#COMUNICASINMIEDO busca empoderar a periodistas, comunicadores/as, fotógrafos/as, audiovisuales y medios de comunicación para construir una comunidad virtual que por medio del trabajo en red en distintas instancias sea capaz de incidir en el debate, visibilizando los riesgos del ejercicio de las labores periodísticas e impulsando medidas efectivas que garanticen el derecho a la libertad de expresión y a la comunicación.
Es fundamental dar visibilidad a los problemas y riesgos de seguridad integral que enfrentan periodistas y comunicadores/comunicadoras, promover y educar sobre los derechos de las y los periodistas y comunicadores sociales; y difundir y posicionar propuestas en materia de políticas públicas que resguarden de forma efectiva la seguridad de periodistas en su trabajo informativo.
Desde la crisis social de 2019 se ha producido un preocupante aumento de las agresiones a la prensa, a través de amenazas e intimidaciones contra periodistas, comunicadores/as, fotógrafos/as y medios de comunicación. Desde entonces se han registrado más de 400 agresiones por parte de fuerzas del orden público, un ataque con disparos a un equipo de TVN en La Araucanía en 2021 y el lamentable fallecimiento de Francisca Sandoval, reportera de Señal 3 La Victoria asesinada por un disparo el 1° de mayo en 2022.
Solo en lo que va de 2023, se han registrado casi una decena de agresiones, amenazas a través de redes sociales, hostigamiento durante coberturas y situaciones de acoso judicial que terminan con condenas desproporcionadas que afectan a la libertad de prensa e inhiben el control social sobre los funcionarios públicos.
Sumado a ello, el 28 de febrero la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció nuevamente al Estado de Chile como responsable de vulneración a la libertad de expresión y a las garantías judiciales del defensor medioambiental Carlos Baraona Gray, quien acudió al tribunal internacional tras ser condenado por injurias graves ya que se trasgredió su opción a expresarse libremente desde la perspectiva de una crítica política a la gestión de una autoridad pública. El fallo además obliga a modificar la legislación estableciendo un marco jurídico que proteja a periodistas y comunicadores/as frente al acoso judicial.
Estos hechos evidencian la necesidad de aportar información sobre la seguridad del ejercicio periodístico en nuestro país a través de la realización de un estudio que desarrollamos junto UNESCO para aplicar indicadores que pongan en contexto la situación de Chile en la región y, a la vez, impulsando iniciativas comunicacionales que generen conciencia entre los diferentes agentes involucrados: periodistas, fiscales, investigadores, legisladores, entre otros, para impulsar el debate y el desarrollo de medidas efectivas para la promoción de la seguridad y la protección de las y los trabajadores de la prensa.
Es fundamental avanzar en la modificación de la legislación trabajando en red y dialogando con todos los actores para garantizar el derecho efectivo a la libertad de expresión y a comunicar sin miedo.