El objetivo de este ciclo es presentar las graves vulneraciones a la libertad de expresión que se han producido en Chile desde el estallido social hasta ahora y que no han sido abordadas en profundidad en el debate público.

Es así que en el periodo entre el 19 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, constatamos una vulneración múltiple, reiterada y generalizada de la libertad de expresión en Chile. Identificamos en primer lugar dos grandes núcleos temporales en torno a los cuales se produce la mayor cantidad de vulneraciones.

a) El período álgido de protesta social desde octubre de 2019 hasta enero de 2020. En torno a eso, ya presentamos en enero pasado datos y un informe a la CIDH, comprendido entre el 19 de octubre y el 22 de noviembre.

b)    El período que abarca desde marzo a diciembre del presente año, marcado por la pandemia del coronavirus, el cual a partir del 1º de mayo se mezcla con la re-emergencia de la protesta social, ahora especialmente dirigida contra las medidas tomadas por el gobierno para enfrentar la crisis sanitaria.

A partir del análisis de los datos recopilados constatamos dos grandes núcleos de problemas:

i)               Ataques a la prensa por parte de organismos del Estado. Durante el primer periodo, entre 18 de octubre y 31 de diciembre se registran 21 detenciones y 103 agresiones. En el segundo periodo, entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2020 se registran al menos 69 detenciones y 29 agresiones. Entre marzo y septiembre de 2020, el número de detenciones es mayor al de los primeros días del estallido social. Esta situación se agrava debido al rol jugado por el poder judicial durante estos meses, que simultáneamente ha negado la tutela judicial a comunicadores vulnerados en el ejercicio de la labor informativa, así como al mismo tiempo ha brindado curso al hostigamiento judicial contra el mismo sector por parte de organismos del Estado.

ii)             Problemas de acceso a la información pública, tanto respecto del estallido social como de la pandemia de COVID-19. La continuidad de este problema nos permite observar una práctica reiterada de parte de algunos órganos del Estado, así como una débil labor fiscalizadora al respecto de parte del Consejo para la Transparencia. Uno de los aspectos que persiste es la negativa del Gobierno a entregar detalles sobre la agenda de reuniones del Presidente desde el estallido social en adelante, argumentando que no existe norma constitucional o legal que mandate a Presidencia a llevar un registro de la totalidad de actividades en las que participa S.E. el Presidente de la República[1].

Además de lo anterior identificamos otros temas denunciados durante el período, tales como:

  • Restricciones a la libertad periodística
  • Restricciones a la libertad de expresión en el ámbito artístico
  • Criminalización del discurso público
  • Falta de pluralismo y presiones de autoridades públicas a medios de comunicación
  • Censura algorítmica, acoso selectivo y discursos de odio en internet

Espiral del silencio, sub-representación y profundización autoritaria

La hipótesis que manejamos es que alrededor de estas vulneraciones vivimos una espiral del silencio: no hay informes ni estadísticas detalladas que hayan sido publicadas por organismos de derechos humanos ni asociaciones gremiales. Hay una autopercepción de que en Chile no hay problemas graves en este ámbito, los casos se relativizan o quedan opacados por vulneraciones de mayor gravedad; los medios de comunicación convencionales tampoco difunden noticias críticas con la libertad de expresión en Chile, salvo cuando se trata de sus propios trabajadores.

Por lo mismo, este informe es una sub-representación del verdadero estado de crisis de la libertad de expresión en Chile. Muchos comunicadores agredidos no denuncian las situaciones de hostigamiento porque la violencia policial contra comunicadores independientes, comunitarios y alternativos se encuentra naturalizada por el propio sector, que es el más afectado de acuerdo a nuestros hallazgos.

Sin embargo, al mismo tiempo, observamos que los resultados, no marcan una inflexión en el problema de la libertad de expresión en Chile, sino que profundizan en lógicas autoritarias que ya habían sido alertadas en el informe de la última visita al país por parte del Relator de la Libertad de Expresión de la CIDH en 2016.

El ciclo, está abierto a todo público y se transmitirá por las redes sociales del ICEI: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Será grabado con fines de difusión académica, y estará disponible posteriormente, en el sitio web y en las redes sociales del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.  

Noviembre, la desprotección de la libertad de expresión

A través de nuestros boletines mensuales realizamos una labor de recopilación y sistematización de las vulneraciones a la libertad de expresión. La crisis de derechos humanos, en un contexto de crisis sanitaria a causa de la pandemia COVID-19, han puesto de manifiesto la reiteración de los ataques a la prensa, así como la falta de transparencia y el obstaculizacion al acceso a información de carácter público. En nuestra labor de seguimiento también hemos tenido oportunidad de analizar el comportamiento de las instituciones encargadas de proteger la libertad de expresión.

Respecto a los tribunales de justicia se han evidenciado deficiencias en la protección de los derechos de los reporteros que han sido objeto de agresiones, no hay condenas en los procedimientos penales, las fiscalías archivaron varias investigaciones y las Cortes de Apelaciones han rechazado o inadmitido las acciones constitucionales que solicitaban medidas de protección a la prensa. Esta falta de protección se ve agravada por el hostigamiento judicial contra reporteros que fueron detenidos arbitrariamente, al admitir los jueces las denuncias penales presentadas en su contra por el Ministerio Público y/o los Intendentes. Lamentablemente no se trata de un fenómeno novedoso, sino que estas deficiencias en la protección judicial ante vulneraciones a la libertad de expresión se vienen produciendo de forma reiterada. Un ejemplo de esto son los recientes pronunciamientos de los órganos de protección del sistema interamericano de derechos humanos, relativos a sucesos ocurridos en 2004, en los que se declara no sólo la existencia de violación a la libertad de expresión sino que también se considera vulnerado el derecho a un recurso judicial efectivo por la falta de protección por parte del sistema judicial.

El Consejo para la Transparencia ha sido un organismo al que hemos dedicado especial atención durante estos meses. Desde su creación el CPLT ha contribuido de forma significativa al avance en materia de transparencia, sin embargo en el contexto actual, donde su rol resulta de gran trascendencia, hemos detectado que su actuación ha resultado insuficiente e incluso se ha producido un retroceso en su estándar de exigencia de transparencia a las más altas autoridades de Gobierno, facilitando el ocultamiento de información de gran relevancia para la opinión pública. Esta situación es una de las consecuencias de una deficiente configuración institucional del CPLT, tanto por su limitada capacidad de coacción hacia las más altas autoridades, como por la falta de garantías de independencia de sus consejeros, los cuales presentan vínculos partidistas que ponen en duda su imparcialidad en determinadas decisiones, particularmente las que se refieren a obligaciones del Presidente del Gobierno y sus Ministros.

Índice: 1. Hostigamiento y ataques a la prensa; 2. Límites a la transparencia y acceso a la información; 3. Censura y sanciones al discurso público

1. Hostigamiento y ataques a la prensa

1.1. Amenazas

A principios de noviembre la periodista de la cadena televisiva alemana Deutsche Welle, Jenny Pérez, denunció que había recibido amenazas de muertei tras la realización, el 23 de octubre, de una entrevista al dirigente político del “Partido Republicano” chileno José Antonio Kast en la que cuestionaba “su visión tan apocalíptica, ante una probable nueva constitución chilena”ii.

1.2. Detenciones

El 12 de noviembre en población Bonilla, Antofagasta, un integrante del medio Kiwicha Comunicaciones, que realizaba una grabación en vivo a una detención violenta contra un grupo de rescatistas, fue detenido con violenciaiii, tirándolo al piso donde fue esposado y inmovilizado presionando un un funcionario con rodilla en su cabeza. Durante la detención, en el calabozo de la sub comisaría norte, lo presionaron para que entregara y borrara los vídeos del procedimiento. Ante la negativa del reportero lo amedrentaron diciendo que fiscalía daba esa orden y que si quería salir libre debía hacer entrega del material. Al corroborar que el material ya no podía ser difundido, y ante la intervención de la Defensoría Penal Pública que oportunamente se comunicó con la sub comisaría y fiscalía señalando la ilegalidad del procedimiento, carabineros dejaron libre al reportero, calificando el procedimiento como un control preventivo de identidad.

1.3. Agresiones por parte de agentes del Estado

El 18 de noviembre en Santiago, un funcionario de Carabineros de Chile roció con gas pimienta a al reportero gráfico del medio Libre Edicióniv.

El 20 de noviembre, en Santiago, la periodista Alison Vivanco informó, a través de redes socialesv, que había sido objeto de un ataque con químicos por parte de vehículo lanza aguas de Carabinerosvi mientras realizaba una cobertura de manifestación que pedía la renuncia del presidente.

Durante las protestas del 27 de noviembre en Santiago, en Alameda a la altura de Arturo Prat, un fotoperiodista fue agredido por el vehículo lanza aguas de Carabineros, que desde una distancia de aproximadamente 20 metros dirigió el chorro de agua directo al cuerpo hasta hacerlo caer al suelo. Producto del ataque sufrió varias contusiones en su cuerpo y la rotura de su equipo. En ese mismo operativo, en una zona donde no se registraban altercados, una reportera de Piensa Prensa fue agredida por una funcionaria de Carabinerosvii.

Fe de erratas: Cabe mencionar que en la primera edición del nuestro Boletín N.º 6 del mes de octubre se indicaba erróneamente que un reportero “recibió el impacto de una bomba lacrimógena” tomando como fuente una noticia publicada en un medio de comunicaciónviii, sin embargo se comprobó que la agresión fue realizada por manifestantes violentos.

2. Límites a la transparencia y el acceso a la información

2.1. Imposibilidad de acceder a la información de las reuniones del Gobierno con directivos de medios de comunicación

Uno de los hechos controvertidos desde el estallido social son las presiones del Gobierno hacia los principales medios de comunicación, que habrían incluido la realización de reuniones secretas con altos ejecutivos y rostros de televisiónix. ODC realizó varias solicitudes de acceso a información pública para conocer la agenda de actividades del Presidente y varios de sus Ministros con la finalidad de conocer la fechas y asistentes de las reuniones realizadas con directivos de medios de comunicación. Desde el Gobierno denegaron las solicitudes por lo que fue necesario reclamar al CPLT.

En la decisión de amparos C8252-19 y C8253-19x, CLPT ordenó el pasado 31 de marzo la entrega de un listado con la totalidad de las reuniones en que hayan participado el Ministro del Interior y el Subsecretario del Interior y un listado de las reuniones con directivos de canales de televisión y diarios, durante 2019, indicando las personas que participaron. El Ministerio del Interior, que durante el proceso mostró una conducta dilatoria con respuesta ambiguas y difusas, respondió finalmente al requerimiento indicando que “no existe y tampoco es posible elaborar un listado con funcionarios, directivos de canales de televisión y diarios, o personas naturales o jurídicas que hayan participado de alguna reunión con las autoridades que indica” “..no se mantiene un registro de las agendas de las autoridades” … “los respectivos ex funcionarios son titulares de sus agendas o cuadernos, no pudiendo acceder a los mismos”. El CPLT, mediante oficio notificado el 4 de noviembre, consideró que con esta respuesta se daba respuesta al requerimiento de información, por lo que decidió dar por concluido el seguimiento.

Respecto a las reuniones del Presidente de la República y su negativa a entregar la información solicitada, el CPLT, en su decisión amparo C-3376-20xi, rechazó el amparo presentado por ODC indicando que el Presidente de la República no se encuentra obligado por la Ley de Lobby a facilitar dicha información, y que la publicidad de la información solicitada podría afectar el debido cumplimiento de las funciones de S.E. el Presidente de la República. Ante esta situación, con el apoyo de la ONG Acción Constitucional, se presentó un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago (Rol n.º 496-2020). En su respuesta ante el tribunal, el CPLT justifica el carácter secreto de las reuniones del Presidente con los medios de comunicación indicando lo siguiente:

“… entregar información distinta a aquella que el propio órgano ha estimado como de naturaleza pública y que se encuentra disponible en el link electrónico sobre Agenda de actividades del Presidente, afectaría el debido cumplimiento de las funciones constitucionales de gobierno y administración, por cuanto, la publicidad de dicha información incidiría, desde dimensiones logísticas y estratégicas, así como sustantivas, en el proceso de toma de decisiones vinculadas a la seguridad de la nación y el interés nacional, que se produce en reuniones sostenidas entre el Presidente y su equipo ministerial, autoridades, especialistas o profesionales de diversas disciplinas y representantes de la sociedad civil, quienes corresponden en términos prácticos a intervinientes esenciales en la consulta, determinación, priorización y definición del políticas públicas a ser implementadas por el Gobierno de Chile; proceso que por esencia es liderado por el Presidente de Chile en colaboración directa e inmediata de su equipo de Ministros de Estado. En conformidad a lo señalado, y en atención a la relevancia y sensibilidad de la información requerida y el período consultado; a juicio de este Consejo, resultó plausible disponer la reserva de aquellos antecedentes relacionados a reuniones sostenidas por el Presidente de la República, en el entendido que mediante la confidencialidad y reserva de la información, se otorgan herramientas indispensables para el cumplimiento de los fines públicos de la Presidencia de la República, concluyendo que la revelación de la información requerida implicaría que efectivamente la institución recurrida de amparo, pierda insumos con los que hasta ahora cuenta para el adecuado ejercicio de sus funciones públicas”.

2.2. Deficiencias en el diseño institucional del CPLT

Durante noviembre estaba prevista la designación de las dos consejerías vacantes en el CPLT. La Comisión Constitucional del Senado rechazó la propuesta de candidaturas realizada por el Presidente, que tras esta negativa no ha realizado una nueva propuesta. En consecuencia, por el momento no se han producido los nombramientos previstos lo que impide el normal funcionamiento del CPLT, que no puede tomar decisiones al no contar con el quórum mínimo para sesionarxii.

Esta situación está generando un retraso en las decisiones relativas a los reclamos por falta de transparencia, así como en la imposibilidad de acordar resoluciones sobre infracciones por parte de los organismos públicos. Desde el medio Interferencias informaron que la dilatación del procedimiento de nombramiento de nuevos consejeros por parte del Gobierno estaría destinada a impedir que la CPLT se pronunciara respecto a la vulneración de la privacidad por la polémica petición del Ministerio de Hacienda de los RUT de quienes pidieron el retiro del 10% de sus AFPxiii.

Lo ocurrido ha servido para abrir el debate sobre el sistema de nombramientos y la independencia del CPLT. En el Senado se cuestionó a candidata del presidente por su pertenencia al think tank Libertad y Desarrollo, con vinculaciones al partido UDI. Anteriormente se había cuestionado que el ex-presidente del CPLT compatibilizara su cargo con el de director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, que también tiene relación con la UDI o que la actual presidenta del CPLT, lideraba la Fundación Chile 21 ligada al Partido Socialista mientras fue consejera. La actual normativa no impide este tipo de inhabilidades a los consejeros, por otra parte el sistema de designación propicia que los integrantes del CPLT sean personas que han ostentado cargos públicos en los distintos gobiernos o forman parte de organizaciones con claro perfil partidista. Esta situación muestra que la autonomía del CLPT sólo existe desde el punto de vista formal, ya que en la composición del organismo no se han previsto garantías de independencia del poder político.

En el actual contexto de crisis, donde se han producido prácticas de ocultamiento de cifras e información pública relevante, resulta de especial importancia el rol del CPLT. Preocupa especialmente que su falta de independencia pueda condicionar decisiones relativas a la actuación de las más altas autoridades, como la denegación de acceso a la información relativa a las reuniones del Presidente y sus Ministros con directivos de medios de comunicación.

3. Censura y sanciones al discurso público

3.1. El rol de los tribunales en la defensa de la libertad de expresión

El 6 de noviembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública la Sentencia de 27 de agosto de 2020, Caso Urrutia Laubreaux vs. Chilexiv, en la que encontró responsable internacionalmente al Estado de Chile por la violación de los derechos a la libertad de pensamiento y expresión, a las garantías judiciales y al principio de legalidad. El caso se relaciona con el proceso disciplinario iniciado en 2004 contra el Juez Urrutia que culminó con una sanción de censura, después reducida a amonestación privada, por remitir un trabajo académico a la Corte Suprema de Justicia, criticando sus actuaciones durante el régimen militar chileno. La Corte IDH constató que no era acorde a la Convención Americana sancionar las expresiones realizadas en un trabajo académico sobre un tema general y no un caso concreto, como el realizado por el Juez Urrutia. Indica que la Corte de Apelaciones de La Serena no brindó al señor Urrutia una oportunidad para ejercer su derecho de defensa en forma escrita u oral, lo que constituyó una vulneración adicional al derecho a la defensa del Juez. A su vez, dada la participación de algunos ministros de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de apelación de la decisión sancionatoria, se comprometió la imparcialidad de este órgano en la resolución de la apelación interpuesta por Urrutia Laubreaux. En la Sentencia, el Tribunal determinó que la normativa utilizada para sancionar al Juez Urrutia, el artículo 323.4 del Código Orgánico de Tribunales que prohíbe a los funcionarios judiciales publicar, sin autorización del Presidente de la Corte Suprema, escritos en defensa de su conducta oficial o atacar en cualquier forma, la de otros jueces o magistrados, permitía una discrecionalidad incompatible con el grado de previsibilidad que deben ostentar las normas, por lo que exige, dentro de las garantías de no repetición, la adecuación del ordenamiento jurídico interno a las exigencias de la Convención Americana de Derecho Humanos.

Otro caso que muestra deficiencias en la tutela judicial de la libertad de expresión por parte de los tribunales de Chile es el caso de Carlos Baraona Bray vs. Chile, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha presentado recientemente ante la Corte IDH al considerar que el Estado de Chile violó el derecho a la protección judicial, tomando en cuenta que la víctima no contó con un recurso judicial efectivoxv. En mayo de 2004 Carlos Baraona Bray, un abogado y defensor ambiental, brindó una serie de entrevistas y efectuó declaraciones que fueron recogidas por diferentes medios de comunicación social, en las que sostenía que un Senador de la República, había ejercido presiones e influido para que las autoridades llevaran a cabo la tala ilícita del alerce, una especie de árbol milenario conservado en Chile. Como consecuencia, dicho Senador interpuso una querella penal contra la víctima, iniciando un proceso penal en el cual fue sentenciado por el delito de “injurias graves” a través de un medio de comunicación, a 300 días de prisión suspendida, una multa, así como pena accesoria de suspensión de cargos u oficios públicos por el periodo de la condena. Además de dejar sin efecto la condena penal impuesta y reparar por las vulneraciones a sus libertades, la CIDH solicitó que Chile adecuar la normatividad penal interna, despenalizando los delitos de difamación, injurias y calumnias cuando se trate de casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública, o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.

Desde la declaración del estado de catástrofe, tanto las Cortes de Apelaciones como la Corte Suprema han inadmitido los recursos de protección relativos a las restricciones a la actividad de prensa en zonas declaradas de cuarentena (Recursos de Protección nº 51330-2020, 52563-2020 y 64172-202 CA de Santiago), así como los presentadas por reporteros que fueron detenidos de forma arbitraria (Recursos de Protección nº 6110-2020 en CA de San Miguel y n.º 46716-2020 en la CA de Santiago). Respecto de los juzgados de garantía se tiene constancia de 5 reporteros que enfrentan un proceso penal en su contra, a pesar de no haber cometido ningún delito.

3.2. Criminalización de las expresiones públicas

Durantes estos últimos meses, el debate sobre libertad de expresión ha estado protagonizado por el Proyecto de ley que castigaba penalmente, con multa y pena de presidio, a quien justificaba, aprueba o niegue violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar, consignadas en informes oficiales. El diario El Mercurio se refirió a este proyecto de ley como “una amenaza a la libertad de expresión, quizá la mayor en los últimos 30 años a nivel legislativoxvi”. El pasado 5 de noviembre el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el proyecto de leyxvii, por no cumplirse los requisitos formales para su tramitación así como porque “se lesiona la libertad de emitir opinión que se asegura en la Constitución, al incorporar un tipo penal que arriesga que se puedan perseguir simplemente ideas, juicios o apreciaciones cuya controversia o, incluso, reproche o ilicitud puede ser igualmente sancionada a nivel legal en otras sedes, pero que, al atribuirle naturaleza penal, afecta la libertad de expresión”.

Si bien no han tenido tanta repercusión mediática, existen otros proyectos de ley en tramitación en el Congreso Nacional de Chile que recurren a la persecución penal como forma de sanción hacia distintas formas de expresión, que pueden tener finalidad crítica o artística. El Proyecto de Ley que sanciona conductas que afectan la convivencia ciudadana y aumentan la sensación de inseguridad en la población (Boletín N° 11.913-25) se propone pena de presidio menor a quienes “mediante carteles, avisos, u otros medios impresos, o sirviéndose de marcadores y/o pinturas de cualquier tipo, procediera a la fijación de mensajes, firmas, rayados, dibujos, u otras figuras o expresiones, en bienes muebles o inmuebles ya sean públicos o privados”. Otro ejemplo es el Proyecto de Ley que sanciona los daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha actividad (Boletín n.º 12467-15) se ha propuesto imponer pena de presidio menor contra quienes “procedieran a la pintura de mensajes, firmas, rayados, dibujos, u otras figuras o expresiones, escritos, inscripciones o grafismo, sobre cualquier elemento del transporte público, ya sean paraderos, refugios o buses”.

Cabe destacar que en el marco normativo de Chile existen varias normativas que consideran delito la realización de determinadas expresiones, siendo de aplicación condenas de presidio. Un buen ejemplo es la persecución penal de las injurias y calumnias, siendo muy elevado el número de querellas que se presentan por la supuesta comisión de estos delitos, desde 2018 se contabiliza alrededor de un millar de querellas presentadas por injurias y calumnias a través de medios de comunicación. Asimismo el Código Penal ha previsto penas de presidio por conductas ambiguas e imprecisas como los delitos de ultraje público a las buenas construmbres, que incluye la persecusión a quien venda o distribuya canciones, folletos u otros escritos figuras o estampas contrarios a las buenas costumbres (artículo 374). En el ámbito de los medios de comunicación sigue vigente, a pesar de su cuestionamiento por el Tribunal Constitucionalxviii, es el artículo 36B de la Ley General de Telecomunicación que sanciona con penas de prisión a las radios que carecen de autorización.

Otra norma problemática, considerando el efecto inhibitorio respecto del discurso público, es la Ley sobre Seguridad del Estado que en su artículo 4 establece que cometen delito contra la seguridad interior del Estado los que en cualquiera forma o por cualquier medio, se alzaren contra el Gobierno constituido o provocaren la guerra civil, conducta que incluye a quienes “inciten o induzcan a la subversión del orden público o a la revuelta, resistencia o derrocamiento del Gobierno constituido”. Durante las protestas de 2019 esta ley fue invocada por el Intendente de la Región Metropolitana en la querella contra un dirigente social por su discurso en un asamblea, y más recientemente ha sido utilizada contra la Defensora de la Niñez a causa de un campaña del organismo público que dirigexix.

Octubre: un año de crisis para la libertad de expresión

BOLETÍN Nº6 DEL OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA COMUNICACIÓN

Cumplido un año del estallido social, hemos constatado el modo en que las vulneraciones a la libertad de expresión que detectamos en aquel momento se han cronificado. En nuestros informes mensuales se reiteran distintos problemas, como las agresiones a la prensa y la falta de transparencia del Gobierno, que ya fueron destacados en el informe sobre la situación de la libertad de expresión durante el estallido social. Desde la declaración del estado de catástrofe en el mes de marzo hemos contabilizado un total de 43 detenciones a reporteros mientras realizaban sus funciones, 5 de las cuales se han producido durante las protestas desarrolladas el pasado 18 octubre en Santiago, a un año del inicio de la revuelta social. La revista Doble Espacioi ha publicado el 30 de octubre un reportaje que visibiliza esta situación desde diversas aristas. Ante este escenario, sorprende ver como informes de organizaciones internacionales, como el Índice de Chapultepecii que también ha publicado esta semana la Sociedad Interamericana de Prensa SIP, muestran una realidad de la libertad de expresión en Chile tan diferente a la que venimos mostrando en los distintos reportes de ODC o en los informes anuales de la Relatoría para la libertad de Expresión de la CIDH. El informe de la SIP concluye que “Chile presenta excelentes entornos para sostener una completa libertad de expresión y de prensa, con injerencias leves de los aparatos ejecutivo, legislativo y judicialiii.

Tras el plebiscito, Chile inicia una etapa de discusión para la reforma constitucional que estará acompañada por varias citas electorales durante 2021 y 2022. En este contexto resulta especialmente preocupante la persistencia de ataques a la prensa independiente, y la falta de pluralismo en los medios con mayor audienciaiv, aspectos que inciden negativamente en el debate público y en el necesario intercambio de distintas ideas y opiniones. A esto se suman los datos aportados por diversos reportajes según los cuales desde octubre de 2019 distintas autoridades del Gobierno han mantenido reuniones con responsables de medios de comunicación que han sido sistemáticamente ocultadas, las que podrían haber tenido por objeto influir en la opinión pública. Tanto el gobierno como los propios medios de comunicación deberían ofrecer explicaciones sobre estas reuniones.

1. Hostigamiento y ataques a la prensa

1.1. Amenazas a comunicadores

  1. En los días previos al Plebiscito varios periodistas recibieron amenazas. Los tres casos identificados se refieren a reporteros que forman parte de medios de comunicación con una línea editorial crítica con el Gobierno.

1.2. Detenciones

El pasado 18 de octubre se realizaron en Santiago movilizaciones para conmemorar el aniversario del inicio del estallido social. Durante la jornada Carabineros hizo uso de la fuerza de forma desproporcionada, realizando cientos de detenciones a manifestantes, incluidos varios reporteros.

  • Javier Castro, reportero del medio local La voz de Maipú, fué objeto de un control de identidad por parte de funcionarios de Carabineros mientras registraba la detención de varios manifestantes. El comunicador se identificó como prensa y mostró su credencial y salvoconductov, a pesar de ello fue detenido y trasladado a la 25 comisaria de Maipú. Una hora después fue liberado sin cargosvi.
  • Nicolas Valdebenito, fue detenido cuando se encontraba registrando el incendio a una Iglesia. Fue trasladado a la 33 Comisaría, donde fue puesto en libertad horas después.
  • Sebastián Silva, colaborador de la Agencia EFE, fue golpeado por funcionarios de Carabineros, detenido y trasladado a la 3ª Comisaria, donde pasó la nochevii. Más de 24 horas después fue puesto a disposición judicial, pero el tribunal declaró ilegal la detención y ordenó su puesta en libertad. La Intendencia de la Región Metropolitana ha presentado una querella contra el fotoperiodista por el delito de desórdenes públicos.

En Santiago se han seguido produciendo detenciones en las posteriores jornadas de protesta que se realizan todos los viernes. Hemos tenido conocimiento de la detención de la periodista Claudia Aranda en dos ocasiones: el 23 de octubre, en las proximidades de Plaza Italia, funcionarios de Carabineros la arrestaron y le quitaron su celularviii. Según el testimonio de la periodista, la detención se prolongó por más de 5 horas, recibiendo burlas y amenazasix. La misma periodista fue detenida nuevamente el 30 de octubre.

En la ciudad de Concepción hemos tenido conocimiento de al menos tres detenciones a reporteros. El 19 de octubre, por el aniversario del inicio del estallido social, en calle Paicaví con Carrera, un reportero fue detenido por militares mientras cubría las protestas, como muestran las imágenes que registró otro reporterox. Por otra parte radio Señal Tentación 106.9 FMxi de Tomé informó que una de sus reporteras ha sido detenida por las fuerzas de orden público en dos ocasiones, el 5 de octubre durante una jornada de protestasxii, así como el 25 de octubre, en las proximidades de un centro de votación.

La jornada de votación del Plebiscito del 25 de octubre unicamente se registra la detención de un profesional de comunicación en Aysén, según indicó el Colegio de Periodistasxiii.

1.3. Agresiones

El Santiago han sido reiterado el hostigamiento y agresiones a la prensa. El 15 de octubre notero de Radio 7 de Puente Alto registró en vivo el momento en que fue agredido por Carabinerosxiv. Mientras el 16 de octubre Carabineros empujó a miembros de la prensa xv que se encontraban e la Plaza Italia realizando la cobertura informativa de las protestas.

El pasado 18 de octubre al menos dos reporteros sufrieron agresiones por parte de Carabineros de Chile. El reportero del medio local La Voz de Maipú, Vlady Cortés, fue interceptado por motoristas de Carabineros mientras se encontraba registrando una protesta en la población Cuatro Álamos. Tras comprobar que contaba con credencial y salvoconducto, un funcionario le pidió que se quitara la máscara, tras lo cual lo gaseó con pimienta, produciendo quemaduras en la cara del reporteroxvi. Por último, el día 19 de octubre un reportero que cubría un acto del Presidente Piñera denunció la obstrucción de la labor informativaxvii por parte de los equipos de seguridad del Presidente.

También se registraron agresiones por parte de manifestantes. Según informa el Colegio de Periodistasxviii, el 18 de octubre el reportero Raúl Gamboni fue agredido y despojado de su cámara por manifestantes en Plaza Italia, mientras que Rasec Pacheco, camarógrafo de El Tipógrafo de Rancagua fue agredido por encapuchados. El fotógrafo Antonio Cadima recibió el impacto de un objeto lanzado por manifestante mientras cubría las protestas del 18 de octubre y tuvo que ser atendido de urgencia y trasladado a un hospital, donde fue dado de alta horas después.

1.4. Ataques informáticos

2. Obstaculización a la labor periodística durante el Plebiscito

Como se indicó anteriormente, durante la la jornada de votación del Plebiscito nacional del 25 de octubre se produjeron al menos 2 detenciones a la prensa, una en Concepción y otra en Aysén.

Además, el Colegio de Periodistasxxiv informó sobre diversas restricciones a la labor informativa durante la cobertura del Plebiscito, a saber:

  • El ingreso a los locales de votación quedó a criterio del encargado de local, pese a que la prensa contaba con toda la certificación del Colegio y credenciales; además, SERVEL manejó un listado paralelo de medios oficiales negando el ingreso a los medios alternativos profesionales en Iquique.
  • Expulsión de un equipo de televisión de los locales de votación en el Estadio Nacional;
  • Limitación de tiempo para la captación de imágenes, aun cuando no había problemas de aforo, en Valparaíso;
  • Prohibición de acceso a los locales de votación y conteo de votos en todo el país;
  • Limitación de acreditación a prensa independiente según formulario creado por SERVEL.

3. Límites a la transparencia y el acceso a la información

3.1. Deficiencias en las información sobre la pandemia

El Consejo para la Transparencia (CPLT) realiza una revisión periódica del sitio web del Gobiernoxxv de Chile destinado a la publicación de información oficial de la emergencia sanitaria por la COVID-19, con el objetivo de identificar la evolución de las brechas de información detectadas. En su informe de 20 de octubrexxvi alerta que persisten una serie de deficiencias en la información entregada por el Gobierno, las cuales ya fueron identificadas en un reporte anterior, sin que se adviertan cambios para mejorar. En el informe se destaca, entre otros, que el Gobierno no presenta información sobre el nº total de casos negativos; las fuentes de exposición de los nuevos casos confirmados; tipo y cantidad de insumos médicos y hospitalarios utilizados; cantidad de test que se encuentran disponibles; cantidad del personal médico y de salud que se encuentra trabajando; el marco normativo consolidado; asimismo no se desagrega información sobre fallecidos por género, ni tampoco sobre hospitalización por sector (público/privado), comuna y género; así como sobre medidas relativas al seguimiento de personas que han sido declaradas en cuarentena, ni sobre los mecanismos de control de cumplimiento de aquella disposición.

3.2. Obstrucción al acceso a información pública sobre COVID-19

El CPLT, a través de una fiscalización a 25 organismos de salud y hospitalesxxvii, detectó que en un 76,6% de los casos se produjeron infracciones a la Ley de Transparencia, por respuestas fuera de plazo, ausencia de respuesta, prórrogas extemporáneas y prórrogas múltiples. Asimismo, un 87,1% de las solicitudes se registraron como vencidas y sin respuesta. El CPLT acordó oficiar a los organismos de salud fiscalizados, así como solicitar a la dirección de fiscalización que instruya una investigación sumaria en la Subsecretarías de Salud Pública y Redes Asistenciales por aplicación de lo dispuesto en el artículo 45 de la ley de transparencia; específicamente, por la no respuesta reiterada a solicitudes de acceso a la información pública detectadas con ocasión de la fiscalización.

4. Medios de comunicación

4.1. Sanciones por contenidos

La Corte de Apelaciones de Santiago, en su sentencia del 6 de octubrexxviii, confirmó una multa de más de cinco millones de pesos impuesta por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) a Chilevisión por incumplimiento del correcto funcionamiento, debido a la «exhibición sesgada y en horario de protección de menores de 18 años de una nota que relativiza el fenómeno y las consecuencias del denominado ‘el que baila, pasa’«. El Tribunal considera que el reportaje no entrega una información veraz, oportuna y de manera responsable, de tal forma que la sanción se encuentra justificada “por la liviandad con la que fue mostrada la nota cuestionada, sin representarse el efecto y la influencia que pudiera ejercer sobre los asistentes, exhibiendo como jocoso y pacífico, un comportamiento totalmente ajeno al respeto por los demás, con visos dictatoriales y despóticos”.

4.2. Conflictos laborales

El 23 de octubre trabajadores del canal de televisión Megavisión iniciaron una huelgaxxix, que se ha prolongado hasta el mes de noviembre. Las movilizaciones se producen ante la falta de acuerdo por las condiciones salariales. El sindicato de trabajadores ha informado que la empresa ha contratado los servicios de 45 trabajores externos y utiliza las instalaciones de un hotel para realizar algunos de sus programas.xxx

4.3. Crisis de reputación de los grandes medios

La cobertura informativa que los grandes medios de comunicación vienen realizando desde el inicio de las protestas ha sido muy criticada por su falta de veracidad, su sensacionalismo y tendencia a criminalizar la protesta. El 20 octubre, distintos colectivos sociales se congregaron frente a la sede de Canal 13xxxi para denunciar la criminalización contra víctimas y detenidos durante las protestas socialesxxxii. El 21 de octubre se llevaron a cabo protestas frente a la sede de TVN y Megaxxxiii, para mostrar su malestar por el ocultamiento de la represión policial en la cobertura informativaxxxiv.

El reportaje del periodista Santiago Pavlovic sobre el estallido social, emitido por TVN el pasado 29 de octubre en su programa Informe Especial, recibió numerosas críticas por su contenido sesgado y las expresiones del periodistaxxxv, en las que criminaliza la protesta.

Otro aspecto que está generando una polémica creciente, tal como informa La Voz de Los Que Sobran en su reportaje de 28 de octubre, se refiere a las distintas reuniones que autoridades del Gobierno realizaron con directivos y editores de distintos medios de comunicaciónxxxvi. Tanto el Gobierno como los medios de comunicación han ocultado la celebración de estas reuniones. A través de una solicitud de transparencia, el medio Verdad Ahora informó de la celebración de reuniones del Director General de Carabineros con medios de comunicaciónxxxvii. Esta situación está aumentando la desconfianza hacia los medios de comunicación y en las acusaciones de manipulación informativa.

i https://edicioncero.cl/2020/10/denuncian-amenazas-a-periodistas-por-parte-de-grupos-de-ultraderecha-que-se-identifican-con-la-esvastica/

ii https://chiletoday.cl/

iii https://www.corresponsaleschile.cl/index.php/2020/10/18/nueva-amenaza-de-muerte-contra-corresponsal-de-la-prensa-extranjera-en-chile/

iv https://edicioncero.cl/2020/10/hasta-el-numero-de-mesa-en-la-que-vota-contiene-fuerte-amenaza-a-periodista-iquiqueno-gonzalo-onate

v https://lavozdemaipu.cl/video-asi-fue-la-detencion-de-javier-castro-reportero-lvdm-mientras-realizaba-un-live-en-instagram/

vi https://lavozdemaipu.cl/javier-castro-ya-fue-liberado-de-la-25-comisaria

vii https://www.instagram.com/p/CGsUscpp5AB/?igshid=7zky1y9kkfi4

viii https://lavozdelosquesobran.cl/denuncian-detencion-ilegal-de-corresponsal-extranjero-en-las-manifestaciones-del-viernes/

ix https://twitter.com/corresChile/status/1319857031700975616

x https://twitter.com/elbeatdeltambor/status/1318345006864883713

xi https://www.facebook.com/Se%C3%B1al-comunitaria-tentaci%C3%B3n-1069-Fm-2248626658796373/

xii https://www.instagram.com/p/CF-t50nBN4R/

xiii https://www.colegiodeperiodistas.cl/

xiv https://lavozdelosquesobran.cl/video-notero-de-radio-7-de-puente-alto-registro-en-vivo-el-momento-en-que-fue-agredido-por-carabineros/

xv https://twitter.com/primeralineapr/status/1317263576676093952

xvi https://lavozdemaipu.cl/carabinero-ataca-a-fotografo-de-la-voz-de-maipu/

xvii https://www.theclinic.cl/2020/10/19/necesito-salir-periodista-graba-roce-con-equipos-de-seguridad-en-medio-de-cacerolazos-contra-pinera-en-escuela-de-la-reina/

xviii https://www.colegiodeperiodistas.cl/2020/10/colegios-de-periodistas-de-chile.html

xix https://twitter.com/ChileTodayNews/status/1316023425039704064

xx http://pliegue.cl/

xxi https://www.instagram.com/p/CGfhu7al79s/?igshid=i3u6g85oz5yo

xxii https://www.youtube.com/channel/UCIWX2_wU118BsHp1PIScPrg

xxiii https://www.larazon.cl/2020/10/25/la-razon-denuncia-un-ataque-informatico-a-su-sitio-web-de-noticias

xxiv https://www.colegiodeperiodistas.cl/2020/11/colegio-de-periodistas-de-chile-observo.html

xxv https://www.gob.cl/coronavirus/

xxvi https://www.consejotransparencia.cl/wp-content/uploads/2020/10/2da-Actualizacio%CC%81n-Informe-consolidado-Revisio%CC%81n-Sitio-GOB_COVID-19-al-31.07.2020-20.10.2020-Web-CPLT.pdf

xxvii https://sesiones.cplt.cl/OpenArchivoPDF?idcontenidoArchivo=1172&nomArch=Acta1139.pdf

xxviii https://www.pjud.cl/documents/396729/0/CHILEVISON+BAILE+PASA.pdf

xxix https://www.eldesconcierto.cl/2020/10/23/trabajadores-de-mega-inician-huelga-y-amenazan-las-transmisiones-del-plebiscito/

xxx https://twitter.com/SindicatoMega/status/1323248523320692737

xxxi https://twitter.com/JGMRadio/status/1318639447852941312

xxxii https://www.facebook.com/watch/live/?v=349411463054507

xxxiii https://www.eldesconcierto.cl/2019/10/21/videos-protestas-se-trasladan-hasta-canales-de-tv-manifestantes-reclaman-contra-cobertura-de-movilizaciones/

xxxiv https://interferencia.cl/articulos/furia-contra-canales-de-tv-por-cobertura-sesgada-los-obliga-mostrar-la-represion

xxxv https://www.eldesconcierto.cl/2020/10/30/redes-sociales-rechazan-episodio-de-informe-especial-que-criminaliza-la-protesta

xxxvi https://lavozdelosquesobran.cl/a-un-ano-del-estallido-la-reuniones-secretas-de-pinera-y-sus-ministros-con-altos-ejecutivos-y-rostros-de-television/

xxxvii http://verdadahora.cl/las-reuniones-del-general-mario-rozas-con-los-directores-de-canales-y-medios-de-comunicacion.html

i http://www.doble-espacio.uchile.cl/2020/10/30/persecusiones-y-detenciones-las-amenazas-que-viven-los-reporteros-independientes/

ii http://www.indicedechapultepec.com/chile.html

iii http://www.indicedechapultepec.com/indice/1/informes.pdf

iv https://pluralismotv.org/resultados/

Alerta 18 de octubre

Santiago de Chile 19 de octubre de 2020. A un año del inicio del estallido social en Chile, miles de personas salieron a las calles a protestar. Durante la jornada Carabineros hizo uso de fuerza de forma desproporcionada, realizando cientos de detenciones a manifestantes y varios ataques a comunicadores que se encontraban realizando labores informativas. A continuación se indican los casos registrados por el Observatorio del Derecho a la Comunicación en la ciudad de Santiago:

3 reporteros detenidos:

  • Javier Castro, reportero del medio local La voz de Maipú, fue objeto de un control de identidad por parte de funcionarios de Carabineros mientras registraba la detención de varios manifestantes. El comunicador se identificó como prensa y mostró su credencial y salvoconducto, a pesar de ello fue detenido y trasladado a la 25 comisaria de Maipú. Una hora después fue liberado sin cargos.
  • Nicolas Valdebenito, fue detenido cuando se encontraba registrando el incendio a una Iglesia. Fue trasladado a la 33 Comisaría, donde fue puesto en libertad horas después.
  • Sebastián Silva, colaborador de la Agencia EFE, fue golpeado por funcionarios de Carabineros, detenido y trasladado a la 3ª Comisaria, donde pasó la noche. Más de 24 horas después fue puesto a disposición judicial, el órgano judicial declaró ilegal la detención y ordenó su puesta en libertad. No obstante la intendencia de la Región Metropolitana ha presentado una querella contra el fotoperiodista por el delito de desórdenes públicos.

Agresiones por parte de fuerzas policiales

  • Otro reportero del medio local La Voz de Maipú, Vlady Cortés, fue interceptado por motoristas de Carabineros mientras se encontraba registrando una protesta en la población 4 Álamos. Tras comprobar que contaba con credencial y salvoconducto, un funcionario le pidió que se quitara la máscara, tras lo cual lo gaseó con pimienta, produciendo quemaduras en la cara del reportero.

Amenazas a periodistas

Las agresiones a la prensa por parte de las fuerzas de orden público han sido constantes desde el inicio del estallido social iniciado en octubre de 2019, y no han cesado durante la pandemia por COVID-19. Desde la declaración del Estado de emergencia sanitaria, el pasado mes de marzo, el Observatorio por el Derecho a la Comunicación ha registrado más de medio centenar de detenciones a reporteros. Durante estos meses también se ha constatado el hostigamiento y amenazas a integrantes de medios de comunicación independientes que se han destacado en la denuncia de vulneraciones de derechos humanos por parte de las fuerzas policiales.

Fe de erratas: en la primera versión de este post se afirmaba erróneamente que «El fotógrafo Antonio Kadima recibió el impacto de una bomba lacrimógena mientras cubría las manifestaciones» tomando como fuente la noticia publicada por El Desconcierto, sin embargo la propia víctima nos confirmó que la lesión fue debida a un objeto lanzado por los manifestantes.

Septiembre: el maltrato a la prensa independiente

BOLETÍN Nº5 DEL OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA COMUNICACIÓN

Introducción

El estallido social y la posterior crisis por la pandemia COVID-19 han evidenciado la importancia de los medios y comunicadores independientes. Su rol ha sido clave registrando las vulneraciones a los derechos humanos durante las protestas, dando a conocer una realidad que los grandes medios han opacado, pero también aportando evidencias que servirán de pruebas en numerosos casos judiciales. Durante la pandemia han sido también periodistas independientes los primeros en cuestionar las cifras oficiales y en denunciar el ocultamiento de la magnitud de la pandemia.

Si bien estos medios y comunicadores han ganado protagonismo, también se han convertido en objeto de ataques. Las agresiones y detenciones a la prensa no han cesado desde octubre pasado, a lo que se suma el hostigamiento judicial, amenazas y eliminación de contenidos en redes sociales. La radio JGM publicó un artículo multimedia con entrevistas a distintos actores que evidencian las adversas condiciones que encuentran las radios comunitarias para desarrollar la función informativai. Asimismo, el pasado 21 de septiembre un nutrido grupo de de medios populares e independientes difundió un comunicado de prensa denunciando esta situación y alertaban que “el actuar de Carabineros de Chile evidencia una estrategia de persecución y represión dirigida contra los comunicadores populares y corresponsales extranjeros que no se conforman con el discurso oficial”ii. Lamentablemente este comunicado no tuvo eco en los medios convencionales, que sin embargo, no han tenido inconveniente en utilizar, sin autorización, registros de medios independientes. La crisis de reputación de los medios grandes, también es una crisis de su modelo económico, como muestras las continuos despidos de trabajadores y los problemas financieros de algunos grupos empresariales.

Durante este mes destacamos también el reportaje de Brian Arredondo, Belén Sabbag y Francisca Vargas sobre las adversas condiciones que debido soportar los medios comunitarios tales como Radio Manque de Rancagua, Radio Plaza de la Dignidad y Radio La Voz de Paine. De acuerdo a la publicación, los comunicadores de estas radios han sido víctimas del hostigamiento policial continuamente, el cual se ha incrementado desde el estallido. La pandemia, por su parte, los ha impulsado a utilizar nuevas plataformas, generando redes para realizar foros, transmisiones en conjunto y cadenazos radiales que han aumentado el flujo de usuarios en las plataformas que utilizan, además de compartir contenido creado por los distintos participantes. Por último, también han tenido que enfrentar la judicialización por exigir el respeto a su derecho a la libertad de expresión y de la comunicación.

Finalmente, la falta de transparencia no deja de tener protagonismo en nuestro boletín. Si bien el Gobierno fue mejorando la comunicación pública sobre la pandemia, el Ministerio de Salud se niega a responder, de forma sistemática, a la solicitudes de acceso a la información pública, eludiendo entregar informes y datos que no figuran en las web oficiales.

Índice:

1. Hostigamiento a la prensa

1.1. Amenazas y agresiones a reporteros/as

1.2. Obstaculización a la labor periodística

2. Límites a la transparencia y acceso a la información

2.1. Ocultamiento de información sobre la pandemia

2.2. Denegación de solicitudes de acceso a información pública

2.3. Incumplimiento de la Ley del Lobby

3. Faltas a la ética periodística

4. Restricciones a la expresión de críticas

4.1. Censura a la expresión artística

4.2 Condena por difusión de información reservada

5. Laxitud y discrecionalidad en la regulación de la TV

5.1 Pluralismo político en matinales

5.2 Cuestiones de criterios de asignación de fondo CNTV

6. Crisis económica de la industria mediática

6.1. Despidos y disminución de la inversión publicitaria en medios digitales y TV

6.2 Crisis del grupo SAIEH – Copesa

El día 09 de septiembre, en Bonifacio, costa de Valdivia, desconocidos intentaron quemar la Radio comunitaria Lafken Mawidaiii, de la recientemente conformada Red de Medios Radiales del Wallmapu y la Patagonia. El incendio afectó la estructura del estudio de la radio comunitaria, la que se encontraba en su etapa final de construcción. Los hechos ocurrieron después de una intensa semana de movilizaciones que involucraron reuniones con las autoridades locales del MOP y particulares, donde se discutió sobre las expropiaciones impagas hace tres años, el avance acelerado de las empresas inmobiliarias que están construyendo condominios y haciendo desaparecer el bosque nativo.

El día 4 de septiembre de 2020 en el contexto de nuevas manifestaciones en Plaza Baquedano (Plaza Dignidad). Carabineros golpeó y lanzó gas pimienta a la prensaiv, arrestando con violencia al reportero de Prensa OPAL, Gianco Raglianti, hecho que quedó registradov. Al día siguiente, el Tribunal de Garantía, en base a los videos aportados por la defensavi, declaró ilegal la detención del reportero. El abogado Rodrigo Roman de la ONG Defensoría Popular anunció la interposición de una Querella en contra de los involucrados.

El 25 de septiembre en Plaza Baquedano (Plaza Dignidad), durante una protesta protagonizada por trabajadores de la salud y representantes de los Técnicos en Enfermería (TENS), Carabineros dispersaron a manifestantes con gases lacrimógenos y carro lanza agua. Se produjeron un total de 16 detencionesvii, entre quienes se encontraba la foto – reportera Daniela Parraviii, que fue subida al carro B512.

1.2. Obstaculización a la labor periodística

El día 23 de septiembre de 2020 la agrupación de Prensa del Congreso Nacional denunció, a través de sus redes socialesix, que desde la Corporación del Senado han intentado, por distintos medios, coartar la labor de la Agrupación de Prensa del Congreso mediante tonos amenazantes y el establecimiento de puntos de prensa sin aceptar preguntas. Estas acusaciones ocurren en el contexto de la decisión de la Comisión de régimen interno del Senado que estableció que el secretario general de la Corporación, Raúl Guzmán, cesará sus funciones como secretario abocándose solo a tareas de carácter administrativo, una vez que sea formalizado por el Ministerio Público por infracciones a las normas sanitarias en el marco de la pandemia, debido al polémico almuerzo en un restaurante de San Miguel en plena cuarentena.

2. Límites a la transparencia y el acceso a la información

2.1. Ocultamiento de información sobre la pandemia

Durante septiembre se tuvo conocimiento de la controversia por el acceso a los correos del ex ministro de Saludx Jaime Mañalich, de su entonces jefa de gabinete Itziar Linazasoro y de la subsecretaria Paula Daza. El caso llegó a la Corte Suprema en el marco de la investigación penal por las cifras de muertes por Covid-19 que se abrió tras una querella del senador Alejandro Navarro. Lo anterior ocurrió tras la negativa del actual jefe de esa cartera, Enrique Paris, a una diligencia de incautación de dichas conversaciones invocando un supuesto riesgo para la “seguridad nacional”.

El fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, recurrió al máximo tribunal del país para que zanje la controversia. En el escrito, Armendáriz asegura que en este estado de la investigación se puede sostener que “el ministro Jaime Mañalich y su jefa de gabinete Itziar Linazasoro, habrían decidido implementar un sistema sui generis para la recolección de datos esenciales para la correcta gestión de la pandemia. Que ese sistema de recolección de datos no solo era improvisado y distinto del diseñado bajo parámetros técnicos, por el Departamento de Epidemiología del Minsal, sino que, además, manejaba información incompleta”.

La Corte Suprema tendrá que decidir si da curso a la incautación de correos que ya ordenó el juez de garantía Darwin Bratti y si los argumentos expuestos por el ministro Paris están dentro de aquellos que el artículo 209 del Código Procesal Penal contempla para que una autoridad se oponga a una medida intrusiva.

2.2. Denegación de solicitudes de acceso a información pública

Desde el inicio de la pandemia por COVID-19 se ha identificado una práctica reiterada de obstrucción por parte del gobierno respecto del acceso a documentación relativa a la gestión de la pandemia. En la práctica totalidad de las solicitudes realizadas por ODC, la Subsecretaría de Salud elude responder a las solicitudes dentro del plazo legal, por lo que ha sido necesario acudir al Consejo para la Transparencia (CPLT) para obtener respuesta. Durante el mes de septiembre el CPLT ha ordenado a la Subsecretaría de Salud la entrega de la siguiente información:

  • Copia de los informes y criterios utilizados para decidir la aplicación de cuarentenas con motivo del COVID-19 (Decisión amparo nº C3398-20 CPLTxi).
  • Criterios o recomendaciones para que los centros de salud y personal médico decidan en contextos de escasez de ventiladores y camas de cuidados intensivos, qué enfermos tienen acceso a atención, cuando no resulta posible darla a todos los que la requieren (Decisión amparo nº C3399-20 CPLTxii).
  • Copia de los informes científicos que tiene en su poder el órgano relativos al análisis de la propagación del COVID-19 en Chile, indicando fecha en los que fueron recepcionados (Decisión amparo nº C4002-20 CPLT).
  • Actas de la Mesa Social COVID-19, así como listado de personas y entidades que la componen (Decisión amparo nº C4004-20 CPLT).

A pesar de los requerimientos, el Ministerio de Salud aún no entrega la información solicitada, por lo que hasta el momento sólo ha sido posible acceder a la información que se encuentra disponible en la página web habilitada por el Ministerio, pero no a otras informaciones que sustentan la actuación del Gobierno durante la pandemia por COVID-19.

2.3. Incumplimiento de la Ley del Lobby

Uno de los efectos que ha producido la pandemia en el contexto del quehacer de autoridades y funcionarios ha sido el incremento de las audiencias y reuniones vía plataformas de teleconferencia, incluyendo aquellas relativas a lobby o gestión de intereses particulares. Así por ejemplo lo evidenció una fiscalización del Consejo para la Transparencia (CPLT) que contrastó los registros de este tipo de encuentros entre representantes de organismos públicos del sector salud y privados. Desde el CPLT, explicaron que pese a la situación excepcional que ha impuesto la emergencia sanitaria por coronavirus, no existe obstáculo que impida el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley que regula el Lobby (Nº 20.730). Por lo tanto, estas reuniones deben quedar en los registros de la agenda pública de cada repartición: “El hecho de que las audiencias o reuniones de lobby o gestión de intereses se realicen de manera telemática, no exime a las autoridades de registrar éstas en conformidad a la ley. En efecto, el propio reglamento contempla la posibilidad que las audiencias se realicen por videoconferencia”xiii, señaló Jorge Jaraquemada.

Finalmente, desde el Consejo afirmaron que la legislación actual en materia de Lobby no establece obligaciones sobre los sujetos activos de la actividad. Por ejemplo, no existe un registro de lobbistas ni de gestores de intereses particulares previo, ni tampoco resulta posible conocer qué intereses se están representando sino hasta que se solicita una audiencia.

3. Faltas a la ética periodística

El día 12 de septiembre de 2020, a través de redes socialesxiv, la agrupación Prensa OPAL denunció que Chilevisión utilizó en su noticiero central imágenes de su autoría sin autorización. El reclamo de la Agrupación de comunicadores independientes no es nuevo, el pasado mes de enero de 2020 el colectivo denunció que las imágenes que grabaron durante las manifestaciones sociales en Antofagasta habían sido «ordinariamente robadas y tergiversadas con el propósito de justificar la represión policial En específico, el grupo de comunicadores acusó en dicha oportunidad de «hurto» de imágenes a Canal 13, TVN, CNN y Chilevisiónxv.

El Consejo de Ética de los Medios de Comunicación recibió numerosas denuncias por posible falta a la ética periodística en contra de Canal 13 por la participación de Hermógenes Pérez de Arce en el matinal “Bienvenidos” el pasado 29 de noviembre de 2019. El invitado abandonó el programa tras afirmar que no hubo una violación sistemática de los derechos humanos en Chile durante el régimen militar. El pasado 24 de septiembre, el Consejo de Ética concluyó que se incurrió en una falta a la ética periodística: “el canal tiene la libertad editorial de debatir estas materias en espacios distintos a los informativos, pero debe hacerse responsable de evitar exacerbar la emocionalidad y el conflicto, ya que transforma en espectáculo la confrontación de ideas, e impide a la audiencia entender la dignidad y relevancia de lo que se debatexvi.

El 24 de septiembre de 2020, el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social emitió una resoluciónxvii en la que declara que hubo una falta a la ética periodística en la transmisión del día 15 de mayo de 2020 en el programa radial “conectados con Agricultura”, el día en que participa el panelista Sergio Melnick y Sergio Hirane como conductor. En dicha transmisión el señor Sergio Melnik, utilizó un lenguaje con pertinaces descalificaciones para referirse a Michelle Bachelet, expresidenta de la República, tales como (textual) “vieja insoportable, vieja de mierda, enferma, inepta, nefasta, políticamente mugrienta, una basura”. Algunos de estos epítetos los repitió en el curso del programa. El panelista se refirió también en términos de menosprecio al diputado Giorgio Jackson y a la presidenta del Colegio Médico de Chile, Izkia Siches. El Consejo fundó su parecer principalmente en el hecho de que las expresiones referidas a supuestas conductas inmorales, antiéticas o delictuales deben fundarse en pruebas verosímiles en conocimiento y en poder de quien opina. La resolución condenatoria ordena al programa Conectados con Agricultura que, el día en que participa el panelista Sergio Melnick, su conductor Sergio Hirane, debe dar lectura al extracto de la resolución que se adjunta. Además, el medio deberá publicar el extracto en su sitio web durante 7 días continuos.

4. Restricciones a la expresión de críticas

4.1. Censura a la expresión artística

“Destruir en nuestro corazón la lógica del sistema”. Así rezaba el mensaje lumínico proyectado en círculo alrededor del monumento al general Manuel Baquedano en el corazón de la capital, la noche del jueves 24 de Septiembre. En el lugar además se proyectó con luces azules la llamada Estrella de Arauco (Guñelve), símbolo tradicional mapuche. Pasadas las 20.40 horas de aquel día llegó a la rotonda una patrulla de Carabineros que dispuso un foco en dirección a las luces para evitar la proyección.

Ante lo sucedido el Alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, se refirió a la necesidad de que este tipo de expresiones requieran de autorización previaxviii, señalando que “jamás vamos a ejercer censura previa, sino todo lo contrario [estamos] por patrocinar y apoyar, pero también hay una delgada línea para que esas instalaciones no vulneren ni lesionen la honra de las personas”.

Los abogados del estudio de diseño audiovisual, Delight Lab, presentaron los antecedentes ante la Corte de Apelaciones de Santiago sobre lo sucedido aludiendo a una orden de no innovar emitida por el mismo tribunal de alzada, por un recurso de protección presentado anteriormente ya que en mayo pasado ocurrió lo mismo cuando proyectaban sobre el edificio de Movistar las palabras “Hambre” y “Solidaridadxix”.

4.2. Condena por difusión de información reservada

El lunes 21 de septiembre se dió a conocer la sentencia emitida por el Octavo Juzgado de Garantías, que condenó a 61 días de pena remitida a uno de los tres investigados por difundir la información hackeada por Anonymous a Carabineros de Chile (PacoLeaks)xx. El fiscal Felipe Sepúlveda explicó que el acusado puso un banner en la página web www.verdeclaveverde.com, que redirigía la búsqueda hacia el sitio donde los piratas informáticos subieron los datos sustraídos a la policía uniformada, en los días posteriores al 18 de octubre de 2019. Los hackers accedieron a más de diez mil documentos los cuales fueron difundidos los días 25, 26 y 27 de octubre de 2019, entre la información filtrada figuran datos como nombres, RUT, unidad a la que pertenecen, documentos con informes de inteligencia, entre otros.

5. Laxitud y discrecionalidad en la regulación de la TV

5.1 Pluralismo político en matinales

Un estudio exploratorio-cuantitativo realizado por el Consejo Nacional de Televisión sobre la presencia de actores políticos en los programas matinales y las características de su aparición en pantalla, arrojó importante información estadística sobre diversos temas vinculados a la diversidad y el pluralismo en los medios de comunicaciónxxi. El informe determinó que el 60% de los actores políticos que se presentan en los matinales corresponden al ejecutivo y al oficialismo, asimismo, del total de presencia de actores políticos, el 9,2% pertenece al Gobierno/Poder Ejecutivo; el 48,8% al oficialismo político; y el 41,9%a la oposición política. Si bien, el estudio no específicó cuánto de esa oposición correspondía a la nueva mayoría y cuanta a otros conglomerados.

El informe observó en general una minoritaria presencia de mujeres en los matinales, que corresponde a un 26,6% frente al 73,4% de los hombres. El estudio, sin embargo, puntualizó que la participación de mujeres en la política no era ajena a este fenómeno, comparando para ellos sus resultados con la proporción de hombres y mujeres en el Congreso Nacional.

En cuanto a la sociedad civil y al centralismo, existe una incipiente y dispar presencia de actores en los distintos matinales. Del total de casos analizados, solo el 10,3% corresponde a actores políticos que representan a la sociedad civil y en términos generales, se observa un predominio de temas desde la Región Metropolitana: 63,8% de los temas está focalizado en esta región; un 33% de los temas son de alcance nacional y un escaso 2,7% está referido a otras regiones.

Se debe tener presente que este estudio constituye la única respuesta efectiva realizada hasta ahora por el CNTV a la denuncia sobre ausencia de pluralismo político en televisión realizada durante junio por las bancadas de oposición, a raíz del estudio realizado por Conecta Media en el mes de marzo, según el cual Joaquin Lavín y otros políticas de derecha tenían una presencia muy alta en los programas matinales de TV, en comparacion con políticos de otras coaliciones. En el boletín nº3 del mes de Julio, ya dimos cuenta de una investigación sobre el pluralismo informativo en canales de TV abierta de alcance nacional, en el que todos los canales obtenían una puntuación negativaxxii. Ante la ausencia de las herramientas y procedimientos que establece el artículo 14 de ley, el CNTV sigue sin desarrollar una regulación robusta del pluralismo.

5.2. Cuestionamiento a criterios de asignación del fondo CNTV

Controversia produjo durante el mes de septiembre la decisión del Consejo Nacional de Televisión de no incluir la serie “Magnicidio” en los proyectos a los que adjudica fondos. La serie relata en formato de thriller las circunstancias que rodearon la muerte del ex presidente de la república Eduardo Freí Montalva, durante la Dictadura cívico-militar en Chile.

La ex senadora Carmen Frei y tres de sus hijos firmaron un texto en que se acusa un «bloqueo político» contra la serie «Magnicidio», a la que por segundo año consecutivo el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) no incluyó en los proyectos a los que adjudica fondos. Los Frei denuncian la existencia de un «veto» y la realización de «maniobras pequeñas», lamentando, en especial, «las explicaciones esgrimidas» por el exministro, militante DC y actual consejero del CNTV Genaro Arriagada. El senador DC Francisco Huenchumilla manifestó su apoyo a la familia Frei, considerando: «muy poco comprensible esta decisión de una mayoría del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), dado que la existencia de una institución como la señalada, en un contexto democrático, debe fundarse, ya sea de manera explícita o tácita, en aspectos que vayan un poco más allá del ‘correcto funcionamiento’ de la televisión; guiándose también, y con toda intencionalidad, a la promoción de valores indispensables en una sociedad del siglo XXI, como son la democracia, el pluralismo y el respeto por los derechos humanos».

Los dichos de Huenchumilla contrastan con lo señalado por el actor nacional Luis Gnecco, quien cuestionó la preeminencia de criterios políticos por sobre critérios técnicos en este tipo de decisiones: «este extraño organismo que es el CNTV está compuesto en su mayoría por abogados y no por personas expertas en lo audiovisual, salvo dos o tres. Finalmente los proyectos ganadores se reparten dentro de la binominalidad habitual derecha-izquierda, suponemos dentro de los gustos o conveniencias políticas que cada consejero pueda tener», agregando que, «A todas luces una situación a la que no deben verse expuestos estos proyectos, que por ser obras artísticas no debieran estar sometidos a una evaluación política que es la que finalmente se produce. Una deliberación de esta índole se acerca más a un régimen dictatorial que ve lo conveniente o inconveniente y no a una democracia, que debiera premiar la diversidad», en esa misma línea enfatizó que «los proyectos se ven enfrentados a una especie de Corte Suprema con el color político del gobierno de turno y no a un organismo técnico idóneo para juzgar sus fortalezas y debilidadesxxiii.”

6. Crisis económica de la industria mediática

6.1. Despidos y disminución de la inversión publicitaria en medios digitales y TV

Durante el mes de septiembre se informó de fuertes caídas en los ingresos de los canales de televisión tradicionalesxxiv. Canal 13, Mega, TVN y Chilevisión reportaron a la CMF que acumularon pérdidas en su segundo trimestre por $12.441 millones, cuatro veces más que entre abril y junio del año anterior, cuando fueron de $3.249 millones. En este contexto de crisis de los medios tradicionales, durante el mes de septiembre se registraron despidos al interior de The Clinicxxv. La jornada de desvinculaciones se habría efectuado luego que se pusiera fin al Área de Podcast, desapareciendo prácticamente todos los proyectos de este tipo. Canal 13 también vivió una nueva jornada de despidos durante el mes de septiembrexxvi, reportándose alrededor de 50 profesionales de las comunicaciones desvinculados. Entre las áreas más afectadas se encuentra el Departamento de Prensa, el área Cultural y Reportajes.

6.2 Crisis del grupo SAIEH – Copesa

Álvaro Saieh es el dueño del conglomerado empresarial CorpGroup que mantiene intereses en diversas áreas: banca retail, turísmo, inmobiliarias y medios de comunicación, en una posición destacada que por varios años lo ha instalado dentro de los 5 hombres más ricos de Chile, y de los 800 con mayor patrimonio a nivel mundial.

No obstante aquellos antecedentes, en el mes de septiembre se conocieron, una vez más, de los problemas de financiamiento de algunas de las áreas de interés del grupo, deudas que han afectado el brazo de medios del holding COPESA, que mantiene La Tercera, La Cuarta, La Hora, Qué Pasa, además de Grupo Dial con algunas radioemisoras de alcance nacional.En lo inmediato la falta de liquidez ha significado para COPESA y DIAL el despido de periodistas y personal profesional (justificado en los efectos de la pandemia) y transformación del modelo de difusión de los contenidos desde soporte físico a onlinexxvii.

El negocio de medios para un conglomerado como CorpGroup es significativo, pensando en que en Chile existe una importante concentración de medios, para el caso son dos las que manejan las cadenas de diarios a nivel nacional, con avisaje cautivo, poder que se expresa, junto con El Mercurio, en el control de “Agenda Setting”, influencia determinante incluso a la hora de tratar la misma crisis que atraviesa el holding, intereses cruzados que muchas veces hacen difícil distinguir la noticia de la relaciones públicas.

i https://radiojgm.uchile.cl/radios-comunitarias-en-pandemia-comunicar-un-derecho-o-un-delito/

ii https://regionalista.cl/medios-de-comunicacion-populares-e-independientes-denuncian-represion-y-persecucion/

iii https://radiokurruf.org/2020/09/10/audio-comunicado-intentan-quemar-radio-comunitaria-lafken-mawida-en-la-costa-de-valdivia/

iv https://twitter.com/piensaprensa/status/1302026902111236098?s=21

v https://twitter.com/prensaopal/status/1302170051181772800

vi https://twitter.com/ONGDefPopular/status/1302284177610608640?s=09

vii https://www.nodal.am/2020/09/chile-carabineros-reprimio-a-trabajadores-de-la-salud-en-plaza-de-la-dignidad/

viii https://twitter.com/PiensaPrensa/status/1309630347890618370

ix https://twitter.com/congreso_prensa/status/1308872288054513669

x https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/no-tiene-fundamento-fiscalia-va-a-la-suprema-y-cuestiona-a-paris-por-oponerse-a-entregar-correos-de-manalich/QQKAJCLT4ZDATO74TCTDQHR4OY/

xi https://extranet.consejotransparencia.cl/Web_SCW2/Archivos/C3398-20/DecisionWeb_C3398-20.pdf

xii https://extranet.consejotransparencia.cl/Web_SCW2/Archivos/C3399-20/DecisionWeb_C3399-20.pdf

xiii https://www.consejotransparencia.cl/cplt-aclara-que-las-reuniones-por-video-conferencia-de-autoridades-con-fines-de-lobby-deben-registrarse/

xiv https://twitter.com/prensaopal/status/1304936621041692673

xv https://www.eldesconcierto.cl/2020/01/27/prensa-opal-denuncia-hurto-de-imagenes-y-tergiversacion-de-las-mismas-por-parte-de-canales-de-television/

xvi http://www.consejodeetica.cl/sitio/wp-content/uploads/2020/09/246-CEMC-Varios-con-Canal-13.pdf

xvii http://www.consejodeetica.cl/sitio/wp-content/uploads/2020/08/258-CEMC-Varios-con-Radio-Agricultura-1.pdf

xviii https://www.latercera.com/nacional/noticia/alcalde-de-santiago-tras-interrupcion-de-carabineros-a-intervencion-artistica-en-plaza-italia-nosotros-no-estamos-por-la-censura/3SWIUGXG3BAO5LPMUDXQJD6H4E/

xix https://www.adnradio.cl/nacional/2020/09/25/abogados-de-delight-lab-acudiran-a-la-corte-de-apelaciones-tras-bloqueo-de-intervencion-luminica-en-plaza-baquedano.html?fbclid=IwAR2S3LBKnlqHs76teURUy2W7LsPkFUQP-E_eUpooToUxsrd4rlGWCLL2SWQ

xx https://www.adnradio.cl/nacional/2020/09/21/justicia-condeno-a-61-dias-de-pena-remitida-a-hombre-que-difundio-informacion-hackeada-a.html

xxi https://www.cntv.cl/cntv/site/artic/20200922/asocfile/20200922094604/matinales_presencia_poltica_y_pandemia_docx.pdf

xxii https://pluralismotv.org/resultados/

xxiii https://elfiltrador.com/durisima-critica-de-luis-gnecco-al-cntv-por-polemica-serie/

xxiv https://www.eldesconcierto.cl/2020/09/17/canales-de-tv-registran-fuertes-caidas-de-ingresos-entre-abril-y-junio/

xxv https://elfiltrador.com/nueva-reestructuracion-confirman-despidos-en-the-clinic/

xxvi https://elfiltrador.com/rodrigo-vera-entre-los-despedidos-en-jornada-negra-para-canal-13/

xxvii https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/09/02/a-saieh-se-lo-esta-llevando-el-covid/