Providencia, 25 de marzo de 2026 (ODC) ─ Un periodista del programa La tarde es nuestra de Canal 13 fue agredido físicamente mientras realizaba la cobertura de la clausura de la Clínica Médica Almirante Pastene, en la comuna de Providencia. El incidente ocurrió durante un operativo encabezado por la Municipalidad de Providencia y Carabineros, luego de que el recinto fuera clausurado por presuntas negligencias médicas relacionadas con un grave incidente ocurrido días anteriores.
Según informó Canal 13, mientras el periodista registraba el procedimiento e intentaba obtener declaraciones de personas que salían del establecimiento, un trabajador de la clínica reaccionó de forma violenta y golpeó la mano del comunicador, provocando que el micrófono cayera al suelo. Tras la agresión, el trabajador de la clínica se retiró sin entregar declaraciones.
Luego del incidente, el reportero señaló que el equipo de prensa se encontraba «cumpliendo con nuestro trabajo y que únicamente buscaba realizar una consulta a quienes permanecían en el recinto”. Posteriormente, otras personas abandonaron el lugar sin responder las preguntas formuladas por los periodistas presentes.
El operativo de clausura se desarrolló luego de que la Municipalidad de Providencia decretó el cierre de la clínica tras un caso de presunta negligencia médica ocurrido el 20 de marzo, cuando una paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio durante un procedimiento asociado a problemas con la anestesia. La fiscalización contó con apoyo de Carabineros y tuvo por objeto hacer efectiva la paralización total de las actividades del establecimiento.
Desde el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) rechazamos las agresiones físicas contra periodistas y trabajadores de las comunicaciones durante el ejercicio de sus funciones. La violencia ejercida contra equipos de prensa constituye una afectación directa al ejercicio de la libertad de prensa y genera condiciones adversas para la cobertura de hechos de interés público. Garantizar que periodistas puedan desarrollar su labor sin amenazas, intimidaciones o agresiones resulta indispensable para proteger el derecho de la ciudadanía a acceder a información de relevancia pública.
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