Condenan a 61 días de cárcel a editor de periódico digital que publicó reportaje sobre presuntas irregularidades en remuneraciones de la Municipalidad de Quilleco

Desde el Observatorio del Derecho a la Comunicación alertan que esta sentencia afecta a la libertad de prensa e inhibe el control social sobre los funcionarios públicos. Debido a que el acusado carece de antecedentes se sustituyó la condena por la de remisión condicional de un año, quedando bajo vigilancia de Gendarmería.

Crédito: Resumen.cl

Viernes 20 de enero de 2023.- Una preocupante sentencia judicial se conoció el pasado 18 de enero, cuando el Tribunal de Garantía de Concepción condenó por el delito de injurias a Felipe Soto, director del periódico digital Resumen, quien en julio de 2022 escribió un reportaje sobre “presuntos sobresueldos en la Municipalidad de Quilleco”.

En el texto se aludía a la trayectoria política de Rodrigo Daroch Yáñez, funcionario del Gobierno Regional de Biobío, y a los contratos de trabajo que mantuvo en forma paralela y que fueron objeto de investigación por parte de Contraloría, sin que en el reportaje se le imputará la comisión de un delito. El aludido, quien no ejerció el derecho de rectificación, acudió a la justicia penal con una querella en la que acusaba al comunicador.

La acción fue acogida por el tribunal que, tras varios meses de tramitación, condenó a Felipe Soto por el delito de injurias graves con una pena de 61 días de reclusión menor en su grado mínimo, una multa de 11 UTM y la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. Sin embargo, por carecer de antecedentes penales, se sustituyó la pena por la de remisión condicional de un año, tiempo en que Soto quedará con firma mensual y bajo observación y vigilancia de Gendarmería.

En el fallo el tribunal consideró acreditadas las acusaciones respecto al uso de expresiones que buscan dañar la honra y producir un menoscabo aludiendo al titular del reportaje “El método Daroch” y señalando que éste contenía información parcializada.

Desde el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) advierten que esta sentencia podría sentar un preocupante precedente que afecta gravemente al escrutinio que realizan los medios de comunicación respecto de la actuación de funcionarios y autoridades públicas afectando el derecho a comunicar y a la libertad de expresión.

Javier García, presidente de ODC, afirmó que según los datos que han recopilado desde el Poder Judicial “resulta frecuente que empresarios, políticos y altos funcionarios públicos abusen de los recursos judiciales, interponiendo querellas u otras acciones contra periodistas o activistas que divulgan información y críticas sobre asuntos de interés público”.

“En 2015 las querellas no llegaban a mil, mientras que en 2020 habían aumentado a más del doble (2.000 querellas). La mayoría de ellas son admitidas a trámites y el 17% de las causas finalizan en gran medida porque la o el acusado acepta su responsabilidad por miedo a ser condenados y a enfrentar la incertidumbre de un proceso legal”, enfatizó.

Además, señaló que el uso de estos delitos contra el periodismo es contrario a los estándares internacionales. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recomendado a Chile, en reiteradas ocasiones, la despenalización de los delitos de difamación, injurias y calumnias cuando se trate de casos que involucren a funcionarios públicos porque considera que la existencia y aplicación de normas penales criminalizan la libertad de expresión, generando un efecto disuasivo e inhibiendo la investigación y el reporteo de asuntos de interés público general”.

Audio con declaración de Javier García, Presidente ODC

Sentencia del Tribunal de Garantía de Concepción

Link al reportaje que motivó la querella

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Más de 400 agresiones a periodistas y comunicadores se registran en Chile desde 2019

Desde la crisis social de 2019 se ha producido un preocupante aumento de las agresiones a periodistas y comunicadores/as durante sus labores en Chile. Desde entonces, el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) organización sin fines de lucro dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, ha registrado más de 400 agresiones por parte de fuerzas del orden público mediante seguimiento de casos, revisiones de prensa y solicitudes de acceso a la información mediante transparencia.

Sumado a ello, en marzo de 2021, se conoció el ataque con disparos a un equipo de TVN en La Araucanía y, en 2022, el lamentable fallecimiento de Francisca Sandoval, reportera de Señal 3 La Victoria a causa de un disparo recibido mientras cubría una protesta el 1° de mayo en Santiago.

Estos hechos, que evidenciaron la necesidad de aportar información sobre la seguridad del ejercicio periodístico en nuestro país, motivaron el desarrollo del proyecto “Aplicación de los Indicadores de Seguridad de Periodistas en Chile” que contará con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de UNESCO, el que será ejecutado por investigadores/as de ODC entre noviembre de 2022 y junio de 2023, con el objetivo de contribuir a la protección de las y los trabajadores de la prensa e impulsar el perfeccionamiento de políticas públicas en la materia.

“Chile se encuentra en una crisis de Libertad de Expresión que se ha agudizado desde el estallido social y la emergencia sanitaria afectando el ejercicio pleno de la democracia. Por eso con este proyecto buscamos generar conciencia entre los diferentes agentes involucrados: periodistas, fiscales, investigadores, legisladores, entre otros, para impulsar el debate y el desarrollo de medidas efectivas para la promoción de la seguridad y la protección de las y los trabajadores de la prensa”, señaló el director de ODC, Javier García.

Este proyecto, pionero en Chile, toma como base las recomendaciones e indicadores de Seguridad de Periodistas realizados por UNESCO y contempla la realización de informes sobre la situación en Chile, una base de datos sobre las agresiones registradas a la prensa desde 2019 y dos talleres sobre seguridad física y digital para el desarrollo de la actividad informativa.

Además, los principales hallazgos se presentarán al finalizar el período de ejecución del proyecto durante un seminario en el que se debatirá sobre posibles mejoras para proteger la labor periodística con agentes de organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas.

Situación en Chile

Según los datos recopilados, desde octubre de 2019 hasta noviembre de 2021 se contabilizaron 403 ataques contra la prensa, a través de amenazas e intimidaciones contra periodistas, comunicadores/as, fotógrafos/as y medios de comunicación. La mayoría de las agresiones y actos de hostigamiento ocurrieron cuando las y los trabajadores se encontraban realizando cobertura informativa de las protestas y fueron cometidas principalmente por funcionarios de Fuerzas Especiales.

Según el Informe sobre Libertad de Expresión en el Contexto de las Protestas y Movilizaciones en Chile – elaborado por ODC y Fundación Datos Protegidos con la colaboración de académicas de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile – solamente entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019 se documentaron 171 ataques: 102 a causa de disparos de armas disuasivas, 5 por gases lacrimógenos, 3 por vehículo lanza aguas, así como 27 detenciones arbitrarias y 34 relativos a distintas formas de hostigamientos como golpes, empujones o controles de identidad. Es decir, un 60% del total de ataques correspondían a impactos de proyectiles de armas disuasivas (perdigones y bombas lacrimógenas), destacando entre los casos más graves dos personas con pérdida ocular y denuncias por maltrato y violencia sexual contra dos periodistas detenidas en Arica por parte de funcionarios policiales.

Ya en pandemia, según el Informe sobre Libertad de Expresión 2020 (ODC – FDP – FCEI), se observa un nuevo escenario donde los ataques a la prensa continuaron, pero cambiaron de forma. En total se contabilizaron 105 ataques, 75 de ellos fueron detenciones arbitrarias bajo el pretexto de incumplimiento a la normativa de prevención sanitaria o de resistirse a la autoridad. Además, se identificó un incremento del uso de gases disuasivos y carros lanza aguas contra la prensa.

Durante el año 2021, en tanto, se constataron 127 agresiones contra la prensa por parte de agentes del Estado y si bien se redujeron las detenciones arbitrarias bajo causa de medidas sanitarias o de acciones contra la autoridad, se incrementaron los ataques con gas pimienta a fotoreporteros y actos de hostigamiento para impedir o dificultar el ejercicio de la labor de periodística.

Más del 86 % de los registros de casos corresponden a la Región Metropolitana y se refieren, en su mayoría, a agresiones producidas en el contexto de la cobertura informativa de las protestas en Plaza Baquedano. Las víctimas de los ataques han sido principalmente reporteros freelance y de medios independientes.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN CHILE 2020: LA PUNTA DEL ICEBERG

Luego de un ciclo de cuatro conversatorios durante enero y marzo de 2021 en donde se presentaron los principales casos y evidencias relacionadas a la vulneración de derechos vinculados a la libertad de expresión en Chile, ya se encuentra disponible el informe completo con un prólogo redactado por Edison Lanza (Relator Especial de la Libertad de Expresión de la CIDH, 2014 – 2020) y un anexo que recoge opiniones relevantes emitidas en los conversatorios.

Este trabajo de investigación y recopilación fue desarrollado por el Observatorio del Derecho a la Comunicación y Fundación Datos Protegidos, con el apoyo del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.

DESCARGAR INFORME

Entre los principales hallazgos destacamos:

  • – La violencia y el uso abusivo y desproporcionado de las fuerzas de orden es sistemático, por lo que se ha normalizado este tipo de agresiones dentro de la labor comunicativa, sólo denunciando los hechos “más graves” naturalizando la violencia.
  • – La Fiscalía y otros agentes del Estado presentan acusaciones penales contra comunicadores independientes, lo que deriva en el inicio de un procedimiento judicial contra el reportero/a que fue injustamente detenido.
  • – Falta de transparencia, información parcial y restricciones de acceso a información sobre cifras de detenciones, heridos y violaciones de Derechos Humanos.
  • – El Ministerio del Interior y Seguridad Pública mantiene conductas de obstrucción en el acceso a la información pública.
  • – Desde el 18 de octubre de 2019 distintas autoridades del Gobierno y de las fuerzas de orden público han mantenido reuniones con representantes de los principales medios de comunicación en las que se ha tratado de condicionar la cobertura informativa realizada por estos medios.
  • – Las situaciones de bloqueos, moderación de contenidos o censura previa que realizan las plataformas impacta directamente en los registros y evidencias digitales sobre violaciones a los DD.HH que son publicados en las plataformas.

Estos registros fueron levantados por Chiara Sáez, académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile; Javier García, director del Observatorio del Derecho a la Comunicación y Patricia Peña, directora de la Fundación Datos Protegidos.

La recolección fue realizada mediante seguimiento de casos, revisiones de prensa, solicitudes de acceso a la información mediante transparencia y un formulario online habilitado para el registro de situaciones de censura en Internet.

Sobre la información recopilada, el director del Observatorio del Derecho a la Comunicación, Javier García, comenta que “Chile se encuentra en una crisis de Libertad de expresión; tras el estallido social y la posterior crisis sanitaria se agudizaron los problemas ya existentes y se sumaron nuevas restricciones a la expresión”.

En la misma línea, la académica del Instituto de la Comunicación e Imagen, Chiara Sáez, agrega que: “es importante documentar las vulneraciones a la libertad de expresión en su multiplicidad, porque nos da una visión más completa del problema. Entender, por ejemplo, que los hechos que han saltado a la luz pública durante los últimos meses no son casos aislados, sino que ocurren sobre un fondo más profundo que el estallido social develó y la crisis sanitaria siguió evidenciando. Estos hechos ya venían ocurriendo y siendo denunciados desde muchos años antes, pero no habían tenido la atención de la opinión pública como ahora. Ahora que entramos a la carrera presidencial, nos parece pedagógico presentar esta foto del retroceso de la libertad de expresión que ha significado la doble crisis social y sanitaria. Es importante que los candidatos presidenciales entiendan la complejidad del problema y que sus propuestas programáticas puedan hacerse cargo del problema con la seriedad que merece”.

Por otro lado, la académica del ICEI y directora de la Fundación Datos Protegidos, Patricia Peña, señala: ”El análisis de casos y situaciones de censura en Internet -especialmente en plataformas de redes sociales- confirma lo que habíamos constatado durante el estallido social, en relación a cómo operan sistemas de moderación de contenidos automatizados como mecanismos de censura algorítmica previa de contenidos publicados por medios y colectivos independientes. Esto sumado a varios casos de agresiones y ataques de odio hacia vocerías mujeres y disidencias a través de medios digitales durante tiempos de pandemia”.

En los siguientes enlaces podrás encontrar los videos de cada sesión en donde fueron presentados los capítulos.

Estas sesiones contaron con la participación de: Byron Andrade, fotorreportero independiente; Silvia Chocarro, integrante de Artículo 19; Catalina Gaete, co-fundadora de La Pública; Camila Vergara, analista política y académica de Columbia University Law School; Danny Rayman, director de la Fundación Datos Protegidos y Acción Constitucional; Elizabeth Berger, directora del programa de Comunicación Política Chile 21; Javier Pallero, director de área de Políticas de Access Now y Nicole Rojas, activista e investigadora de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio.

Informe 2020 LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN CHILE
Capítulo 3. Censura artística y pluralismo mediático

Descargar Informe

Registro del conversatorio disponible en

A continuación se expone un resumen del contenido del conversatorio elaborado por Renato Monsalve de la Unidad de Comunicaciones ICEI y disponible en la web de la Universidad de Chile

Restricciones a las expresiones artísticas

A raíz de la revuelta social, numerosos casos de censura y violaciones del derecho a la libertad de expresión han sido expuestos en las redes sociales y medios de comunicación. Según la información recabada por el informe, las expresiones artísticas con motivo de protesta, han sufrido de igual forma el atropello por parte de organismos del Estado. Entre los casos más emblemáticos, destaca la querella por “ultraje público a un emblema patrio” interpuesta contra Marcela Inostroza, alias “La Maga”, por la Intendencia de la Región Metropolitana. La artista fue acusada bajo la Ley 12.927 sobre Seguridad del Estado, aprobada en dictadura y reformada el 2010, por realizar una performance que consistía en barrer y limpiar la puerta y la calle junto al Centro Arte Alameda utilizando la bandera chilena como trapero.

Otro de los casos simbólicos fue el hostigamiento contra el colectivo LasTesis, quienes recibieron una denuncia por parte de Carabineros de Chile por “atentado contra la autoridad” y “amenazas hacia la institución” por un video grabado afuera de una comisaría en Valparaíso. Al respecto, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado manifestando su preocupación ante la criminalización de expresiones artísticas y de protesta amparadas por el derecho a la libertad de expresión.

El 20 de mayo, en tanto, el estudio lumínico Delight Lab realizó un comunicado de prensa donde anunciaba acciones judiciales por acoso, censura, amenazas y vulneración de derechos. Entre otras cosas, denunciaban el hackeo a su cuenta de Instagram, amenazas a través de redes sociales, difusión de datos privados de trabajadores del estudio y declaraciones que incitan al odio y al amedrentamiento por parte del diputado RN, Diego Schalper. Junto a esto, diversos actos lumínicos realizados por Delight Lab han sido saboteados por Carabineros de Chile bajo el amparo de las autoridades. El día 24 de septiembre el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, apoyó la conducta de Carabineros ante el cuestionamiento por la eventual violación al derecho a la libertad de expresión, luego de que la policía censurara una intervención artística realizada en colaboración con Galería CIMA. El mismo día de las declaraciones del alcalde, Carabineros acudió a las dependencias de Galería CIMA para conseguir una lista con datos de todos los trabajadores de la productora.

Respecto a la tipificación de los artistas censurados que formaron parte de las manifestaciones, el director de la fundación Datos Protegidos y de la organización Acción Constitucional, Danny Rayman, indicó que “la razón (de las acciones de censura) se justifica, o no, porque nos encontramos con personas que no solamente son artistas, se pueden catalogar como “artivistas”, ya que el contenido de estas manifestaciones artísticas está relacionado con el activismo que hay detrás. La protección que debieran tener ellos no es solo como personas, sino también como artistas, activistas y, por lo tanto, de una u otra forma, como defensores de derechos humanos. El Estado debiera tener una proactividad para que las situaciones que han vivido, no puedan pasar en democracia.”

Además de las acciones de hostigamiento policial y judicial contra los colectivos artísticos que han participado activamente de la protesta social, los registros del “Informe 2020. Libertad de Expresión en Chile” demuestran la sistemática acción estatal contra grafitis y obras artísticas desplegadas en fachadas de edificios públicos y privados, las que han sido eliminadas con pintura sin la autorización de los responsables de estos centros. Asimismo, muchas esculturas desplegadas en lugares públicos y privados han sido robadas y, en muchos casos, aún no se devuelven a sus autores.


Falta de pluralismo mediático en cobertura televisiva

En Chile no es novedad el problema de la concentración de los medios de comunicación en los grupos económicos más poderosos del país. Sin embargo, tal como evidencian los datos recabados por el informe, los principales medios han faltado al “principio de pluralidad” respecto a la aparición de figuras políticas en la televisión abierta y al alcance de los temas tratados.

El 24 de marzo de 2020, Contraloría señaló que la participación de alcaldes en medios de comunicación debería limitarse a la entrega de información necesaria para el cumplimiento de las funciones municipales. Al respecto, la empresa de estudios de opinión, Conecta Media, presentó los resultados de un estudio que evidenció una permanente y mayoritaria aparición de alcaldes de Chile Vamos, sobre todo en el género “matinales”, siendo los alcaldes Joaquín Lavín, Rodolfo Carter y Evelyn Matthei los ediles que más minutos son exhibidos en televisión abierta.

En este sentido, la académica de la Universidad de Santiago, Elizabeth Berger, contrastó el problema de la falta de pluralidad de medios con la crítica situación de concentración de medios en nuestro país. “Lo más conveniente es propender al pluralismo y diversidad de medios, y en Chile chocamos con el problema de la altísima concentración de medios, que a su vez afecta a toda la región. Esto de que el mundo digital venía a salvarnos no fue tan así, la concentración aumentó en los operadores en el mundo de las telecomunicaciones. Lo preocupante de la concentración de medios en términos de pluralismo es la tendencia a la homogeneidad informativa y la precarización de los trabajadores del sector”.

La académica del ICEI y una de las autoras de este informe, Chiara Sáez, señalo que el problema de la concentración de medios es un tema que debe ser abordado en el proceso constituyente. “El problema no radica solo en la concentración de la propiedad, sino que también hay una concentración ideológica y de inversión publicitaria. Me parece que hay que entender que esta triple concentración es la que nos tiene en esta situación. Si estamos hablando de un sistema privado de medios, donde -en teoría- el mejor programa debiera tener la mejor inversión publicitaria, eso no pasa debido a la concentración ideológica, los empresarios están dispuestos a poner dinero solo en determinados tipos de programas, y estos no necesariamente son los que hacen periodismo de investigación. Entonces, ¿qué tipo de Estado necesitamos definir para que aborde esta problemática de una manera democrática? Esa pregunta debe quedar abierta para el debate constituyente”, sentenció.

Enero: nuevo año, mismos problemas

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1. HOSTIGAMIENTO Y ATAQUES A LA PRENSA

1.1. Cifras totales

19 ataques registrados durante el mes de enero. 8 detenciones arbitrarias.

1.2. Agresiones por parte de agentes del Estado

Maullín, 2 de enero a las 18:30 hrs

Santiago, 4 de enero, protesta frente al Mineduc

  • Durante la mañana del 4 de enero el Camarógrafo de Chilevisión (CHV) Alex Cuadra fue detenido mientras realizaba una cobertura en directo de una protesta de estudiantes secundarios en el frontis del Ministerio de Educación (Mineduc) por la Prueba de Transición Universitaria (PTU)ii. La detención se produce cuando el Camarógrafo registraba la detención de una joven menor de edadiii, fue esposado y trasladado a la 3° comisaría de Santiago y liberado horas después. Al producirse los hechos durante una transmisión en un programa de televisión de máxima audiencia, la noticia tuvo una importante repercusión social, numerosas personalidades públicas condenaron lo sucedido y varias organizaciones difundieron comunicados de denuncia, así como la propia empresa de comunicacióniv. Tanto Carabineros como el gobierno se refirieron a lo ocurridov. El Ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, lamentó los hechos indicando que “Carabineros no debe ni puede intervenir la labor de la prensa cuando está ejerciendo su labor de manera adecuada”vi.
  • De forma paralela, varios periodistas que se encontraban cubriendo la protesta fueron golpeados por personal de Carabineros.

Santiago, 4 de enero, protestas en Plaza Italia y Alameda

En la jornada de tarde, durante una protesta en las proximidades de Plaza Italia se produjeron varios ataques a la prensa por parte de funcionarios policiales que formaban parte de un operativo de fuerzas antidisturbios dirigido por la Mayor Ojeda. A diferencia de los ocurrido en la mañana, estos hechos no fueron difundidos por los medios de comunicación, ni se produjeron declaraciones públicas de las autoridades.

Ercilla, 7 de enero

Fotoperiodista es golpeado por funcionarios policiales de la PDI, tras registrar la detención de una menor de edad en un allanamiento a la comunidad de Temucuicuixvii. El 27 de enero funcionarios de la PDI acudieron al domicilio del fotoperiodista para notificarle una citación para declarar ante el fiscal por lo ocurrido.

Santiago, 15 enero.

Durante las protestas en el centro de Santiago, funcionarios de Carabineros empujan en varias ocasiones a reportero que captó la detención de un manifestante que se encuentra inconscientexviii.

Santiago, 29 de enero, protestas en Plaza Italia y Alameda

En una protesta en las proximidades de Plaza Italia se produjeron varios ataques a la prensa por parte de funcionarios policiales, de los cuales documentamos los siguientes casos:

2. LÍMITES A LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

2.1. Imposibilidad de acceder a la información de las reuniones del Presidente de la República

Presidencia de la República impide el acceso a la información relativa a la agenda de reuniones del Presidente Piñera. Desde ODC se han realizado nuevas solicitudes de acceso a la información pública que han sido rechazadas por el órgano, por los que se han presentado recurso de amparo ante el CPLT (amparos n.º 513-2021 y 515-21).

La Corte de Apelaciones de Santiago, en su sentencia de 2’ de enero de 2021 (Rol n.º 398-2020), dejó sin efecto la Decisión amparo CPLT que ordena entregar información relativa a las actividades del presidente el 18 de octubre 2019, al considerar que el Presidente de la República no está obligado a entregar información relativa a sus reuniones y actividades ya que se encuentra excluido de las exigencia de la Ley del Lobby.

2.2. Ministerio de Salud no responde a las solicitudes de información pública

Desde ODC realizamos 5 solicitudes de acceso a información pública sobre aspectos relevantes en el proceso de vacunación. El Ministerio de Salud no respondió a ninguna de las solicitudes realizadas, por lo que se procedió, como ya hicimos durante 2020, a presentar amparo ante el CPLT. A continuación se indica la información solicitada.

  • Criterios para definir los grupos de la población con prioridad en recibir la vacuna COVID-19 (Amparo Rol n.º rol C710-21).
  • Calendario de vacunación COVID-19 previsto para 2021, indicando número de vacunas que se prevé administrar, en que meses y a qué grupos de la población (Amparo Rol n.º rol C711-21).
  • Presupuesto y gasto realizado para adquisición de vacunas COVID-19 con los distintos laboratorios y empresas farmacéuticas (Amparo Rol n.º rol C712-21).
  • Listado de convenios realizados para la adquisición de vacunas de COVID-19, indicando las empresas farmacéuticas involucradas e identificando los acuerdos que contienen cláusulas de carácter reservado por motivos de seguridad nacional o de otra índole (Amparo Rol n.º 713-21).
  • Coste de las primeras 10.000 vacunas COVID-19, así como condiciones y garantías acordadas con el laboratorio Pfizer-Biontech para distribuir las vacunas en Chile, indicando si existen cláusulas de carácter reservado por motivos de seguridad nacional o de otra índole (Amparo Rol n.º rol C714-21).

2.3. Incumplimiento de requerimientos del CPLT

El CPLT comunicó a la Subsecretaría de Salúd Pública la reitera incumplimiento de las decisiones de Amparo y requerimientos de cumplimientos realizadas, para que se ponunciara al respecto. La Subsecretaría de Salúd Pública respondió al oficio indicando que sus funciones se habían visto afectadas por crisis sanitaria, que ha supuesto un aumento exponencial de las solicitudes de información pública, por lo que solicitó una ampliación del plazo de entrega de la información pendiente en 44 decisiones de amparo, fijándose el 29 de enero como plazo de cumplimiento (Oficio CPLT n.º 11 de 19 de enero). Sin embargo, pasada la fecha acordada, la Subsecretaría de Salúd Pública aún no entrega la información requerida.

2.4. Transparencia en el gasto y distribución de la vacuna

El CPLT ofició el día 23 de noviembre pasado (Nº 1131)xxvii al Ministerio de Salud para solicitar información sobre la estrategia nacional de vacunas COVID-19, tanto en materia de gasto como de distribución de las vacunas que compró el Estado. Por la información disponible, el Ministerio de Salud no ha facilitado ninguna respuesta a la solicitud del CPLTxxviii.

3. OTROS TEMAS

3.1. Crisis financiera de las empresas periodísticas

El Grupo Copesa, controlador de varios medios de comunicación, anunció el despido de casi 200 trabajadores, y el cese de la difusión de las versiones en papel de La Cuarta, y las revistas Paula y Más Deco. Asimismo, reduce la circulación en papel del diario La Tercera y Pulso, que durante los fines de semana se reducirá a la Región Metropolitana y Valparaíso. Desde el Sindicato 3 de Copesa acusan que los despidos se deben al mal manejo del gerente general de la compañía, quien provocó una crisis financiera dentro de la empresaxxix.

3.2. Polémica por acción judicial de la PDI por expresiones de un periodista

Abogado de la PDI presentó acción judicial contra el periodista Jose Antonio Neme y el canal de Televisión La Red, por las expresiones en las que se cuestiona el operativo policial de la PDI en la comunidad de Temucuicui realizado el pasado 7 de eneroxxx. En el recurso de protección presentado, se solicita la eliminación de los comentarios del periodista, disponible en la página web del medios de comunicación, así como si abstención de emitir comentarios deshonrosos vinculados a la muerte del subinspector de la PDI. La Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el recurso de protección (Rol n.º 386-2021).

i https://www.facebook.com/1549523881931927/posts/2767773176773652/ https://twitter.com/Chiledicebasta2/status/1346088029799251968

ii https://twitter.com/agenciaunochile/status/1346094061745278976

https://www.chvnoticias.cl/nacional/carabineros-camarografo-detenido-informar_20210104/ https://www.chvnoticias.cl/nacional/carabineros-camarografo-detenido-informar_20210104/ https://www.chvnoticias.cl/nacional/video-momento-camarografo-chv-noticias-detenido-carabineros_20210104/

iii https://www.encancha.cl/tiempo-x/television/2021/1/4/fui-el-unico-esposado-camarografo-de-cnn-chv-relata-violenta-detencion-70653.html

iv https://www.cnnchile.com/pais/declaracion-direccion-centro-noticias-warner-media-detencion-camarografo_20210104/

v https://www.cnnchile.com/pais/carabineros-detencion-camarografo-funcion-informar_20210104/?_ga=2.59384677.978627556.1609987936-1731529074.1607790407

vi https://www.chvnoticias.cl/nacional/bellolio-camarografo-detenido-carabineros-prensa_20210104/

vii https://twitter.com/amacasqui/status/1346245656286015489

viii https://twitter.com/FpvrPrensa/status/1346521831243657219

ix https://twitter.com/FpvrPrensa/status/1346521831243657219

x https://www.instagram.com/p/CJrnJ3sp6KV/

xi https://www.instagram.com/p/CJsBgMbJDDS/

xii https://twitter.com/EPInforma/status/1346224109710094337 https://twitter.com/PiensaPrensa/status/1346215208956649479

xiii https://twitter.com/FpvrPrensa/status/1346221823495729155

xiv https://twitter.com/prensaopal/status/1346244296165494785

xv https://twitter.com/EPInforma/status/1346230953006551040

xvi https://twitter.com/PiensaPrensa/status/1346245726658039808

xvii https://twitter.com/El_Ciudadano/status/1349017605827403785

xviii https://www.instagram.com/p/CKFVr55lOAt/

xix Ver resgistro de video, a partir de minuto 17, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=PTIMcuvSjag

xx https://www.instagram.com/p/CKq9WqSJRo9/

xxi Causa RIT-851-2021 RUC2100096366-3 en el 8º Juzgado de Garantía de Santiago.

xxii https://www.instagram.com/p/CKqU0sPJmvj/

xxiii https://www.youtube.com/watch?v=1sN4HqPD2pM

xxiv https://www.instagram.com/p/CKrON7KpK8D/

xxv https://twitter.com/MegafonoPopular/status/1355329291207258116

xxvi https://www.instagram.com/p/CKpqkghpkJk/

xxvii https://www.consejotransparencia.cl/cplt-manifiesta-preocupacion-por-transparencia-en-gasto-y-distribucion-de-la-vacuna/

xxviii https://www.consejotransparencia.cl/balance-del-cplt-mostro-alza-en-demanda-por-transparencia-asociada-al-estallido-social-y-pandemia-en-el-2020/

xxix https://twitter.com/sindicatocop3sa/status/1355179930380890113

xxx https://www.lared.cl/2021/programas/programas-completos-holachile/hola-chile-programa-completo-jueves-07-de-enero-2021

El objetivo de este ciclo es presentar las graves vulneraciones a la libertad de expresión que se han producido en Chile desde el estallido social hasta ahora y que no han sido abordadas en profundidad en el debate público.

Es así que en el periodo entre el 19 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, constatamos una vulneración múltiple, reiterada y generalizada de la libertad de expresión en Chile. Identificamos en primer lugar dos grandes núcleos temporales en torno a los cuales se produce la mayor cantidad de vulneraciones.

a) El período álgido de protesta social desde octubre de 2019 hasta enero de 2020. En torno a eso, ya presentamos en enero pasado datos y un informe a la CIDH, comprendido entre el 19 de octubre y el 22 de noviembre.

b)    El período que abarca desde marzo a diciembre del presente año, marcado por la pandemia del coronavirus, el cual a partir del 1º de mayo se mezcla con la re-emergencia de la protesta social, ahora especialmente dirigida contra las medidas tomadas por el gobierno para enfrentar la crisis sanitaria.

A partir del análisis de los datos recopilados constatamos dos grandes núcleos de problemas:

i)               Ataques a la prensa por parte de organismos del Estado. Durante el primer periodo, entre 18 de octubre y 31 de diciembre se registran 21 detenciones y 103 agresiones. En el segundo periodo, entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2020 se registran al menos 69 detenciones y 29 agresiones. Entre marzo y septiembre de 2020, el número de detenciones es mayor al de los primeros días del estallido social. Esta situación se agrava debido al rol jugado por el poder judicial durante estos meses, que simultáneamente ha negado la tutela judicial a comunicadores vulnerados en el ejercicio de la labor informativa, así como al mismo tiempo ha brindado curso al hostigamiento judicial contra el mismo sector por parte de organismos del Estado.

ii)             Problemas de acceso a la información pública, tanto respecto del estallido social como de la pandemia de COVID-19. La continuidad de este problema nos permite observar una práctica reiterada de parte de algunos órganos del Estado, así como una débil labor fiscalizadora al respecto de parte del Consejo para la Transparencia. Uno de los aspectos que persiste es la negativa del Gobierno a entregar detalles sobre la agenda de reuniones del Presidente desde el estallido social en adelante, argumentando que no existe norma constitucional o legal que mandate a Presidencia a llevar un registro de la totalidad de actividades en las que participa S.E. el Presidente de la República[1].

Además de lo anterior identificamos otros temas denunciados durante el período, tales como:

  • Restricciones a la libertad periodística
  • Restricciones a la libertad de expresión en el ámbito artístico
  • Criminalización del discurso público
  • Falta de pluralismo y presiones de autoridades públicas a medios de comunicación
  • Censura algorítmica, acoso selectivo y discursos de odio en internet

Espiral del silencio, sub-representación y profundización autoritaria

La hipótesis que manejamos es que alrededor de estas vulneraciones vivimos una espiral del silencio: no hay informes ni estadísticas detalladas que hayan sido publicadas por organismos de derechos humanos ni asociaciones gremiales. Hay una autopercepción de que en Chile no hay problemas graves en este ámbito, los casos se relativizan o quedan opacados por vulneraciones de mayor gravedad; los medios de comunicación convencionales tampoco difunden noticias críticas con la libertad de expresión en Chile, salvo cuando se trata de sus propios trabajadores.

Por lo mismo, este informe es una sub-representación del verdadero estado de crisis de la libertad de expresión en Chile. Muchos comunicadores agredidos no denuncian las situaciones de hostigamiento porque la violencia policial contra comunicadores independientes, comunitarios y alternativos se encuentra naturalizada por el propio sector, que es el más afectado de acuerdo a nuestros hallazgos.

Sin embargo, al mismo tiempo, observamos que los resultados, no marcan una inflexión en el problema de la libertad de expresión en Chile, sino que profundizan en lógicas autoritarias que ya habían sido alertadas en el informe de la última visita al país por parte del Relator de la Libertad de Expresión de la CIDH en 2016.

El ciclo, está abierto a todo público y se transmitirá por las redes sociales del ICEI: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Será grabado con fines de difusión académica, y estará disponible posteriormente, en el sitio web y en las redes sociales del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.  

Diciembre: 2020 concluye con un aumento de los ataques a la prensa

Durante un año marcado por la pandemia COVID-19 y las restricciones de movilidad, no han cesado los ataques a la prensa que ha salido a la calle a cubrir las movilizaciones. En 2019 muchos ataques se produjeron en protestas masivas en un contexto de uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes de orden público; en 2020, con protestas puntuales y menos masivas, se ha evidenciado que los ataques de Carabineros de Chile a la prensa son intencionados, que consisten principalmente en detenciones arbitrarias e ilegales, siendo sus principales víctimas los comunicadores y medios independientes que se dedican a documentar las prácticas de abuso policial. Si bien el número de agresiones es significativamente menor al producido en los primeros meses del estallido social, destaca el elevado número de detenciones arbitrarias registrado y que llega a 69 casos en 2020, cifra que según los datos disponibles es la mayor producida desde el final de la Dictadura.

Cómo se aprecia en este gráfico, la reactivación de las protestas masivas durante los últimos meses de 2020 ha evidenciado el uso indiscriminado de armas disuasivas por parte de Carabineros de Chile. En noviembre y diciembre se han documentado numerosos casos de reporteros que son atacados por los vehículos lanzaaguas y sufren quemaduras por la excesiva concentración de agentes químicos o reciben chorros de agua a alta presión que provocan fuertes golpes. A pesar de las denuncias por la peligrosidad del uso de estos dispositivos ante distintos poderes del Estado, hasta el momento no se ha tomado ninguna medida al respecto.

1. Hostigamiento y ataques a la prensa

1.1. Detenciones

Santiago: 

El día 01 de diciembre ocurrió la detención del reportero de Agencia Panoptiko por parte de Carabineros, luego de ser objeto de controles de identidad y de registrar con su cámara  detenciones de manifestantes. Cabe destacar que la detención se dio mientras realizaba transmisiones en vivo con el fin de dar cobertura a las manifestaciones que ocurrían en las inmediaciones del Palacio de La Moneda por la libertad de los presos detenidos durante la revuelta de octubre de 2019. 

El mismo día 01 de diciembre de 2020, en la intersección del paseo Puente y calle Santo Domingo,  una corresponsal de “Prensa al Tanto” en conjunto con dos colaboradoras del Periódico “El Irreverente” fueron detenidas y golpeadas por documentar la violenta detención de comerciantes apostados en dicha intersección. Las dos colaboradoras de “El Irreverente” sufrieron contusiones en brazos, piernas y cara por golpes de puño y patadas, además acusaron ser abusadas sexualmente por parte de Carabineros. Compañeros de las reporteras se acercaron a la Primera Comisaría de Santiago para consultar por el estado de las corresponsales, señalando que Carabineros intentó ocultar el hecho negando la detención.

El día 11 de diciembre de 2020 en la ciudad de Santiago, fue detenido por Carabineros un periodista del diario Clarín de Argentina, mientras ejercía su trabajo periodístico en las inmediaciones de la Alameda. Horas después fue puesto en libertad.

El 16 de diciembre, Carabineros arrestaron a dos reporteros que fueron atacados por manifestantes de un grupo de ultraderecha. Fueron  trasladados a la 1º comisaría de Santiago y puestos en libertad horas después.

El día 25 de diciembre de 2020 una Periodista de la agencia internacional Pressenza es detenida en sector P. Forestal, tras cuestionar a Carabineros el no uso de su identificación oficial.

El día 28 de diciembre, en las inmediaciones de la Alameda fue detenido sin motivo aparente por Carabineros el reportero Osvaldo Tello. Fue acusado de infringir el código sanitario. Después de 8 horas detenido fue liberado tras ser acusado de desórdenes públicos. 

Antofagasta: 

En la ciudad de Antofagasta, el día 1 de diciembre de 2020 se registró la detención de dos reporteros independientes por parte de Carabineros. Los reporteros se encontraban registrando las protestas en un barrio de la ciudad.

1.2. Agresiones por parte de agentes del Estado:

Santiago: 

El día 04 de diciembre de 2020 en la esquina de la Alameda con San Antonio se registró la agresión por parte de un Carabinero identificado como “C.O.P 20-8-12”, a un reportero que registraba el momento de la detención de manifestantes. El reportero también denunció haber sido objeto de ataque con químicos desde un vehículo lanza aguas.

El día 11 de diciembre de 2020 en las inmediaciones del metro Universidad de Chile, según brigadistas de salud, un fotógrafo independiente recibió el  impacto del  lanzaaguas de Carabineros, y al caer se golpeó las piernas con unos fierros. Fue trasladado a la posta central con grandes dolores y en estado de shock. Se desconoce su estado actual. 

El día 11 de diciembre de 2020, el reportero gráfico J. A. sufrió una luxofractura en su hombro izquierdo mientras cubría manifestaciones sociales, esto como consecuencia de una agresión por parte de Carabineros.

El mismo día 11, en las inmediaciones del Palacio de la Moneda, según testimonio de la organización CODEPU, la reportera de iniciales C.C.N. sufrió quemaduras por el uso de químicos por el vehículo lanza aguas durante la cobertura de protestas. Debido a las quemaduras fue necesario trasladarla a un servicio médico al día siguiente, tras lo cual presentó una denuncia por estas lesiones ante la PDI.

El mismo día, el reportero de la Agencia Panoptiko, informó que sufrió quemaduras químicas de consideración provocadas por el  vehículo lanzaaguas de Carabineros, durante la cobertura de las protestas desarrolladas en la tarde del 11 diciembre. Debido a las quemaduras fue necesario acudir a un servicio médico.

El día 28 de diciembre de 2020, en el contexto de la conmemoración de la muerte de Mauricio Fredes durante el estallido social, una periodista fue atacada por un carro lanza agua, causando que quedara inconsciente por algunos minutos. En el mismo contexto, un Carabinero identificado con el Casco 20-B-07 atacó con gas pimienta a reporteros que cubrían manifestaciones en el sector del Parque Forestal. 

1.3. Otras restricciones

El 9 diciembre, en el Aeropuerto internacional la PDI impidió el ingreso a Chile de la periodista colombiana Natalia Cardona, que fue deportada horas después a pesar de las gestiones realizadas por organizaciones de DDHH y el INDH.

El 22 de diciembre, en un punto de prensa a raíz de una balacera que se produjo en una feria navideña de la comuna, la alcaldesa de Maipú denostó al medio local independiente “La Voz de Maipú” y se negó a responder a la pregunta formulada por el medio, indicando «No me voy a referir a los medios pasquines políticos», por lo que sólo atendió las preguntas realizadas por otros medios de comunicación presentes.

2. Límites a la transparencia y el acceso a la información

El Consejo para la Transparencia (CPLT) instruyó investigaciones sumarias en las subsecretarías de salud de salud pública y de redes asistenciales por infracciones a la Ley de Transparencia en materia de acceso a información. El CPLT evidenció reiterados incumplimientos por parte de los organismos públicos del ámbito sanitario, tales como solicitudes de información sin responder o entrega de antecedentes fuera de plazo, entre otras. En el caso de la subsecretaría de Redes Asistenciales se identificaron requerimientos de 2019, previo a la pandemia, sin ningún tipo de gestión.

Respecto de la adquisición de las vacunas para la pandemia COVID-19, el CPLT manifiestó su preocupación por la falta de transparencia en la información relativa al gasto y distribución de la vacuna

3. Tribunales de justicia y libertad de expresión

La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por el fotógrafo que había sufrido quemaduras por los químicos utilizados por el vehículo lanzaaguas mientras cubría una manifestación el pasado 27 de noviembre. El recurso solicitaba al Tribunal que ordenara a Carabineros el cese del empleo del carro lanza aguas con elementos químicos que puedan causar quemaduras u otros daños a la vida, salud e integridad de las personas. Tanto la Corte de Apelaciones, en su sentencia del 17 de diciembre, como la Corte Suprema el 30 de diciembre, consideraron que las medidas solicitadas por el recurrente son ajenos a los supuestos y fines del recurso de amparo.

La Corte Suprema, en su sentencia del 21 de diciembre (Rol 72061-2020) ordenó la eliminación de varias publicaciones realizadas en los perfiles de Facebook de “Transparencia La Pintana” y “La Pintana Informe”, por considerar que vulneraron el derecho a la honra de un cargo público. La controvertida sentencia establece una forma de censura previa al ordenar a los citados medios de comunicación «abstenerse de publicar en ella o en cualquier otra red o medio de comunicación social o de difusión masiva mensajes que denuestan al actor». El tribunal vincula la protección del ejercicio del periodismo y la investigación informativa con la exigencia de un título profesional, adoptando una concepción formal del periodismo en lugar de la funcional que reconocen los estándares internacionales.