), organización que en calidad de Amigo del Tribunal (amicus curiae) colaboró en el juicio aportando información sobre cifras de querellas y condenas por injurias y calumnias en Chile, valoraron la sentencia, señalando que era previsible y subrayan que esta obliga al Estado a modificar su legislación para despenalizar las injurias y calumnias, estableciendo un marco jurídico que proteja a periodistas y comunicadores/as frente al acoso judicial. 

“La legislación en Chile no ha variado desde la versión del Código Penal del año 1874, es un marco obsoleto que permite que personajes públicos utilicen el acoso judicial para silenciar a voces críticas y medios de comunicación. Uno de los ejemplos más recientes es el caso del periódico Resumen en Concepción que enfrenta varios procesos judiciales por la difusión de reportajes, y uno de sus editores ha sido condenado a 61 días de cárcel”, aseveró el presidente de ODC, Javier García.

Aseguró además que “según datos recopilados del Poder Judicial, las querellas interpuestas por empresarios, políticos y altos funcionarios públicos contra periodistas, activistas y comunicadores han aumentado a más del doble en cinco años, llegando a aproximadamente a 2000 cada año, lo que efectivamente ha  provocado un efecto silenciador. Creemos que es fundamental avanzar en la modificación de la legislación trabajando en red y dialogando con todos los actores para garantizar el derecho efectivo a la libertad de expresión y a comunicar sin miedo”.

Reiteradas sentencias por vulneración de la libertad de expresión

El Estado de Chile acumula 18 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en total. De ellas, un tercio de los casos ha terminado con una sentencia que ha declarado la violación de la libertad de expresión (casos La Última Tentación de Cristo”, Palamara Iribarne, Claude Reyes y otros; Norín Catrimán y otros; Urrutia Laubreaux; y Baraona Bray).

Asimismo, hay un número significativo de denuncias tramitándose en la Comisión Interamericana por vulneración a la libertad de expresión y falta de protección judicial, lo que según el presidente de ODC “es un indicador que muestra claramente las deficiencias del marco normativo y del sistema judicial de Chile en relación a la protección de la libertad de expresión”.

Audio del Juez Ricardo C. Pérez Manrique, Presidente de la Corte IDH

Audio 1 y audio 2 de Javier García, Presidente de ODC

Documentos de la Corte IDH: Sentencia, resumen, video de la notificación y nota de prensa.

Condenan a 61 días de cárcel a editor de periódico digital por reportaje sobre presuntas irregularidades en remuneraciones de la Municipalidad de Quilleco

Desde el Observatorio del Derecho a la Comunicación alertan que esta sentencia afecta a la libertad de prensa e inhibe el control social sobre los funcionarios públicos. Debido a que el acusado carece de antecedentes se sustituyó la condena por la de remisión condicional de un año, quedando bajo vigilancia de Gendarmería.

Crédito: Resumen.cl

Viernes 20 de enero de 2023.- Una preocupante sentencia judicial se conoció el pasado 18 de enero, cuando el Tribunal de Garantía de Concepción condenó por el delito de injurias a Felipe Soto, director del periódico digital Resumen, quien en julio de 2022 escribió un reportaje sobre “presuntos sobresueldos en la Municipalidad de Quilleco”.

En el texto se aludía a la trayectoria política de Rodrigo Daroch Yáñez, funcionario del Gobierno Regional de Biobío, y a los contratos de trabajo que mantuvo en forma paralela y que fueron objeto de investigación por parte de Contraloría, sin que en el reportaje se le imputará la comisión de un delito. El aludido, quien no ejerció el derecho de rectificación, acudió a la justicia penal con una querella en la que acusaba al comunicador.

La acción fue acogida por el tribunal que, tras varios meses de tramitación, condenó a Felipe Soto por el delito de injurias graves con una pena de 61 días de reclusión menor en su grado mínimo, una multa de 11 UTM y la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. Sin embargo, por carecer de antecedentes penales, se sustituyó la pena por la de remisión condicional de un año, tiempo en que Soto quedará con firma mensual y bajo observación y vigilancia de Gendarmería.

En el fallo el tribunal consideró acreditadas las acusaciones respecto al uso de expresiones que buscan dañar la honra y producir un menoscabo aludiendo al titular del reportaje “El método Daroch” y señalando que éste contenía información parcializada.

Desde el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) advierten que esta sentencia podría sentar un preocupante precedente que afecta gravemente al escrutinio que realizan los medios de comunicación respecto de la actuación de funcionarios y autoridades públicas afectando el derecho a comunicar y a la libertad de expresión.

Javier García, presidente de ODC, afirmó que según los datos que han recopilado desde el Poder Judicial “resulta frecuente que empresarios, políticos y altos funcionarios públicos abusen de los recursos judiciales, interponiendo querellas u otras acciones contra periodistas o activistas que divulgan información y críticas sobre asuntos de interés público”.

“En 2015 las querellas no llegaban a mil, mientras que en 2020 habían aumentado a más del doble (2.000 querellas). La mayoría de ellas son admitidas a trámites y el 17% de las causas finalizan en gran medida porque la o el acusado acepta su responsabilidad por miedo a ser condenados y a enfrentar la incertidumbre de un proceso legal”, enfatizó.

Además, señaló que el uso de estos delitos contra el periodismo es contrario a los estándares internacionales. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recomendado a Chile, en reiteradas ocasiones, la despenalización de los delitos de difamación, injurias y calumnias cuando se trate de casos que involucren a funcionarios públicos porque considera que la existencia y aplicación de normas penales criminalizan la libertad de expresión, generando un efecto disuasivo e inhibiendo la investigación y el reporteo de asuntos de interés público general”.

Audio con declaración de Javier García, Presidente ODC

Sentencia del Tribunal de Garantía de Concepción

Link al reportaje que motivó la querella

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Más de 400 agresiones a periodistas y comunicadores se registran en Chile desde 2019

Desde la crisis social de 2019 se ha producido un preocupante aumento de las agresiones a periodistas y comunicadores/as durante sus labores en Chile. Desde entonces, el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) organización sin fines de lucro dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, ha registrado más de 400 agresiones por parte de fuerzas del orden público mediante seguimiento de casos, revisiones de prensa y solicitudes de acceso a la información mediante transparencia.

Sumado a ello, en marzo de 2021, se conoció el ataque con disparos a un equipo de TVN en La Araucanía y, en 2022, el lamentable fallecimiento de Francisca Sandoval, reportera de Señal 3 La Victoria a causa de un disparo recibido mientras cubría una protesta el 1° de mayo en Santiago.

Estos hechos, que evidenciaron la necesidad de aportar información sobre la seguridad del ejercicio periodístico en nuestro país, motivaron el desarrollo del proyecto “Aplicación de los Indicadores de Seguridad de Periodistas en Chile” que contará con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de UNESCO, el que será ejecutado por investigadores/as de ODC entre noviembre de 2022 y junio de 2023, con el objetivo de contribuir a la protección de las y los trabajadores de la prensa e impulsar el perfeccionamiento de políticas públicas en la materia.

“Chile se encuentra en una crisis de Libertad de Expresión que se ha agudizado desde el estallido social y la emergencia sanitaria afectando el ejercicio pleno de la democracia. Por eso con este proyecto buscamos generar conciencia entre los diferentes agentes involucrados: periodistas, fiscales, investigadores, legisladores, entre otros, para impulsar el debate y el desarrollo de medidas efectivas para la promoción de la seguridad y la protección de las y los trabajadores de la prensa”, señaló el director de ODC, Javier García.

Este proyecto, pionero en Chile, toma como base las recomendaciones e indicadores de Seguridad de Periodistas realizados por UNESCO y contempla la realización de informes sobre la situación en Chile, una base de datos sobre las agresiones registradas a la prensa desde 2019 y dos talleres sobre seguridad física y digital para el desarrollo de la actividad informativa.

Además, los principales hallazgos se presentarán al finalizar el período de ejecución del proyecto durante un seminario en el que se debatirá sobre posibles mejoras para proteger la labor periodística con agentes de organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas.

Situación en Chile

Según los datos recopilados, desde octubre de 2019 hasta noviembre de 2021 se contabilizaron 403 ataques contra la prensa, a través de amenazas e intimidaciones contra periodistas, comunicadores/as, fotógrafos/as y medios de comunicación. La mayoría de las agresiones y actos de hostigamiento ocurrieron cuando las y los trabajadores se encontraban realizando cobertura informativa de las protestas y fueron cometidas principalmente por funcionarios de Fuerzas Especiales.

Según el Informe sobre Libertad de Expresión en el Contexto de las Protestas y Movilizaciones en Chile – elaborado por ODC y Fundación Datos Protegidos con la colaboración de académicas de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile – solamente entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019 se documentaron 171 ataques: 102 a causa de disparos de armas disuasivas, 5 por gases lacrimógenos, 3 por vehículo lanza aguas, así como 27 detenciones arbitrarias y 34 relativos a distintas formas de hostigamientos como golpes, empujones o controles de identidad. Es decir, un 60% del total de ataques correspondían a impactos de proyectiles de armas disuasivas (perdigones y bombas lacrimógenas), destacando entre los casos más graves dos personas con pérdida ocular y denuncias por maltrato y violencia sexual contra dos periodistas detenidas en Arica por parte de funcionarios policiales.

Ya en pandemia, según el Informe sobre Libertad de Expresión 2020 (ODC – FDP – FCEI), se observa un nuevo escenario donde los ataques a la prensa continuaron, pero cambiaron de forma. En total se contabilizaron 105 ataques, 75 de ellos fueron detenciones arbitrarias bajo el pretexto de incumplimiento a la normativa de prevención sanitaria o de resistirse a la autoridad. Además, se identificó un incremento del uso de gases disuasivos y carros lanza aguas contra la prensa.

Durante el año 2021, en tanto, se constataron 127 agresiones contra la prensa por parte de agentes del Estado y si bien se redujeron las detenciones arbitrarias bajo causa de medidas sanitarias o de acciones contra la autoridad, se incrementaron los ataques con gas pimienta a fotoreporteros y actos de hostigamiento para impedir o dificultar el ejercicio de la labor de periodística.

Más del 86 % de los registros de casos corresponden a la Región Metropolitana y se refieren, en su mayoría, a agresiones producidas en el contexto de la cobertura informativa de las protestas en Plaza Baquedano. Las víctimas de los ataques han sido principalmente reporteros freelance y de medios independientes.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN CHILE 2020: LA PUNTA DEL ICEBERG

Luego de un ciclo de cuatro conversatorios durante enero y marzo de 2021 en donde se presentaron los principales casos y evidencias relacionadas a la vulneración de derechos vinculados a la libertad de expresión en Chile, ya se encuentra disponible el informe completo con un prólogo redactado por Edison Lanza (Relator Especial de la Libertad de Expresión de la CIDH, 2014 – 2020) y un anexo que recoge opiniones relevantes emitidas en los conversatorios.

Este trabajo de investigación y recopilación fue desarrollado por el Observatorio del Derecho a la Comunicación y Fundación Datos Protegidos, con el apoyo del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.

DESCARGAR INFORME

Entre los principales hallazgos destacamos:

  • – La violencia y el uso abusivo y desproporcionado de las fuerzas de orden es sistemático, por lo que se ha normalizado este tipo de agresiones dentro de la labor comunicativa, sólo denunciando los hechos “más graves” naturalizando la violencia.
  • – La Fiscalía y otros agentes del Estado presentan acusaciones penales contra comunicadores independientes, lo que deriva en el inicio de un procedimiento judicial contra el reportero/a que fue injustamente detenido.
  • – Falta de transparencia, información parcial y restricciones de acceso a información sobre cifras de detenciones, heridos y violaciones de Derechos Humanos.
  • – El Ministerio del Interior y Seguridad Pública mantiene conductas de obstrucción en el acceso a la información pública.
  • – Desde el 18 de octubre de 2019 distintas autoridades del Gobierno y de las fuerzas de orden público han mantenido reuniones con representantes de los principales medios de comunicación en las que se ha tratado de condicionar la cobertura informativa realizada por estos medios.
  • – Las situaciones de bloqueos, moderación de contenidos o censura previa que realizan las plataformas impacta directamente en los registros y evidencias digitales sobre violaciones a los DD.HH que son publicados en las plataformas.

Estos registros fueron levantados por Chiara Sáez, académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile; Javier García, director del Observatorio del Derecho a la Comunicación y Patricia Peña, directora de la Fundación Datos Protegidos.

La recolección fue realizada mediante seguimiento de casos, revisiones de prensa, solicitudes de acceso a la información mediante transparencia y un formulario online habilitado para el registro de situaciones de censura en Internet.

Sobre la información recopilada, el director del Observatorio del Derecho a la Comunicación, Javier García, comenta que “Chile se encuentra en una crisis de Libertad de expresión; tras el estallido social y la posterior crisis sanitaria se agudizaron los problemas ya existentes y se sumaron nuevas restricciones a la expresión”.

En la misma línea, la académica del Instituto de la Comunicación e Imagen, Chiara Sáez, agrega que: “es importante documentar las vulneraciones a la libertad de expresión en su multiplicidad, porque nos da una visión más completa del problema. Entender, por ejemplo, que los hechos que han saltado a la luz pública durante los últimos meses no son casos aislados, sino que ocurren sobre un fondo más profundo que el estallido social develó y la crisis sanitaria siguió evidenciando. Estos hechos ya venían ocurriendo y siendo denunciados desde muchos años antes, pero no habían tenido la atención de la opinión pública como ahora. Ahora que entramos a la carrera presidencial, nos parece pedagógico presentar esta foto del retroceso de la libertad de expresión que ha significado la doble crisis social y sanitaria. Es importante que los candidatos presidenciales entiendan la complejidad del problema y que sus propuestas programáticas puedan hacerse cargo del problema con la seriedad que merece”.

Por otro lado, la académica del ICEI y directora de la Fundación Datos Protegidos, Patricia Peña, señala: ”El análisis de casos y situaciones de censura en Internet -especialmente en plataformas de redes sociales- confirma lo que habíamos constatado durante el estallido social, en relación a cómo operan sistemas de moderación de contenidos automatizados como mecanismos de censura algorítmica previa de contenidos publicados por medios y colectivos independientes. Esto sumado a varios casos de agresiones y ataques de odio hacia vocerías mujeres y disidencias a través de medios digitales durante tiempos de pandemia”.

En los siguientes enlaces podrás encontrar los videos de cada sesión en donde fueron presentados los capítulos.

Estas sesiones contaron con la participación de: Byron Andrade, fotorreportero independiente; Silvia Chocarro, integrante de Artículo 19; Catalina Gaete, co-fundadora de La Pública; Camila Vergara, analista política y académica de Columbia University Law School; Danny Rayman, director de la Fundación Datos Protegidos y Acción Constitucional; Elizabeth Berger, directora del programa de Comunicación Política Chile 21; Javier Pallero, director de área de Políticas de Access Now y Nicole Rojas, activista e investigadora de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio.

Informe 2020 LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN CHILE
Capítulo 3. Censura artística y pluralismo mediático

Descargar Informe

Registro del conversatorio disponible en

A continuación se expone un resumen del contenido del conversatorio elaborado por Renato Monsalve de la Unidad de Comunicaciones ICEI y disponible en la web de la Universidad de Chile

Restricciones a las expresiones artísticas

A raíz de la revuelta social, numerosos casos de censura y violaciones del derecho a la libertad de expresión han sido expuestos en las redes sociales y medios de comunicación. Según la información recabada por el informe, las expresiones artísticas con motivo de protesta, han sufrido de igual forma el atropello por parte de organismos del Estado. Entre los casos más emblemáticos, destaca la querella por “ultraje público a un emblema patrio” interpuesta contra Marcela Inostroza, alias “La Maga”, por la Intendencia de la Región Metropolitana. La artista fue acusada bajo la Ley 12.927 sobre Seguridad del Estado, aprobada en dictadura y reformada el 2010, por realizar una performance que consistía en barrer y limpiar la puerta y la calle junto al Centro Arte Alameda utilizando la bandera chilena como trapero.

Otro de los casos simbólicos fue el hostigamiento contra el colectivo LasTesis, quienes recibieron una denuncia por parte de Carabineros de Chile por “atentado contra la autoridad” y “amenazas hacia la institución” por un video grabado afuera de una comisaría en Valparaíso. Al respecto, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado manifestando su preocupación ante la criminalización de expresiones artísticas y de protesta amparadas por el derecho a la libertad de expresión.

El 20 de mayo, en tanto, el estudio lumínico Delight Lab realizó un comunicado de prensa donde anunciaba acciones judiciales por acoso, censura, amenazas y vulneración de derechos. Entre otras cosas, denunciaban el hackeo a su cuenta de Instagram, amenazas a través de redes sociales, difusión de datos privados de trabajadores del estudio y declaraciones que incitan al odio y al amedrentamiento por parte del diputado RN, Diego Schalper. Junto a esto, diversos actos lumínicos realizados por Delight Lab han sido saboteados por Carabineros de Chile bajo el amparo de las autoridades. El día 24 de septiembre el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, apoyó la conducta de Carabineros ante el cuestionamiento por la eventual violación al derecho a la libertad de expresión, luego de que la policía censurara una intervención artística realizada en colaboración con Galería CIMA. El mismo día de las declaraciones del alcalde, Carabineros acudió a las dependencias de Galería CIMA para conseguir una lista con datos de todos los trabajadores de la productora.

Respecto a la tipificación de los artistas censurados que formaron parte de las manifestaciones, el director de la fundación Datos Protegidos y de la organización Acción Constitucional, Danny Rayman, indicó que “la razón (de las acciones de censura) se justifica, o no, porque nos encontramos con personas que no solamente son artistas, se pueden catalogar como “artivistas”, ya que el contenido de estas manifestaciones artísticas está relacionado con el activismo que hay detrás. La protección que debieran tener ellos no es solo como personas, sino también como artistas, activistas y, por lo tanto, de una u otra forma, como defensores de derechos humanos. El Estado debiera tener una proactividad para que las situaciones que han vivido, no puedan pasar en democracia.”

Además de las acciones de hostigamiento policial y judicial contra los colectivos artísticos que han participado activamente de la protesta social, los registros del “Informe 2020. Libertad de Expresión en Chile” demuestran la sistemática acción estatal contra grafitis y obras artísticas desplegadas en fachadas de edificios públicos y privados, las que han sido eliminadas con pintura sin la autorización de los responsables de estos centros. Asimismo, muchas esculturas desplegadas en lugares públicos y privados han sido robadas y, en muchos casos, aún no se devuelven a sus autores.


Falta de pluralismo mediático en cobertura televisiva

En Chile no es novedad el problema de la concentración de los medios de comunicación en los grupos económicos más poderosos del país. Sin embargo, tal como evidencian los datos recabados por el informe, los principales medios han faltado al “principio de pluralidad” respecto a la aparición de figuras políticas en la televisión abierta y al alcance de los temas tratados.

El 24 de marzo de 2020, Contraloría señaló que la participación de alcaldes en medios de comunicación debería limitarse a la entrega de información necesaria para el cumplimiento de las funciones municipales. Al respecto, la empresa de estudios de opinión, Conecta Media, presentó los resultados de un estudio que evidenció una permanente y mayoritaria aparición de alcaldes de Chile Vamos, sobre todo en el género “matinales”, siendo los alcaldes Joaquín Lavín, Rodolfo Carter y Evelyn Matthei los ediles que más minutos son exhibidos en televisión abierta.

En este sentido, la académica de la Universidad de Santiago, Elizabeth Berger, contrastó el problema de la falta de pluralidad de medios con la crítica situación de concentración de medios en nuestro país. “Lo más conveniente es propender al pluralismo y diversidad de medios, y en Chile chocamos con el problema de la altísima concentración de medios, que a su vez afecta a toda la región. Esto de que el mundo digital venía a salvarnos no fue tan así, la concentración aumentó en los operadores en el mundo de las telecomunicaciones. Lo preocupante de la concentración de medios en términos de pluralismo es la tendencia a la homogeneidad informativa y la precarización de los trabajadores del sector”.

La académica del ICEI y una de las autoras de este informe, Chiara Sáez, señalo que el problema de la concentración de medios es un tema que debe ser abordado en el proceso constituyente. “El problema no radica solo en la concentración de la propiedad, sino que también hay una concentración ideológica y de inversión publicitaria. Me parece que hay que entender que esta triple concentración es la que nos tiene en esta situación. Si estamos hablando de un sistema privado de medios, donde -en teoría- el mejor programa debiera tener la mejor inversión publicitaria, eso no pasa debido a la concentración ideológica, los empresarios están dispuestos a poner dinero solo en determinados tipos de programas, y estos no necesariamente son los que hacen periodismo de investigación. Entonces, ¿qué tipo de Estado necesitamos definir para que aborde esta problemática de una manera democrática? Esa pregunta debe quedar abierta para el debate constituyente”, sentenció.