Observatorio del Derecho a la Comunicación

#COMUNICASINMIEDO busca empoderar a periodistas, comunicadores/as, fotógrafos/as, audiovisuales y medios de comunicación para construir una comunidad virtual que por medio del trabajo en red en distintas instancias sea capaz de incidir en el debate, visibilizando los riesgos del ejercicio de las labores periodísticas e impulsando medidas efectivas que garanticen el derecho a la libertad de expresión y a la comunicación.

Es fundamental dar visibilidad a los problemas y riesgos de seguridad integral que enfrentan periodistas y comunicadores/comunicadoras, promover y educar sobre los derechos de las y los periodistas y comunicadores sociales; y difundir y posicionar propuestas en materia de políticas públicas que resguarden de forma efectiva la seguridad de periodistas en su trabajo informativo.

Desde la crisis social de 2019 se ha producido un preocupante aumento de las agresiones a la prensa, a través de amenazas e intimidaciones contra periodistas, comunicadores/as, fotógrafos/as y medios de comunicación. Desde entonces se han registrado más de 400 agresiones por parte de fuerzas del orden público, un  ataque con disparos a un equipo de TVN en La Araucanía en 2021 y el lamentable fallecimiento de Francisca Sandoval, reportera de Señal 3 La Victoria asesinada por un disparo el 1° de mayo en 2022.

Solo en lo que va de 2023, se han registrado casi una decena de agresiones, amenazas a través de redes sociales, hostigamiento durante coberturas y situaciones de acoso judicial que terminan con condenas desproporcionadas que afectan a la libertad de prensa e inhiben el control social sobre los funcionarios públicos.

Sumado a ello, el 28 de febrero la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció nuevamente al Estado de Chile como responsable de vulneración a la libertad de expresión y a las garantías judiciales del defensor medioambiental Carlos Baraona Gray, quien acudió al tribunal internacional tras ser condenado por injurias graves ya que se trasgredió su opción a expresarse libremente desde la perspectiva de una crítica política a la gestión de una autoridad pública. El fallo además obliga a modificar la legislación estableciendo un marco jurídico que proteja a periodistas y comunicadores/as frente al acoso judicial.

Estos hechos evidencian la necesidad de aportar información sobre la seguridad del ejercicio periodístico en nuestro país a través de la realización de un estudio que desarrollamos junto UNESCO para aplicar indicadores que pongan en contexto la situación de Chile en la región y, a la vez, impulsando iniciativas comunicacionales que generen conciencia entre los diferentes agentes involucrados: periodistas, fiscales, investigadores, legisladores, entre otros, para impulsar el debate y el desarrollo de medidas efectivas para la promoción de la seguridad y la protección de las y los trabajadores de la prensa.

Es fundamental avanzar en la modificación de la legislación trabajando en red y dialogando con todos los actores para garantizar el derecho efectivo a la libertad de expresión y a comunicar sin miedo.

Luego de un ciclo de cuatro conversatorios durante enero y marzo de 2021 en donde se presentaron los principales casos y evidencias relacionadas a la vulneración de derechos vinculados a la libertad de expresión en Chile, ya se encuentra disponible el informe completo con un prólogo redactado por Edison Lanza (Relator Especial de la Libertad de Expresión de la CIDH, 2014 – 2020) y un anexo que recoge opiniones relevantes emitidas en los conversatorios.

Este trabajo de investigación y recopilación fue desarrollado por el Observatorio del Derecho a la Comunicación y Fundación Datos Protegidos, con el apoyo del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.

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Entre los principales hallazgos destacamos:

• – La violencia y el uso abusivo y desproporcionado de las fuerzas de orden es sistemático, por lo que se ha normalizado este tipo de agresiones dentro de la labor comunicativa, sólo denunciando los hechos “más graves” naturalizando la violencia.
• – La Fiscalía y otros agentes del Estado presentan acusaciones penales contra comunicadores independientes, lo que deriva en el inicio de un procedimiento judicial contra el reportero/a que fue injustamente detenido.
• – Falta de transparencia, información parcial y restricciones de acceso a información sobre cifras de detenciones, heridos y violaciones de Derechos Humanos.
• – El Ministerio del Interior y Seguridad Pública mantiene conductas de obstrucción en el acceso a la información pública.
• – Desde el 18 de octubre de 2019 distintas autoridades del Gobierno y de las fuerzas de orden público han mantenido reuniones con representantes de los principales medios de comunicación en las que se ha tratado de condicionar la cobertura informativa realizada por estos medios.
• – Las situaciones de bloqueos, moderación de contenidos o censura previa que realizan las plataformas impacta directamente en los registros y evidencias digitales sobre violaciones a los DD.HH que son publicados en las plataformas.

Estos registros fueron levantados por Chiara Sáez, académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile; Javier García, director del Observatorio del Derecho a la Comunicación y Patricia Peña, directora de la Fundación Datos Protegidos.

La recolección fue realizada mediante seguimiento de casos, revisiones de prensa, solicitudes de acceso a la información mediante transparencia y un formulario online habilitado para el registro de situaciones de censura en Internet.

Sobre la información recopilada, el director del Observatorio del Derecho a la Comunicación, Javier García, comenta que “Chile se encuentra en una crisis de Libertad de expresión; tras el estallido social y la posterior crisis sanitaria se agudizaron los problemas ya existentes y se sumaron nuevas restricciones a la expresión”.

En la misma línea, la académica del Instituto de la Comunicación e Imagen, Chiara Sáez, agrega que: “es importante documentar las vulneraciones a la libertad de expresión en su multiplicidad, porque nos da una visión más completa del problema. Entender, por ejemplo, que los hechos que han saltado a la luz pública durante los últimos meses no son casos aislados, sino que ocurren sobre un fondo más profundo que el estallido social develó y la crisis sanitaria siguió evidenciando. Estos hechos ya venían ocurriendo y siendo denunciados desde muchos años antes, pero no habían tenido la atención de la opinión pública como ahora. Ahora que entramos a la carrera presidencial, nos parece pedagógico presentar esta foto del retroceso de la libertad de expresión que ha significado la doble crisis social y sanitaria. Es importante que los candidatos presidenciales entiendan la complejidad del problema y que sus propuestas programáticas puedan hacerse cargo del problema con la seriedad que merece”.

Por otro lado, la académica del ICEI y directora de la Fundación Datos Protegidos, Patricia Peña, señala: ”El análisis de casos y situaciones de censura en Internet -especialmente en plataformas de redes sociales- confirma lo que habíamos constatado durante el estallido social, en relación a cómo operan sistemas de moderación de contenidos automatizados como mecanismos de censura algorítmica previa de contenidos publicados por medios y colectivos independientes. Esto sumado a varios casos de agresiones y ataques de odio hacia vocerías mujeres y disidencias a través de medios digitales durante tiempos de pandemia”.

En los siguientes enlaces podrás encontrar los videos de cada sesión en donde fueron presentados los capítulos.

• Sesión 1
• Sesión 2
• Sesión 3
• Sesión 4

Estas sesiones contaron con la participación de: Byron Andrade, fotorreportero independiente; Silvia Chocarro, integrante de Artículo 19; Catalina Gaete, co-fundadora de La Pública; Camila Vergara, analista política y académica de Columbia University Law School; Danny Rayman, director de la Fundación Datos Protegidos y Acción Constitucional; Elizabeth Berger, directora del programa de Comunicación Política Chile 21; Javier Pallero, director de área de Políticas de Access Now y Nicole Rojas, activista e investigadora de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio.

Informe 2020 LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN CHILE
Capítulo 3. Censura artística y pluralismo mediático

Descargar Informe

Registro del conversatorio disponible en

A continuación se expone un resumen del contenido del conversatorio elaborado por Renato Monsalve de la Unidad de Comunicaciones ICEI y disponible en la web de la Universidad de Chile

Restricciones a las expresiones artísticas

A raíz de la revuelta social, numerosos casos de censura y violaciones del derecho a la libertad de expresión han sido expuestos en las redes sociales y medios de comunicación. Según la información recabada por el informe, las expresiones artísticas con motivo de protesta, han sufrido de igual forma el atropello por parte de organismos del Estado. Entre los casos más emblemáticos, destaca la querella por “ultraje público a un emblema patrio” interpuesta contra Marcela Inostroza, alias “La Maga”, por la Intendencia de la Región Metropolitana. La artista fue acusada bajo la Ley 12.927 sobre Seguridad del Estado, aprobada en dictadura y reformada el 2010, por realizar una performance que consistía en barrer y limpiar la puerta y la calle junto al Centro Arte Alameda utilizando la bandera chilena como trapero.

Otro de los casos simbólicos fue el hostigamiento contra el colectivo LasTesis, quienes recibieron una denuncia por parte de Carabineros de Chile por “atentado contra la autoridad” y “amenazas hacia la institución” por un video grabado afuera de una comisaría en Valparaíso. Al respecto, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado manifestando su preocupación ante la criminalización de expresiones artísticas y de protesta amparadas por el derecho a la libertad de expresión.

El 20 de mayo, en tanto, el estudio lumínico Delight Lab realizó un comunicado de prensa donde anunciaba acciones judiciales por acoso, censura, amenazas y vulneración de derechos. Entre otras cosas, denunciaban el hackeo a su cuenta de Instagram, amenazas a través de redes sociales, difusión de datos privados de trabajadores del estudio y declaraciones que incitan al odio y al amedrentamiento por parte del diputado RN, Diego Schalper. Junto a esto, diversos actos lumínicos realizados por Delight Lab han sido saboteados por Carabineros de Chile bajo el amparo de las autoridades. El día 24 de septiembre el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, apoyó la conducta de Carabineros ante el cuestionamiento por la eventual violación al derecho a la libertad de expresión, luego de que la policía censurara una intervención artística realizada en colaboración con Galería CIMA. El mismo día de las declaraciones del alcalde, Carabineros acudió a las dependencias de Galería CIMA para conseguir una lista con datos de todos los trabajadores de la productora.

Respecto a la tipificación de los artistas censurados que formaron parte de las manifestaciones, el director de la fundación Datos Protegidos y de la organización Acción Constitucional, Danny Rayman, indicó que “la razón (de las acciones de censura) se justifica, o no, porque nos encontramos con personas que no solamente son artistas, se pueden catalogar como “artivistas”, ya que el contenido de estas manifestaciones artísticas está relacionado con el activismo que hay detrás. La protección que debieran tener ellos no es solo como personas, sino también como artistas, activistas y, por lo tanto, de una u otra forma, como defensores de derechos humanos. El Estado debiera tener una proactividad para que las situaciones que han vivido, no puedan pasar en democracia.”

Además de las acciones de hostigamiento policial y judicial contra los colectivos artísticos que han participado activamente de la protesta social, los registros del “Informe 2020. Libertad de Expresión en Chile” demuestran la sistemática acción estatal contra grafitis y obras artísticas desplegadas en fachadas de edificios públicos y privados, las que han sido eliminadas con pintura sin la autorización de los responsables de estos centros. Asimismo, muchas esculturas desplegadas en lugares públicos y privados han sido robadas y, en muchos casos, aún no se devuelven a sus autores.

Falta de pluralismo mediático en cobertura televisiva

En Chile no es novedad el problema de la concentración de los medios de comunicación en los grupos económicos más poderosos del país. Sin embargo, tal como evidencian los datos recabados por el informe, los principales medios han faltado al “principio de pluralidad” respecto a la aparición de figuras políticas en la televisión abierta y al alcance de los temas tratados.

El 24 de marzo de 2020, Contraloría señaló que la participación de alcaldes en medios de comunicación debería limitarse a la entrega de información necesaria para el cumplimiento de las funciones municipales. Al respecto, la empresa de estudios de opinión, Conecta Media, presentó los resultados de un estudio que evidenció una permanente y mayoritaria aparición de alcaldes de Chile Vamos, sobre todo en el género “matinales”, siendo los alcaldes Joaquín Lavín, Rodolfo Carter y Evelyn Matthei los ediles que más minutos son exhibidos en televisión abierta.

En este sentido, la académica de la Universidad de Santiago, Elizabeth Berger, contrastó el problema de la falta de pluralidad de medios con la crítica situación de concentración de medios en nuestro país. “Lo más conveniente es propender al pluralismo y diversidad de medios, y en Chile chocamos con el problema de la altísima concentración de medios, que a su vez afecta a toda la región. Esto de que el mundo digital venía a salvarnos no fue tan así, la concentración aumentó en los operadores en el mundo de las telecomunicaciones. Lo preocupante de la concentración de medios en términos de pluralismo es la tendencia a la homogeneidad informativa y la precarización de los trabajadores del sector”.

La académica del ICEI y una de las autoras de este informe, Chiara Sáez, señalo que el problema de la concentración de medios es un tema que debe ser abordado en el proceso constituyente. “El problema no radica solo en la concentración de la propiedad, sino que también hay una concentración ideológica y de inversión publicitaria. Me parece que hay que entender que esta triple concentración es la que nos tiene en esta situación. Si estamos hablando de un sistema privado de medios, donde -en teoría- el mejor programa debiera tener la mejor inversión publicitaria, eso no pasa debido a la concentración ideológica, los empresarios están dispuestos a poner dinero solo en determinados tipos de programas, y estos no necesariamente son los que hacen periodismo de investigación. Entonces, ¿qué tipo de Estado necesitamos definir para que aborde esta problemática de una manera democrática? Esa pregunta debe quedar abierta para el debate constituyente”, sentenció.