Santiago de Chile 19 de octubre de 2020. A un año del inicio del estallido social en Chile, miles de personas salieron a las calles a protestar. Durante la jornada Carabineros hizo uso de fuerza de forma desproporcionada, realizando cientos de detenciones a manifestantes y varios ataques a comunicadores que se encontraban realizando labores informativas. A continuación se indican los casos registrados por el Observatorio del Derecho a la Comunicación en la ciudad de Santiago:
Nicolas Valdebenito, fue detenido cuando se encontraba registrando el incendio a una Iglesia. Fue trasladado a la 33 Comisaría, donde fue puesto en libertad horas después.
Sebastián Silva, colaborador de la Agencia EFE, fue golpeado por funcionarios de Carabineros, detenido y trasladado a la 3ª Comisaria, donde pasó la noche. Más de 24 horas después fue puesto a disposición judicial, el órgano judicial declaró ilegal la detención y ordenó su puesta en libertad. No obstante la intendencia de la Región Metropolitana ha presentado una querella contra el fotoperiodista por el delito de desórdenes públicos.
Agresiones por parte de fuerzas policiales
Otro reportero del medio local La Voz de Maipú, Vlady Cortés, fue interceptado por motoristas de Carabineros mientras se encontraba registrando una protesta en la población 4 Álamos. Tras comprobar que contaba con credencial y salvoconducto, un funcionario le pidió que se quitara la máscara, tras lo cual lo gaseó con pimienta, produciendo quemaduras en la cara del reportero.
Las agresiones a la prensa por parte de las fuerzas de orden público han sido constantes desde el inicio del estallido social iniciado en octubre de 2019, y no han cesado durante la pandemia por COVID-19. Desde la declaración del Estado de emergencia sanitaria, el pasado mes de marzo, el Observatorio por el Derecho a la Comunicación ha registrado más de medio centenar de detenciones a reporteros. Durante estos meses también se ha constatado el hostigamiento y amenazas a integrantes de medios de comunicación independientes que se han destacado en la denuncia de vulneraciones de derechos humanos por parte de las fuerzas policiales.
Fe de erratas: en la primera versión de este post se afirmaba erróneamente que «El fotógrafo Antonio Kadima recibió el impacto de una bomba lacrimógena mientras cubría las manifestaciones» tomando como fuente la noticia publicada por El Desconcierto, sin embargo la propia víctima nos confirmó que la lesión fue debida a un objeto lanzado por los manifestantes.
El estallido social y la posterior crisis por la pandemia COVID-19 han evidenciado la importancia de los medios y comunicadores independientes. Su rol ha sido clave registrando las vulneraciones a los derechos humanos durante las protestas, dando a conocer una realidad que los grandes medios han opacado, pero también aportando evidencias que servirán de pruebas en numerosos casos judiciales. Durante la pandemia han sido también periodistas independientes los primeros en cuestionar las cifras oficiales y en denunciar el ocultamiento de la magnitud de la pandemia.
Durante este mes destacamos también el reportaje de Brian Arredondo, Belén Sabbag y Francisca Vargas sobre las adversas condiciones que debido soportar los medios comunitarios tales como Radio Manque de Rancagua, Radio Plaza de la Dignidad y Radio La Voz de Paine. De acuerdo a la publicación, los comunicadores de estas radios han sido víctimas del hostigamiento policial continuamente, el cual se ha incrementado desde el estallido. La pandemia, por su parte, los ha impulsado a utilizar nuevas plataformas, generando redes para realizar foros, transmisiones en conjunto y cadenazos radiales que han aumentado el flujo de usuarios en las plataformas que utilizan, además de compartir contenido creado por los distintos participantes. Por último, también han tenido que enfrentar la judicialización por exigir el respeto a su derecho a la libertad de expresión y de la comunicación.
Finalmente, la falta de transparencia no deja de tener protagonismo en nuestro boletín. Si bien el Gobierno fue mejorando la comunicación pública sobre la pandemia, el Ministerio de Salud se niega a responder, de forma sistemática, a la solicitudes de acceso a la información pública, eludiendo entregar informes y datos que no figuran en las web oficiales.
Índice:
1. Hostigamiento a la prensa
1.1. Amenazas y agresiones a reporteros/as
1.2. Obstaculización a la labor periodística
2. Límites a la transparencia y acceso a la información
2.1. Ocultamiento de información sobre la pandemia
2.2. Denegación de solicitudes de acceso a información pública
2.3. Incumplimiento de la Ley del Lobby
3. Faltas a la ética periodística
4. Restricciones a la expresión de críticas
4.1. Censura a la expresión artística
4.2 Condena por difusión de información reservada
5. Laxitud y discrecionalidad en la regulación de la TV
5.1 Pluralismo político en matinales
5.2 Cuestiones de criterios de asignación de fondo CNTV
6. Crisis económica de la industria mediática
6.1. Despidos y disminución de la inversión publicitaria en medios digitales y TV
6.2 Crisis del grupo SAIEH – Copesa
El día 09 de septiembre, en Bonifacio, costa de Valdivia, desconocidos intentaron quemar la Radio comunitaria Lafken Mawidaiii, de la recientemente conformada Red de Medios Radiales del Wallmapu y la Patagonia. El incendio afectó la estructura del estudio de la radio comunitaria, la que se encontraba en su etapa final de construcción. Los hechos ocurrieron después de una intensa semana de movilizaciones que involucraron reuniones con las autoridades locales del MOP y particulares, donde se discutió sobre las expropiaciones impagas hace tres años, el avance acelerado de las empresas inmobiliarias que están construyendo condominios y haciendo desaparecer el bosque nativo.
El día 23 de septiembre de 2020 la agrupación de Prensa del Congreso Nacional denunció, a través de sus redes socialesix, que desde la Corporación del Senado han intentado, por distintos medios, coartar la labor de la Agrupación de Prensa del Congreso mediante tonos amenazantes y el establecimiento de puntos de prensa sin aceptar preguntas. Estas acusaciones ocurren en el contexto de la decisión de la Comisión de régimen interno del Senado que estableció que el secretario general de la Corporación, Raúl Guzmán, cesará sus funciones como secretario abocándose solo a tareas de carácter administrativo, una vez que sea formalizado por el Ministerio Público por infracciones a las normas sanitarias en el marco de la pandemia, debido al polémico almuerzo en un restaurante de San Miguel en plena cuarentena.
2. Límites a la transparencia y el acceso a la información
2.1. Ocultamiento de información sobre la pandemia
El fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, recurrió al máximo tribunal del país para que zanje la controversia. En el escrito, Armendáriz asegura que en este estado de la investigación se puede sostener que “el ministro Jaime Mañalich y su jefa de gabinete Itziar Linazasoro, habrían decidido implementar un sistema sui generis para la recolección de datos esenciales para la correcta gestión de la pandemia. Que ese sistema de recolección de datos no solo era improvisado y distinto del diseñado bajo parámetros técnicos, por el Departamento de Epidemiología del Minsal, sino que, además, manejaba información incompleta”.
La Corte Suprema tendrá que decidir si da curso a la incautación de correos que ya ordenó el juez de garantía Darwin Bratti y si los argumentos expuestos por el ministro Paris están dentro de aquellos que el artículo 209 del Código Procesal Penal contempla para que una autoridad se oponga a una medida intrusiva.
2.2. Denegación de solicitudes de acceso a información pública
Desde el inicio de la pandemia por COVID-19 se ha identificado una práctica reiterada de obstrucción por parte del gobierno respecto del acceso a documentación relativa a la gestión de la pandemia. En la práctica totalidad de las solicitudes realizadas por ODC, la Subsecretaría de Salud elude responder a las solicitudes dentro del plazo legal, por lo que ha sido necesario acudir al Consejo para la Transparencia (CPLT) para obtener respuesta. Durante el mes de septiembre el CPLT ha ordenado a la Subsecretaría de Salud la entrega de la siguiente información:
Copia de los informes y criterios utilizados para decidir la aplicación de cuarentenas con motivo del COVID-19 (Decisión amparo nº C3398-20 CPLTxi).
Criterios o recomendaciones para que los centros de salud y personal médico decidan en contextos de escasez de ventiladores y camas de cuidados intensivos, qué enfermos tienen acceso a atención, cuando no resulta posible darla a todos los que la requieren (Decisión amparo nº C3399-20 CPLTxii).
Copia de los informes científicos que tiene en su poder el órgano relativos al análisis de la propagación del COVID-19 en Chile, indicando fecha en los que fueron recepcionados (Decisión amparo nº C4002-20 CPLT).
Actas de la Mesa Social COVID-19, así como listado de personas y entidades que la componen (Decisión amparo nº C4004-20 CPLT).
A pesar de los requerimientos, el Ministerio de Salud aún no entrega la información solicitada, por lo que hasta el momento sólo ha sido posible acceder a la información que se encuentra disponible en la página web habilitada por el Ministerio, pero no a otras informaciones que sustentan la actuación del Gobierno durante la pandemia por COVID-19.
Finalmente, desde el Consejo afirmaron que la legislación actual en materia de Lobby no establece obligaciones sobre los sujetos activos de la actividad. Por ejemplo, no existe un registro de lobbistas ni de gestores de intereses particulares previo, ni tampoco resulta posible conocer qué intereses se están representando sino hasta que se solicita una audiencia.
El 24 de septiembre de 2020, el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social emitió una resoluciónxvii en la que declara que hubo una falta a la ética periodística en la transmisión del día 15 de mayo de 2020 en el programa radial “conectados con Agricultura”, el día en que participa el panelista Sergio Melnick y Sergio Hirane como conductor. En dicha transmisión el señor Sergio Melnik, utilizó un lenguaje con pertinaces descalificaciones para referirse a Michelle Bachelet, expresidenta de la República, tales como (textual) “vieja insoportable, vieja de mierda, enferma, inepta, nefasta, políticamente mugrienta, una basura”. Algunos de estos epítetos los repitió en el curso del programa. El panelista se refirió también en términos de menosprecio al diputado Giorgio Jackson y a la presidenta del Colegio Médico de Chile, Izkia Siches. El Consejo fundó su parecer principalmente en el hecho de que las expresiones referidas a supuestas conductas inmorales, antiéticas o delictuales deben fundarse en pruebas verosímiles en conocimiento y en poder de quien opina. La resolución condenatoria ordena al programa Conectados con Agricultura que, el día en que participa el panelista Sergio Melnick, su conductor Sergio Hirane, debe dar lectura al extracto de la resolución que se adjunta. Además, el medio deberá publicar el extracto en su sitio web durante 7 días continuos.
4. Restricciones a la expresión de críticas
4.1. Censura a la expresión artística
“Destruir en nuestro corazón la lógica del sistema”. Así rezaba el mensaje lumínico proyectado en círculo alrededor del monumento al general Manuel Baquedano en el corazón de la capital, la noche del jueves 24 de Septiembre. En el lugar además se proyectó con luces azules la llamada Estrella de Arauco (Guñelve), símbolo tradicional mapuche. Pasadas las 20.40 horas de aquel día llegó a la rotonda una patrulla de Carabineros que dispuso un foco en dirección a las luces para evitar la proyección.
Ante lo sucedido el Alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, se refirió a la necesidad de que este tipo de expresiones requieran de autorización previaxviii, señalando que “jamás vamos a ejercer censura previa, sino todo lo contrario [estamos] por patrocinar y apoyar, pero también hay una delgada línea para que esas instalaciones no vulneren ni lesionen la honra de las personas”.
4.2. Condena por difusión de información reservada
El lunes 21 de septiembre se dió a conocer la sentencia emitida por el Octavo Juzgado de Garantías, que condenó a 61 días de pena remitida a uno de los tres investigados por difundir la información hackeada por Anonymous a Carabineros de Chile (PacoLeaks)xx. El fiscal Felipe Sepúlveda explicó que el acusado puso un banner en la página web www.verdeclaveverde.com, que redirigía la búsqueda hacia el sitio donde los piratas informáticos subieron los datos sustraídos a la policía uniformada, en los días posteriores al 18 de octubre de 2019. Los hackers accedieron a más de diez mil documentos los cuales fueron difundidos los días 25, 26 y 27 de octubre de 2019, entre la información filtrada figuran datos como nombres, RUT, unidad a la que pertenecen, documentos con informes de inteligencia, entre otros.
5. Laxitud y discrecionalidad en la regulación de la TV
5.1 Pluralismo político en matinales
Un estudio exploratorio-cuantitativo realizado por el Consejo Nacional de Televisión sobre la presencia de actores políticos en los programas matinales y las características de su aparición en pantalla, arrojó importante información estadística sobre diversos temas vinculados a la diversidad y el pluralismo en los medios de comunicaciónxxi. El informe determinó que el 60% de los actores políticos que se presentan en los matinales corresponden al ejecutivo y al oficialismo, asimismo, del total de presencia de actores políticos, el 9,2% pertenece al Gobierno/Poder Ejecutivo; el 48,8% al oficialismo político; y el 41,9%a la oposición política. Si bien, el estudio no específicó cuánto de esa oposición correspondía a la nueva mayoría y cuanta a otros conglomerados.
El informe observó en general una minoritaria presencia de mujeres en los matinales, que corresponde a un 26,6% frente al 73,4% de los hombres. El estudio, sin embargo, puntualizó que la participación de mujeres en la política no era ajena a este fenómeno, comparando para ellos sus resultados con la proporción de hombres y mujeres en el Congreso Nacional.
En cuanto a la sociedad civil y al centralismo, existe una incipiente y dispar presencia de actores en los distintos matinales. Del total de casos analizados, solo el 10,3% corresponde a actores políticos que representan a la sociedad civil y en términos generales, se observa un predominio de temas desde la Región Metropolitana: 63,8% de los temas está focalizado en esta región; un 33% de los temas son de alcance nacional y un escaso 2,7% está referido a otras regiones.
Se debe tener presente que este estudio constituye la única respuesta efectiva realizada hasta ahora por el CNTV a la denuncia sobre ausencia de pluralismo político en televisión realizada durante junio por las bancadas de oposición, a raíz del estudio realizado por Conecta Media en el mes de marzo, según el cual Joaquin Lavín y otros políticas de derecha tenían una presencia muy alta en los programas matinales de TV, en comparacion con políticos de otras coaliciones. En el boletín nº3 del mes de Julio, ya dimos cuenta de una investigación sobre el pluralismo informativo en canales de TV abierta de alcance nacional, en el que todos los canales obtenían una puntuación negativaxxii. Ante la ausencia de las herramientas y procedimientos que establece el artículo 14 de ley, el CNTV sigue sin desarrollar una regulación robusta del pluralismo.
5.2. Cuestionamiento a criterios de asignación del fondo CNTV
Controversia produjo durante el mes de septiembre la decisión del Consejo Nacional de Televisión de no incluir la serie “Magnicidio” en los proyectos a los que adjudica fondos. La serie relata en formato de thriller las circunstancias que rodearon la muerte del ex presidente de la república Eduardo Freí Montalva, durante la Dictadura cívico-militar en Chile.
La ex senadora Carmen Frei y tres de sus hijos firmaron un texto en que se acusa un «bloqueo político» contra la serie «Magnicidio», a la que por segundo año consecutivo el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) no incluyó en los proyectos a los que adjudica fondos. Los Frei denuncian la existencia de un «veto» y la realización de «maniobras pequeñas», lamentando, en especial, «las explicaciones esgrimidas» por el exministro, militante DC y actual consejero del CNTV Genaro Arriagada. El senador DC Francisco Huenchumilla manifestó su apoyo a la familia Frei, considerando: «muy poco comprensible esta decisión de una mayoría del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), dado que la existencia de una institución como la señalada, en un contexto democrático, debe fundarse, ya sea de manera explícita o tácita, en aspectos que vayan un poco más allá del ‘correcto funcionamiento’ de la televisión; guiándose también, y con toda intencionalidad, a la promoción de valores indispensables en una sociedad del siglo XXI, como son la democracia, el pluralismo y el respeto por los derechos humanos».
Los dichos de Huenchumilla contrastan con lo señalado por el actor nacional Luis Gnecco, quien cuestionó la preeminencia de criterios políticos por sobre critérios técnicos en este tipo de decisiones: «este extraño organismo que es el CNTV está compuesto en su mayoría por abogados y no por personas expertas en lo audiovisual, salvo dos o tres. Finalmente los proyectos ganadores se reparten dentro de la binominalidad habitual derecha-izquierda, suponemos dentro de los gustos o conveniencias políticas que cada consejero pueda tener», agregando que, «A todas luces una situación a la que no deben verse expuestos estos proyectos, que por ser obras artísticas no debieran estar sometidos a una evaluación política que es la que finalmente se produce. Una deliberación de esta índole se acerca más a un régimen dictatorial que ve lo conveniente o inconveniente y no a una democracia, que debiera premiar la diversidad», en esa misma línea enfatizó que «los proyectos se ven enfrentados a una especie de Corte Suprema con el color político del gobierno de turno y no a un organismo técnico idóneo para juzgar sus fortalezas y debilidadesxxiii.”
6. Crisis económica de la industria mediática
6.1. Despidos y disminución de la inversión publicitaria en medios digitales y TV
Álvaro Saieh es el dueño del conglomerado empresarial CorpGroup que mantiene intereses en diversas áreas: banca retail, turísmo, inmobiliarias y medios de comunicación, en una posición destacada que por varios años lo ha instalado dentro de los 5 hombres más ricos de Chile, y de los 800 con mayor patrimonio a nivel mundial.
No obstante aquellos antecedentes, en el mes de septiembre se conocieron, una vez más, de los problemas de financiamiento de algunas de las áreas de interés del grupo, deudas que han afectado el brazo de medios del holding COPESA, que mantiene La Tercera, La Cuarta, La Hora, Qué Pasa, además de Grupo Dial con algunas radioemisoras de alcance nacional.En lo inmediato la falta de liquidez ha significado para COPESA y DIAL el despido de periodistas y personal profesional (justificado en los efectos de la pandemia) y transformación del modelo de difusión de los contenidos desde soporte físico a onlinexxvii.
El negocio de medios para un conglomerado como CorpGroup es significativo, pensando en que en Chile existe una importante concentración de medios, para el caso son dos las que manejan las cadenas de diarios a nivel nacional, con avisaje cautivo, poder que se expresa, junto con El Mercurio, en el control de “Agenda Setting”, influencia determinante incluso a la hora de tratar la misma crisis que atraviesa el holding, intereses cruzados que muchas veces hacen difícil distinguir la noticia de la relaciones públicas.
Inauguramos nuestra práctica de boletines informativos mensuales con los acontecimientos que hemos podido documentar durante el mes de mayo en el que hemos visto vulnerado el derecho a la comunicación en Chile, dentro de un contexto complejo en el cual el estallido social no ha terminado de resolverse y la pandemia de COVID19 aparece como una nueva variable que debe ser incorporada a la ecuación.
Hostigamiento a la prensa
El 3 de mayo se conmemoró el Día internacional de la libertad de prensa. En Chile durante esa semana se produjeron ataques a la prensa y más de 20 detenciones de reporteros que realizaban cobertura de protestas. Todos los detenidos fueron liberados a las pocas horas libres de cargos, a excepción de un periodista que pasó la noche en comisaría y enfrenta un procedimiento penal acusado de desórdenes públicos.
La mayor parte de detenciones se produjo en Santiago, en la manifestación que varias organizaciones realizaron en Plaza Baquedano el 1º de mayo. Funcionarios de Carabineros realizaron detenciones indiscriminadas, incluyendo a numerosos reporteros. La Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) informó que 15 profesionales fueron subidos a un carro policial y llevados hasta la 9ª comisaría de Providencia. La mayor parte de detenciones se produjo en Santiago, en la manifestación que varias organizaciones realizaron en Plaza Baquedano. Funcionarios de Carabineros realizaron detenciones indiscriminadas, incluyendo a numerosos reporteros. Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) informó 15 profesionales fueron subidos a un carro policial y llevados hasta la 9ª comisaría de Providencia. Entre los detenidos se encontraba un equipo de 3 reporteros de la televisión comunitaria Señal 3 de La Victoria1. Posteriormente, cuando la manifestación ya había terminado fueron detenidos al menos otros 5 reporteros, uno de los cuales ya había sido detenido horas antes2. A consecuencia de lo ocurrido, Señal 3 presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago , que el pasado 29 de mayo fue inadmitido por el tribunal3.
También se registraron agresiones y detenciones a prensa durante la manifestación por el 1º de mayo en Valparaíso. Un reportero de CNN Chile fue atacado con Gas pimienta y varios reporterosrecibieron el chorro del carro lanza aguas a corta distancia4. También fue detenido un fotógrafo de La Estrella de Valparaíso5 y un grupo de fotoreporteros fue agredido por carabineros6.
Asimismo, el presidente del Colegio de Periodistas de Valparaíso Danilo Ahumada, fue detenido y puesto a disposición judicial al día siguiente7. Si bien quedó en libertad posteriormente, el Ministerio Fiscal y la Intendencia de la Región de Valparaíso presentaron una querella contra el periodista por la comisión de un delito de desórdenes públicos8.
Lamentablemente en las semanas posteriores se han seguido produciendo nuevas agresiones contra la prensa:
Según informa el Colegio de Periodistas, el 12 de mayo también fue detenido el periodista Dino Pancani siendo víctima de menoscabo en una Comisaría de Peñalolén9.
Según informa la Red de Periodistas y Comunicadores Migrantes, el 15 de mayo el periodista Marc Dezinord fue objeto de una agresión por parte de Carabineros, cuando estaba reporteando la concentración de trabajadores/as que reclamaban por sus pagos y liquidaciones a una empresa de alimentos en la comuna de Colina10.
La noche del 22 de mayo fue nuevamente detenido y golpeado un reportero de Señal 3 de La Victoria11.
La noche del 29 de mayo un camarógrafo del equipo de TeleSur en Chile fue objeto de un control de identidad por parte de carabineros, que habría tenido por objeto impedir que registrara una protesta que se estaba desarrollando en la población Lo Hermida, región Metropolitana. El policía no devolvió al camarógrafo su cédula de identidad12.
Restricciones durante ruedas de prensa
Periodistas de varios medios de Iquique denunciaron reiteradas restricciones a la labor informativa durante las ruedas de prensa de las autoridades de la ciudad. Con motivo de la pandemia del COVID-19 las ruedas de prensa se realizan de forma virtual y el formato utilizado por las autoridades no permite la realización de preguntas en directo a los periodistas, sino que estos tienen que enviar previamente sus preguntas. Estas prácticas fueron cuestionadas a finales del mes de abril, pero continúan a pesar de las quejas; incluso, algunos medios indican que sus preguntas son excluidas. Asimismo, indican el trato hostil a la prensa por parte del Jefe de Defensa Nacional de Tarapacá, que los acusa de desinformar, contribuyendo a la estigmatización y a socavar el rol de la prensa en su función de cuestionar y chequear información13.
En una línea similar, el Consejo Regional Aysén del Colegio de Periodistas emitió una declaración pública en la que denunció restricciones en el desarrollo de las ruedas de prensa de las autoridades de esta región14.
Despidos y desvinculación de periodistas
A mediados de mayo, el Colegio de Periodistas de Chile alertó de la utilización abusiva por parte de las empresas de comunicación de la Ley de protección al empleo, que permite a empleadores suspender contratos y reducir los sueldos, medidas que estarían siendo aplicadas de manera arbitraria y bajo presión15.
PUBLIMETRO suspendió el pasado 15 de mayo la difusión de su publicación impresa. La empresa suspenderá los contratos de más de 20 trabajadores que se suman a los 41 suspendidos el 1 de mayo, según informa el sindicato de la empresa16.
EL MERCURIO despidió a 143 trabajadores/as, entre los cuales se encuentran al menos 36 periodistas, según informa la Federación Chilena de Sindicatos de la Televisión17.
Canal 13 TV apartó a la periodista Mónica González del programa Mesa Central. La recientemente galardonada con el Premio Nacional de Periodismo, había protagonizado algunos de los momentos estelares del programa, en el que mostraba una opinión crítica respecto del modo en que el Gobierno estaba gestionando la pandemia del COVID-1918.
Ataques y censura a la expresión artística
Delight Lab es un estudio lumínico audiovisual que realiza expresiones artísticas relacionadas con crisis sociales y ambientales. Durante los últimos meses se ha hecho conocido por ser el responsable de proyectar de forma periódica palabras luminiscentes en la fachada de uno de los edificios de la denominada Plaza Dignidad. En un comunicado de prensa difundido el 20 de mayo, Delight Lab denunció acoso y censura, así como amenazadas a sus integrantes, argumentando que trata de una operación previamente concertada que pone en riesgo su integridad física y vulnera sus derechos, por lo anunciaron la presentación de una acción judicial19. Los hechos denunciados en su comunicado son los siguientes:
El pasado domingo 17 de mayo nuestra cuenta de instagram (principal plataforma de difusión de nuestro trabajo) fue hackeada, impidiendo su acceso. Posteriormente fue borrada, por lo cual tuvimos que crear una nueva cuenta.
El día lunes 18 proyectamos la palabra “Hambre”, como un modo de promover la ayuda a personas que están sufriendo esta crisis en Chile. Ese mismo día, recibimos una serie de emails, mensajes personales, ataques e insultos a través de redes sociales e incluso cuentas privadas. Además, subieron fotos nuestras, que incluían nuestro rut, direcciones y otros datos privados. No reproduciremos acá el calibre de los insultos y groserías recibidas, pero nos advertían que nos “cuidáramos” y que si seguíamos haciendo nuestro arte sufriríamos las consecuencias. A esto se suman las inaceptables palabras del diputado RN Diego Shalper, quien nos trató de “miserables” y pidió que se investigara y
persiguiera a quienes estaban detrás de las proyecciones lumínicas porque responderíamos a una “ideología y agenda política, violencia incluida”. Estas declaraciones sí son violentas, no lo que hacemos nosotros, e incluso alguien podría interpretarlas como una incitación a las persecuciones y amedrentamientos que estamos sufriendo.
3. Ayer, martes 19 de mayo, mientras realizábamos otra proyección, de la palabra “Humanidad”, aparecieron unos focos blancos, desde un camión especialmente habilitado y protegido por Carabineros, iluminando la zona de manera de hacer ilegibles los mensajes, en un inaceptable acto de censura y atentado a la libertad de expresión.
El viernes 15 de mayo, el artista Francisco Tapia20, en el marco de una exposición en balcones Al aire libre, exhibió en el balcón del edificio de José Miguel de la Barra con calle Merced de la capital una escultura denominada Retórica del victimista en la que se representaba un policía colgando del balcón a punto de dispararse un tiro en la boca. Pocos minutos después de exponerse públicamente la obra, acudieron al lugar funcionarios de Carabineros de Chile que procedieron a retirar la obra, que hasta el momento no ha sido devuelta21.
Hostigamiento penal contra expresiones críticas
Según las informaciones recibidas, la empresa de aguas sanitarias del litoral central ESVAL ha presentado querellas contra MODATIMA San Antonio, por la publicación en redes sociales de un video donde se demuestra, por medio de un dispositivo, del alto contenido de sólidos disueltos del agua que la sanitaria entrega en miles de hogares de la provincia, así como contra el activista Pablo Salinas por la nota publicada en Facebook el pasado 17 de marzo pasado, titulada «Esval nos cobra, y caro, por contaminar»22.
Transparencia y acceso a información pública en contexto COVID-19
Desde el inicio de la propagación de la pandemia por COVID-19 en Chile, distintos medios y organismos demandan una mayor transparencia en la difusión de las cifras oficiales, así como la puesta a disposición de datos desagregados y los criterios utilizados para decretar las medidas de distanciamiento y restricciones a la movilidad. Esta situación está generando desconfianza hacia la información ofrecida por las autoridades23.
El Consejo para la Transparencia viene realizando una serie de recomendaciones a los organismos públicos desde el inicio de la pandemia. El CPLT evidencia avances en la información pública pero indica que persisten brechas respecto de la transparencia y acceso a estadísticas desagregadas que permitan entender mejor el comportamiento de la enfermedad. Es el caso de cifras sobre hospitalización según sector –público y privado- e información sobre fallecidos– no se cuenta con datos por comuna, género o enfermedades preexistentes-, entre otras24.
En esta misma tónica, el Gobierno tampoco publica las actas de la Mesa Social Covid-19, instancia de trabajo que reúne a diversos actores de sociedad civil y autoridades de Gobierno25.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación creó la Mesa de Datos Covid-19 para poner datos epidemiológicos y demográficos a disposición de la comunidad científica. Sin embargo, el Ministerio de Salud no está proporcionando datos actualizados, abiertos, desagregados y auditables, ni está facilitando la colaboración con la comunidad científica, lo que ha provocado que el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos suspendiera su participación en la Mesa de Datos Covid-1926.
Ante solicitudes de acceso a información pública el Ministerio de Salud no está cumpliendo con los plazos de respuesta establecidos en la ley (entre otros Amparo C2068-20 ante CPLT). En esta línea la periodista Alejandra Matus ha documentado la dificultad de informar cifras oficiales a consecuencia del retraso en el acceso a información pública relativa a cifras de mortalidad y afectados por el COVID-1927.
Restricciones de acceso a la información pública en el contexto del estallido social: actualización
En el contexto de la revuelta social que se inició el 18 de octubre pasado, ODC ha estado realizado un trabajo sistemático de requerimientos de acceso a la información, tanto al gobierno, hospitales e instituciones de orden y seguridad. A partir de las solicitudes realizadas, se han identificado los siguientes casos de ocultamiento de información pública.
Imposibilidad de acceder a los informes relativos a los destrozos producidos el 18 y 19 octubre contra estaciones de la red de Metro. La empresa pública Metro denegó el acceso a estos informes por tratarse de una entidad a la que la Ley de Transparencia no obliga a responder solicitudes de acceso a la información. Por otra parte, los organismos del Gobierno con competencias en transportes informaron al Consejo para la Transparencia que no contaban con los citados informes ya que Metro no los había facilitado. En consecuencia, el Consejo para la Transparencia denegó los Reclamos Amparo Rol C133-20 y C134-20
El Consejo para la Transparencia denegó el acceso a la agenda de reuniones del Presidente de la República. El motivo central de esta solicitud era confirmar la existencia de reuniones del Presidente y sus ministros con dueños de supermercados y con medios de comunicación los primeros días de la revuelta. En respuesta al reclamo de amparo C8265-19, el Consejo respalda la existencia de una causal de reserva por afectación al debido cumplimiento de sus funciones, así como por no incluirse al Presidente de la República como sujeto de la Ley de Lobby.
El Ministerio del Interior y Seguridad Pública mantiene conductas de obstrucción en el acceso a la información pública. De forma reiterada incumple los plazos legales establecidos en la Ley de Transparencia, deriva la solicitud a otros órganos, a pesar de contar con la información solicitada y entrega respuestas ambiguas y difusas. En la decisión de amparos C8252-19 y C8253-19, el Consejo para la Transparencia ordenó la entrega de un listado con la totalidad de las reuniones en que hayan participado el Ministro del Interior y el
Subsecretario del Interior y un listado de las reuniones con directivos de canales de televisión y diarios, durante 2019, indicando las personas que participaron. El plazo para la entrega de dicha información finalizó el pasado 14 de mayo y el Ministerio aún no entrega la información.
Reflexión final
ODC junto con la Fundación Datos Protegidos realizaron un informe sobre vulneraciones a la libertad de expresión en el contexto del estallido social, que cubrió exhaustivamente lo ocurrido durante las primeras cinco semanas del proceso28. Los datos correspondientes al presente mes de mayo, donde sobre la crisis social sin resolver se instala ahora una grave crisis sanitaria, son un llamado de alerta porque los ataques a los medios y a los trabajadores de la comunicación no han cesado y, por el contrario, se extienden a más ámbitos. Nos parece preocupante la aparición de nuevas formas de restricción de la libertad de expresión, como los ataques al colectivo artístico Delight Lab, así como la falta de protección judicial en casos como el recurso de protección presentado por parte del canal comunitario Señal 3, que fue inadmitido.
Asimismo, ponemos una alerta sobre la continuidad en las obstrucciones de acceso a la información pública entre el estallido social y la crisis de COVID-19, porque nos permite observar una práctica sistemática de parte de este gobierno, así como una débil labor fiscalizadora de parte del Consejo para la Transparencia.
“Los hechos descritos en la presentación y las peticiones que se formulan a esta Corte exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso atendida su naturaleza cautelar”. Ver N°Protección-46716-2020.
Francisco Tapia, conocido como “Papas fritas” es el artista que en 2014 realizó una acción de arte relativa a la destrucción de los pagarés de los estudiantes de la Universidad del Mar.
