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Boletín N°6: "Octubre: un año de crisis para la libertad de expresión"

Cumplido un año del estallido social, hemos constatado el modo en que las vulneraciones a la libertad de expresión que detectamos en aquel momento se han cronificado. En nuestros informes mensuales se reiteran distintos problemas, como las agresiones a la prensa y la falta de transparencia del Gobierno, que ya fueron destacados en el informe sobre la situación de la libertad de expresión durante el estallido social. Desde la declaración del estado de catástrofe en el mes de marzo hemos contabilizado un total de 43 detenciones a reporteros mientras realizaban sus funciones, 5 de las cuales se han producido durante las protestas desarrolladas el pasado 18 octubre en Santiago, a un año del inicio de la revuelta social. La revista Doble Espacioi ha publicado el 30 de octubre un reportaje que visibiliza esta situación desde diversas aristas. Ante este escenario, sorprende ver como informes de organizaciones internacionales, como el Índice de Chapultepecii que también ha publicado esta semana la Sociedad Interamericana de Prensa SIP, muestran una realidad de la libertad de expresión en Chile tan diferente a la que venimos mostrando en los distintos reportes de ODC o en los informes anuales de la Relatoría para la libertad de Expresión de la CIDH. El informe de la SIP concluye que “Chile presenta excelentes entornos para sostener una completa libertad de expresión y de prensa, con injerencias leves de los aparatos ejecutivo, legislativo y judicialiii.

Tras el plebiscito, Chile inicia una etapa de discusión para la reforma constitucional que estará acompañada por varias citas electorales durante 2021 y 2022. En este contexto resulta especialmente preocupante la persistencia de ataques a la prensa independiente, y la falta de pluralismo en los medios con mayor audienciaiv, aspectos que inciden negativamente en el debate público y en el necesario intercambio de distintas ideas y opiniones. A esto se suman los datos aportados por diversos reportajes según los cuales desde octubre de 2019 distintas autoridades del Gobierno han mantenido reuniones con responsables de medios de comunicación que han sido sistemáticamente ocultadas, las que podrían haber tenido por objeto influir en la opinión pública. Tanto el gobierno como los propios medios de comunicación deberían ofrecer explicaciones sobre estas reuniones.

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Boletín N°5: "Septiembre, el maltrato a la prensa independiente"

El estallido social y la posterior crisis por la pandemia COVID-19 han evidenciado la importancia de los medios y comunicadores independientes. Su rol ha sido clave registrando las vulneraciones a los derechos humanos durante las protestas, dando a conocer una realidad que los grandes medios han opacado, pero también aportando evidencias que servirán de pruebas en numerosos casos judiciales. Durante la pandemia han sido también periodistas independientes los primeros en cuestionar las cifras oficiales y en denunciar el ocultamiento de la magnitud de la pandemia.

Si bien estos medios y comunicadores han ganado protagonismo, también se han convertido en objeto de ataques. Las agresiones y detenciones a la prensa no han cesado desde octubre pasado, a lo que se suma el hostigamiento judicial, amenazas y eliminación de contenidos en redes sociales. Asimismo, el pasado 21 de septiembre un nutrido grupo de medios populares e independientes difundió un comunicado de prensa denunciando esta situación y alertaban que “el actuar de Carabineros de Chile evidencia una estrategia de persecución y represión dirigida contra los comunicadores populares y corresponsales extranjeros que no se conforman con el discurso oficial”i. Lamentablemente este comunicado no tuvo eco en los medios convencionales, que sin embargo, no han tenido inconveniente en utilizar, sin autorización, registros de medios independientes. La crisis de reputación de los medios grandes, también es una crisis de su modelo económico, como muestran los continuos despidos de trabajadores y los problemas financieros de algunos grupos empresariales.

Durante este mes destacamos también el reportaje de Brian Arredondo, Belén Sabbag y Francisca Vargas, difundido por Radio JGMii, sobre las adversas condiciones que han debido soportar los medios comunitarios tales como Radio Manque de Rancagua, Radio Plaza de la Dignidad y Radio La Voz de Paine. De acuerdo a la publicación, los comunicadores de estas radios han sido víctimas del hostigamiento policial continuamente, el cual se ha incrementado desde el estallido. La pandemia, por su parte, los ha impulsado a utilizar nuevas plataformas, generando redes para realizar foros, transmisiones en conjunto y cadenazos radiales que han aumentado el flujo de usuarios en las plataformas que utilizan, además de compartir contenido creado por los distintos participantes. Por último, también han tenido que enfrentar la judicialización por exigir el respeto a su derecho a la libertad de expresión y de la comunicación.

Finalmente, la falta de transparencia no deja de tener protagonismo en nuestro boletín. Si bien el Gobierno fue mejorando la comunicación pública sobre la pandemia, el Ministerio de Salud se niega a responder, de forma sistemática, a la solicitudes de acceso a la información pública, eludiendo entregar informes y datos que no figuran en las web oficiales.

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Boletín N°4: "Agosto, Falta de transparencia y hostigamiento a la prensa como problemas estructurales"

El 18 de marzo del presente año se declaró Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Pandemia en todo el territorio Nacional. Las medidas de prevención sanitaria y autocuidados han supuesto un cambio en el ciclo de protestas iniciadas con el estallido social de octubre; cesaron las protestas masivas pero se amplió el repertorio de demandas y acciones. En este nuevo escenario, las fuerzas de orden público, principalmente Carabineros de Chile, continúan hostigando injustificadamente a los comunicadores que realizan cobertura de protestas. En estos seis meses el número de detenciones a reporteros supera a las registradas durante el estallido social (27 casos): la policía funda las detenciones en supuestos incumplimientos de las medidas de prevención sanitaria establecidas por la autoridad, esto, a pesar de que los comunicadores cuenten con los permisos y salvoconductos correspondientes. Intendentes, Fiscalía y tribunales están contribuyendo a la criminalización de la prensa al acusar penalmente a algunos de los reporteros.

A propósito del estallido social se identificaron prácticas de ocultamiento de información pública, principalmente por parte del Ministerio del Interior y Carabineros de Chile. En el contexto actual se suma la falta de transparencia y los obstáculos de acceso a la información por parte del Ministerio de Salud. La institucionalidad a este respecto no está resultando ser efectiva; por una parte, el Consejo para la Transparencia está desplegando un estándar de control de la transparencia poco exigente admitiendo la reserva de información de relevancia, como la agenda de reuniones del Presidente Piñera; por otro lado, sus reclamos no son atendidos por algunos órganos del Estado, a lo que se suman cuestionamientos por el comportamiento de algunos de sus funcionarios.

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Boletín N°3: "Julio, una deriva autoritaria que se afianza"

Además de los problemas que se arrastran desde hace varios meses, dos hechos ocurridos en julio se convierten en foco de preocupación. Por un lado, el cambio de gabinete que se produjo el día martes 28 de julio instaló a la cabeza de dos ministerios claves para el derecho a la comunicación -Interior y Secretaría General de Gobierno- a políticos UDI.

Por su parte, la crítica a las redes sociales digitales por parte del Presidente Piñera en su cuenta pública del día 31, es otro llamado de alerta, que a su vez debe ser entendido en el contexto de cierto malestar de la élite (expresado durante estas semanas en entrevistas, cartas públicas y columnas de opinión) ante la falta de control sobre estos otros espacios de creación y construcción de opinión, que exceden a los medios tradicionales y a los filtros que estos efectúan en virtud de sus líneas editoriales.

Junto a lo anterior, cuestiones que se señalaron o denunciaron en anteriores boletines siguen ocurriendo: por un lado, opacidad en la entrega de información por parte del gobierno sobre los efectos del COVID-19, el impacto real de los programas en el control de la enfermedad, el cumplimiento de condiciones para la implementación del programa de “desconfinamiento paso a paso”. Por otro lado, en el plano judicial se ha verificado la reticencia de las Cortes para asegurar el desempeño del derecho de libertad de expresión. Sobre el papel represivo y criminalizador, las policías mantienen procedimientos persecutorios en contra de comunicadores, y medios, especialmente independientes.

La persistencia y sistematicidad de vulneraciones a la libertad de expresión, así como la falta de transparencia, que ahora vemos conjugada con la entrada de representantes de la derecha dura a ministerios claves para el derecho a la comunicación, asi como la demonización de las redes sociales digitales por parte del Presidente en un evento de alta trascendencia política como es la cuenta pública anual, permiten sostener que estamos ante una deriva autoritaria del gobierno que ha dado un paso importante en su afianzamiento durante este mes. Todo lo anterior es un llamado a estar alertas en el contexto del debate constituyente que se avecina.

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Boletín N°2: "Junio, la pandemia se ensaña con la transparencia"

Publicamos el informe del mes de junio de los principales hechos que han afectado el Derecho a la Comunicación en Chile durante un mes marcado por el fracaso de las políticas públicas del gobierno respecto de la crisis sanitaria, siendo la opacidad de la información presentada por las autoridades (…)

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Boletín N°1: "Mayo, un mes negro para la libertad de expresión en Chile"

 Inauguramos nuestra práctica de boletines informativos mensuales con los acontecimientos que hemos podido documentar durante el mes de mayo en el que hemos visto vulnerado el derecho a la comunicación en Chile, dentro de un contexto complejo en el cual el estallido social no ha terminado de resolverse y la pandemia de COVID19 aparece como una nueva variable que debe ser incorporada a la ecuación.

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