Temuco, 11 de marzo de 2026 (ODC) ─ Un trabajador de las comunicaciones fue detenido mientras registraba una detención policial durante una manifestación realizada en la Plaza de Armas de Temuco, en el contexto del inicio del gobierno del presidente José Antonio Kast. De acuerdo con la información difundida por el director de El Ciudadano, Javier Pineda Olcay, a través de sus redes sociales, el comunicador fue una de las tres personas detenidas durante el operativo policial.
La movilización reunió a manifestantes que expresaron su rechazo al programa político del nuevo gobierno y se desarrolló en el centro de la capital regional. Durante la protesta se registraron momentos de interpelaciones hacia el nuevo delegado presidencial de La Araucanía, Francisco Ljubetic, y la detención de tres manifestantes por parte de funcionarios de Carabineros de civil.
Entre las personas detenidas se encontraba un trabajador de las comunicaciones que registraba las detenciones realizadas por Carabineros. Junto a él también fueron detenidas una adolescente de 17 años y una persona en situación de discapacidad, quien habría sido liberada prontamente. Según Javier Pineda, los observadores de DDHH señalarían que las tres detenciones serían de carácter ilegal debido a que “ningún delito se cometía en flagrancia para que actuaran los funcionarios policiales de civil”.
El registro difundido en redes sociales muestra el procedimiento policial mientras el trabajador de las comunicaciones documentaba el actuar de los funcionarios, en un contexto de interés público asociado al desarrollo de la manifestación y al despliegue policial en el lugar.
Desde el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) manifestamos nuestra preocupación por la detención de trabajadores de las comunicaciones mientras realizan labores de registro de procedimientos policiales en espacios públicos. El monitoreo y documentación de manifestaciones constituye una actividad protegida por la libertad de expresión y el derecho a informar, por lo que cualquier restricción o afectación a su ejercicio debe ajustarse estrictamente a los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad. Asimismo, resulta fundamental que las autoridades garanticen condiciones para que periodistas y trabajadores de las comunicaciones puedan desarrollar su labor sin sufrir detenciones arbitrarias o represalias derivadas del ejercicio de su función informativa.
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