ODC y Colegio de Periodistas de Chile se unen para promover la protección a la prensa

En el Día Internacional para poner fin a la impunidad de crímenes contra periodistas, las organizaciones firmaron un convenio por 4 años para proteger la libertad de expresión, enfrentar injusticias y abusos, e impulsar acciones para enfrentar situaciones de acoso judicial contra comunicadores/as.

Santiago, jueves 02 de noviembre de 2023.- En los últimos años la violencia contra la labor periodística en América Latina y el Caribe ha ido en aumento. Si bien en todo el mundo las y los comunicadores sufren inseguridad, amenazas y censura, la región se ha convertido en la más mortífera para la prensa, llegando a 44 homicidios en 2022, es decir, uno cada 4 días.

Estos crímenes, en muchos casos, no se investigan de forma adecuada y sus agresores no reciben sanciones. Situación que se repite en todo el planeta y tiene un efecto paralizador entre las y los comunicadores, provocando además un efecto estimulador entre sus agresores. Por ello, para generar conciencia y promover la implementación de medidas para enfrentar esta situación, en 2013, en la Asamblea de Naciones Unidas, se estableció la conmemoración del 2 de noviembre como el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas.    

En este contexto, el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) y el Colegio de Periodistas de Chile firmaron un convenio por 4 años para unir esfuerzos para la promoción y defensa de las personas que trabajan en la labor informativa, ya que nuestro país no es la excepción. Desde 2019 a la fecha, ODC ha registrado más de 400 ataques a la prensa, entre ellos el asesinato de la comunicadora Francisca Sandoval del canal Señal 3 La Victoria quien resultó herida por un disparo durante la cobertura de la marcha del 1 de mayo de 2022 en Santiago. Ese mismo mes, la diputada Nathalie Castillo ingresó a la Cámara de Diputados/as un proyecto de ley que regula la protección de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones (Boletín 14964-24), que fue aprobado por las y los Diputados en julio de 2023, tras más de un año de tramitación, pero que aún se encuentra pendiente de aprobación en el pleno de la Cámara y su tramitación en el Senado.

Según Javier García, presidente de ODC, “menos de un 20% de las agresiones a la prensa que hemos registrado terminaron en un proceso judicial. Las víctimas muestran poca confianza en el sistema de justicia porque en muchos casos no se sanciona a los responsables o porque los procesos judiciales son largos y desgastantes, por lo que finalmente solo los casos más graves son denunciados”.

Aseguró, además, que “en el país existen autoridades y personalidades públicas que usan la deficiente normativa de injurias para buscar silenciar e intimidar a las voces críticas, aprovechando que la ley es anacrónica, contraria a los tratados de Derechos Humanos y que restringe la libertad de expresión”.

De hecho, durante 2023, dos medios de comunicación fueron condenados por este delito: Interferencia y Resumen, quienes también han sido objeto de otras querellas, por lo que sus editores arriesgan cumplir una pena de cárcel si son sentenciados nuevamente por esta norma que no ha sido modificada, a pesar de que en marzo de este año la Corte Interamericana de Derecho Humanos exigió al Estado modernizar la ley, luego de la sentencia a Chile por vulneración a la libertad de expresión del defensor medioambiental y abogado, Carlos Baraona, quien fue condenado por injurias, transgrediendo su opción a expresar una crítica política a la gestión de una autoridad.

Por su parte, Rocío Alorda, presidenta del Colegio de Periodistas, afirmó que “estamos muy contentos y conformes de por fin avanzar en nuestra alianza institucional con el Observatorio por el Derecho a la Comunicación, de modo de concretar acciones en materia de libertad de expresión y de prensa, muy acorde a los desafíos que enfrentamos en esta materia, que son múltiples y que van mucho más allá de las vulneraciones a la prensa”.

“Para nosotros es fundamental establecer relaciones formales, institucionales y de largo plazo, de modo de fortalecer un plan de trabajo que permita resolver situaciones de libertad de prensa que se generan día a día, así como proyectar acciones de trabajo en red para fortalecer estos Derechos Humanos”, aseguró.

Entre los acuerdos, el convenio contempla el seguimiento conjunto de restricciones a la libertad de información, acciones para generar conciencia sobre el peligro de la impunidad de las agresiones a la prensa y la implementación, durante 2024, de un programa para entregar capacidades a periodistas y comunicadores/as para enfrentar situaciones de acoso judicial y querellas por injurias.

Asimismo, considera la colaboración en la entrega de información y recomendaciones a instituciones públicas y organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo los instrumentos del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Observatorio del Derecho a la Comunicación lanza campaña #comunicasinmiedo

#COMUNICASINMIEDO busca empoderar a periodistas, comunicadores/as, fotógrafos/as, audiovisuales y medios de comunicación para construir una comunidad virtual que por medio del trabajo en red en distintas instancias sea capaz de incidir en el debate, visibilizando los riesgos del ejercicio de las labores periodísticas e impulsando medidas efectivas que garanticen el derecho a la libertad de expresión y a la comunicación.

Es fundamental dar visibilidad a los problemas y riesgos de seguridad integral que enfrentan periodistas y comunicadores/comunicadoras, promover y educar sobre los derechos de las y los periodistas y comunicadores sociales; y difundir y posicionar propuestas en materia de políticas públicas que resguarden de forma efectiva la seguridad de periodistas en su trabajo informativo.

Desde la crisis social de 2019 se ha producido un preocupante aumento de las agresiones a la prensa, a través de amenazas e intimidaciones contra periodistas, comunicadores/as, fotógrafos/as y medios de comunicación. Desde entonces se han registrado más de 400 agresiones por parte de fuerzas del orden público, un  ataque con disparos a un equipo de TVN en La Araucanía en 2021 y el lamentable fallecimiento de Francisca Sandoval, reportera de Señal 3 La Victoria asesinada por un disparo el 1° de mayo en 2022.

Solo en lo que va de 2023, se han registrado casi una decena de agresiones, amenazas a través de redes sociales, hostigamiento durante coberturas y situaciones de acoso judicial que terminan con condenas desproporcionadas que afectan a la libertad de prensa e inhiben el control social sobre los funcionarios públicos.

Sumado a ello, el 28 de febrero la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció nuevamente al Estado de Chile como responsable de vulneración a la libertad de expresión y a las garantías judiciales del defensor medioambiental Carlos Baraona Gray, quien acudió al tribunal internacional tras ser condenado por injurias graves ya que se trasgredió su opción a expresarse libremente desde la perspectiva de una crítica política a la gestión de una autoridad pública. El fallo además obliga a modificar la legislación estableciendo un marco jurídico que proteja a periodistas y comunicadores/as frente al acoso judicial.

Estos hechos evidencian la necesidad de aportar información sobre la seguridad del ejercicio periodístico en nuestro país a través de la realización de un estudio que desarrollamos junto UNESCO para aplicar indicadores que pongan en contexto la situación de Chile en la región y, a la vez, impulsando iniciativas comunicacionales que generen conciencia entre los diferentes agentes involucrados: periodistas, fiscales, investigadores, legisladores, entre otros, para impulsar el debate y el desarrollo de medidas efectivas para la promoción de la seguridad y la protección de las y los trabajadores de la prensa.

Es fundamental avanzar en la modificación de la legislación trabajando en red y dialogando con todos los actores para garantizar el derecho efectivo a la libertad de expresión y a comunicar sin miedo.

Taller: Impacto de las crisis políticas en el periodismo

Sábado 4 de marzo de 2023 de 10 a 14 horas

Asistencia presencial: Centro de Memoria del Estadio Nacional, Av. Grecia 2001, RM, Metro Estadio Nacional.

Asistencia online: Mediante plataforma Zoom, se enviará link a personas inscritas

Formulario de inscripción

Contenidos

  • Restricciones de la libertad de expresión en América Latina en contexto de crisis, el Informe Sombra de Voces del Sur
  • Periodismo de investigación: qué y cómo se está investigando en América Latina.
  • Impacto de la crisis política y social en el Perú en el periodismo
  • Presentación de la campaña #comunicasinmiedo

Expositora: Adriana León, periodista del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS- Perú)

La actividad es organizada por el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC), con la colaboración de la red Voces del Sur, IPYS-Perú y la Corporación Estadio Nacional, Memoria Nacional Ex Prisioneros Políticos.

Los datos recopilados en el formulario serán utilizados para el acceso al curso y para recibir información sobre las actividades de ODC. Puedes consultar tus dudas o solicitar el ejercicio de tus derecho de acceso, rectificación, oposición o cancelación contactando al correo electrónico a ChileODC@protonmail.com

Corte IDH sentencia a Chile por vulneración a la Libertad de Expresión

El fallo del tribunal internacional señaló que el Estado es responsable por penalizar declaraciones a la prensa de un defensor ambiental que señaló a un parlamentario por tráfico de influencias en la tala ilegal de alerces.

Juez Ricardo C. Pérez Manrique, presidente de la Corte, notificando la Sentencia.

Santiago, 1 de marzo de 2023.- Este martes se conoció el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que sentenció nuevamente al Estado de Chile como responsable internacional de vulneración a la libertad de expresión y a las garantías judiciales del defensor medioambiental y abogado, Carlos Baraona Gray, quien acudió al sistema interamericano de DDHH tras ser condenado por injurias graves asegurando que se trasgredió su opción a expresarse libremente desde la perspectiva de una crítica política a la gestión de una autoridad pública.

El caso data del 2004, época en que Baraona Gray emitió declaraciones públicas a diversos medios de comunicación contra el entonces senador Sergio Páez, a quien responsabilizaba de ejercer presiones e influencias para la regularización ilícita de la tala del alerce en la Región de Los Lagos. El exparlamentario se querelló por injurias graves y el Tribunal de Garantía de Puerto Montt le dio la razón, condenando al abogado a 300 días de prisión suspendida, una multa, y la suspensión de cargos u oficios públicos por el periodo de condena.

Tras la revisión de los antecedentes la Corte IDH constató que las declaraciones se referían a las acciones del exsenador en su calidad de funcionario público y que versaban sobre materias ambientales cumpliendo “con los elementos subjetivos, funcionales y materiales para constituirse de relevancia para el debate público” y concluyó que en este caso “Chile es responsable por la violación del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, al principio de legalidad y a la protección judicial (…) establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

El Estado deberá pagar una indemnización de USD $60.000, más las costas judiciales, así como adoptar programas de formación y capacitación dirigidos a funcionarios sobre participación y acceso a la información en asuntos ambientales.

Además, la sentencia establece la necesidad de modificar la legislación chilena, y establecer vías alternativas al proceso penal, ya que “la figura penal de injurias graves en el caso bajo análisis constituyó un medio indirecto de restricción a la libertad de expresión al afectar sus ámbitos individual y social. La condena y la multa impuestas, a pesar del posterior sobreseimiento, tuvieron el efecto de inhibir al señor Baraona de pronunciarse sobre asuntos de interés público general, y de participar en el debate público”.

Desde el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC), organización que en calidad de Amigo del Tribunal (amicus curiae) colaboró en el juicio aportando información sobre cifras de querellas y condenas por injurias y calumnias en Chile, valoraron la sentencia, señalando que era previsible y subrayan que esta obliga al Estado a modificar su legislación para despenalizar las injurias y calumnias, estableciendo un marco jurídico que proteja a periodistas y comunicadores/as frente al acoso judicial. 

“La legislación en Chile no ha variado desde la versión del Código Penal del año 1874, es un marco obsoleto que permite que personajes públicos utilicen el acoso judicial para silenciar a voces críticas y medios de comunicación. Uno de los ejemplos más recientes es el caso del periódico Resumen en Concepción que enfrenta varios procesos judiciales por la difusión de reportajes, y uno de sus editores ha sido condenado a 61 días de cárcel”, aseveró el presidente de ODC, Javier García.

Aseguró además que “según datos recopilados del Poder Judicial, las querellas interpuestas por empresarios, políticos y altos funcionarios públicos contra periodistas, activistas y comunicadores han aumentado a más del doble en cinco años, llegando a aproximadamente a 2000 cada año, lo que efectivamente ha  provocado un efecto silenciador. Creemos que es fundamental avanzar en la modificación de la legislación trabajando en red y dialogando con todos los actores para garantizar el derecho efectivo a la libertad de expresión y a comunicar sin miedo”.

Reiteradas sentencias por vulneración de la libertad de expresión

El Estado de Chile acumula 18 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en total. De ellas, un tercio de los casos ha terminado con una sentencia que ha declarado la violación de la libertad de expresión (casos La Última Tentación de Cristo”, Palamara Iribarne, Claude Reyes y otros; Norín Catrimán y otros; Urrutia Laubreaux; y Baraona Bray).

Asimismo, hay un número significativo de denuncias tramitándose en la Comisión Interamericana por vulneración a la libertad de expresión y falta de protección judicial, lo que según el presidente de ODC “es un indicador que muestra claramente las deficiencias del marco normativo y del sistema judicial de Chile en relación a la protección de la libertad de expresión”.

Audio del Juez Ricardo C. Pérez Manrique, Presidente de la Corte IDH

Audio 1 y audio 2 de Javier García, Presidente de ODC

Documentos de la Corte IDH: Sentencia, resumen, video de la notificación y nota de prensa.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN CHILE 2020: LA PUNTA DEL ICEBERG

Luego de un ciclo de cuatro conversatorios durante enero y marzo de 2021 en donde se presentaron los principales casos y evidencias relacionadas a la vulneración de derechos vinculados a la libertad de expresión en Chile, ya se encuentra disponible el informe completo con un prólogo redactado por Edison Lanza (Relator Especial de la Libertad de Expresión de la CIDH, 2014 – 2020) y un anexo que recoge opiniones relevantes emitidas en los conversatorios.

Este trabajo de investigación y recopilación fue desarrollado por el Observatorio del Derecho a la Comunicación y Fundación Datos Protegidos, con el apoyo del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.

DESCARGAR INFORME

Entre los principales hallazgos destacamos:

  • – La violencia y el uso abusivo y desproporcionado de las fuerzas de orden es sistemático, por lo que se ha normalizado este tipo de agresiones dentro de la labor comunicativa, sólo denunciando los hechos “más graves” naturalizando la violencia.
  • – La Fiscalía y otros agentes del Estado presentan acusaciones penales contra comunicadores independientes, lo que deriva en el inicio de un procedimiento judicial contra el reportero/a que fue injustamente detenido.
  • – Falta de transparencia, información parcial y restricciones de acceso a información sobre cifras de detenciones, heridos y violaciones de Derechos Humanos.
  • – El Ministerio del Interior y Seguridad Pública mantiene conductas de obstrucción en el acceso a la información pública.
  • – Desde el 18 de octubre de 2019 distintas autoridades del Gobierno y de las fuerzas de orden público han mantenido reuniones con representantes de los principales medios de comunicación en las que se ha tratado de condicionar la cobertura informativa realizada por estos medios.
  • – Las situaciones de bloqueos, moderación de contenidos o censura previa que realizan las plataformas impacta directamente en los registros y evidencias digitales sobre violaciones a los DD.HH que son publicados en las plataformas.

Estos registros fueron levantados por Chiara Sáez, académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile; Javier García, director del Observatorio del Derecho a la Comunicación y Patricia Peña, directora de la Fundación Datos Protegidos.

La recolección fue realizada mediante seguimiento de casos, revisiones de prensa, solicitudes de acceso a la información mediante transparencia y un formulario online habilitado para el registro de situaciones de censura en Internet.

Sobre la información recopilada, el director del Observatorio del Derecho a la Comunicación, Javier García, comenta que “Chile se encuentra en una crisis de Libertad de expresión; tras el estallido social y la posterior crisis sanitaria se agudizaron los problemas ya existentes y se sumaron nuevas restricciones a la expresión”.

En la misma línea, la académica del Instituto de la Comunicación e Imagen, Chiara Sáez, agrega que: “es importante documentar las vulneraciones a la libertad de expresión en su multiplicidad, porque nos da una visión más completa del problema. Entender, por ejemplo, que los hechos que han saltado a la luz pública durante los últimos meses no son casos aislados, sino que ocurren sobre un fondo más profundo que el estallido social develó y la crisis sanitaria siguió evidenciando. Estos hechos ya venían ocurriendo y siendo denunciados desde muchos años antes, pero no habían tenido la atención de la opinión pública como ahora. Ahora que entramos a la carrera presidencial, nos parece pedagógico presentar esta foto del retroceso de la libertad de expresión que ha significado la doble crisis social y sanitaria. Es importante que los candidatos presidenciales entiendan la complejidad del problema y que sus propuestas programáticas puedan hacerse cargo del problema con la seriedad que merece”.

Por otro lado, la académica del ICEI y directora de la Fundación Datos Protegidos, Patricia Peña, señala: ”El análisis de casos y situaciones de censura en Internet -especialmente en plataformas de redes sociales- confirma lo que habíamos constatado durante el estallido social, en relación a cómo operan sistemas de moderación de contenidos automatizados como mecanismos de censura algorítmica previa de contenidos publicados por medios y colectivos independientes. Esto sumado a varios casos de agresiones y ataques de odio hacia vocerías mujeres y disidencias a través de medios digitales durante tiempos de pandemia”.

En los siguientes enlaces podrás encontrar los videos de cada sesión en donde fueron presentados los capítulos.

Estas sesiones contaron con la participación de: Byron Andrade, fotorreportero independiente; Silvia Chocarro, integrante de Artículo 19; Catalina Gaete, co-fundadora de La Pública; Camila Vergara, analista política y académica de Columbia University Law School; Danny Rayman, director de la Fundación Datos Protegidos y Acción Constitucional; Elizabeth Berger, directora del programa de Comunicación Política Chile 21; Javier Pallero, director de área de Políticas de Access Now y Nicole Rojas, activista e investigadora de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio.

Informe 2020 LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN CHILE
Capítulo 3. Censura artística y pluralismo mediático

Descargar Informe

Registro del conversatorio disponible en

A continuación se expone un resumen del contenido del conversatorio elaborado por Renato Monsalve de la Unidad de Comunicaciones ICEI y disponible en la web de la Universidad de Chile

Restricciones a las expresiones artísticas

A raíz de la revuelta social, numerosos casos de censura y violaciones del derecho a la libertad de expresión han sido expuestos en las redes sociales y medios de comunicación. Según la información recabada por el informe, las expresiones artísticas con motivo de protesta, han sufrido de igual forma el atropello por parte de organismos del Estado. Entre los casos más emblemáticos, destaca la querella por “ultraje público a un emblema patrio” interpuesta contra Marcela Inostroza, alias “La Maga”, por la Intendencia de la Región Metropolitana. La artista fue acusada bajo la Ley 12.927 sobre Seguridad del Estado, aprobada en dictadura y reformada el 2010, por realizar una performance que consistía en barrer y limpiar la puerta y la calle junto al Centro Arte Alameda utilizando la bandera chilena como trapero.

Otro de los casos simbólicos fue el hostigamiento contra el colectivo LasTesis, quienes recibieron una denuncia por parte de Carabineros de Chile por “atentado contra la autoridad” y “amenazas hacia la institución” por un video grabado afuera de una comisaría en Valparaíso. Al respecto, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado manifestando su preocupación ante la criminalización de expresiones artísticas y de protesta amparadas por el derecho a la libertad de expresión.

El 20 de mayo, en tanto, el estudio lumínico Delight Lab realizó un comunicado de prensa donde anunciaba acciones judiciales por acoso, censura, amenazas y vulneración de derechos. Entre otras cosas, denunciaban el hackeo a su cuenta de Instagram, amenazas a través de redes sociales, difusión de datos privados de trabajadores del estudio y declaraciones que incitan al odio y al amedrentamiento por parte del diputado RN, Diego Schalper. Junto a esto, diversos actos lumínicos realizados por Delight Lab han sido saboteados por Carabineros de Chile bajo el amparo de las autoridades. El día 24 de septiembre el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, apoyó la conducta de Carabineros ante el cuestionamiento por la eventual violación al derecho a la libertad de expresión, luego de que la policía censurara una intervención artística realizada en colaboración con Galería CIMA. El mismo día de las declaraciones del alcalde, Carabineros acudió a las dependencias de Galería CIMA para conseguir una lista con datos de todos los trabajadores de la productora.

Respecto a la tipificación de los artistas censurados que formaron parte de las manifestaciones, el director de la fundación Datos Protegidos y de la organización Acción Constitucional, Danny Rayman, indicó que “la razón (de las acciones de censura) se justifica, o no, porque nos encontramos con personas que no solamente son artistas, se pueden catalogar como “artivistas”, ya que el contenido de estas manifestaciones artísticas está relacionado con el activismo que hay detrás. La protección que debieran tener ellos no es solo como personas, sino también como artistas, activistas y, por lo tanto, de una u otra forma, como defensores de derechos humanos. El Estado debiera tener una proactividad para que las situaciones que han vivido, no puedan pasar en democracia.”

Además de las acciones de hostigamiento policial y judicial contra los colectivos artísticos que han participado activamente de la protesta social, los registros del “Informe 2020. Libertad de Expresión en Chile” demuestran la sistemática acción estatal contra grafitis y obras artísticas desplegadas en fachadas de edificios públicos y privados, las que han sido eliminadas con pintura sin la autorización de los responsables de estos centros. Asimismo, muchas esculturas desplegadas en lugares públicos y privados han sido robadas y, en muchos casos, aún no se devuelven a sus autores.


Falta de pluralismo mediático en cobertura televisiva

En Chile no es novedad el problema de la concentración de los medios de comunicación en los grupos económicos más poderosos del país. Sin embargo, tal como evidencian los datos recabados por el informe, los principales medios han faltado al “principio de pluralidad” respecto a la aparición de figuras políticas en la televisión abierta y al alcance de los temas tratados.

El 24 de marzo de 2020, Contraloría señaló que la participación de alcaldes en medios de comunicación debería limitarse a la entrega de información necesaria para el cumplimiento de las funciones municipales. Al respecto, la empresa de estudios de opinión, Conecta Media, presentó los resultados de un estudio que evidenció una permanente y mayoritaria aparición de alcaldes de Chile Vamos, sobre todo en el género “matinales”, siendo los alcaldes Joaquín Lavín, Rodolfo Carter y Evelyn Matthei los ediles que más minutos son exhibidos en televisión abierta.

En este sentido, la académica de la Universidad de Santiago, Elizabeth Berger, contrastó el problema de la falta de pluralidad de medios con la crítica situación de concentración de medios en nuestro país. “Lo más conveniente es propender al pluralismo y diversidad de medios, y en Chile chocamos con el problema de la altísima concentración de medios, que a su vez afecta a toda la región. Esto de que el mundo digital venía a salvarnos no fue tan así, la concentración aumentó en los operadores en el mundo de las telecomunicaciones. Lo preocupante de la concentración de medios en términos de pluralismo es la tendencia a la homogeneidad informativa y la precarización de los trabajadores del sector”.

La académica del ICEI y una de las autoras de este informe, Chiara Sáez, señalo que el problema de la concentración de medios es un tema que debe ser abordado en el proceso constituyente. “El problema no radica solo en la concentración de la propiedad, sino que también hay una concentración ideológica y de inversión publicitaria. Me parece que hay que entender que esta triple concentración es la que nos tiene en esta situación. Si estamos hablando de un sistema privado de medios, donde -en teoría- el mejor programa debiera tener la mejor inversión publicitaria, eso no pasa debido a la concentración ideológica, los empresarios están dispuestos a poner dinero solo en determinados tipos de programas, y estos no necesariamente son los que hacen periodismo de investigación. Entonces, ¿qué tipo de Estado necesitamos definir para que aborde esta problemática de una manera democrática? Esa pregunta debe quedar abierta para el debate constituyente”, sentenció.

Enero: nuevo año, mismos problemas

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1. HOSTIGAMIENTO Y ATAQUES A LA PRENSA

1.1. Cifras totales

19 ataques registrados durante el mes de enero. 8 detenciones arbitrarias.

1.2. Agresiones por parte de agentes del Estado

Maullín, 2 de enero a las 18:30 hrs

Santiago, 4 de enero, protesta frente al Mineduc

  • Durante la mañana del 4 de enero el Camarógrafo de Chilevisión (CHV) Alex Cuadra fue detenido mientras realizaba una cobertura en directo de una protesta de estudiantes secundarios en el frontis del Ministerio de Educación (Mineduc) por la Prueba de Transición Universitaria (PTU)ii. La detención se produce cuando el Camarógrafo registraba la detención de una joven menor de edadiii, fue esposado y trasladado a la 3° comisaría de Santiago y liberado horas después. Al producirse los hechos durante una transmisión en un programa de televisión de máxima audiencia, la noticia tuvo una importante repercusión social, numerosas personalidades públicas condenaron lo sucedido y varias organizaciones difundieron comunicados de denuncia, así como la propia empresa de comunicacióniv. Tanto Carabineros como el gobierno se refirieron a lo ocurridov. El Ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, lamentó los hechos indicando que “Carabineros no debe ni puede intervenir la labor de la prensa cuando está ejerciendo su labor de manera adecuada”vi.
  • De forma paralela, varios periodistas que se encontraban cubriendo la protesta fueron golpeados por personal de Carabineros.

Santiago, 4 de enero, protestas en Plaza Italia y Alameda

En la jornada de tarde, durante una protesta en las proximidades de Plaza Italia se produjeron varios ataques a la prensa por parte de funcionarios policiales que formaban parte de un operativo de fuerzas antidisturbios dirigido por la Mayor Ojeda. A diferencia de los ocurrido en la mañana, estos hechos no fueron difundidos por los medios de comunicación, ni se produjeron declaraciones públicas de las autoridades.

Ercilla, 7 de enero

Fotoperiodista es golpeado por funcionarios policiales de la PDI, tras registrar la detención de una menor de edad en un allanamiento a la comunidad de Temucuicuixvii. El 27 de enero funcionarios de la PDI acudieron al domicilio del fotoperiodista para notificarle una citación para declarar ante el fiscal por lo ocurrido.

Santiago, 15 enero.

Durante las protestas en el centro de Santiago, funcionarios de Carabineros empujan en varias ocasiones a reportero que captó la detención de un manifestante que se encuentra inconscientexviii.

Santiago, 29 de enero, protestas en Plaza Italia y Alameda

En una protesta en las proximidades de Plaza Italia se produjeron varios ataques a la prensa por parte de funcionarios policiales, de los cuales documentamos los siguientes casos:

2. LÍMITES A LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

2.1. Imposibilidad de acceder a la información de las reuniones del Presidente de la República

Presidencia de la República impide el acceso a la información relativa a la agenda de reuniones del Presidente Piñera. Desde ODC se han realizado nuevas solicitudes de acceso a la información pública que han sido rechazadas por el órgano, por los que se han presentado recurso de amparo ante el CPLT (amparos n.º 513-2021 y 515-21).

La Corte de Apelaciones de Santiago, en su sentencia de 2’ de enero de 2021 (Rol n.º 398-2020), dejó sin efecto la Decisión amparo CPLT que ordena entregar información relativa a las actividades del presidente el 18 de octubre 2019, al considerar que el Presidente de la República no está obligado a entregar información relativa a sus reuniones y actividades ya que se encuentra excluido de las exigencia de la Ley del Lobby.

2.2. Ministerio de Salud no responde a las solicitudes de información pública

Desde ODC realizamos 5 solicitudes de acceso a información pública sobre aspectos relevantes en el proceso de vacunación. El Ministerio de Salud no respondió a ninguna de las solicitudes realizadas, por lo que se procedió, como ya hicimos durante 2020, a presentar amparo ante el CPLT. A continuación se indica la información solicitada.

  • Criterios para definir los grupos de la población con prioridad en recibir la vacuna COVID-19 (Amparo Rol n.º rol C710-21).
  • Calendario de vacunación COVID-19 previsto para 2021, indicando número de vacunas que se prevé administrar, en que meses y a qué grupos de la población (Amparo Rol n.º rol C711-21).
  • Presupuesto y gasto realizado para adquisición de vacunas COVID-19 con los distintos laboratorios y empresas farmacéuticas (Amparo Rol n.º rol C712-21).
  • Listado de convenios realizados para la adquisición de vacunas de COVID-19, indicando las empresas farmacéuticas involucradas e identificando los acuerdos que contienen cláusulas de carácter reservado por motivos de seguridad nacional o de otra índole (Amparo Rol n.º 713-21).
  • Coste de las primeras 10.000 vacunas COVID-19, así como condiciones y garantías acordadas con el laboratorio Pfizer-Biontech para distribuir las vacunas en Chile, indicando si existen cláusulas de carácter reservado por motivos de seguridad nacional o de otra índole (Amparo Rol n.º rol C714-21).

2.3. Incumplimiento de requerimientos del CPLT

El CPLT comunicó a la Subsecretaría de Salúd Pública la reitera incumplimiento de las decisiones de Amparo y requerimientos de cumplimientos realizadas, para que se ponunciara al respecto. La Subsecretaría de Salúd Pública respondió al oficio indicando que sus funciones se habían visto afectadas por crisis sanitaria, que ha supuesto un aumento exponencial de las solicitudes de información pública, por lo que solicitó una ampliación del plazo de entrega de la información pendiente en 44 decisiones de amparo, fijándose el 29 de enero como plazo de cumplimiento (Oficio CPLT n.º 11 de 19 de enero). Sin embargo, pasada la fecha acordada, la Subsecretaría de Salúd Pública aún no entrega la información requerida.

2.4. Transparencia en el gasto y distribución de la vacuna

El CPLT ofició el día 23 de noviembre pasado (Nº 1131)xxvii al Ministerio de Salud para solicitar información sobre la estrategia nacional de vacunas COVID-19, tanto en materia de gasto como de distribución de las vacunas que compró el Estado. Por la información disponible, el Ministerio de Salud no ha facilitado ninguna respuesta a la solicitud del CPLTxxviii.

3. OTROS TEMAS

3.1. Crisis financiera de las empresas periodísticas

El Grupo Copesa, controlador de varios medios de comunicación, anunció el despido de casi 200 trabajadores, y el cese de la difusión de las versiones en papel de La Cuarta, y las revistas Paula y Más Deco. Asimismo, reduce la circulación en papel del diario La Tercera y Pulso, que durante los fines de semana se reducirá a la Región Metropolitana y Valparaíso. Desde el Sindicato 3 de Copesa acusan que los despidos se deben al mal manejo del gerente general de la compañía, quien provocó una crisis financiera dentro de la empresaxxix.

3.2. Polémica por acción judicial de la PDI por expresiones de un periodista

Abogado de la PDI presentó acción judicial contra el periodista Jose Antonio Neme y el canal de Televisión La Red, por las expresiones en las que se cuestiona el operativo policial de la PDI en la comunidad de Temucuicui realizado el pasado 7 de eneroxxx. En el recurso de protección presentado, se solicita la eliminación de los comentarios del periodista, disponible en la página web del medios de comunicación, así como si abstención de emitir comentarios deshonrosos vinculados a la muerte del subinspector de la PDI. La Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el recurso de protección (Rol n.º 386-2021).

i https://www.facebook.com/1549523881931927/posts/2767773176773652/ https://twitter.com/Chiledicebasta2/status/1346088029799251968

ii https://twitter.com/agenciaunochile/status/1346094061745278976

https://www.chvnoticias.cl/nacional/carabineros-camarografo-detenido-informar_20210104/ https://www.chvnoticias.cl/nacional/carabineros-camarografo-detenido-informar_20210104/ https://www.chvnoticias.cl/nacional/video-momento-camarografo-chv-noticias-detenido-carabineros_20210104/

iii https://www.encancha.cl/tiempo-x/television/2021/1/4/fui-el-unico-esposado-camarografo-de-cnn-chv-relata-violenta-detencion-70653.html

iv https://www.cnnchile.com/pais/declaracion-direccion-centro-noticias-warner-media-detencion-camarografo_20210104/

v https://www.cnnchile.com/pais/carabineros-detencion-camarografo-funcion-informar_20210104/?_ga=2.59384677.978627556.1609987936-1731529074.1607790407

vi https://www.chvnoticias.cl/nacional/bellolio-camarografo-detenido-carabineros-prensa_20210104/

vii https://twitter.com/amacasqui/status/1346245656286015489

viii https://twitter.com/FpvrPrensa/status/1346521831243657219

ix https://twitter.com/FpvrPrensa/status/1346521831243657219

x https://www.instagram.com/p/CJrnJ3sp6KV/

xi https://www.instagram.com/p/CJsBgMbJDDS/

xii https://twitter.com/EPInforma/status/1346224109710094337 https://twitter.com/PiensaPrensa/status/1346215208956649479

xiii https://twitter.com/FpvrPrensa/status/1346221823495729155

xiv https://twitter.com/prensaopal/status/1346244296165494785

xv https://twitter.com/EPInforma/status/1346230953006551040

xvi https://twitter.com/PiensaPrensa/status/1346245726658039808

xvii https://twitter.com/El_Ciudadano/status/1349017605827403785

xviii https://www.instagram.com/p/CKFVr55lOAt/

xix Ver resgistro de video, a partir de minuto 17, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=PTIMcuvSjag

xx https://www.instagram.com/p/CKq9WqSJRo9/

xxi Causa RIT-851-2021 RUC2100096366-3 en el 8º Juzgado de Garantía de Santiago.

xxii https://www.instagram.com/p/CKqU0sPJmvj/

xxiii https://www.youtube.com/watch?v=1sN4HqPD2pM

xxiv https://www.instagram.com/p/CKrON7KpK8D/

xxv https://twitter.com/MegafonoPopular/status/1355329291207258116

xxvi https://www.instagram.com/p/CKpqkghpkJk/

xxvii https://www.consejotransparencia.cl/cplt-manifiesta-preocupacion-por-transparencia-en-gasto-y-distribucion-de-la-vacuna/

xxviii https://www.consejotransparencia.cl/balance-del-cplt-mostro-alza-en-demanda-por-transparencia-asociada-al-estallido-social-y-pandemia-en-el-2020/

xxix https://twitter.com/sindicatocop3sa/status/1355179930380890113

xxx https://www.lared.cl/2021/programas/programas-completos-holachile/hola-chile-programa-completo-jueves-07-de-enero-2021

Diciembre: 2020 concluye con un aumento de los ataques a la prensa

Durante un año marcado por la pandemia COVID-19 y las restricciones de movilidad, no han cesado los ataques a la prensa que ha salido a la calle a cubrir las movilizaciones. En 2019 muchos ataques se produjeron en protestas masivas en un contexto de uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes de orden público; en 2020, con protestas puntuales y menos masivas, se ha evidenciado que los ataques de Carabineros de Chile a la prensa son intencionados, que consisten principalmente en detenciones arbitrarias e ilegales, siendo sus principales víctimas los comunicadores y medios independientes que se dedican a documentar las prácticas de abuso policial. Si bien el número de agresiones es significativamente menor al producido en los primeros meses del estallido social, destaca el elevado número de detenciones arbitrarias registrado y que llega a 69 casos en 2020, cifra que según los datos disponibles es la mayor producida desde el final de la Dictadura.

Cómo se aprecia en este gráfico, la reactivación de las protestas masivas durante los últimos meses de 2020 ha evidenciado el uso indiscriminado de armas disuasivas por parte de Carabineros de Chile. En noviembre y diciembre se han documentado numerosos casos de reporteros que son atacados por los vehículos lanzaaguas y sufren quemaduras por la excesiva concentración de agentes químicos o reciben chorros de agua a alta presión que provocan fuertes golpes. A pesar de las denuncias por la peligrosidad del uso de estos dispositivos ante distintos poderes del Estado, hasta el momento no se ha tomado ninguna medida al respecto.

1. Hostigamiento y ataques a la prensa

1.1. Detenciones

Santiago: 

El día 01 de diciembre ocurrió la detención del reportero de Agencia Panoptiko por parte de Carabineros, luego de ser objeto de controles de identidad y de registrar con su cámara  detenciones de manifestantes. Cabe destacar que la detención se dio mientras realizaba transmisiones en vivo con el fin de dar cobertura a las manifestaciones que ocurrían en las inmediaciones del Palacio de La Moneda por la libertad de los presos detenidos durante la revuelta de octubre de 2019. 

El mismo día 01 de diciembre de 2020, en la intersección del paseo Puente y calle Santo Domingo,  una corresponsal de “Prensa al Tanto” en conjunto con dos colaboradoras del Periódico “El Irreverente” fueron detenidas y golpeadas por documentar la violenta detención de comerciantes apostados en dicha intersección. Las dos colaboradoras de “El Irreverente” sufrieron contusiones en brazos, piernas y cara por golpes de puño y patadas, además acusaron ser abusadas sexualmente por parte de Carabineros. Compañeros de las reporteras se acercaron a la Primera Comisaría de Santiago para consultar por el estado de las corresponsales, señalando que Carabineros intentó ocultar el hecho negando la detención.

El día 11 de diciembre de 2020 en la ciudad de Santiago, fue detenido por Carabineros un periodista del diario Clarín de Argentina, mientras ejercía su trabajo periodístico en las inmediaciones de la Alameda. Horas después fue puesto en libertad.

El 16 de diciembre, Carabineros arrestaron a dos reporteros que fueron atacados por manifestantes de un grupo de ultraderecha. Fueron  trasladados a la 1º comisaría de Santiago y puestos en libertad horas después.

El día 25 de diciembre de 2020 una Periodista de la agencia internacional Pressenza es detenida en sector P. Forestal, tras cuestionar a Carabineros el no uso de su identificación oficial.

El día 28 de diciembre, en las inmediaciones de la Alameda fue detenido sin motivo aparente por Carabineros el reportero Osvaldo Tello. Fue acusado de infringir el código sanitario. Después de 8 horas detenido fue liberado tras ser acusado de desórdenes públicos. 

Antofagasta: 

En la ciudad de Antofagasta, el día 1 de diciembre de 2020 se registró la detención de dos reporteros independientes por parte de Carabineros. Los reporteros se encontraban registrando las protestas en un barrio de la ciudad.

1.2. Agresiones por parte de agentes del Estado:

Santiago: 

El día 04 de diciembre de 2020 en la esquina de la Alameda con San Antonio se registró la agresión por parte de un Carabinero identificado como “C.O.P 20-8-12”, a un reportero que registraba el momento de la detención de manifestantes. El reportero también denunció haber sido objeto de ataque con químicos desde un vehículo lanza aguas.

El día 11 de diciembre de 2020 en las inmediaciones del metro Universidad de Chile, según brigadistas de salud, un fotógrafo independiente recibió el  impacto del  lanzaaguas de Carabineros, y al caer se golpeó las piernas con unos fierros. Fue trasladado a la posta central con grandes dolores y en estado de shock. Se desconoce su estado actual. 

El día 11 de diciembre de 2020, el reportero gráfico J. A. sufrió una luxofractura en su hombro izquierdo mientras cubría manifestaciones sociales, esto como consecuencia de una agresión por parte de Carabineros.

El mismo día 11, en las inmediaciones del Palacio de la Moneda, según testimonio de la organización CODEPU, la reportera de iniciales C.C.N. sufrió quemaduras por el uso de químicos por el vehículo lanza aguas durante la cobertura de protestas. Debido a las quemaduras fue necesario trasladarla a un servicio médico al día siguiente, tras lo cual presentó una denuncia por estas lesiones ante la PDI.

El mismo día, el reportero de la Agencia Panoptiko, informó que sufrió quemaduras químicas de consideración provocadas por el  vehículo lanzaaguas de Carabineros, durante la cobertura de las protestas desarrolladas en la tarde del 11 diciembre. Debido a las quemaduras fue necesario acudir a un servicio médico.

El día 28 de diciembre de 2020, en el contexto de la conmemoración de la muerte de Mauricio Fredes durante el estallido social, una periodista fue atacada por un carro lanza agua, causando que quedara inconsciente por algunos minutos. En el mismo contexto, un Carabinero identificado con el Casco 20-B-07 atacó con gas pimienta a reporteros que cubrían manifestaciones en el sector del Parque Forestal. 

1.3. Otras restricciones

El 9 diciembre, en el Aeropuerto internacional la PDI impidió el ingreso a Chile de la periodista colombiana Natalia Cardona, que fue deportada horas después a pesar de las gestiones realizadas por organizaciones de DDHH y el INDH.

El 22 de diciembre, en un punto de prensa a raíz de una balacera que se produjo en una feria navideña de la comuna, la alcaldesa de Maipú denostó al medio local independiente “La Voz de Maipú” y se negó a responder a la pregunta formulada por el medio, indicando «No me voy a referir a los medios pasquines políticos», por lo que sólo atendió las preguntas realizadas por otros medios de comunicación presentes.

2. Límites a la transparencia y el acceso a la información

El Consejo para la Transparencia (CPLT) instruyó investigaciones sumarias en las subsecretarías de salud de salud pública y de redes asistenciales por infracciones a la Ley de Transparencia en materia de acceso a información. El CPLT evidenció reiterados incumplimientos por parte de los organismos públicos del ámbito sanitario, tales como solicitudes de información sin responder o entrega de antecedentes fuera de plazo, entre otras. En el caso de la subsecretaría de Redes Asistenciales se identificaron requerimientos de 2019, previo a la pandemia, sin ningún tipo de gestión.

Respecto de la adquisición de las vacunas para la pandemia COVID-19, el CPLT manifiestó su preocupación por la falta de transparencia en la información relativa al gasto y distribución de la vacuna

3. Tribunales de justicia y libertad de expresión

La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por el fotógrafo que había sufrido quemaduras por los químicos utilizados por el vehículo lanzaaguas mientras cubría una manifestación el pasado 27 de noviembre. El recurso solicitaba al Tribunal que ordenara a Carabineros el cese del empleo del carro lanza aguas con elementos químicos que puedan causar quemaduras u otros daños a la vida, salud e integridad de las personas. Tanto la Corte de Apelaciones, en su sentencia del 17 de diciembre, como la Corte Suprema el 30 de diciembre, consideraron que las medidas solicitadas por el recurrente son ajenos a los supuestos y fines del recurso de amparo.

La Corte Suprema, en su sentencia del 21 de diciembre (Rol 72061-2020) ordenó la eliminación de varias publicaciones realizadas en los perfiles de Facebook de “Transparencia La Pintana” y “La Pintana Informe”, por considerar que vulneraron el derecho a la honra de un cargo público. La controvertida sentencia establece una forma de censura previa al ordenar a los citados medios de comunicación «abstenerse de publicar en ella o en cualquier otra red o medio de comunicación social o de difusión masiva mensajes que denuestan al actor». El tribunal vincula la protección del ejercicio del periodismo y la investigación informativa con la exigencia de un título profesional, adoptando una concepción formal del periodismo en lugar de la funcional que reconocen los estándares internacionales.