#COMUNICASINMIEDO busca empoderar a periodistas, comunicadores/as, fotógrafos/as, audiovisuales y medios de comunicación para construir una comunidad virtual que por medio del trabajo en red en distintas instancias sea capaz de incidir en el debate, visibilizando los riesgos del ejercicio de las labores periodísticas e impulsando medidas efectivas que garanticen el derecho a la libertad de expresión y a la comunicación.
Es fundamental dar visibilidad a los problemas y riesgos de seguridad integral que enfrentan periodistas y comunicadores/comunicadoras, promover y educar sobre los derechos de las y los periodistas y comunicadores sociales; y difundir y posicionar propuestas en materia de políticas públicas que resguarden de forma efectiva la seguridad de periodistas en su trabajo informativo.
Desde la crisis social de 2019 se ha producido un preocupante aumento de las agresiones a la prensa, a través de amenazas e intimidaciones contra periodistas, comunicadores/as, fotógrafos/as y medios de comunicación. Desde entonces se han registrado más de 400 agresiones por parte de fuerzas del orden público, un ataque con disparos a un equipo de TVN en La Araucanía en 2021 y el lamentable fallecimiento de Francisca Sandoval, reportera de Señal 3 La Victoria asesinada por un disparo el 1° de mayo en 2022.
Solo en lo que va de 2023, se han registrado casi una decena de agresiones, amenazas a través de redes sociales, hostigamiento durante coberturas y situaciones de acoso judicial que terminan con condenas desproporcionadas que afectan a la libertad de prensa e inhiben el control social sobre los funcionarios públicos.
Sumado a ello, el 28 de febrero la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció nuevamente al Estado de Chile como responsable de vulneración a la libertad de expresión y a las garantías judiciales del defensor medioambiental Carlos Baraona Gray, quien acudió al tribunal internacional tras ser condenado por injurias graves ya que se trasgredió su opción a expresarse libremente desde la perspectiva de una crítica política a la gestión de una autoridad pública. El fallo además obliga a modificar la legislación estableciendo un marco jurídico que proteja a periodistas y comunicadores/as frente al acoso judicial.
Estos hechos evidencian la necesidad de aportar información sobre la seguridad del ejercicio periodístico en nuestro país a través de la realización de un estudio que desarrollamos junto UNESCO para aplicar indicadores que pongan en contexto la situación de Chile en la región y, a la vez, impulsando iniciativas comunicacionales que generen conciencia entre los diferentes agentes involucrados: periodistas, fiscales, investigadores, legisladores, entre otros, para impulsar el debate y el desarrollo de medidas efectivas para la promoción de la seguridad y la protección de las y los trabajadores de la prensa.
Es fundamental avanzar en la modificación de la legislación trabajando en red y dialogando con todos los actores para garantizar el derecho efectivo a la libertad de expresión y a comunicar sin miedo.
Los datos recopilados en el formulario serán utilizados para el acceso al curso y para recibir información sobre las actividades de ODC. Puedes consultar tus dudas o solicitar el ejercicio de tus derecho de acceso, rectificación, oposición o cancelación contactando al correo electrónico a ChileODC@protonmail.com
Desde la crisis social de 2019 se ha producido un preocupante aumento de las agresiones a periodistas y comunicadores/as durante sus labores en Chile. Desde entonces, el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) organización sin fines de lucro dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, ha registrado más de 400 agresiones por parte de fuerzas del orden público mediante seguimiento de casos, revisiones de prensa y solicitudes de acceso a la información mediante transparencia.
Sumado a ello, en marzo de 2021, se conoció el ataque con disparos a un equipo de TVN en La Araucanía y, en 2022, el lamentable fallecimiento de Francisca Sandoval, reportera de Señal 3 La Victoria a causa de un disparo recibido mientras cubría una protesta el 1° de mayo en Santiago.
Estos hechos, que evidenciaron la necesidad de aportar información sobre la seguridad del ejercicio periodístico en nuestro país, motivaron el desarrollo del proyecto “Aplicación de los Indicadores de Seguridad de Periodistas en Chile” que contará con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de UNESCO, el que será ejecutado por investigadores/as de ODC entre noviembre de 2022 y junio de 2023, con el objetivo de contribuir a la protección de las y los trabajadores de la prensa e impulsar el perfeccionamiento de políticas públicas en la materia.
“Chile se encuentra en una crisis de Libertad de Expresión que se ha agudizado desde el estallido social y la emergencia sanitaria afectando el ejercicio pleno de la democracia. Por eso con este proyecto buscamos generar conciencia entre los diferentes agentes involucrados: periodistas, fiscales, investigadores, legisladores, entre otros, para impulsar el debate y el desarrollo de medidas efectivas para la promoción de la seguridad y la protección de las y los trabajadores de la prensa”, señaló el director de ODC, Javier García.
Este proyecto, pionero en Chile, toma como base las recomendaciones e indicadores de Seguridad de Periodistas realizados por UNESCO y contempla la realización de informes sobre la situación en Chile, una base de datos sobre las agresiones registradas a la prensa desde 2019 y dos talleres sobre seguridad física y digital para el desarrollo de la actividad informativa.
Además, los principales hallazgos se presentarán al finalizar el período de ejecución del proyecto durante un seminario en el que se debatirá sobre posibles mejoras para proteger la labor periodística con agentes de organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas.
Situación en Chile
Según los datos recopilados, desde octubre de 2019 hasta noviembre de 2021 se contabilizaron 403 ataques contra la prensa, a través de amenazas e intimidaciones contra periodistas, comunicadores/as, fotógrafos/as y medios de comunicación. La mayoría de las agresiones y actos de hostigamiento ocurrieron cuando las y los trabajadores se encontraban realizando cobertura informativa de las protestas y fueron cometidas principalmente por funcionarios de Fuerzas Especiales.
Según el Informe sobre Libertad de Expresión en el Contexto de las Protestas y Movilizaciones en Chile – elaborado por ODC y Fundación Datos Protegidos con la colaboración de académicas de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile – solamente entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019 se documentaron 171 ataques: 102 a causa de disparos de armas disuasivas, 5 por gases lacrimógenos, 3 por vehículo lanza aguas, así como 27 detenciones arbitrarias y 34 relativos a distintas formas de hostigamientos como golpes, empujones o controles de identidad. Es decir, un 60% del total de ataques correspondían a impactos de proyectiles de armas disuasivas (perdigones y bombas lacrimógenas), destacando entre los casos más graves dos personas con pérdida ocular y denuncias por maltrato y violencia sexual contra dos periodistas detenidas en Arica por parte de funcionarios policiales.
Ya en pandemia, según elInforme sobre Libertad de Expresión 2020 (ODC – FDP – FCEI), se observa un nuevo escenario donde los ataques a la prensa continuaron, pero cambiaron de forma. En total se contabilizaron 105 ataques, 75 de ellos fueron detenciones arbitrarias bajo el pretexto de incumplimiento a la normativa de prevención sanitaria o de resistirse a la autoridad. Además, se identificó un incremento del uso de gases disuasivos y carros lanza aguas contra la prensa.
Durante el año 2021, en tanto, se constataron 127 agresiones contra la prensa por parte de agentes del Estado y si bien se redujeron las detenciones arbitrarias bajo causa de medidas sanitarias o de acciones contra la autoridad, se incrementaron los ataques con gas pimienta a fotoreporteros y actos de hostigamiento para impedir o dificultar el ejercicio de la labor de periodística.
Más del 86 % de los registros de casos corresponden a la Región Metropolitana y se refieren, en su mayoría, a agresiones producidas en el contexto de la cobertura informativa de las protestas en Plaza Baquedano. Las víctimas de los ataques han sido principalmente reporteros freelance y de medios independientes.
Luego de un ciclo de cuatro conversatorios durante enero y marzo de 2021 en donde se presentaron los principales casos y evidencias relacionadas a la vulneración de derechos vinculados a la libertad de expresión en Chile, ya se encuentra disponible el informe completo con un prólogo redactado por Edison Lanza (Relator Especial de la Libertad de Expresión de la CIDH, 2014 – 2020) y un anexo que recoge opiniones relevantes emitidas en los conversatorios.
– La violencia y el uso abusivo y desproporcionado de las fuerzas de orden es sistemático, por lo que se ha normalizado este tipo de agresiones dentro de la labor comunicativa, sólo denunciando los hechos “más graves” naturalizando la violencia.
– La Fiscalía y otros agentes del Estado presentan acusaciones penales contra comunicadores independientes, lo que deriva en el inicio de un procedimiento judicial contra el reportero/a que fue injustamente detenido.
– Falta de transparencia, información parcial y restricciones de acceso a información sobre cifras de detenciones, heridos y violaciones de Derechos Humanos.
– El Ministerio del Interior y Seguridad Pública mantiene conductas de obstrucción en el acceso a la información pública.
– Desde el 18 de octubre de 2019 distintas autoridades del Gobierno y de las fuerzas de orden público han mantenido reuniones con representantes de los principales medios de comunicación en las que se ha tratado de condicionar la cobertura informativa realizada por estos medios.
– Las situaciones de bloqueos, moderación de contenidos o censura previa que realizan las plataformas impacta directamente en los registros y evidencias digitales sobre violaciones a los DD.HH que son publicados en las plataformas.
Estos registros fueron levantados por Chiara Sáez, académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile; Javier García, director del Observatorio del Derecho a la Comunicación y Patricia Peña, directora de la Fundación Datos Protegidos.
La recolección fue realizada mediante seguimiento de casos, revisiones de prensa, solicitudes de acceso a la información mediante transparencia y un formulario online habilitado para el registro de situaciones de censura en Internet.
Sobre la información recopilada, el director del Observatorio del Derecho a la Comunicación, Javier García, comenta que “Chile se encuentra en una crisis de Libertad de expresión; tras el estallido social y la posterior crisis sanitaria se agudizaron los problemas ya existentes y se sumaron nuevas restricciones a la expresión”.
En la misma línea, la académica del Instituto de la Comunicación e Imagen, Chiara Sáez, agrega que: “es importante documentar las vulneraciones a la libertad de expresión en su multiplicidad, porque nos da una visión más completa del problema. Entender, por ejemplo, que los hechos que han saltado a la luz pública durante los últimos meses no son casos aislados, sino que ocurren sobre un fondo más profundo que el estallido social develó y la crisis sanitaria siguió evidenciando. Estos hechos ya venían ocurriendo y siendo denunciados desde muchos años antes, pero no habían tenido la atención de la opinión pública como ahora. Ahora que entramos a la carrera presidencial, nos parece pedagógico presentar esta foto del retroceso de la libertad de expresión que ha significado la doble crisis social y sanitaria. Es importante que los candidatos presidenciales entiendan la complejidad del problema y que sus propuestas programáticas puedan hacerse cargo del problema con la seriedad que merece”.
Por otro lado, la académica del ICEI y directora de la Fundación Datos Protegidos, Patricia Peña, señala: ”El análisis de casos y situaciones de censura en Internet -especialmente en plataformas de redes sociales- confirma lo que habíamos constatado durante el estallido social, en relación a cómo operan sistemas de moderación de contenidos automatizados como mecanismos de censura algorítmica previa de contenidos publicados por medios y colectivos independientes. Esto sumado a varios casos de agresiones y ataques de odio hacia vocerías mujeres y disidencias a través de medios digitales durante tiempos de pandemia”.
En los siguientes enlaces podrás encontrar los videos de cada sesión en donde fueron presentados los capítulos.
Estas sesiones contaron con la participación de: Byron Andrade, fotorreportero independiente; Silvia Chocarro, integrante de Artículo 19; Catalina Gaete, co-fundadora de La Pública; Camila Vergara, analista política y académica de Columbia University Law School; Danny Rayman, director de la Fundación Datos Protegidos y Acción Constitucional; Elizabeth Berger, directora del programa de Comunicación Política Chile 21; Javier Pallero, director de área de Políticas de Access Now y Nicole Rojas, activista e investigadora de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio.
A raíz de la revuelta social, numerosos casos de censura y violaciones del derecho a la libertad de expresión han sido expuestos en las redes sociales y medios de comunicación. Según la información recabada por el informe, las expresiones artísticas con motivo de protesta, han sufrido de igual forma el atropello por parte de organismos del Estado. Entre los casos más emblemáticos, destaca la querella por “ultraje público a un emblema patrio” interpuesta contra Marcela Inostroza, alias “La Maga”, por la Intendencia de la Región Metropolitana. La artista fue acusada bajo la Ley 12.927 sobre Seguridad del Estado, aprobada en dictadura y reformada el 2010, por realizar una performance que consistía en barrer y limpiar la puerta y la calle junto al Centro Arte Alameda utilizando la bandera chilena como trapero.
Otro de los casos simbólicos fue el hostigamiento contra el colectivo LasTesis, quienes recibieron una denuncia por parte de Carabineros de Chile por “atentado contra la autoridad” y “amenazas hacia la institución” por un video grabado afuera de una comisaría en Valparaíso. Al respecto, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado manifestando su preocupación ante la criminalización de expresiones artísticas y de protesta amparadas por el derecho a la libertad de expresión.
El 20 de mayo, en tanto, el estudio lumínico Delight Lab realizó un comunicado de prensa donde anunciaba acciones judiciales por acoso, censura, amenazas y vulneración de derechos. Entre otras cosas, denunciaban el hackeo a su cuenta de Instagram, amenazas a través de redes sociales, difusión de datos privados de trabajadores del estudio y declaraciones que incitan al odio y al amedrentamiento por parte del diputado RN, Diego Schalper. Junto a esto, diversos actos lumínicos realizados por Delight Lab han sido saboteados por Carabineros de Chile bajo el amparo de las autoridades. El día 24 de septiembre el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, apoyó la conducta de Carabineros ante el cuestionamiento por la eventual violación al derecho a la libertad de expresión, luego de que la policía censurara una intervención artística realizada en colaboración con Galería CIMA. El mismo día de las declaraciones del alcalde, Carabineros acudió a las dependencias de Galería CIMA para conseguir una lista con datos de todos los trabajadores de la productora.
Respecto a la tipificación de los artistas censurados que formaron parte de las manifestaciones, el director de la fundación Datos Protegidos y de la organización Acción Constitucional, Danny Rayman, indicó que “la razón (de las acciones de censura) se justifica, o no, porque nos encontramos con personas que no solamente son artistas, se pueden catalogar como “artivistas”, ya que el contenido de estas manifestaciones artísticas está relacionado con el activismo que hay detrás. La protección que debieran tener ellos no es solo como personas, sino también como artistas, activistas y, por lo tanto, de una u otra forma, como defensores de derechos humanos. El Estado debiera tener una proactividad para que las situaciones que han vivido, no puedan pasar en democracia.”
Además de las acciones de hostigamiento policial y judicial contra los colectivos artísticos que han participado activamente de la protesta social, los registros del “Informe 2020. Libertad de Expresión en Chile” demuestran la sistemática acción estatal contra grafitis y obras artísticas desplegadas en fachadas de edificios públicos y privados, las que han sido eliminadas con pintura sin la autorización de los responsables de estos centros. Asimismo, muchas esculturas desplegadas en lugares públicos y privados han sido robadas y, en muchos casos, aún no se devuelven a sus autores.
Falta de pluralismo mediático en cobertura televisiva
En Chile no es novedad el problema de la concentración de los medios de comunicación en los grupos económicos más poderosos del país. Sin embargo, tal como evidencian los datos recabados por el informe, los principales medios han faltado al “principio de pluralidad” respecto a la aparición de figuras políticas en la televisión abierta y al alcance de los temas tratados.
El 24 de marzo de 2020, Contraloría señaló que la participación de alcaldes en medios de comunicación debería limitarse a la entrega de información necesaria para el cumplimiento de las funciones municipales. Al respecto, la empresa de estudios de opinión, Conecta Media, presentó los resultados de un estudio que evidenció una permanente y mayoritaria aparición de alcaldes de Chile Vamos, sobre todo en el género “matinales”, siendo los alcaldes Joaquín Lavín, Rodolfo Carter y Evelyn Matthei los ediles que más minutos son exhibidos en televisión abierta.
En este sentido, la académica de la Universidad de Santiago, Elizabeth Berger, contrastó el problema de la falta de pluralidad de medios con la crítica situación de concentración de medios en nuestro país. “Lo más conveniente es propender al pluralismo y diversidad de medios, y en Chile chocamos con el problema de la altísima concentración de medios, que a su vez afecta a toda la región. Esto de que el mundo digital venía a salvarnos no fue tan así, la concentración aumentó en los operadores en el mundo de las telecomunicaciones. Lo preocupante de la concentración de medios en términos de pluralismo es la tendencia a la homogeneidad informativa y la precarización de los trabajadores del sector”.
La académica del ICEI y una de las autoras de este informe, Chiara Sáez, señalo que el problema de la concentración de medios es un tema que debe ser abordado en el proceso constituyente. “El problema no radica solo en la concentración de la propiedad, sino que también hay una concentración ideológica y de inversión publicitaria. Me parece que hay que entender que esta triple concentración es la que nos tiene en esta situación. Si estamos hablando de un sistema privado de medios, donde -en teoría- el mejor programa debiera tener la mejor inversión publicitaria, eso no pasa debido a la concentración ideológica, los empresarios están dispuestos a poner dinero solo en determinados tipos de programas, y estos no necesariamente son los que hacen periodismo de investigación. Entonces, ¿qué tipo de Estado necesitamos definir para que aborde esta problemática de una manera democrática? Esa pregunta debe quedar abierta para el debate constituyente”, sentenció.
Durante la mañana del 4 de enero el Camarógrafo de Chilevisión (CHV) Alex Cuadra fue detenido mientras realizaba una cobertura en directo de una protesta de estudiantes secundarios en el frontis del Ministerio de Educación (Mineduc) por la Prueba de Transición Universitaria (PTU)ii. La detención se produce cuando el Camarógrafo registraba la detención de una joven menor de edadiii, fue esposado y trasladado a la 3° comisaría de Santiago y liberado horas después. Al producirse los hechos durante una transmisión en un programa de televisión de máxima audiencia, la noticia tuvo una importante repercusión social, numerosas personalidades públicas condenaron lo sucedido y varias organizaciones difundieron comunicados de denuncia, así como la propia empresa de comunicacióniv. Tanto Carabineros como el gobierno se refirieron a lo ocurridov. El Ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, lamentó los hechos indicando que “Carabineros no debe ni puede intervenir la labor de la prensa cuando está ejerciendo su labor de manera adecuada”vi.
De forma paralela, varios periodistas que se encontraban cubriendo la protesta fueron golpeados por personal de Carabineros.
Santiago, 4 de enero, protestas en Plaza Italia y Alameda
En la jornada de tarde, durante una protesta en las proximidades de Plaza Italia se produjeron varios ataques a la prensa por parte de funcionarios policiales que formaban parte de un operativo de fuerzas antidisturbios dirigido por la Mayor Ojeda. A diferencia de los ocurrido en la mañana, estos hechos no fueron difundidos por los medios de comunicación, ni se produjeron declaraciones públicas de las autoridades.
Tres reporteros fueron detenidos mientras se encontraban en el Parque Forestal. En el lugar no se estaban produciendo altercados y los reporteros eran claramente identificables porque portaban equipos fotográficosvii. Una vez en el vehículo policial se obligó a que apagaran sus equipos bajo la amenaza de ser denunciados por vulnerar el artículo 161 del Código Penal, así como su incautación por tratarse de medios de prueba de la comisión de actos delictivosviii. Los registros evidencian que se trató de una detención selectiva, desde el vehículo policial se estaba monitoreando la transmisión en redes sociales que realiza uno de los reporterosix, y dieron instrucciones por megafonía a funcionarios policiales para conducirles hasta el reportero al que debían de detenerx. Una vez en el vehículo policial un funcionario policial mostró su teléfono con la señal del reportero, mientras le ordenaba que cesara la transmisión apagando su equipo. Los detenidos fueron trasladados a la 3ª Comisaría de Santiago y liberados horas después.
Fotoperiodista es golpeado por funcionarios policiales de la PDI, tras registrar la detención de una menor de edad en un allanamiento a la comunidad de Temucuicuixvii. El 27 de enero funcionarios de la PDI acudieron al domicilio del fotoperiodista para notificarle una citación para declarar ante el fiscal por lo ocurrido.
Santiago, 29 de enero, protestas en Plaza Italia y Alameda
En una protesta en las proximidades de Plaza Italia se produjeron varios ataques a la prensa por parte de funcionarios policiales, de los cuales documentamos los siguientes casos:
Periodista es golpeado y detenido en las proximidades de Plaza Baquedano, por un piquete de Carabineros que posteriormente detiene y agrede a fotoperiodistas que registraron los hechosxix. El periodistas es trasladado a 19 Comisaría de Carabinerosxx. Debido a sus problemas de salud se solicitó fuera puesto en libertad de forma inmediata, sin embargo no fue liberado hasta el día siguiente, tras realizarse audiencia de control de detención ante el 8º Juzgado de garantía, donde fue formalizado por desórdenesxxi.
2. LÍMITES A LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
2.1. Imposibilidad de acceder a la información de las reuniones del Presidente de la República
Presidencia de la República impide el acceso a la información relativa a la agenda de reuniones del Presidente Piñera. Desde ODC se han realizado nuevas solicitudes de acceso a la información pública que han sido rechazadas por el órgano, por los que se han presentado recurso de amparo ante el CPLT (amparos n.º 513-2021 y 515-21).
La Corte de Apelaciones de Santiago, en su sentencia de 2’ de enero de 2021 (Rol n.º 398-2020), dejó sin efecto la Decisión amparo CPLT que ordena entregar información relativa a las actividades del presidente el 18 de octubre 2019, al considerar que el Presidente de la República no está obligado a entregar información relativa a sus reuniones y actividades ya que se encuentra excluido de las exigencia de la Ley del Lobby.
2.2. Ministerio de Salud no responde a las solicitudes de información pública
Desde ODC realizamos 5 solicitudes de acceso a información pública sobre aspectos relevantes en el proceso de vacunación. El Ministerio de Salud no respondió a ninguna de las solicitudes realizadas, por lo que se procedió, como ya hicimos durante 2020, a presentar amparo ante el CPLT. A continuación se indica la información solicitada.
Criterios para definir los grupos de la población con prioridad en recibir la vacuna COVID-19 (Amparo Rol n.º rol C710-21).
Calendario de vacunación COVID-19 previsto para 2021, indicando número de vacunas que se prevé administrar, en que meses y a qué grupos de la población (Amparo Rol n.º rol C711-21).
Presupuesto y gasto realizado para adquisición de vacunas COVID-19 con los distintos laboratorios y empresas farmacéuticas (Amparo Rol n.º rol C712-21).
Listado de convenios realizados para la adquisición de vacunas de COVID-19, indicando las empresas farmacéuticas involucradas e identificando los acuerdos que contienen cláusulas de carácter reservado por motivos de seguridad nacional o de otra índole (Amparo Rol n.º 713-21).
Coste de las primeras 10.000 vacunas COVID-19, así como condiciones y garantías acordadas con el laboratorio Pfizer-Biontech para distribuir las vacunas en Chile, indicando si existen cláusulas de carácter reservado por motivos de seguridad nacional o de otra índole (Amparo Rol n.º rol C714-21).
2.3. Incumplimiento de requerimientos del CPLT
El CPLT comunicó a la Subsecretaría de Salúd Pública la reitera incumplimiento de las decisiones de Amparo y requerimientos de cumplimientos realizadas, para que se ponunciara al respecto. La Subsecretaría de Salúd Pública respondió al oficio indicando que sus funciones se habían visto afectadas por crisis sanitaria, que ha supuesto un aumento exponencial de las solicitudes de información pública, por lo que solicitó una ampliación del plazo de entrega de la información pendiente en 44 decisiones de amparo, fijándose el 29 de enero como plazo de cumplimiento (Oficio CPLT n.º 11 de 19 de enero). Sin embargo, pasada la fecha acordada, la Subsecretaría de Salúd Pública aún no entrega la información requerida.
2.4. Transparencia en el gasto y distribución de la vacuna
3.1. Crisis financiera de las empresas periodísticas
El Grupo Copesa, controlador de varios medios de comunicación, anunció el despido de casi 200 trabajadores, y el cese de la difusión de las versiones en papel de La Cuarta, y las revistas Paula y Más Deco. Asimismo, reduce la circulación en papel del diario La Tercera y Pulso, que durante los fines de semana se reducirá a la Región Metropolitana y Valparaíso. Desde el Sindicato 3 de Copesa acusan que los despidos se deben al mal manejo del gerente general de la compañía, quien provocó una crisis financiera dentro de la empresaxxix.
3.2. Polémica por acción judicial de la PDI por expresiones de un periodista
Abogado de la PDI presentó acción judicial contra el periodista Jose Antonio Neme y el canal de Televisión La Red, por las expresiones en las que se cuestiona el operativo policial de la PDI en la comunidad de Temucuicui realizado el pasado 7 de eneroxxx. En el recurso de protección presentado, se solicita la eliminación de los comentarios del periodista, disponible en la página web del medios de comunicación, así como si abstención de emitir comentarios deshonrosos vinculados a la muerte del subinspector de la PDI. La Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el recurso de protección (Rol n.º 386-2021).
Durante un año marcado por la pandemia COVID-19 y las restricciones de movilidad, no han cesado los ataques a la prensa que ha salido a la calle a cubrir las movilizaciones. En 2019 muchos ataques se produjeron en protestas masivas en un contexto de uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes de orden público; en 2020, con protestas puntuales y menos masivas, se ha evidenciado que los ataques de Carabineros de Chile a la prensa son intencionados, que consisten principalmente en detenciones arbitrarias e ilegales, siendo sus principales víctimas los comunicadores y medios independientes que se dedican a documentar las prácticas de abuso policial. Si bien el número de agresiones es significativamente menor al producido en los primeros meses del estallido social, destaca el elevado número de detenciones arbitrarias registrado y que llega a 69 casos en 2020, cifra que según los datos disponibles es la mayor producida desde el final de la Dictadura.
Cómo se aprecia en este gráfico, la reactivación de las protestas masivas durante los últimos meses de 2020 ha evidenciado el uso indiscriminado de armas disuasivas por parte de Carabineros de Chile. En noviembre y diciembre se han documentado numerosos casos de reporteros que son atacados por los vehículos lanzaaguas y sufren quemaduras por la excesiva concentración de agentes químicos o reciben chorros de agua a alta presión que provocan fuertes golpes. A pesar de las denuncias por la peligrosidad del uso de estos dispositivos ante distintos poderes del Estado, hasta el momento no se ha tomado ninguna medida al respecto.
1. Hostigamiento y ataques a la prensa
1.1. Detenciones
Santiago:
El día 01 de diciembre ocurrió la detención del reportero de Agencia Panoptiko por parte de Carabineros, luego de ser objeto de controles de identidad y de registrar con su cámara detenciones de manifestantes. Cabe destacar que la detención se dio mientras realizaba transmisiones en vivo con el fin de dar cobertura a las manifestaciones que ocurrían en las inmediaciones del Palacio de La Moneda por la libertad de los presos detenidos durante la revuelta de octubre de 2019.
El mismo día 01 de diciembre de 2020, en la intersección del paseo Puente y calle Santo Domingo, una corresponsal de “Prensa al Tanto” en conjunto con dos colaboradoras del Periódico “El Irreverente” fueron detenidas y golpeadas por documentar la violenta detención de comerciantes apostados en dicha intersección. Las dos colaboradoras de “El Irreverente” sufrieron contusiones en brazos, piernas y cara por golpes de puño y patadas, además acusaron ser abusadas sexualmente por parte de Carabineros. Compañeros de las reporteras se acercaron a la Primera Comisaría de Santiago para consultar por el estado de las corresponsales, señalando que Carabineros intentó ocultar el hecho negando la detención.
El día 11 de diciembre de 2020 en la ciudad de Santiago, fue detenido por Carabineros un periodista del diario Clarín de Argentina, mientras ejercía su trabajo periodístico en las inmediaciones de la Alameda. Horas después fue puesto en libertad.
El 16 de diciembre, Carabineros arrestaron a dos reporteros que fueron atacados por manifestantes de un grupo de ultraderecha. Fueron trasladados a la 1º comisaría de Santiago y puestos en libertad horas después.
El día 25 de diciembre de 2020 una Periodista de la agencia internacional Pressenza es detenida en sector P. Forestal, tras cuestionar a Carabineros el no uso de su identificación oficial.
El día 28 de diciembre, en las inmediaciones de la Alameda fue detenido sin motivo aparente por Carabineros el reportero Osvaldo Tello. Fue acusado de infringir el código sanitario. Después de 8 horas detenido fue liberado tras ser acusado de desórdenes públicos.
El día 04 de diciembre de 2020 en la esquina de la Alameda con San Antonio se registró la agresión por parte de un Carabinero identificado como “C.O.P 20-8-12”, a un reportero que registraba el momento de la detención de manifestantes. El reportero también denunció haber sido objeto de ataque con químicos desde un vehículo lanza aguas.
El día 11 de diciembre de 2020 en las inmediaciones del metro Universidad de Chile, según brigadistas de salud, un fotógrafo independiente recibió el impacto del lanzaaguas de Carabineros, y al caer se golpeó las piernas con unos fierros. Fue trasladado a la posta central con grandes dolores y en estado de shock. Se desconoce su estado actual.
El día 11 de diciembre de 2020, el reportero gráfico J. A. sufrió una luxofractura en su hombro izquierdo mientras cubría manifestaciones sociales, esto como consecuencia de una agresión por parte de Carabineros.
El mismo día 11, en las inmediaciones del Palacio de la Moneda, según testimonio de la organización CODEPU, la reportera de iniciales C.C.N. sufrió quemaduras por el uso de químicos por el vehículo lanza aguas durante la cobertura de protestas. Debido a las quemaduras fue necesario trasladarla a un servicio médico al día siguiente, tras lo cual presentó una denuncia por estas lesiones ante la PDI.
El mismo día, el reportero de la Agencia Panoptiko, informó que sufrió quemaduras químicas de consideración provocadas por el vehículo lanzaaguas de Carabineros, durante la cobertura de las protestas desarrolladas en la tarde del 11 diciembre. Debido a las quemaduras fue necesario acudir a un servicio médico.
El día 28 de diciembre de 2020, en el contexto de la conmemoración de la muerte de Mauricio Fredes durante el estallido social, una periodista fue atacada por un carro lanza agua, causando que quedara inconsciente por algunos minutos. En el mismo contexto, un Carabinero identificado con el Casco 20-B-07 atacó con gas pimienta a reporteros que cubrían manifestaciones en el sector del Parque Forestal.
El 22 de diciembre, en un punto de prensa a raíz de una balacera que se produjo en una feria navideña de la comuna, la alcaldesa de Maipú denostó al medio local independiente “La Voz de Maipú” y se negó a responder a la pregunta formulada por el medio, indicando «No me voy a referir a los medios pasquines políticos», por lo que sólo atendió las preguntas realizadas por otros medios de comunicación presentes.
2. Límites a la transparencia y el acceso a la información
La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por el fotógrafo que había sufrido quemaduras por los químicos utilizados por el vehículo lanzaaguas mientras cubría una manifestación el pasado 27 de noviembre. El recurso solicitaba al Tribunal que ordenara a Carabineros el cese del empleo del carro lanza aguas con elementos químicos que puedan causar quemaduras u otros daños a la vida, salud e integridad de las personas. Tanto la Corte de Apelaciones, en su sentencia del 17 de diciembre, como la Corte Suprema el 30 de diciembre, consideraron que las medidas solicitadas por el recurrente son ajenos a los supuestos y fines del recurso de amparo.
La Corte Suprema, en su sentencia del 21 de diciembre (Rol 72061-2020) ordenó la eliminación de varias publicaciones realizadas en los perfiles de Facebook de “Transparencia La Pintana” y “La Pintana Informe”, por considerar que vulneraron el derecho a la honra de un cargo público. La controvertida sentencia establece una forma de censura previa al ordenar a los citados medios de comunicación «abstenerse de publicar en ella o en cualquier otra red o medio de comunicación social o de difusión masiva mensajes que denuestan al actor». El tribunal vincula la protección del ejercicio del periodismo y la investigación informativa con la exigencia de un título profesional, adoptando una concepción formal del periodismo en lugar de la funcional que reconocen los estándares internacionales.
El estallido social y la posterior crisis por la pandemia COVID-19 han evidenciado la importancia de los medios y comunicadores independientes. Su rol ha sido clave registrando las vulneraciones a los derechos humanos durante las protestas, dando a conocer una realidad que los grandes medios han opacado, pero también aportando evidencias que servirán de pruebas en numerosos casos judiciales. Durante la pandemia han sido también periodistas independientes los primeros en cuestionar las cifras oficiales y en denunciar el ocultamiento de la magnitud de la pandemia.
Durante este mes destacamos también el reportaje de Brian Arredondo, Belén Sabbag y Francisca Vargas sobre las adversas condiciones que debido soportar los medios comunitarios tales como Radio Manque de Rancagua, Radio Plaza de la Dignidad y Radio La Voz de Paine. De acuerdo a la publicación, los comunicadores de estas radios han sido víctimas del hostigamiento policial continuamente, el cual se ha incrementado desde el estallido. La pandemia, por su parte, los ha impulsado a utilizar nuevas plataformas, generando redes para realizar foros, transmisiones en conjunto y cadenazos radiales que han aumentado el flujo de usuarios en las plataformas que utilizan, además de compartir contenido creado por los distintos participantes. Por último, también han tenido que enfrentar la judicialización por exigir el respeto a su derecho a la libertad de expresión y de la comunicación.
Finalmente, la falta de transparencia no deja de tener protagonismo en nuestro boletín. Si bien el Gobierno fue mejorando la comunicación pública sobre la pandemia, el Ministerio de Salud se niega a responder, de forma sistemática, a la solicitudes de acceso a la información pública, eludiendo entregar informes y datos que no figuran en las web oficiales.
Índice:
1. Hostigamiento a la prensa
1.1. Amenazas y agresiones a reporteros/as
1.2. Obstaculización a la labor periodística
2. Límites a la transparencia y acceso a la información
2.1. Ocultamiento de información sobre la pandemia
2.2. Denegación de solicitudes de acceso a información pública
2.3. Incumplimiento de la Ley del Lobby
3. Faltas a la ética periodística
4. Restricciones a la expresión de críticas
4.1. Censura a la expresión artística
4.2 Condena por difusión de información reservada
5. Laxitud y discrecionalidad en la regulación de la TV
5.1 Pluralismo político en matinales
5.2 Cuestiones de criterios de asignación de fondo CNTV
6. Crisis económica de la industria mediática
6.1. Despidos y disminución de la inversión publicitaria en medios digitales y TV
6.2 Crisis del grupo SAIEH – Copesa
El día 09 de septiembre, en Bonifacio, costa de Valdivia, desconocidos intentaron quemar la Radio comunitaria Lafken Mawidaiii, de la recientemente conformada Red de Medios Radiales del Wallmapu y la Patagonia. El incendio afectó la estructura del estudio de la radio comunitaria, la que se encontraba en su etapa final de construcción. Los hechos ocurrieron después de una intensa semana de movilizaciones que involucraron reuniones con las autoridades locales del MOP y particulares, donde se discutió sobre las expropiaciones impagas hace tres años, el avance acelerado de las empresas inmobiliarias que están construyendo condominios y haciendo desaparecer el bosque nativo.
El día 23 de septiembre de 2020 la agrupación de Prensa del Congreso Nacional denunció, a través de sus redes socialesix, que desde la Corporación del Senado han intentado, por distintos medios, coartar la labor de la Agrupación de Prensa del Congreso mediante tonos amenazantes y el establecimiento de puntos de prensa sin aceptar preguntas. Estas acusaciones ocurren en el contexto de la decisión de la Comisión de régimen interno del Senado que estableció que el secretario general de la Corporación, Raúl Guzmán, cesará sus funciones como secretario abocándose solo a tareas de carácter administrativo, una vez que sea formalizado por el Ministerio Público por infracciones a las normas sanitarias en el marco de la pandemia, debido al polémico almuerzo en un restaurante de San Miguel en plena cuarentena.
2. Límites a la transparencia y el acceso a la información
2.1. Ocultamiento de información sobre la pandemia
El fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, recurrió al máximo tribunal del país para que zanje la controversia. En el escrito, Armendáriz asegura que en este estado de la investigación se puede sostener que “el ministro Jaime Mañalich y su jefa de gabinete Itziar Linazasoro, habrían decidido implementar un sistema sui generis para la recolección de datos esenciales para la correcta gestión de la pandemia. Que ese sistema de recolección de datos no solo era improvisado y distinto del diseñado bajo parámetros técnicos, por el Departamento de Epidemiología del Minsal, sino que, además, manejaba información incompleta”.
La Corte Suprema tendrá que decidir si da curso a la incautación de correos que ya ordenó el juez de garantía Darwin Bratti y si los argumentos expuestos por el ministro Paris están dentro de aquellos que el artículo 209 del Código Procesal Penal contempla para que una autoridad se oponga a una medida intrusiva.
2.2. Denegación de solicitudes de acceso a información pública
Desde el inicio de la pandemia por COVID-19 se ha identificado una práctica reiterada de obstrucción por parte del gobierno respecto del acceso a documentación relativa a la gestión de la pandemia. En la práctica totalidad de las solicitudes realizadas por ODC, la Subsecretaría de Salud elude responder a las solicitudes dentro del plazo legal, por lo que ha sido necesario acudir al Consejo para la Transparencia (CPLT) para obtener respuesta. Durante el mes de septiembre el CPLT ha ordenado a la Subsecretaría de Salud la entrega de la siguiente información:
Copia de los informes y criterios utilizados para decidir la aplicación de cuarentenas con motivo del COVID-19 (Decisión amparo nº C3398-20 CPLTxi).
Criterios o recomendaciones para que los centros de salud y personal médico decidan en contextos de escasez de ventiladores y camas de cuidados intensivos, qué enfermos tienen acceso a atención, cuando no resulta posible darla a todos los que la requieren (Decisión amparo nº C3399-20 CPLTxii).
Copia de los informes científicos que tiene en su poder el órgano relativos al análisis de la propagación del COVID-19 en Chile, indicando fecha en los que fueron recepcionados (Decisión amparo nº C4002-20 CPLT).
Actas de la Mesa Social COVID-19, así como listado de personas y entidades que la componen (Decisión amparo nº C4004-20 CPLT).
A pesar de los requerimientos, el Ministerio de Salud aún no entrega la información solicitada, por lo que hasta el momento sólo ha sido posible acceder a la información que se encuentra disponible en la página web habilitada por el Ministerio, pero no a otras informaciones que sustentan la actuación del Gobierno durante la pandemia por COVID-19.
Finalmente, desde el Consejo afirmaron que la legislación actual en materia de Lobby no establece obligaciones sobre los sujetos activos de la actividad. Por ejemplo, no existe un registro de lobbistas ni de gestores de intereses particulares previo, ni tampoco resulta posible conocer qué intereses se están representando sino hasta que se solicita una audiencia.
El 24 de septiembre de 2020, el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social emitió una resoluciónxvii en la que declara que hubo una falta a la ética periodística en la transmisión del día 15 de mayo de 2020 en el programa radial “conectados con Agricultura”, el día en que participa el panelista Sergio Melnick y Sergio Hirane como conductor. En dicha transmisión el señor Sergio Melnik, utilizó un lenguaje con pertinaces descalificaciones para referirse a Michelle Bachelet, expresidenta de la República, tales como (textual) “vieja insoportable, vieja de mierda, enferma, inepta, nefasta, políticamente mugrienta, una basura”. Algunos de estos epítetos los repitió en el curso del programa. El panelista se refirió también en términos de menosprecio al diputado Giorgio Jackson y a la presidenta del Colegio Médico de Chile, Izkia Siches. El Consejo fundó su parecer principalmente en el hecho de que las expresiones referidas a supuestas conductas inmorales, antiéticas o delictuales deben fundarse en pruebas verosímiles en conocimiento y en poder de quien opina. La resolución condenatoria ordena al programa Conectados con Agricultura que, el día en que participa el panelista Sergio Melnick, su conductor Sergio Hirane, debe dar lectura al extracto de la resolución que se adjunta. Además, el medio deberá publicar el extracto en su sitio web durante 7 días continuos.
4. Restricciones a la expresión de críticas
4.1. Censura a la expresión artística
“Destruir en nuestro corazón la lógica del sistema”. Así rezaba el mensaje lumínico proyectado en círculo alrededor del monumento al general Manuel Baquedano en el corazón de la capital, la noche del jueves 24 de Septiembre. En el lugar además se proyectó con luces azules la llamada Estrella de Arauco (Guñelve), símbolo tradicional mapuche. Pasadas las 20.40 horas de aquel día llegó a la rotonda una patrulla de Carabineros que dispuso un foco en dirección a las luces para evitar la proyección.
Ante lo sucedido el Alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, se refirió a la necesidad de que este tipo de expresiones requieran de autorización previaxviii, señalando que “jamás vamos a ejercer censura previa, sino todo lo contrario [estamos] por patrocinar y apoyar, pero también hay una delgada línea para que esas instalaciones no vulneren ni lesionen la honra de las personas”.
4.2. Condena por difusión de información reservada
El lunes 21 de septiembre se dió a conocer la sentencia emitida por el Octavo Juzgado de Garantías, que condenó a 61 días de pena remitida a uno de los tres investigados por difundir la información hackeada por Anonymous a Carabineros de Chile (PacoLeaks)xx. El fiscal Felipe Sepúlveda explicó que el acusado puso un banner en la página web www.verdeclaveverde.com, que redirigía la búsqueda hacia el sitio donde los piratas informáticos subieron los datos sustraídos a la policía uniformada, en los días posteriores al 18 de octubre de 2019. Los hackers accedieron a más de diez mil documentos los cuales fueron difundidos los días 25, 26 y 27 de octubre de 2019, entre la información filtrada figuran datos como nombres, RUT, unidad a la que pertenecen, documentos con informes de inteligencia, entre otros.
5. Laxitud y discrecionalidad en la regulación de la TV
5.1 Pluralismo político en matinales
Un estudio exploratorio-cuantitativo realizado por el Consejo Nacional de Televisión sobre la presencia de actores políticos en los programas matinales y las características de su aparición en pantalla, arrojó importante información estadística sobre diversos temas vinculados a la diversidad y el pluralismo en los medios de comunicaciónxxi. El informe determinó que el 60% de los actores políticos que se presentan en los matinales corresponden al ejecutivo y al oficialismo, asimismo, del total de presencia de actores políticos, el 9,2% pertenece al Gobierno/Poder Ejecutivo; el 48,8% al oficialismo político; y el 41,9%a la oposición política. Si bien, el estudio no específicó cuánto de esa oposición correspondía a la nueva mayoría y cuanta a otros conglomerados.
El informe observó en general una minoritaria presencia de mujeres en los matinales, que corresponde a un 26,6% frente al 73,4% de los hombres. El estudio, sin embargo, puntualizó que la participación de mujeres en la política no era ajena a este fenómeno, comparando para ellos sus resultados con la proporción de hombres y mujeres en el Congreso Nacional.
En cuanto a la sociedad civil y al centralismo, existe una incipiente y dispar presencia de actores en los distintos matinales. Del total de casos analizados, solo el 10,3% corresponde a actores políticos que representan a la sociedad civil y en términos generales, se observa un predominio de temas desde la Región Metropolitana: 63,8% de los temas está focalizado en esta región; un 33% de los temas son de alcance nacional y un escaso 2,7% está referido a otras regiones.
Se debe tener presente que este estudio constituye la única respuesta efectiva realizada hasta ahora por el CNTV a la denuncia sobre ausencia de pluralismo político en televisión realizada durante junio por las bancadas de oposición, a raíz del estudio realizado por Conecta Media en el mes de marzo, según el cual Joaquin Lavín y otros políticas de derecha tenían una presencia muy alta en los programas matinales de TV, en comparacion con políticos de otras coaliciones. En el boletín nº3 del mes de Julio, ya dimos cuenta de una investigación sobre el pluralismo informativo en canales de TV abierta de alcance nacional, en el que todos los canales obtenían una puntuación negativaxxii. Ante la ausencia de las herramientas y procedimientos que establece el artículo 14 de ley, el CNTV sigue sin desarrollar una regulación robusta del pluralismo.
5.2. Cuestionamiento a criterios de asignación del fondo CNTV
Controversia produjo durante el mes de septiembre la decisión del Consejo Nacional de Televisión de no incluir la serie “Magnicidio” en los proyectos a los que adjudica fondos. La serie relata en formato de thriller las circunstancias que rodearon la muerte del ex presidente de la república Eduardo Freí Montalva, durante la Dictadura cívico-militar en Chile.
La ex senadora Carmen Frei y tres de sus hijos firmaron un texto en que se acusa un «bloqueo político» contra la serie «Magnicidio», a la que por segundo año consecutivo el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) no incluyó en los proyectos a los que adjudica fondos. Los Frei denuncian la existencia de un «veto» y la realización de «maniobras pequeñas», lamentando, en especial, «las explicaciones esgrimidas» por el exministro, militante DC y actual consejero del CNTV Genaro Arriagada. El senador DC Francisco Huenchumilla manifestó su apoyo a la familia Frei, considerando: «muy poco comprensible esta decisión de una mayoría del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), dado que la existencia de una institución como la señalada, en un contexto democrático, debe fundarse, ya sea de manera explícita o tácita, en aspectos que vayan un poco más allá del ‘correcto funcionamiento’ de la televisión; guiándose también, y con toda intencionalidad, a la promoción de valores indispensables en una sociedad del siglo XXI, como son la democracia, el pluralismo y el respeto por los derechos humanos».
Los dichos de Huenchumilla contrastan con lo señalado por el actor nacional Luis Gnecco, quien cuestionó la preeminencia de criterios políticos por sobre critérios técnicos en este tipo de decisiones: «este extraño organismo que es el CNTV está compuesto en su mayoría por abogados y no por personas expertas en lo audiovisual, salvo dos o tres. Finalmente los proyectos ganadores se reparten dentro de la binominalidad habitual derecha-izquierda, suponemos dentro de los gustos o conveniencias políticas que cada consejero pueda tener», agregando que, «A todas luces una situación a la que no deben verse expuestos estos proyectos, que por ser obras artísticas no debieran estar sometidos a una evaluación política que es la que finalmente se produce. Una deliberación de esta índole se acerca más a un régimen dictatorial que ve lo conveniente o inconveniente y no a una democracia, que debiera premiar la diversidad», en esa misma línea enfatizó que «los proyectos se ven enfrentados a una especie de Corte Suprema con el color político del gobierno de turno y no a un organismo técnico idóneo para juzgar sus fortalezas y debilidadesxxiii.”
6. Crisis económica de la industria mediática
6.1. Despidos y disminución de la inversión publicitaria en medios digitales y TV
Álvaro Saieh es el dueño del conglomerado empresarial CorpGroup que mantiene intereses en diversas áreas: banca retail, turísmo, inmobiliarias y medios de comunicación, en una posición destacada que por varios años lo ha instalado dentro de los 5 hombres más ricos de Chile, y de los 800 con mayor patrimonio a nivel mundial.
No obstante aquellos antecedentes, en el mes de septiembre se conocieron, una vez más, de los problemas de financiamiento de algunas de las áreas de interés del grupo, deudas que han afectado el brazo de medios del holding COPESA, que mantiene La Tercera, La Cuarta, La Hora, Qué Pasa, además de Grupo Dial con algunas radioemisoras de alcance nacional.En lo inmediato la falta de liquidez ha significado para COPESA y DIAL el despido de periodistas y personal profesional (justificado en los efectos de la pandemia) y transformación del modelo de difusión de los contenidos desde soporte físico a onlinexxvii.
El negocio de medios para un conglomerado como CorpGroup es significativo, pensando en que en Chile existe una importante concentración de medios, para el caso son dos las que manejan las cadenas de diarios a nivel nacional, con avisaje cautivo, poder que se expresa, junto con El Mercurio, en el control de “Agenda Setting”, influencia determinante incluso a la hora de tratar la misma crisis que atraviesa el holding, intereses cruzados que muchas veces hacen difícil distinguir la noticia de la relaciones públicas.
