Enero: nuevo año, mismos problemas

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1. HOSTIGAMIENTO Y ATAQUES A LA PRENSA

1.1. Cifras totales

19 ataques registrados durante el mes de enero. 8 detenciones arbitrarias.

1.2. Agresiones por parte de agentes del Estado

Maullín, 2 de enero a las 18:30 hrs

Santiago, 4 de enero, protesta frente al Mineduc

  • Durante la mañana del 4 de enero el Camarógrafo de Chilevisión (CHV) Alex Cuadra fue detenido mientras realizaba una cobertura en directo de una protesta de estudiantes secundarios en el frontis del Ministerio de Educación (Mineduc) por la Prueba de Transición Universitaria (PTU)ii. La detención se produce cuando el Camarógrafo registraba la detención de una joven menor de edadiii, fue esposado y trasladado a la 3° comisaría de Santiago y liberado horas después. Al producirse los hechos durante una transmisión en un programa de televisión de máxima audiencia, la noticia tuvo una importante repercusión social, numerosas personalidades públicas condenaron lo sucedido y varias organizaciones difundieron comunicados de denuncia, así como la propia empresa de comunicacióniv. Tanto Carabineros como el gobierno se refirieron a lo ocurridov. El Ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, lamentó los hechos indicando que “Carabineros no debe ni puede intervenir la labor de la prensa cuando está ejerciendo su labor de manera adecuada”vi.
  • De forma paralela, varios periodistas que se encontraban cubriendo la protesta fueron golpeados por personal de Carabineros.

Santiago, 4 de enero, protestas en Plaza Italia y Alameda

En la jornada de tarde, durante una protesta en las proximidades de Plaza Italia se produjeron varios ataques a la prensa por parte de funcionarios policiales que formaban parte de un operativo de fuerzas antidisturbios dirigido por la Mayor Ojeda. A diferencia de los ocurrido en la mañana, estos hechos no fueron difundidos por los medios de comunicación, ni se produjeron declaraciones públicas de las autoridades.

Ercilla, 7 de enero

Fotoperiodista es golpeado por funcionarios policiales de la PDI, tras registrar la detención de una menor de edad en un allanamiento a la comunidad de Temucuicuixvii. El 27 de enero funcionarios de la PDI acudieron al domicilio del fotoperiodista para notificarle una citación para declarar ante el fiscal por lo ocurrido.

Santiago, 15 enero.

Durante las protestas en el centro de Santiago, funcionarios de Carabineros empujan en varias ocasiones a reportero que captó la detención de un manifestante que se encuentra inconscientexviii.

Santiago, 29 de enero, protestas en Plaza Italia y Alameda

En una protesta en las proximidades de Plaza Italia se produjeron varios ataques a la prensa por parte de funcionarios policiales, de los cuales documentamos los siguientes casos:

2. LÍMITES A LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

2.1. Imposibilidad de acceder a la información de las reuniones del Presidente de la República

Presidencia de la República impide el acceso a la información relativa a la agenda de reuniones del Presidente Piñera. Desde ODC se han realizado nuevas solicitudes de acceso a la información pública que han sido rechazadas por el órgano, por los que se han presentado recurso de amparo ante el CPLT (amparos n.º 513-2021 y 515-21).

La Corte de Apelaciones de Santiago, en su sentencia de 2’ de enero de 2021 (Rol n.º 398-2020), dejó sin efecto la Decisión amparo CPLT que ordena entregar información relativa a las actividades del presidente el 18 de octubre 2019, al considerar que el Presidente de la República no está obligado a entregar información relativa a sus reuniones y actividades ya que se encuentra excluido de las exigencia de la Ley del Lobby.

2.2. Ministerio de Salud no responde a las solicitudes de información pública

Desde ODC realizamos 5 solicitudes de acceso a información pública sobre aspectos relevantes en el proceso de vacunación. El Ministerio de Salud no respondió a ninguna de las solicitudes realizadas, por lo que se procedió, como ya hicimos durante 2020, a presentar amparo ante el CPLT. A continuación se indica la información solicitada.

  • Criterios para definir los grupos de la población con prioridad en recibir la vacuna COVID-19 (Amparo Rol n.º rol C710-21).
  • Calendario de vacunación COVID-19 previsto para 2021, indicando número de vacunas que se prevé administrar, en que meses y a qué grupos de la población (Amparo Rol n.º rol C711-21).
  • Presupuesto y gasto realizado para adquisición de vacunas COVID-19 con los distintos laboratorios y empresas farmacéuticas (Amparo Rol n.º rol C712-21).
  • Listado de convenios realizados para la adquisición de vacunas de COVID-19, indicando las empresas farmacéuticas involucradas e identificando los acuerdos que contienen cláusulas de carácter reservado por motivos de seguridad nacional o de otra índole (Amparo Rol n.º 713-21).
  • Coste de las primeras 10.000 vacunas COVID-19, así como condiciones y garantías acordadas con el laboratorio Pfizer-Biontech para distribuir las vacunas en Chile, indicando si existen cláusulas de carácter reservado por motivos de seguridad nacional o de otra índole (Amparo Rol n.º rol C714-21).

2.3. Incumplimiento de requerimientos del CPLT

El CPLT comunicó a la Subsecretaría de Salúd Pública la reitera incumplimiento de las decisiones de Amparo y requerimientos de cumplimientos realizadas, para que se ponunciara al respecto. La Subsecretaría de Salúd Pública respondió al oficio indicando que sus funciones se habían visto afectadas por crisis sanitaria, que ha supuesto un aumento exponencial de las solicitudes de información pública, por lo que solicitó una ampliación del plazo de entrega de la información pendiente en 44 decisiones de amparo, fijándose el 29 de enero como plazo de cumplimiento (Oficio CPLT n.º 11 de 19 de enero). Sin embargo, pasada la fecha acordada, la Subsecretaría de Salúd Pública aún no entrega la información requerida.

2.4. Transparencia en el gasto y distribución de la vacuna

El CPLT ofició el día 23 de noviembre pasado (Nº 1131)xxvii al Ministerio de Salud para solicitar información sobre la estrategia nacional de vacunas COVID-19, tanto en materia de gasto como de distribución de las vacunas que compró el Estado. Por la información disponible, el Ministerio de Salud no ha facilitado ninguna respuesta a la solicitud del CPLTxxviii.

3. OTROS TEMAS

3.1. Crisis financiera de las empresas periodísticas

El Grupo Copesa, controlador de varios medios de comunicación, anunció el despido de casi 200 trabajadores, y el cese de la difusión de las versiones en papel de La Cuarta, y las revistas Paula y Más Deco. Asimismo, reduce la circulación en papel del diario La Tercera y Pulso, que durante los fines de semana se reducirá a la Región Metropolitana y Valparaíso. Desde el Sindicato 3 de Copesa acusan que los despidos se deben al mal manejo del gerente general de la compañía, quien provocó una crisis financiera dentro de la empresaxxix.

3.2. Polémica por acción judicial de la PDI por expresiones de un periodista

Abogado de la PDI presentó acción judicial contra el periodista Jose Antonio Neme y el canal de Televisión La Red, por las expresiones en las que se cuestiona el operativo policial de la PDI en la comunidad de Temucuicui realizado el pasado 7 de eneroxxx. En el recurso de protección presentado, se solicita la eliminación de los comentarios del periodista, disponible en la página web del medios de comunicación, así como si abstención de emitir comentarios deshonrosos vinculados a la muerte del subinspector de la PDI. La Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el recurso de protección (Rol n.º 386-2021).

i https://www.facebook.com/1549523881931927/posts/2767773176773652/ https://twitter.com/Chiledicebasta2/status/1346088029799251968

ii https://twitter.com/agenciaunochile/status/1346094061745278976

https://www.chvnoticias.cl/nacional/carabineros-camarografo-detenido-informar_20210104/ https://www.chvnoticias.cl/nacional/carabineros-camarografo-detenido-informar_20210104/ https://www.chvnoticias.cl/nacional/video-momento-camarografo-chv-noticias-detenido-carabineros_20210104/

iii https://www.encancha.cl/tiempo-x/television/2021/1/4/fui-el-unico-esposado-camarografo-de-cnn-chv-relata-violenta-detencion-70653.html

iv https://www.cnnchile.com/pais/declaracion-direccion-centro-noticias-warner-media-detencion-camarografo_20210104/

v https://www.cnnchile.com/pais/carabineros-detencion-camarografo-funcion-informar_20210104/?_ga=2.59384677.978627556.1609987936-1731529074.1607790407

vi https://www.chvnoticias.cl/nacional/bellolio-camarografo-detenido-carabineros-prensa_20210104/

vii https://twitter.com/amacasqui/status/1346245656286015489

viii https://twitter.com/FpvrPrensa/status/1346521831243657219

ix https://twitter.com/FpvrPrensa/status/1346521831243657219

x https://www.instagram.com/p/CJrnJ3sp6KV/

xi https://www.instagram.com/p/CJsBgMbJDDS/

xii https://twitter.com/EPInforma/status/1346224109710094337 https://twitter.com/PiensaPrensa/status/1346215208956649479

xiii https://twitter.com/FpvrPrensa/status/1346221823495729155

xiv https://twitter.com/prensaopal/status/1346244296165494785

xv https://twitter.com/EPInforma/status/1346230953006551040

xvi https://twitter.com/PiensaPrensa/status/1346245726658039808

xvii https://twitter.com/El_Ciudadano/status/1349017605827403785

xviii https://www.instagram.com/p/CKFVr55lOAt/

xix Ver resgistro de video, a partir de minuto 17, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=PTIMcuvSjag

xx https://www.instagram.com/p/CKq9WqSJRo9/

xxi Causa RIT-851-2021 RUC2100096366-3 en el 8º Juzgado de Garantía de Santiago.

xxii https://www.instagram.com/p/CKqU0sPJmvj/

xxiii https://www.youtube.com/watch?v=1sN4HqPD2pM

xxiv https://www.instagram.com/p/CKrON7KpK8D/

xxv https://twitter.com/MegafonoPopular/status/1355329291207258116

xxvi https://www.instagram.com/p/CKpqkghpkJk/

xxvii https://www.consejotransparencia.cl/cplt-manifiesta-preocupacion-por-transparencia-en-gasto-y-distribucion-de-la-vacuna/

xxviii https://www.consejotransparencia.cl/balance-del-cplt-mostro-alza-en-demanda-por-transparencia-asociada-al-estallido-social-y-pandemia-en-el-2020/

xxix https://twitter.com/sindicatocop3sa/status/1355179930380890113

xxx https://www.lared.cl/2021/programas/programas-completos-holachile/hola-chile-programa-completo-jueves-07-de-enero-2021

El objetivo de este ciclo es presentar las graves vulneraciones a la libertad de expresión que se han producido en Chile desde el estallido social hasta ahora y que no han sido abordadas en profundidad en el debate público.

Es así que en el periodo entre el 19 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, constatamos una vulneración múltiple, reiterada y generalizada de la libertad de expresión en Chile. Identificamos en primer lugar dos grandes núcleos temporales en torno a los cuales se produce la mayor cantidad de vulneraciones.

a) El período álgido de protesta social desde octubre de 2019 hasta enero de 2020. En torno a eso, ya presentamos en enero pasado datos y un informe a la CIDH, comprendido entre el 19 de octubre y el 22 de noviembre.

b)    El período que abarca desde marzo a diciembre del presente año, marcado por la pandemia del coronavirus, el cual a partir del 1º de mayo se mezcla con la re-emergencia de la protesta social, ahora especialmente dirigida contra las medidas tomadas por el gobierno para enfrentar la crisis sanitaria.

A partir del análisis de los datos recopilados constatamos dos grandes núcleos de problemas:

i)               Ataques a la prensa por parte de organismos del Estado. Durante el primer periodo, entre 18 de octubre y 31 de diciembre se registran 21 detenciones y 103 agresiones. En el segundo periodo, entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2020 se registran al menos 69 detenciones y 29 agresiones. Entre marzo y septiembre de 2020, el número de detenciones es mayor al de los primeros días del estallido social. Esta situación se agrava debido al rol jugado por el poder judicial durante estos meses, que simultáneamente ha negado la tutela judicial a comunicadores vulnerados en el ejercicio de la labor informativa, así como al mismo tiempo ha brindado curso al hostigamiento judicial contra el mismo sector por parte de organismos del Estado.

ii)             Problemas de acceso a la información pública, tanto respecto del estallido social como de la pandemia de COVID-19. La continuidad de este problema nos permite observar una práctica reiterada de parte de algunos órganos del Estado, así como una débil labor fiscalizadora al respecto de parte del Consejo para la Transparencia. Uno de los aspectos que persiste es la negativa del Gobierno a entregar detalles sobre la agenda de reuniones del Presidente desde el estallido social en adelante, argumentando que no existe norma constitucional o legal que mandate a Presidencia a llevar un registro de la totalidad de actividades en las que participa S.E. el Presidente de la República[1].

Además de lo anterior identificamos otros temas denunciados durante el período, tales como:

  • Restricciones a la libertad periodística
  • Restricciones a la libertad de expresión en el ámbito artístico
  • Criminalización del discurso público
  • Falta de pluralismo y presiones de autoridades públicas a medios de comunicación
  • Censura algorítmica, acoso selectivo y discursos de odio en internet

Espiral del silencio, sub-representación y profundización autoritaria

La hipótesis que manejamos es que alrededor de estas vulneraciones vivimos una espiral del silencio: no hay informes ni estadísticas detalladas que hayan sido publicadas por organismos de derechos humanos ni asociaciones gremiales. Hay una autopercepción de que en Chile no hay problemas graves en este ámbito, los casos se relativizan o quedan opacados por vulneraciones de mayor gravedad; los medios de comunicación convencionales tampoco difunden noticias críticas con la libertad de expresión en Chile, salvo cuando se trata de sus propios trabajadores.

Por lo mismo, este informe es una sub-representación del verdadero estado de crisis de la libertad de expresión en Chile. Muchos comunicadores agredidos no denuncian las situaciones de hostigamiento porque la violencia policial contra comunicadores independientes, comunitarios y alternativos se encuentra naturalizada por el propio sector, que es el más afectado de acuerdo a nuestros hallazgos.

Sin embargo, al mismo tiempo, observamos que los resultados, no marcan una inflexión en el problema de la libertad de expresión en Chile, sino que profundizan en lógicas autoritarias que ya habían sido alertadas en el informe de la última visita al país por parte del Relator de la Libertad de Expresión de la CIDH en 2016.

El ciclo, está abierto a todo público y se transmitirá por las redes sociales del ICEI: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Será grabado con fines de difusión académica, y estará disponible posteriormente, en el sitio web y en las redes sociales del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.  

Diciembre: 2020 concluye con un aumento de los ataques a la prensa

Durante un año marcado por la pandemia COVID-19 y las restricciones de movilidad, no han cesado los ataques a la prensa que ha salido a la calle a cubrir las movilizaciones. En 2019 muchos ataques se produjeron en protestas masivas en un contexto de uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes de orden público; en 2020, con protestas puntuales y menos masivas, se ha evidenciado que los ataques de Carabineros de Chile a la prensa son intencionados, que consisten principalmente en detenciones arbitrarias e ilegales, siendo sus principales víctimas los comunicadores y medios independientes que se dedican a documentar las prácticas de abuso policial. Si bien el número de agresiones es significativamente menor al producido en los primeros meses del estallido social, destaca el elevado número de detenciones arbitrarias registrado y que llega a 69 casos en 2020, cifra que según los datos disponibles es la mayor producida desde el final de la Dictadura.

Cómo se aprecia en este gráfico, la reactivación de las protestas masivas durante los últimos meses de 2020 ha evidenciado el uso indiscriminado de armas disuasivas por parte de Carabineros de Chile. En noviembre y diciembre se han documentado numerosos casos de reporteros que son atacados por los vehículos lanzaaguas y sufren quemaduras por la excesiva concentración de agentes químicos o reciben chorros de agua a alta presión que provocan fuertes golpes. A pesar de las denuncias por la peligrosidad del uso de estos dispositivos ante distintos poderes del Estado, hasta el momento no se ha tomado ninguna medida al respecto.

1. Hostigamiento y ataques a la prensa

1.1. Detenciones

Santiago: 

El día 01 de diciembre ocurrió la detención del reportero de Agencia Panoptiko por parte de Carabineros, luego de ser objeto de controles de identidad y de registrar con su cámara  detenciones de manifestantes. Cabe destacar que la detención se dio mientras realizaba transmisiones en vivo con el fin de dar cobertura a las manifestaciones que ocurrían en las inmediaciones del Palacio de La Moneda por la libertad de los presos detenidos durante la revuelta de octubre de 2019. 

El mismo día 01 de diciembre de 2020, en la intersección del paseo Puente y calle Santo Domingo,  una corresponsal de “Prensa al Tanto” en conjunto con dos colaboradoras del Periódico “El Irreverente” fueron detenidas y golpeadas por documentar la violenta detención de comerciantes apostados en dicha intersección. Las dos colaboradoras de “El Irreverente” sufrieron contusiones en brazos, piernas y cara por golpes de puño y patadas, además acusaron ser abusadas sexualmente por parte de Carabineros. Compañeros de las reporteras se acercaron a la Primera Comisaría de Santiago para consultar por el estado de las corresponsales, señalando que Carabineros intentó ocultar el hecho negando la detención.

El día 11 de diciembre de 2020 en la ciudad de Santiago, fue detenido por Carabineros un periodista del diario Clarín de Argentina, mientras ejercía su trabajo periodístico en las inmediaciones de la Alameda. Horas después fue puesto en libertad.

El 16 de diciembre, Carabineros arrestaron a dos reporteros que fueron atacados por manifestantes de un grupo de ultraderecha. Fueron  trasladados a la 1º comisaría de Santiago y puestos en libertad horas después.

El día 25 de diciembre de 2020 una Periodista de la agencia internacional Pressenza es detenida en sector P. Forestal, tras cuestionar a Carabineros el no uso de su identificación oficial.

El día 28 de diciembre, en las inmediaciones de la Alameda fue detenido sin motivo aparente por Carabineros el reportero Osvaldo Tello. Fue acusado de infringir el código sanitario. Después de 8 horas detenido fue liberado tras ser acusado de desórdenes públicos. 

Antofagasta: 

En la ciudad de Antofagasta, el día 1 de diciembre de 2020 se registró la detención de dos reporteros independientes por parte de Carabineros. Los reporteros se encontraban registrando las protestas en un barrio de la ciudad.

1.2. Agresiones por parte de agentes del Estado:

Santiago: 

El día 04 de diciembre de 2020 en la esquina de la Alameda con San Antonio se registró la agresión por parte de un Carabinero identificado como “C.O.P 20-8-12”, a un reportero que registraba el momento de la detención de manifestantes. El reportero también denunció haber sido objeto de ataque con químicos desde un vehículo lanza aguas.

El día 11 de diciembre de 2020 en las inmediaciones del metro Universidad de Chile, según brigadistas de salud, un fotógrafo independiente recibió el  impacto del  lanzaaguas de Carabineros, y al caer se golpeó las piernas con unos fierros. Fue trasladado a la posta central con grandes dolores y en estado de shock. Se desconoce su estado actual. 

El día 11 de diciembre de 2020, el reportero gráfico J. A. sufrió una luxofractura en su hombro izquierdo mientras cubría manifestaciones sociales, esto como consecuencia de una agresión por parte de Carabineros.

El mismo día 11, en las inmediaciones del Palacio de la Moneda, según testimonio de la organización CODEPU, la reportera de iniciales C.C.N. sufrió quemaduras por el uso de químicos por el vehículo lanza aguas durante la cobertura de protestas. Debido a las quemaduras fue necesario trasladarla a un servicio médico al día siguiente, tras lo cual presentó una denuncia por estas lesiones ante la PDI.

El mismo día, el reportero de la Agencia Panoptiko, informó que sufrió quemaduras químicas de consideración provocadas por el  vehículo lanzaaguas de Carabineros, durante la cobertura de las protestas desarrolladas en la tarde del 11 diciembre. Debido a las quemaduras fue necesario acudir a un servicio médico.

El día 28 de diciembre de 2020, en el contexto de la conmemoración de la muerte de Mauricio Fredes durante el estallido social, una periodista fue atacada por un carro lanza agua, causando que quedara inconsciente por algunos minutos. En el mismo contexto, un Carabinero identificado con el Casco 20-B-07 atacó con gas pimienta a reporteros que cubrían manifestaciones en el sector del Parque Forestal. 

1.3. Otras restricciones

El 9 diciembre, en el Aeropuerto internacional la PDI impidió el ingreso a Chile de la periodista colombiana Natalia Cardona, que fue deportada horas después a pesar de las gestiones realizadas por organizaciones de DDHH y el INDH.

El 22 de diciembre, en un punto de prensa a raíz de una balacera que se produjo en una feria navideña de la comuna, la alcaldesa de Maipú denostó al medio local independiente “La Voz de Maipú” y se negó a responder a la pregunta formulada por el medio, indicando «No me voy a referir a los medios pasquines políticos», por lo que sólo atendió las preguntas realizadas por otros medios de comunicación presentes.

2. Límites a la transparencia y el acceso a la información

El Consejo para la Transparencia (CPLT) instruyó investigaciones sumarias en las subsecretarías de salud de salud pública y de redes asistenciales por infracciones a la Ley de Transparencia en materia de acceso a información. El CPLT evidenció reiterados incumplimientos por parte de los organismos públicos del ámbito sanitario, tales como solicitudes de información sin responder o entrega de antecedentes fuera de plazo, entre otras. En el caso de la subsecretaría de Redes Asistenciales se identificaron requerimientos de 2019, previo a la pandemia, sin ningún tipo de gestión.

Respecto de la adquisición de las vacunas para la pandemia COVID-19, el CPLT manifiestó su preocupación por la falta de transparencia en la información relativa al gasto y distribución de la vacuna

3. Tribunales de justicia y libertad de expresión

La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por el fotógrafo que había sufrido quemaduras por los químicos utilizados por el vehículo lanzaaguas mientras cubría una manifestación el pasado 27 de noviembre. El recurso solicitaba al Tribunal que ordenara a Carabineros el cese del empleo del carro lanza aguas con elementos químicos que puedan causar quemaduras u otros daños a la vida, salud e integridad de las personas. Tanto la Corte de Apelaciones, en su sentencia del 17 de diciembre, como la Corte Suprema el 30 de diciembre, consideraron que las medidas solicitadas por el recurrente son ajenos a los supuestos y fines del recurso de amparo.

La Corte Suprema, en su sentencia del 21 de diciembre (Rol 72061-2020) ordenó la eliminación de varias publicaciones realizadas en los perfiles de Facebook de “Transparencia La Pintana” y “La Pintana Informe”, por considerar que vulneraron el derecho a la honra de un cargo público. La controvertida sentencia establece una forma de censura previa al ordenar a los citados medios de comunicación «abstenerse de publicar en ella o en cualquier otra red o medio de comunicación social o de difusión masiva mensajes que denuestan al actor». El tribunal vincula la protección del ejercicio del periodismo y la investigación informativa con la exigencia de un título profesional, adoptando una concepción formal del periodismo en lugar de la funcional que reconocen los estándares internacionales.

Noviembre, la desprotección de la libertad de expresión

A través de nuestros boletines mensuales realizamos una labor de recopilación y sistematización de las vulneraciones a la libertad de expresión. La crisis de derechos humanos, en un contexto de crisis sanitaria a causa de la pandemia COVID-19, han puesto de manifiesto la reiteración de los ataques a la prensa, así como la falta de transparencia y el obstaculizacion al acceso a información de carácter público. En nuestra labor de seguimiento también hemos tenido oportunidad de analizar el comportamiento de las instituciones encargadas de proteger la libertad de expresión.

Respecto a los tribunales de justicia se han evidenciado deficiencias en la protección de los derechos de los reporteros que han sido objeto de agresiones, no hay condenas en los procedimientos penales, las fiscalías archivaron varias investigaciones y las Cortes de Apelaciones han rechazado o inadmitido las acciones constitucionales que solicitaban medidas de protección a la prensa. Esta falta de protección se ve agravada por el hostigamiento judicial contra reporteros que fueron detenidos arbitrariamente, al admitir los jueces las denuncias penales presentadas en su contra por el Ministerio Público y/o los Intendentes. Lamentablemente no se trata de un fenómeno novedoso, sino que estas deficiencias en la protección judicial ante vulneraciones a la libertad de expresión se vienen produciendo de forma reiterada. Un ejemplo de esto son los recientes pronunciamientos de los órganos de protección del sistema interamericano de derechos humanos, relativos a sucesos ocurridos en 2004, en los que se declara no sólo la existencia de violación a la libertad de expresión sino que también se considera vulnerado el derecho a un recurso judicial efectivo por la falta de protección por parte del sistema judicial.

El Consejo para la Transparencia ha sido un organismo al que hemos dedicado especial atención durante estos meses. Desde su creación el CPLT ha contribuido de forma significativa al avance en materia de transparencia, sin embargo en el contexto actual, donde su rol resulta de gran trascendencia, hemos detectado que su actuación ha resultado insuficiente e incluso se ha producido un retroceso en su estándar de exigencia de transparencia a las más altas autoridades de Gobierno, facilitando el ocultamiento de información de gran relevancia para la opinión pública. Esta situación es una de las consecuencias de una deficiente configuración institucional del CPLT, tanto por su limitada capacidad de coacción hacia las más altas autoridades, como por la falta de garantías de independencia de sus consejeros, los cuales presentan vínculos partidistas que ponen en duda su imparcialidad en determinadas decisiones, particularmente las que se refieren a obligaciones del Presidente del Gobierno y sus Ministros.

Índice: 1. Hostigamiento y ataques a la prensa; 2. Límites a la transparencia y acceso a la información; 3. Censura y sanciones al discurso público

1. Hostigamiento y ataques a la prensa

1.1. Amenazas

A principios de noviembre la periodista de la cadena televisiva alemana Deutsche Welle, Jenny Pérez, denunció que había recibido amenazas de muertei tras la realización, el 23 de octubre, de una entrevista al dirigente político del “Partido Republicano” chileno José Antonio Kast en la que cuestionaba “su visión tan apocalíptica, ante una probable nueva constitución chilena”ii.

1.2. Detenciones

El 12 de noviembre en población Bonilla, Antofagasta, un integrante del medio Kiwicha Comunicaciones, que realizaba una grabación en vivo a una detención violenta contra un grupo de rescatistas, fue detenido con violenciaiii, tirándolo al piso donde fue esposado y inmovilizado presionando un un funcionario con rodilla en su cabeza. Durante la detención, en el calabozo de la sub comisaría norte, lo presionaron para que entregara y borrara los vídeos del procedimiento. Ante la negativa del reportero lo amedrentaron diciendo que fiscalía daba esa orden y que si quería salir libre debía hacer entrega del material. Al corroborar que el material ya no podía ser difundido, y ante la intervención de la Defensoría Penal Pública que oportunamente se comunicó con la sub comisaría y fiscalía señalando la ilegalidad del procedimiento, carabineros dejaron libre al reportero, calificando el procedimiento como un control preventivo de identidad.

1.3. Agresiones por parte de agentes del Estado

El 18 de noviembre en Santiago, un funcionario de Carabineros de Chile roció con gas pimienta a al reportero gráfico del medio Libre Edicióniv.

El 20 de noviembre, en Santiago, la periodista Alison Vivanco informó, a través de redes socialesv, que había sido objeto de un ataque con químicos por parte de vehículo lanza aguas de Carabinerosvi mientras realizaba una cobertura de manifestación que pedía la renuncia del presidente.

Durante las protestas del 27 de noviembre en Santiago, en Alameda a la altura de Arturo Prat, un fotoperiodista fue agredido por el vehículo lanza aguas de Carabineros, que desde una distancia de aproximadamente 20 metros dirigió el chorro de agua directo al cuerpo hasta hacerlo caer al suelo. Producto del ataque sufrió varias contusiones en su cuerpo y la rotura de su equipo. En ese mismo operativo, en una zona donde no se registraban altercados, una reportera de Piensa Prensa fue agredida por una funcionaria de Carabinerosvii.

Fe de erratas: Cabe mencionar que en la primera edición del nuestro Boletín N.º 6 del mes de octubre se indicaba erróneamente que un reportero “recibió el impacto de una bomba lacrimógena” tomando como fuente una noticia publicada en un medio de comunicaciónviii, sin embargo se comprobó que la agresión fue realizada por manifestantes violentos.

2. Límites a la transparencia y el acceso a la información

2.1. Imposibilidad de acceder a la información de las reuniones del Gobierno con directivos de medios de comunicación

Uno de los hechos controvertidos desde el estallido social son las presiones del Gobierno hacia los principales medios de comunicación, que habrían incluido la realización de reuniones secretas con altos ejecutivos y rostros de televisiónix. ODC realizó varias solicitudes de acceso a información pública para conocer la agenda de actividades del Presidente y varios de sus Ministros con la finalidad de conocer la fechas y asistentes de las reuniones realizadas con directivos de medios de comunicación. Desde el Gobierno denegaron las solicitudes por lo que fue necesario reclamar al CPLT.

En la decisión de amparos C8252-19 y C8253-19x, CLPT ordenó el pasado 31 de marzo la entrega de un listado con la totalidad de las reuniones en que hayan participado el Ministro del Interior y el Subsecretario del Interior y un listado de las reuniones con directivos de canales de televisión y diarios, durante 2019, indicando las personas que participaron. El Ministerio del Interior, que durante el proceso mostró una conducta dilatoria con respuesta ambiguas y difusas, respondió finalmente al requerimiento indicando que “no existe y tampoco es posible elaborar un listado con funcionarios, directivos de canales de televisión y diarios, o personas naturales o jurídicas que hayan participado de alguna reunión con las autoridades que indica” “..no se mantiene un registro de las agendas de las autoridades” … “los respectivos ex funcionarios son titulares de sus agendas o cuadernos, no pudiendo acceder a los mismos”. El CPLT, mediante oficio notificado el 4 de noviembre, consideró que con esta respuesta se daba respuesta al requerimiento de información, por lo que decidió dar por concluido el seguimiento.

Respecto a las reuniones del Presidente de la República y su negativa a entregar la información solicitada, el CPLT, en su decisión amparo C-3376-20xi, rechazó el amparo presentado por ODC indicando que el Presidente de la República no se encuentra obligado por la Ley de Lobby a facilitar dicha información, y que la publicidad de la información solicitada podría afectar el debido cumplimiento de las funciones de S.E. el Presidente de la República. Ante esta situación, con el apoyo de la ONG Acción Constitucional, se presentó un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago (Rol n.º 496-2020). En su respuesta ante el tribunal, el CPLT justifica el carácter secreto de las reuniones del Presidente con los medios de comunicación indicando lo siguiente:

“… entregar información distinta a aquella que el propio órgano ha estimado como de naturaleza pública y que se encuentra disponible en el link electrónico sobre Agenda de actividades del Presidente, afectaría el debido cumplimiento de las funciones constitucionales de gobierno y administración, por cuanto, la publicidad de dicha información incidiría, desde dimensiones logísticas y estratégicas, así como sustantivas, en el proceso de toma de decisiones vinculadas a la seguridad de la nación y el interés nacional, que se produce en reuniones sostenidas entre el Presidente y su equipo ministerial, autoridades, especialistas o profesionales de diversas disciplinas y representantes de la sociedad civil, quienes corresponden en términos prácticos a intervinientes esenciales en la consulta, determinación, priorización y definición del políticas públicas a ser implementadas por el Gobierno de Chile; proceso que por esencia es liderado por el Presidente de Chile en colaboración directa e inmediata de su equipo de Ministros de Estado. En conformidad a lo señalado, y en atención a la relevancia y sensibilidad de la información requerida y el período consultado; a juicio de este Consejo, resultó plausible disponer la reserva de aquellos antecedentes relacionados a reuniones sostenidas por el Presidente de la República, en el entendido que mediante la confidencialidad y reserva de la información, se otorgan herramientas indispensables para el cumplimiento de los fines públicos de la Presidencia de la República, concluyendo que la revelación de la información requerida implicaría que efectivamente la institución recurrida de amparo, pierda insumos con los que hasta ahora cuenta para el adecuado ejercicio de sus funciones públicas”.

2.2. Deficiencias en el diseño institucional del CPLT

Durante noviembre estaba prevista la designación de las dos consejerías vacantes en el CPLT. La Comisión Constitucional del Senado rechazó la propuesta de candidaturas realizada por el Presidente, que tras esta negativa no ha realizado una nueva propuesta. En consecuencia, por el momento no se han producido los nombramientos previstos lo que impide el normal funcionamiento del CPLT, que no puede tomar decisiones al no contar con el quórum mínimo para sesionarxii.

Esta situación está generando un retraso en las decisiones relativas a los reclamos por falta de transparencia, así como en la imposibilidad de acordar resoluciones sobre infracciones por parte de los organismos públicos. Desde el medio Interferencias informaron que la dilatación del procedimiento de nombramiento de nuevos consejeros por parte del Gobierno estaría destinada a impedir que la CPLT se pronunciara respecto a la vulneración de la privacidad por la polémica petición del Ministerio de Hacienda de los RUT de quienes pidieron el retiro del 10% de sus AFPxiii.

Lo ocurrido ha servido para abrir el debate sobre el sistema de nombramientos y la independencia del CPLT. En el Senado se cuestionó a candidata del presidente por su pertenencia al think tank Libertad y Desarrollo, con vinculaciones al partido UDI. Anteriormente se había cuestionado que el ex-presidente del CPLT compatibilizara su cargo con el de director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, que también tiene relación con la UDI o que la actual presidenta del CPLT, lideraba la Fundación Chile 21 ligada al Partido Socialista mientras fue consejera. La actual normativa no impide este tipo de inhabilidades a los consejeros, por otra parte el sistema de designación propicia que los integrantes del CPLT sean personas que han ostentado cargos públicos en los distintos gobiernos o forman parte de organizaciones con claro perfil partidista. Esta situación muestra que la autonomía del CLPT sólo existe desde el punto de vista formal, ya que en la composición del organismo no se han previsto garantías de independencia del poder político.

En el actual contexto de crisis, donde se han producido prácticas de ocultamiento de cifras e información pública relevante, resulta de especial importancia el rol del CPLT. Preocupa especialmente que su falta de independencia pueda condicionar decisiones relativas a la actuación de las más altas autoridades, como la denegación de acceso a la información relativa a las reuniones del Presidente y sus Ministros con directivos de medios de comunicación.

3. Censura y sanciones al discurso público

3.1. El rol de los tribunales en la defensa de la libertad de expresión

El 6 de noviembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública la Sentencia de 27 de agosto de 2020, Caso Urrutia Laubreaux vs. Chilexiv, en la que encontró responsable internacionalmente al Estado de Chile por la violación de los derechos a la libertad de pensamiento y expresión, a las garantías judiciales y al principio de legalidad. El caso se relaciona con el proceso disciplinario iniciado en 2004 contra el Juez Urrutia que culminó con una sanción de censura, después reducida a amonestación privada, por remitir un trabajo académico a la Corte Suprema de Justicia, criticando sus actuaciones durante el régimen militar chileno. La Corte IDH constató que no era acorde a la Convención Americana sancionar las expresiones realizadas en un trabajo académico sobre un tema general y no un caso concreto, como el realizado por el Juez Urrutia. Indica que la Corte de Apelaciones de La Serena no brindó al señor Urrutia una oportunidad para ejercer su derecho de defensa en forma escrita u oral, lo que constituyó una vulneración adicional al derecho a la defensa del Juez. A su vez, dada la participación de algunos ministros de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de apelación de la decisión sancionatoria, se comprometió la imparcialidad de este órgano en la resolución de la apelación interpuesta por Urrutia Laubreaux. En la Sentencia, el Tribunal determinó que la normativa utilizada para sancionar al Juez Urrutia, el artículo 323.4 del Código Orgánico de Tribunales que prohíbe a los funcionarios judiciales publicar, sin autorización del Presidente de la Corte Suprema, escritos en defensa de su conducta oficial o atacar en cualquier forma, la de otros jueces o magistrados, permitía una discrecionalidad incompatible con el grado de previsibilidad que deben ostentar las normas, por lo que exige, dentro de las garantías de no repetición, la adecuación del ordenamiento jurídico interno a las exigencias de la Convención Americana de Derecho Humanos.

Otro caso que muestra deficiencias en la tutela judicial de la libertad de expresión por parte de los tribunales de Chile es el caso de Carlos Baraona Bray vs. Chile, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha presentado recientemente ante la Corte IDH al considerar que el Estado de Chile violó el derecho a la protección judicial, tomando en cuenta que la víctima no contó con un recurso judicial efectivoxv. En mayo de 2004 Carlos Baraona Bray, un abogado y defensor ambiental, brindó una serie de entrevistas y efectuó declaraciones que fueron recogidas por diferentes medios de comunicación social, en las que sostenía que un Senador de la República, había ejercido presiones e influido para que las autoridades llevaran a cabo la tala ilícita del alerce, una especie de árbol milenario conservado en Chile. Como consecuencia, dicho Senador interpuso una querella penal contra la víctima, iniciando un proceso penal en el cual fue sentenciado por el delito de “injurias graves” a través de un medio de comunicación, a 300 días de prisión suspendida, una multa, así como pena accesoria de suspensión de cargos u oficios públicos por el periodo de la condena. Además de dejar sin efecto la condena penal impuesta y reparar por las vulneraciones a sus libertades, la CIDH solicitó que Chile adecuar la normatividad penal interna, despenalizando los delitos de difamación, injurias y calumnias cuando se trate de casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública, o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.

Desde la declaración del estado de catástrofe, tanto las Cortes de Apelaciones como la Corte Suprema han inadmitido los recursos de protección relativos a las restricciones a la actividad de prensa en zonas declaradas de cuarentena (Recursos de Protección nº 51330-2020, 52563-2020 y 64172-202 CA de Santiago), así como los presentadas por reporteros que fueron detenidos de forma arbitraria (Recursos de Protección nº 6110-2020 en CA de San Miguel y n.º 46716-2020 en la CA de Santiago). Respecto de los juzgados de garantía se tiene constancia de 5 reporteros que enfrentan un proceso penal en su contra, a pesar de no haber cometido ningún delito.

3.2. Criminalización de las expresiones públicas

Durantes estos últimos meses, el debate sobre libertad de expresión ha estado protagonizado por el Proyecto de ley que castigaba penalmente, con multa y pena de presidio, a quien justificaba, aprueba o niegue violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar, consignadas en informes oficiales. El diario El Mercurio se refirió a este proyecto de ley como “una amenaza a la libertad de expresión, quizá la mayor en los últimos 30 años a nivel legislativoxvi”. El pasado 5 de noviembre el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el proyecto de leyxvii, por no cumplirse los requisitos formales para su tramitación así como porque “se lesiona la libertad de emitir opinión que se asegura en la Constitución, al incorporar un tipo penal que arriesga que se puedan perseguir simplemente ideas, juicios o apreciaciones cuya controversia o, incluso, reproche o ilicitud puede ser igualmente sancionada a nivel legal en otras sedes, pero que, al atribuirle naturaleza penal, afecta la libertad de expresión”.

Si bien no han tenido tanta repercusión mediática, existen otros proyectos de ley en tramitación en el Congreso Nacional de Chile que recurren a la persecución penal como forma de sanción hacia distintas formas de expresión, que pueden tener finalidad crítica o artística. El Proyecto de Ley que sanciona conductas que afectan la convivencia ciudadana y aumentan la sensación de inseguridad en la población (Boletín N° 11.913-25) se propone pena de presidio menor a quienes “mediante carteles, avisos, u otros medios impresos, o sirviéndose de marcadores y/o pinturas de cualquier tipo, procediera a la fijación de mensajes, firmas, rayados, dibujos, u otras figuras o expresiones, en bienes muebles o inmuebles ya sean públicos o privados”. Otro ejemplo es el Proyecto de Ley que sanciona los daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha actividad (Boletín n.º 12467-15) se ha propuesto imponer pena de presidio menor contra quienes “procedieran a la pintura de mensajes, firmas, rayados, dibujos, u otras figuras o expresiones, escritos, inscripciones o grafismo, sobre cualquier elemento del transporte público, ya sean paraderos, refugios o buses”.

Cabe destacar que en el marco normativo de Chile existen varias normativas que consideran delito la realización de determinadas expresiones, siendo de aplicación condenas de presidio. Un buen ejemplo es la persecución penal de las injurias y calumnias, siendo muy elevado el número de querellas que se presentan por la supuesta comisión de estos delitos, desde 2018 se contabiliza alrededor de un millar de querellas presentadas por injurias y calumnias a través de medios de comunicación. Asimismo el Código Penal ha previsto penas de presidio por conductas ambiguas e imprecisas como los delitos de ultraje público a las buenas construmbres, que incluye la persecusión a quien venda o distribuya canciones, folletos u otros escritos figuras o estampas contrarios a las buenas costumbres (artículo 374). En el ámbito de los medios de comunicación sigue vigente, a pesar de su cuestionamiento por el Tribunal Constitucionalxviii, es el artículo 36B de la Ley General de Telecomunicación que sanciona con penas de prisión a las radios que carecen de autorización.

Otra norma problemática, considerando el efecto inhibitorio respecto del discurso público, es la Ley sobre Seguridad del Estado que en su artículo 4 establece que cometen delito contra la seguridad interior del Estado los que en cualquiera forma o por cualquier medio, se alzaren contra el Gobierno constituido o provocaren la guerra civil, conducta que incluye a quienes “inciten o induzcan a la subversión del orden público o a la revuelta, resistencia o derrocamiento del Gobierno constituido”. Durante las protestas de 2019 esta ley fue invocada por el Intendente de la Región Metropolitana en la querella contra un dirigente social por su discurso en un asamblea, y más recientemente ha sido utilizada contra la Defensora de la Niñez a causa de un campaña del organismo público que dirigexix.

Octubre: un año de crisis para la libertad de expresión

BOLETÍN Nº6 DEL OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA COMUNICACIÓN

Cumplido un año del estallido social, hemos constatado el modo en que las vulneraciones a la libertad de expresión que detectamos en aquel momento se han cronificado. En nuestros informes mensuales se reiteran distintos problemas, como las agresiones a la prensa y la falta de transparencia del Gobierno, que ya fueron destacados en el informe sobre la situación de la libertad de expresión durante el estallido social. Desde la declaración del estado de catástrofe en el mes de marzo hemos contabilizado un total de 43 detenciones a reporteros mientras realizaban sus funciones, 5 de las cuales se han producido durante las protestas desarrolladas el pasado 18 octubre en Santiago, a un año del inicio de la revuelta social. La revista Doble Espacioi ha publicado el 30 de octubre un reportaje que visibiliza esta situación desde diversas aristas. Ante este escenario, sorprende ver como informes de organizaciones internacionales, como el Índice de Chapultepecii que también ha publicado esta semana la Sociedad Interamericana de Prensa SIP, muestran una realidad de la libertad de expresión en Chile tan diferente a la que venimos mostrando en los distintos reportes de ODC o en los informes anuales de la Relatoría para la libertad de Expresión de la CIDH. El informe de la SIP concluye que “Chile presenta excelentes entornos para sostener una completa libertad de expresión y de prensa, con injerencias leves de los aparatos ejecutivo, legislativo y judicialiii.

Tras el plebiscito, Chile inicia una etapa de discusión para la reforma constitucional que estará acompañada por varias citas electorales durante 2021 y 2022. En este contexto resulta especialmente preocupante la persistencia de ataques a la prensa independiente, y la falta de pluralismo en los medios con mayor audienciaiv, aspectos que inciden negativamente en el debate público y en el necesario intercambio de distintas ideas y opiniones. A esto se suman los datos aportados por diversos reportajes según los cuales desde octubre de 2019 distintas autoridades del Gobierno han mantenido reuniones con responsables de medios de comunicación que han sido sistemáticamente ocultadas, las que podrían haber tenido por objeto influir en la opinión pública. Tanto el gobierno como los propios medios de comunicación deberían ofrecer explicaciones sobre estas reuniones.

1. Hostigamiento y ataques a la prensa

1.1. Amenazas a comunicadores

  1. En los días previos al Plebiscito varios periodistas recibieron amenazas. Los tres casos identificados se refieren a reporteros que forman parte de medios de comunicación con una línea editorial crítica con el Gobierno.

1.2. Detenciones

El pasado 18 de octubre se realizaron en Santiago movilizaciones para conmemorar el aniversario del inicio del estallido social. Durante la jornada Carabineros hizo uso de la fuerza de forma desproporcionada, realizando cientos de detenciones a manifestantes, incluidos varios reporteros.

  • Javier Castro, reportero del medio local La voz de Maipú, fué objeto de un control de identidad por parte de funcionarios de Carabineros mientras registraba la detención de varios manifestantes. El comunicador se identificó como prensa y mostró su credencial y salvoconductov, a pesar de ello fue detenido y trasladado a la 25 comisaria de Maipú. Una hora después fue liberado sin cargosvi.
  • Nicolas Valdebenito, fue detenido cuando se encontraba registrando el incendio a una Iglesia. Fue trasladado a la 33 Comisaría, donde fue puesto en libertad horas después.
  • Sebastián Silva, colaborador de la Agencia EFE, fue golpeado por funcionarios de Carabineros, detenido y trasladado a la 3ª Comisaria, donde pasó la nochevii. Más de 24 horas después fue puesto a disposición judicial, pero el tribunal declaró ilegal la detención y ordenó su puesta en libertad. La Intendencia de la Región Metropolitana ha presentado una querella contra el fotoperiodista por el delito de desórdenes públicos.

En Santiago se han seguido produciendo detenciones en las posteriores jornadas de protesta que se realizan todos los viernes. Hemos tenido conocimiento de la detención de la periodista Claudia Aranda en dos ocasiones: el 23 de octubre, en las proximidades de Plaza Italia, funcionarios de Carabineros la arrestaron y le quitaron su celularviii. Según el testimonio de la periodista, la detención se prolongó por más de 5 horas, recibiendo burlas y amenazasix. La misma periodista fue detenida nuevamente el 30 de octubre.

En la ciudad de Concepción hemos tenido conocimiento de al menos tres detenciones a reporteros. El 19 de octubre, por el aniversario del inicio del estallido social, en calle Paicaví con Carrera, un reportero fue detenido por militares mientras cubría las protestas, como muestran las imágenes que registró otro reporterox. Por otra parte radio Señal Tentación 106.9 FMxi de Tomé informó que una de sus reporteras ha sido detenida por las fuerzas de orden público en dos ocasiones, el 5 de octubre durante una jornada de protestasxii, así como el 25 de octubre, en las proximidades de un centro de votación.

La jornada de votación del Plebiscito del 25 de octubre unicamente se registra la detención de un profesional de comunicación en Aysén, según indicó el Colegio de Periodistasxiii.

1.3. Agresiones

El Santiago han sido reiterado el hostigamiento y agresiones a la prensa. El 15 de octubre notero de Radio 7 de Puente Alto registró en vivo el momento en que fue agredido por Carabinerosxiv. Mientras el 16 de octubre Carabineros empujó a miembros de la prensa xv que se encontraban e la Plaza Italia realizando la cobertura informativa de las protestas.

El pasado 18 de octubre al menos dos reporteros sufrieron agresiones por parte de Carabineros de Chile. El reportero del medio local La Voz de Maipú, Vlady Cortés, fue interceptado por motoristas de Carabineros mientras se encontraba registrando una protesta en la población Cuatro Álamos. Tras comprobar que contaba con credencial y salvoconducto, un funcionario le pidió que se quitara la máscara, tras lo cual lo gaseó con pimienta, produciendo quemaduras en la cara del reporteroxvi. Por último, el día 19 de octubre un reportero que cubría un acto del Presidente Piñera denunció la obstrucción de la labor informativaxvii por parte de los equipos de seguridad del Presidente.

También se registraron agresiones por parte de manifestantes. Según informa el Colegio de Periodistasxviii, el 18 de octubre el reportero Raúl Gamboni fue agredido y despojado de su cámara por manifestantes en Plaza Italia, mientras que Rasec Pacheco, camarógrafo de El Tipógrafo de Rancagua fue agredido por encapuchados. El fotógrafo Antonio Cadima recibió el impacto de un objeto lanzado por manifestante mientras cubría las protestas del 18 de octubre y tuvo que ser atendido de urgencia y trasladado a un hospital, donde fue dado de alta horas después.

1.4. Ataques informáticos

2. Obstaculización a la labor periodística durante el Plebiscito

Como se indicó anteriormente, durante la la jornada de votación del Plebiscito nacional del 25 de octubre se produjeron al menos 2 detenciones a la prensa, una en Concepción y otra en Aysén.

Además, el Colegio de Periodistasxxiv informó sobre diversas restricciones a la labor informativa durante la cobertura del Plebiscito, a saber:

  • El ingreso a los locales de votación quedó a criterio del encargado de local, pese a que la prensa contaba con toda la certificación del Colegio y credenciales; además, SERVEL manejó un listado paralelo de medios oficiales negando el ingreso a los medios alternativos profesionales en Iquique.
  • Expulsión de un equipo de televisión de los locales de votación en el Estadio Nacional;
  • Limitación de tiempo para la captación de imágenes, aun cuando no había problemas de aforo, en Valparaíso;
  • Prohibición de acceso a los locales de votación y conteo de votos en todo el país;
  • Limitación de acreditación a prensa independiente según formulario creado por SERVEL.

3. Límites a la transparencia y el acceso a la información

3.1. Deficiencias en las información sobre la pandemia

El Consejo para la Transparencia (CPLT) realiza una revisión periódica del sitio web del Gobiernoxxv de Chile destinado a la publicación de información oficial de la emergencia sanitaria por la COVID-19, con el objetivo de identificar la evolución de las brechas de información detectadas. En su informe de 20 de octubrexxvi alerta que persisten una serie de deficiencias en la información entregada por el Gobierno, las cuales ya fueron identificadas en un reporte anterior, sin que se adviertan cambios para mejorar. En el informe se destaca, entre otros, que el Gobierno no presenta información sobre el nº total de casos negativos; las fuentes de exposición de los nuevos casos confirmados; tipo y cantidad de insumos médicos y hospitalarios utilizados; cantidad de test que se encuentran disponibles; cantidad del personal médico y de salud que se encuentra trabajando; el marco normativo consolidado; asimismo no se desagrega información sobre fallecidos por género, ni tampoco sobre hospitalización por sector (público/privado), comuna y género; así como sobre medidas relativas al seguimiento de personas que han sido declaradas en cuarentena, ni sobre los mecanismos de control de cumplimiento de aquella disposición.

3.2. Obstrucción al acceso a información pública sobre COVID-19

El CPLT, a través de una fiscalización a 25 organismos de salud y hospitalesxxvii, detectó que en un 76,6% de los casos se produjeron infracciones a la Ley de Transparencia, por respuestas fuera de plazo, ausencia de respuesta, prórrogas extemporáneas y prórrogas múltiples. Asimismo, un 87,1% de las solicitudes se registraron como vencidas y sin respuesta. El CPLT acordó oficiar a los organismos de salud fiscalizados, así como solicitar a la dirección de fiscalización que instruya una investigación sumaria en la Subsecretarías de Salud Pública y Redes Asistenciales por aplicación de lo dispuesto en el artículo 45 de la ley de transparencia; específicamente, por la no respuesta reiterada a solicitudes de acceso a la información pública detectadas con ocasión de la fiscalización.

4. Medios de comunicación

4.1. Sanciones por contenidos

La Corte de Apelaciones de Santiago, en su sentencia del 6 de octubrexxviii, confirmó una multa de más de cinco millones de pesos impuesta por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) a Chilevisión por incumplimiento del correcto funcionamiento, debido a la «exhibición sesgada y en horario de protección de menores de 18 años de una nota que relativiza el fenómeno y las consecuencias del denominado ‘el que baila, pasa’«. El Tribunal considera que el reportaje no entrega una información veraz, oportuna y de manera responsable, de tal forma que la sanción se encuentra justificada “por la liviandad con la que fue mostrada la nota cuestionada, sin representarse el efecto y la influencia que pudiera ejercer sobre los asistentes, exhibiendo como jocoso y pacífico, un comportamiento totalmente ajeno al respeto por los demás, con visos dictatoriales y despóticos”.

4.2. Conflictos laborales

El 23 de octubre trabajadores del canal de televisión Megavisión iniciaron una huelgaxxix, que se ha prolongado hasta el mes de noviembre. Las movilizaciones se producen ante la falta de acuerdo por las condiciones salariales. El sindicato de trabajadores ha informado que la empresa ha contratado los servicios de 45 trabajores externos y utiliza las instalaciones de un hotel para realizar algunos de sus programas.xxx

4.3. Crisis de reputación de los grandes medios

La cobertura informativa que los grandes medios de comunicación vienen realizando desde el inicio de las protestas ha sido muy criticada por su falta de veracidad, su sensacionalismo y tendencia a criminalizar la protesta. El 20 octubre, distintos colectivos sociales se congregaron frente a la sede de Canal 13xxxi para denunciar la criminalización contra víctimas y detenidos durante las protestas socialesxxxii. El 21 de octubre se llevaron a cabo protestas frente a la sede de TVN y Megaxxxiii, para mostrar su malestar por el ocultamiento de la represión policial en la cobertura informativaxxxiv.

El reportaje del periodista Santiago Pavlovic sobre el estallido social, emitido por TVN el pasado 29 de octubre en su programa Informe Especial, recibió numerosas críticas por su contenido sesgado y las expresiones del periodistaxxxv, en las que criminaliza la protesta.

Otro aspecto que está generando una polémica creciente, tal como informa La Voz de Los Que Sobran en su reportaje de 28 de octubre, se refiere a las distintas reuniones que autoridades del Gobierno realizaron con directivos y editores de distintos medios de comunicaciónxxxvi. Tanto el Gobierno como los medios de comunicación han ocultado la celebración de estas reuniones. A través de una solicitud de transparencia, el medio Verdad Ahora informó de la celebración de reuniones del Director General de Carabineros con medios de comunicaciónxxxvii. Esta situación está aumentando la desconfianza hacia los medios de comunicación y en las acusaciones de manipulación informativa.

i https://edicioncero.cl/2020/10/denuncian-amenazas-a-periodistas-por-parte-de-grupos-de-ultraderecha-que-se-identifican-con-la-esvastica/

ii https://chiletoday.cl/

iii https://www.corresponsaleschile.cl/index.php/2020/10/18/nueva-amenaza-de-muerte-contra-corresponsal-de-la-prensa-extranjera-en-chile/

iv https://edicioncero.cl/2020/10/hasta-el-numero-de-mesa-en-la-que-vota-contiene-fuerte-amenaza-a-periodista-iquiqueno-gonzalo-onate

v https://lavozdemaipu.cl/video-asi-fue-la-detencion-de-javier-castro-reportero-lvdm-mientras-realizaba-un-live-en-instagram/

vi https://lavozdemaipu.cl/javier-castro-ya-fue-liberado-de-la-25-comisaria

vii https://www.instagram.com/p/CGsUscpp5AB/?igshid=7zky1y9kkfi4

viii https://lavozdelosquesobran.cl/denuncian-detencion-ilegal-de-corresponsal-extranjero-en-las-manifestaciones-del-viernes/

ix https://twitter.com/corresChile/status/1319857031700975616

x https://twitter.com/elbeatdeltambor/status/1318345006864883713

xi https://www.facebook.com/Se%C3%B1al-comunitaria-tentaci%C3%B3n-1069-Fm-2248626658796373/

xii https://www.instagram.com/p/CF-t50nBN4R/

xiii https://www.colegiodeperiodistas.cl/

xiv https://lavozdelosquesobran.cl/video-notero-de-radio-7-de-puente-alto-registro-en-vivo-el-momento-en-que-fue-agredido-por-carabineros/

xv https://twitter.com/primeralineapr/status/1317263576676093952

xvi https://lavozdemaipu.cl/carabinero-ataca-a-fotografo-de-la-voz-de-maipu/

xvii https://www.theclinic.cl/2020/10/19/necesito-salir-periodista-graba-roce-con-equipos-de-seguridad-en-medio-de-cacerolazos-contra-pinera-en-escuela-de-la-reina/

xviii https://www.colegiodeperiodistas.cl/2020/10/colegios-de-periodistas-de-chile.html

xix https://twitter.com/ChileTodayNews/status/1316023425039704064

xx http://pliegue.cl/

xxi https://www.instagram.com/p/CGfhu7al79s/?igshid=i3u6g85oz5yo

xxii https://www.youtube.com/channel/UCIWX2_wU118BsHp1PIScPrg

xxiii https://www.larazon.cl/2020/10/25/la-razon-denuncia-un-ataque-informatico-a-su-sitio-web-de-noticias

xxiv https://www.colegiodeperiodistas.cl/2020/11/colegio-de-periodistas-de-chile-observo.html

xxv https://www.gob.cl/coronavirus/

xxvi https://www.consejotransparencia.cl/wp-content/uploads/2020/10/2da-Actualizacio%CC%81n-Informe-consolidado-Revisio%CC%81n-Sitio-GOB_COVID-19-al-31.07.2020-20.10.2020-Web-CPLT.pdf

xxvii https://sesiones.cplt.cl/OpenArchivoPDF?idcontenidoArchivo=1172&nomArch=Acta1139.pdf

xxviii https://www.pjud.cl/documents/396729/0/CHILEVISON+BAILE+PASA.pdf

xxix https://www.eldesconcierto.cl/2020/10/23/trabajadores-de-mega-inician-huelga-y-amenazan-las-transmisiones-del-plebiscito/

xxx https://twitter.com/SindicatoMega/status/1323248523320692737

xxxi https://twitter.com/JGMRadio/status/1318639447852941312

xxxii https://www.facebook.com/watch/live/?v=349411463054507

xxxiii https://www.eldesconcierto.cl/2019/10/21/videos-protestas-se-trasladan-hasta-canales-de-tv-manifestantes-reclaman-contra-cobertura-de-movilizaciones/

xxxiv https://interferencia.cl/articulos/furia-contra-canales-de-tv-por-cobertura-sesgada-los-obliga-mostrar-la-represion

xxxv https://www.eldesconcierto.cl/2020/10/30/redes-sociales-rechazan-episodio-de-informe-especial-que-criminaliza-la-protesta

xxxvi https://lavozdelosquesobran.cl/a-un-ano-del-estallido-la-reuniones-secretas-de-pinera-y-sus-ministros-con-altos-ejecutivos-y-rostros-de-television/

xxxvii http://verdadahora.cl/las-reuniones-del-general-mario-rozas-con-los-directores-de-canales-y-medios-de-comunicacion.html

i http://www.doble-espacio.uchile.cl/2020/10/30/persecusiones-y-detenciones-las-amenazas-que-viven-los-reporteros-independientes/

ii http://www.indicedechapultepec.com/chile.html

iii http://www.indicedechapultepec.com/indice/1/informes.pdf

iv https://pluralismotv.org/resultados/

Alerta 18 de octubre

Santiago de Chile 19 de octubre de 2020. A un año del inicio del estallido social en Chile, miles de personas salieron a las calles a protestar. Durante la jornada Carabineros hizo uso de fuerza de forma desproporcionada, realizando cientos de detenciones a manifestantes y varios ataques a comunicadores que se encontraban realizando labores informativas. A continuación se indican los casos registrados por el Observatorio del Derecho a la Comunicación en la ciudad de Santiago:

3 reporteros detenidos:

  • Javier Castro, reportero del medio local La voz de Maipú, fue objeto de un control de identidad por parte de funcionarios de Carabineros mientras registraba la detención de varios manifestantes. El comunicador se identificó como prensa y mostró su credencial y salvoconducto, a pesar de ello fue detenido y trasladado a la 25 comisaria de Maipú. Una hora después fue liberado sin cargos.
  • Nicolas Valdebenito, fue detenido cuando se encontraba registrando el incendio a una Iglesia. Fue trasladado a la 33 Comisaría, donde fue puesto en libertad horas después.
  • Sebastián Silva, colaborador de la Agencia EFE, fue golpeado por funcionarios de Carabineros, detenido y trasladado a la 3ª Comisaria, donde pasó la noche. Más de 24 horas después fue puesto a disposición judicial, el órgano judicial declaró ilegal la detención y ordenó su puesta en libertad. No obstante la intendencia de la Región Metropolitana ha presentado una querella contra el fotoperiodista por el delito de desórdenes públicos.

Agresiones por parte de fuerzas policiales

  • Otro reportero del medio local La Voz de Maipú, Vlady Cortés, fue interceptado por motoristas de Carabineros mientras se encontraba registrando una protesta en la población 4 Álamos. Tras comprobar que contaba con credencial y salvoconducto, un funcionario le pidió que se quitara la máscara, tras lo cual lo gaseó con pimienta, produciendo quemaduras en la cara del reportero.

Amenazas a periodistas

Las agresiones a la prensa por parte de las fuerzas de orden público han sido constantes desde el inicio del estallido social iniciado en octubre de 2019, y no han cesado durante la pandemia por COVID-19. Desde la declaración del Estado de emergencia sanitaria, el pasado mes de marzo, el Observatorio por el Derecho a la Comunicación ha registrado más de medio centenar de detenciones a reporteros. Durante estos meses también se ha constatado el hostigamiento y amenazas a integrantes de medios de comunicación independientes que se han destacado en la denuncia de vulneraciones de derechos humanos por parte de las fuerzas policiales.

Fe de erratas: en la primera versión de este post se afirmaba erróneamente que «El fotógrafo Antonio Kadima recibió el impacto de una bomba lacrimógena mientras cubría las manifestaciones» tomando como fuente la noticia publicada por El Desconcierto, sin embargo la propia víctima nos confirmó que la lesión fue debida a un objeto lanzado por los manifestantes.

Derecho a la comunicación, libertad de expresión y nueva Constitución

Qué es el Derecho a la Comunicación

La emergencia del derecho a la comunicación tiene algunas décadas de trayectoria, y ha tomado protagonismo en momentos de debate internacional respecto al estado de las comunicaciones. Entre los hitos destaca la discusión en los años 80 a raíz de la publicación por la UNESCO del Informe MacBride, «Voces múltiples, un solo mundo», o más recientemente, las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) que se desarrolló entre 2003 y 2005.

Distintos autores han abordado la conceptualización del Derecho a la Comunicación (Sáez, 2015), si bien lo han hecho desde tres enfoques distintos. El comunicólogo Cees Hamelink (2003) lo considera como un concepto paraguas que contiene varios derechos: derechos de información, derechos culturales, derechos de protección, derechos colectivos y derechos de participación. Garantizar condiciones equitativas para todos los actores en el acceso y uso de Internet. Para la jurista Paula Saffon (2007) se trata de un derecho autónomo, que forma parte del contenido de la libertad de expresión, vinculado al desarrollo de la sociedad de la información, que garantiza a todas las personas no solo el acceso a la información, sino la posibilidad de producirla y convertirla en conocimiento, un enfoque similar al contenido en la Declaración de la Conferencia de San José de Costa Rica (UNESCO, 1974). En el ámbito de las políticas de comunicación se suele utilizar el término como un sinónimo de libertad de expresión (Loreti y Lozano, 2014). Como concepto no se incluye explícitamente en los tratados internacionales y, como acabamos de indicar, en la doctrina no se ha consolidado su significado, por lo que desde el punto de vista jurídico es un concepto jurídico indeterminado. Es decir, no posee una definición jurídica.

Algunas constituciones recientes incorporaron un enfoque desde el Derecho a la Comunicación. El texto de Bolivia, por ejemplo, opta por el reconocimiento expreso del Derecho a la Comunicación, pero sin definir su contenido o establecer garantías para su ejercicio, mientras las constituciones de Ecuador y México optan por establecer un amplio catálogo de derechos y obligaciones vinculados con las libertades expresivas.

El Derecho a la Comunicación como un conjunto de demandas

Lo anterior no imposibilita su uso coloquial en torno a la profundización del respeto a un derecho previamente reconocido, como es la libertad de expresión. En este sentido, han sido principalmente las organizaciones de la sociedad civil las que más se han referido al Derecho a la Comunicación para reclamar la democratización de la comunicación y denunciar situaciones como la discriminación a las radios comunitarias, la concentración de los medios de comunicación, la vulneración de los derechos de las audiencias, la brecha de acceso a la sociedad de la información, la precariedad del trabajo periodístico y su incidencia en la calidad de la información.

Desde esta perspectiva debemos entender el Derecho a la Comunicación no como un concepto jurídico que viene a sustituir a los existentes sino, más bien, como un conjunto de demandas por parte de los sectores que encuentran obstáculos para expresarse y comunicar y reclaman otra forma de abordar la comunicación. Las demandas se refieren a varias dimensiones: cómo se entienden algunos derechos, cómo se aplican derechos ya reconocidos, las deficiencias normativas o el rol del Estado para garantizar estos derechos.

Robustecer la libertad de expresión para garantizar el derecho a la comunicación

En países como Chile se ha desnaturalizado el sentido y alcance de la libertad de expresión. El marco normativo resulta deficiente y contradictorio, alternando enfoques extremadamente liberales con enfoques restrictivos y su aplicación es aún más deficiente. Ejemplos como la persecución penal de injurias, calumnias o el castigo con cárcel por la falta de autorización para radiodifusión, o en el ámbito de los medios de comunicación la exigencia de registro previo para difundir medios de comunicación, ausencia de medidas para garantizar el pluralismo en un ecosistema de medios concentrado. En Chile la libertad de expresión ha sido confundida con la protección de los derechos de propiedad y libertad de empresa de unos pocos.

Esta concepción de la libertad de expresión contrasta con el desarrollo que ha tenido este derecho en el ámbito internacional, tanto desde la teoría de los derechos fundamentales como en la doctrina desarrollada por los organismos de derechos humanos. En este sentido es relevante tomar los pronunciamientos tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1985), que desde hace décadas han declarado la libertad de expresión como un derecho de doble dimensión, individual y colectiva, que que tiene por objeto fortalecer el funcionamiento de sistemas democráticos pluralistas y deliberativos (CIDH, 2010).

Si bien el derecho a la libertad de expresión en Chile ha sido maltratado, no debemos caer en el error de desechar este derecho y buscarnos otro. En este sentido, la reivindicación del Derecho a la Comunicación en Chile debe destinarse, también, a una reapropiación y ampliación de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, incorporando al derecho interno los mejores estándares internacionales tanto en materia de libertad de expresión como en otros derechos y libertades relacionadas (asociación, reunión, participación), con un enfoque desde los derechos humanos. Esto debe de ir acompañado de instituciones que protejan estos derechos y su disfrute por parte de todos y no sólo de unos pocos.

Consagración constitucional del derecho a la comunicación. Traducir las demandas en garantías jurídicas

La discusión de una Nueva Constitución para Chile abre la oportunidad de avanzar hacia la democratización de la comunicación. En este sentido cabe preguntarse si la sóla mención del Derecho a la Comunicación en el texto constitucional resulta suficiente para consagrar este derecho.

Como se ha indicado anteriormente la definición jurídica del Derecho a la Comunicación se encuentra abierta, en el constitucionalismo comparado no se ha concretado su contenido, y como concepto tampoco se incluye en los tratados internacionales. En consecuencia, la inclusión del término Derecho a la Comunicación, si no va acompañada de una definición o de medidas concretas, queda a la interpretación del órgano legislador y del Gobierno de turno.

Desde el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) consideramos que lo fundamental es enfocarnos en el contenido o finalidad del Derecho a la Comunicación, para que la nueva carta fundamental incorpore una serie de principios y garantías que se vinculan con nuestras demandas. En este sentido destacamos los siguientes aspectos constitucionales que consideramos claves para la consagración material del Derecho a la Comunicación:

1- Fortalecimiento del derecho a la libertad de expresión: (1) Reconocimiento de doble dimensión, individual y colectiva, de las libertades expresivas, incluir garantías para el pluralismo, el ejercicio del periodismo y la prohibición de la censura previa; (2) Establecer un sistema de límites similar al contenido en tratados internacionales (test tripartito); (3) Incorporar la dimensión social de los derechos de comunicación pública y el deber del Estado de fomentar estos derechos e impulsar medios públicos y comunitarios.

2- Fortalecimiento de otros derechos conectados: el derecho de reunión, la participación ciudadana, los derechos sindicales, la protección de la educación y la privacidad en el contexto digital, o la función social del derecho a la propiedad, por señalar los principales.

3. Cláusulas constitucionales estructurales: (1) Rol activo y no subsidiario del Estado: los poderes públicos no deben limitarse a no interferir en el ejercicio de estas libertades (acción negativa) sino que debe tener un rol activo en promover estos derechos (acción positiva); (2) Principio de igualdad: la constitución debe garantizar la igualdad material, no sólo la formal; (3) Reconocimiento de un Estado plurinacional para garantizar el respeto y reconocimiento del pluralismo y la diversidad.

REFERENCIAS

Corte IDH (1985): “La Colegiación Obligatoria de Periodistas” Opinión Consultiva 5-85.

Comisión IDH (2010): Marco jurídico interamericano del derecho a la libertad de expresión.

Hamelink, Cess (2003): El derecho a comunicarse.

Loreti, Damián y Lozano, Luis (2014): “El derecho a comunicar. Los conflictos entorno a la libertad de expresión en las sociedades contemporáneas”.

Sáez, Chiara (2015): Derecho a la Comunicación y Nueva Constitución.

Saffon, María Paula (2007): El Derecho a la Comunicación: un derecho emergente.

UNESCO (1976): Declaración de la Conferencia de San José de Costa Rica.

Agosto: Falta de transparencia y hostigamiento a la prensa como problemas estructurales

BOLETÍN Nº4 DEL OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA COMUNICACIÓN

Introducción

El 18 de marzo del presente año se declaró Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Pandemia en todo el territorio Nacional. Las medidas de prevención sanitaria y autocuidados han supuesto un cambio en el ciclo de protestas iniciadas con el estallido social de octubre; cesaron las protestas masivas pero se amplió el repertorio de demandas y acciones. En este nuevo escenario, las fuerzas de orden público, principalmente Carabineros de Chile, continúan hostigando injustificadamente a los comunicadores que realizan cobertura de protestas. En estos seis meses el número de detenciones a reporteros supera a las registradas durante el estallido social (27 casos): la policía funda las detenciones en supuestos incumplimientos de las medidas de prevención sanitaria establecidas por la autoridad, esto, a pesar de que los comunicadores cuenten con los permisos y salvoconductos correspondientes. Intendentes, Fiscalía y tribunales están contribuyendo a la criminalización de la prensa al acusar penalmente a algunos de los reporteros.

A propósito del estallido social se identificaron prácticas de ocultamiento de información pública, principalmente por parte del Ministerio del Interior y Carabineros de Chile. En el contexto actual se suma la falta de transparencia y los obstáculos de acceso a la información por parte del Ministerio de Salud. La institucionalidad a este respecto no está resultando ser efectiva; por una parte, el Consejo para la Transparencia está desplegando un estándar de control de la transparencia poco exigente admitiendo la reserva de información de relevancia, como la agenda de reuniones del Presidente Piñera; por otro lado, sus reclamos no son atendidos por algunos órganos del Estado, a lo que se suman cuestionamientos por el comportamiento de algunos de sus funcionarios.

Índice:

  1. Hostigamiento a la prensa

1.1. Amenazas y agresiones a reporteros/as

1.2. Falta de garantías judiciales para la protección de la libertad de información

1.3. Criminalización judicial

  1. Límites a la transparencia y el acceso a la información

2.1. Ocultamiento de información sobre la pandemia

2.2. Incumplimiento de las decisiones del Consejo para la Transparencia

2.3. Deficiencias en la actuación del Consejo para la Transparencia

  1. Temas para el debate

3.1. El problemático control de contenidos de programas de televisión

  1. HOSTIGAMIENTO A LA PRENSA

1.1. Amenazas y agresiones a reporteros/as

El dia 2 de agosto de 2020, el Colegio de Periodistas se pronunció respecto de las amenazas recibidas por la periodista de Telesur, Paola Dragnicii. Estas amenazas fueron realizadas en el contexto de la cobertura informativa de los actos ocurridos en la región de La Araucanía el sábado 1º de agosto, donde se desarrollaron violentos desalojos por parte de civiles a las tomas de municipios llevadas a cabo por comunidades mapuche, así como la quema de sus símbolos ancestrales. Desde el inicio del estallido social, el equipo de Telesur en Chile ha sido objeto de hostigamiento y agresiones por parte de fuerzas de orden público, así como también han sido víctima de acoso a través de redes sociales por la cobertura crítica hacia el Gobierno de Chile.

El día 4 de agosto el fotógrafo Sebastian Meza fue detenido en la ciudad de Temuco mientras desempeñaba su labor periodística. Aquel día el fotógrafo se encontraba cubriendo una manifestación mapuche en contra de la violencia racial y por la huelga de los prisioneros políticos mapucheiii. Sin embargo, miembros de fuerzas especiales de Carabineros procedieron a su detención y se desconoce su actual situación judicial.

El día Domingo 09 de Agosto fueron detenidos dos reporteros del medio de comunicación comunitario “Radio Manque” mientras cubrían la visita de Sebastián Piñera a la ciudad de Rancaguaiv. Previamente habían sido objeto de una serie de actos de hostigamiento por parte de militares y personal de civil de Carabineros de Chile, mediante la realización de controles de identidad y de los permisos de circulación. A pesar de que los funcionarios de Carabineros eran conocedores de la condición de reporteros y que estos contaban con los permisos de tránsito correspondientes, se procedió a su detención con el pretexto de una supuesta infracción al artículo 318 del Código Penal. Los comunicadores señalaron que sí contaban con los permisos correspondientes y denunciaron la completa ausencia de medidas sanitarias al momento de su detención ya que fueron subidos a un bus lleno de Carabineros de Fuerzas Especiales y llevados a la comisaría donde en ningún momento se respetó el distanciamiento social requerido por las autoridades. A las pocas horas fueron puestos en libertad sin que se les haya dejado citado judicialmente o multado.

En Santiago, el día 14 de agosto el camarógrafo Walter Fritz del medio independiente Señal 3 La Victoria fue detenido,v junto a otra reportera, en circunstancias que ejercía su labor informativa en las inmediaciones de plaza Dignidad. Cercanos al medio acusaron total ausencia de medidas sanitarias y distanciamiento social durante todo el tiempo en que estuvo detenido.

En Concepción, el 14 de agosto, Carabineros de Chile arrestó a dos fotógrafos. El primero de ellos fue detenido mientras realizaba una cobertura de protestas en un lugar público. Tras este suceso un grupo de observadores de derechos humanos, acompañados por un reportero, acudieron a la Comisaría para conocer la situación del fotógrafo detenido. Al preguntar a los policías que se encontraban en el lugar por la situación de los detenidos, estos procedieron a su detención. Los hechos quedaron registrados por el reportero que acompañaba al grupo, el cual también fue detenido. Horas después fueron puestos en libertad.

1.2 Falta de garantías judiciales para la protección de la libertad de información

Los tribunales han inadmitido a trámite los distintos recursos de protección presentados por ODC relativos a restricciones al ejercicio de la labor periodística. Las Cortes de Apelaciones de Santiago y de San Miguel han argumentado en reiteradas ocasiones falta de competencia para conocer de asuntos que involucran políticas de Gobierno, esto, pese a que se han acompañado a los recursos pruebas audiovisuales que demuestran vulneraciones de derechos fundamentales a comunicadores.

Durante el mes de agosto la Corte Suprema confirmó tres resoluciones de la Corte de Apelaciones de Santiago en las que eludía pronunciarse respecto a la exigencia de permisos de circulación a la prensa en zonas declaradas en cuarentena por Covid-19 (Recursos de Protección nº 51330-2020, 52563-2020 y 64172-202)vi.

La Corte Suprema también ha declarado inadmisible por falta de competencia del recurso de protección presentado por los/as reporteros/as de la televisión comunitaria Señal 3 La Victoria, que han sido objeto de distintas formas de hostigamientovii.

1.3. Criminalización judicial

Varios de los reporteros detenidos el pasado 1º de mayo en Plaza Dignidad, durante la conmemoración del día de las/os trabajadoras/es, han enfrentado procesos judiciales. Danilo Ahumada, Presidente del Colegio de Periodistas de Valparaíso ha sido acusado de delitos de desórdenes públicos y contra la salud pública.

Un reportero del medio “Piensa Prensa” fue citado a audiencia judicial el 11 de agosto para enfrentar una acusación por delito contra salud pública del artículo 318 del Código Penal en relación con una detención arbitraria de la que fue objeto el 1º de mayo en la ciudad de Santiago. La audiencia no se celebró y en su lugar el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, acogiendo la petición de la fiscalía, acordó la realización de un procedimiento monitorio, y procedió a condenar al reportero, sin escuchar su testimonio, a una pena de Multa de seis UTM y costas. Atendiendo a la ausencia de antecedentes el juez decretó la suspensión de la pena y sus efectos por un plazo de seis meses; transcurrido el plazo señalado sin que el imputado sea objeto de nuevo requerimiento o de una formalización de la investigación, se dejará sin efecto la sentencia y, en su reemplazo, se decretará el sobreseimiento definitivo de la causa. Durante el procedimiento no se dio oportunidad al reportero de dar su versión de lo sucedido.

El hostigamiento judicial a la prensa también se produce con la excusa del incumplimiento de la normativa de usos de espacio público. El pasado 13 de marzo, en la localidad de San Carlos, Carabineros de Chile acusaron al Director del medio local “El Itihue” de causar desórdenes en la vía pública, durante la celebración de un acto por una nueva constitución, por no estar autorizado. El pasado 31 de agosto el Juzgado de Policía Local notificó al Director del Diario “El Itihue” su absolución de las infracciones de las que había sido acusado por parte de Carabineros de Chile, ya que no se aportaron antecedentes en la denuncia que acrediten su participación como uno de los líderes de la manifestaciónviii.

Con fecha 11 de agosto de 2020 el equipo del medio independiente “Piensa Prensa” informó, a través de sus redes socialesix, que el ex Teniente Claudio Crespo, principal sospechoso de haber producido las graves lesiones que cegaron al estudiante universitario Gustavo Gatica, había interpuesto un recurso de protección en contra de ellos así como contra el medio Gamba y la plataforma Twitter, solicitando la retirada de contenidos publicados (Protección n° 37922 – 2020)x. El motivo de esta acción legal sería la publicación, el día 8 de abril, por parte del Medio “Gamba” de tuits que señalaban: “Identifican al Carabinero que le disparó a Gustavo Gatica: Fue el Teniente Coronel Claudio Crespo Guzmán”. “Piensa Prensa”, por su parte, publicó entre los días 7 y 8 de abril del año en curso, una serie de tuits tendientes a cuestionar un informe de Carabineros, afirmando que la Institución estaría ocultando información, además de cuestionar la credibilidad o contenido del informe institucional, junto con dar a conocer el nombre del fiscal a cargo de dicha investigación en sede administrativa. Según el recurrente las publicaciones tuvieron como consecuencia una gran cantidad de comentarios por los usuarios de la referida red social, animando a la comunidad virtual a publicar información, en específico información particular del suscrito, como domicilio, colegio, sus hijos, familiares, amigos, etc, solicitando encarecidamente que “lo encarguen”, además de innumerables insultos hacia su persona. Por su parte por intermedio de su Editor General el medio “Piensa Prensa” presentó sus descargos señalando que las publicaciones se enmarcan dentro de una de las investigaciones periodísticas que ha desarrollado desde octubre de 2019 y que tiene que ver con los hechos ocurridos el pasado 8 de noviembre de 2019 en el contexto de las protestas desarrolladas en Plaza Dignidad. Señalaron además, que ninguna de las publicaciones realizadas por “Piensa Prensa” incluían insultos, incitación a escupir o atentar contra la integridad física y psicológica del Sr. Crespo. Asimismo, tampoco se ha procedió a la publicación de datos personales que afecten a su privacidad, como su número de teléfono y finalmente señalaron que “Piensa Prensa” no tiene control sobre el funcionamiento de la plataforma Twitter, que tiene sus propias normas y reglas de uso, por lo que no podían impedir la realización de comentarios por parte de otros usuarios de esta red, o la redifusión de sus contenidos. Actualmente la acción se encuentra en la etapa de alegatos.

  1. LÍMITES A LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

2.1. Ocultamiento de información sobre la pandemia

Desde el inicio de la pandemia por COVID-19 se viene cuestionando al Ministerio de Salud por su falta de transparencia respecto de las cifras oficiales y datos relativos a la pandemia. El día 25 de agosto Contraloría General de la República, a través de su Departamento de Auditorías Especiales, detectó diferencias entre las cifras de personas fallecidas por el Covid-19 que entrega el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) y los balances del Ministerio de Salud del 10 de junio y 23 de julioxi. En primera instancia, el informe de Contraloría señala que “el Minsal informó en su reporte oficial del 10 de junio de 2020 -con fecha de corte el 9 de igual mes y año-, la cantidad de 2.475 casos de muertes confirmadas por causa de Covid-19″. Agrega que “sin embargo, tanto el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS, como esta Contraloría General coincidieron en que la cantidad de decesos, a la citada data de corte, a causa de esa enfermedad conforme a las distintas fuentes de información -Servicio de Registro Civil e Identificación; Sistema de Registro, Alerta y Vigilancia de Enfermedades de Notificación Obligatoria, Epivigilia; y base de datos de laboratorios- era de 4.675, por lo que se informó un número menor de 2.200 decesos“.

Por otra parte, el Ministerio de Salud obstaculiza el acceso a información pública, denegando las solicitudes que recibe y entregando información incompleta. La Pública, una fundación que promueve el uso ciudadano de la Ley de Transparencia, solicitó acceso al contenido del cuaderno amarillo utilizado por el ex Ministro Mañalichxii. La Subsecretaría de Salud Pública rechazó la entrega de la información solicitada argumentando que el cuaderno es un artículo personal del entonces ministro de Salud, en donde “realiza las notas correspondientes a su vida privada”xiii. En el cuaderno, que podría contener información clave para el manejo de la emergencia, cabe suponer, entre anotaciones, comentarios, gráficos o dibujos, se podría encontrar un registro de las decisiones que tomó la autoridad sanitaria para dirigir a Chile a través de la crisis. En Chile no hay antecedentes de solicitudes de transparencia hechas específicamente para acceder a cuadernos, agendas o bloc de notas de funcionarios públicos, pero hay material de sobra para entrar en el debate –que no es nuevo– sobre los límites de lo público y lo privado; es decir, sobre los alcances de la Ley de Transparencia. El acceso a la información, establece el Artículo 10 de la Ley de Transparencia, “comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales”. Si el documento en cuestión fue utilizado como “sustento o complemento directo y esencial”, su carácter debería ser público y de libre disposición a quien lo solicite, especifica el Artículo 5º.

2.2. Incumplimiento de las decisiones del Consejo para la Transparencia

El Consejo para la Transparencia (CPLT) ha acogido diversos reclamos de amparo contra el Ministerio de Salud por la denegación de información. Así por ejemplo, el pasado mes de abril, el CPLT ordenó a la Subsecretaría de Salud Pública la entrega de datos desagregados que contengan edad, comuna, hospital, nivel de gravedad, relativos al afectados por Coronavirus, de los que disponía el Ministerio de Salud con fecha 21 de marzoxiv. Sin embargo, hasta la fecha la Subsecretaría no entrega la información, incumpliendo la Decisión Amparo Rol C2068-20 del CPLT.

Esta práctica de obstrucción, dilatación de los plazos y desconocimiento de las órdenes del CPLT, se producen por parte de varios organismos del Estado. Así por ejemplo se ha constatado el incumplimiento por parte de la Agencia Nacional de Inteligencia, que aún no entrega la información exigida por el CPLT en su decisión Amparo Rol C1210-20xv, y por la Subsecretaría de Interior, que oculta la agenda de reuniones del Ministro y subsecretario durante el estallido social, incumpliendo las Decisiones de Amparo Rol 8252-2019xvi y 8253-2019xvii.

2.3. Deficiencias en la actuación del Consejo para la Transparencia

En situaciones de crisis, tanto sociales como sanitarias, hay mayores riesgos de ocultamiento de información por parte de las autoridades; en este contexto, el desempeño de los organismos encargados de velar por el derecho de acceso a la información resulta especialmente relevante. En este sentido, desde ODC venimos observando la actuación del CPLT con el objetivo de identificar posibles deficiencias en su actuación. En los últimos meses hemos detectado algunos aspectos que resultan preocupantes, algunos de los cuales destacamos a continuación.

Una de las iniciativas desplegadas por el CPLT a raíz de las críticas por la falta de transparencia del Gobierno ha consistido en la elaboración de una serie de recomendaciones en materia de transparencia activa y acceso a la información por COVID19xviii, a la cual se acompaña un mecanismo de seguimiento periódico del cumplimiento de estas recomendacionesxix. Respecto de esta actuación hay aspectos que resultan llamativos, por una parte se observa en los informes de revisión disponibles que no hay una mejora en el cumplimiento de las recomendaciones, lo que podría ser una muestra de la falta de efectividad de los requerimientos realizados por el CPLT. Si bien estos informes de seguimiento se encuentran disponibles en la web del CPLT, no resultan fácilmente accesibles desde la página principal, asimismo el organismo no ha realizado una adecuada difusión del contenido y conclusiones de estos informes, mediante comunicados de prensa o difusión en las redes sociales del organismo. Finalmente hemos constatado que no se encuentran disponibles los dos informes de revisión correspondientes al mes de agosto.

Otro elemento que preocupa a ODC es el poco exigente estándar de control de la transparencia que aplica el CPLT hacia determinadas peticiones de información y organismos. Particularmente preocupa la baja exigencia de transparencia a la Presidencia de la República. El pasado 26 de agosto el CPLT notificó su decisión de rechazar el amparo presentado por ODC en contra de la Presidencia de la República, denegando el acceso a la información relativa al número de reuniones del Presidente con ejecutivos y representantes de los principales medios de comunicación desde el 1 de octubre de 2019, fechas de dichas reuniones, así como el nombre de los Ministros y Subsecretarios que participaron en dichas reuniones. En su Decisión de Amparo C-3376-20, el CPLT alega que el Presidente de la República no se encuentra obligado por la Ley de Lobby, y que la publicidad de la información solicitada podría afectar el debido cumplimiento de las funciones de S.E. el Presidente de la Repúblicaxx. En un anterior pronunciamiento, decisión de amparo Rol 8265-19xxi, el CPLT utilizó los mismos argumentos para denegar el acceso a la agenda de reuniones del Presidente durante el estallido social, consolidando una doctrina que permite el ocultamiento de información de relevancia informativa.

En los últimos meses se ha tenido conocimiento de actitudes de falta de probidad por parte de Consejeros y funcionarios del CPLT. El día 28 de agosto la Contraloría General de la República publicó su informe final 54-2019 donde constató la existencia de irregularidades dentro del Consejo Para la Transparencia (CPLT).xxii Tras varios meses de investigación administrativa, finalmente el organismo evacuó una “auditoría simplificada” que determinó, entre otras anomalías, un mal uso de recursos fiscales por parte del ex-presidente del Consejo, Marcelo Drago. El informe pone énfasis en cómo Marcelo Drago -presidente del CPLT entre 2017 y 2019- habría aprovechado su cargo para utilizar de forma indebida un vehículo fiscal y el chofer institucional para realizar traslados a su domicilio y otros destinos no relacionado con sus funciones. Además, detalla la indagatoria, se advirtió sobre “deficiencias” en las bitácoras del vehículo, las cuales no contenían detalles de los recorridos realizados.

A la Contraloría ingresó, además, el 16 de enero de 2020 una denuncia por “graves faltas a la probidad y posible falsificación de instrumento público, por parte del secretario del Consejo Directivo, José Ruiz Yáñezxxiii. Además de tráfico de influencias del consejero y ex-presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, y la Directora General, Andrea Ruiz, en beneficio de este funcionario”, sostiene la denuncia. Asimismo, se daba cuenta de retrasos y la “omisión selectiva” de actas de las sesiones del Consejo, máxima instancia del organismo autónomo, cuyo presupuesto anual bordea los $7.402 millones de pesos. Estas denuncias y la inminente presentación de un sumario en su contra, provocaron la renuncia de Marcelo Drago como Consejero del CPLT, que logró de esta manera desactivar una investigación administrativa. Tras su renuncia el ex Consejero se incorporó a trabajar en Magliona Abogados, el estudio que se dedica a hacer lobby en favor del gigante tecnológico Google, debido a la preocupación de la poderosa compañía por la posibilidad de que se apruebe el proyecto de Ley de Datos Personalesxxiv, proyecto que ha previsto un rol de fiscalización al CLPT. Por otra parte, el pasado 12 de marzo se ingresó otra denuncia anónima en la Contraloría General de la República en contra del nuevo presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada Roblero, en la cual se le acusa de contradecir “los principios de probidad pública, austeridad y abuso de recursos públicos”. El motivo de esta acción es que además del sueldo en el CPLT, Jaraquemada es director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, labor que según el mismo denunciado reconoce en su declaración de patrimonio, es remunerada, pero sin detallar el monto.xxv

  1. Temas para el debate

3.1. El problemático control de contenidos de programas de televisión

Son numerosos los casos en los que personas aludidas en programas de televisión acuden a los tribunales de justicia alegando que la difusión de informaciones afecta a su derecho a la honra. Esta situación de elevada judicialización resulta llamativa si consideramos que la Ley n°. 19.733, sobre “Libertad de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo”, incorpora un mecanismo para que los particulares puedan ejercer el derecho de aclaración y de rectificación cuando son injustamente aludidos. Un ejemplo de lo anterior es el recurso de protección presentado en contra de TVN por la emisión de un reportaje llamado “La historia desconocida en la muerte del Cangri”. Los recurrentes acusan que el repostaje contiene imputaciones que denostaban la honra del fallecido, situación que no sólo agravaba el dolor de la familia, sino además la dejaba expuesta al cuestionamiento público. La Corte Suprema, en su sentencia del 22 de agosto (Rol N° 33.079-2020), confirma el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó el recurso. La sentencia refiere que “la recurrida se ha limitado a elaborar y exhibir un programa de televisión dedicado a la investigación del tráfico ilícito de vehículos robados, en consecuencia, se trata de la develación de hechos de relevancia pública, respecto de los cuales ha de prevalecer la libertad de información por sobre el derecho al honor, en atención al derecho que tiene la ciudadanía de conocer aquellas circunstancias y conductas de relevancia pública, misma que está dada, a su turno, por la importancia o trascendencia general de los hechos en sí”. Concluye el fallo señalando que en este caso “la injerencia en el ámbito del honor ajeno encuentra su justificación en una causa de interés público, en la relevancia pública del asunto, precisamente porque, en tales casos, el derecho lesionado (honra ajena) aparece como un valor menor frente al derecho de la sociedad a formarse opinión sobre la denuncia de hechos que podrían tener el carácter de delictuales”.

Otro aspecto problemático es la potestad sancionadora del Consejo Nacional de Televisión respecto de los incumplimientos del correcto funcionamiento de los canales de televisión. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 30 de julio de 2020 (Rol 8196-20-INA)xxvi, acoge el requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo 33, n° 2, de la ley n° 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión presentado por Tú Ves S.A. en la causa sobre reclamación seguida ante la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el Rol n° 565-201. La sentencia cuestiona la constitucionalidad de la imposición de sanciones económicas por parte del CNTV, al considerar que el órgano legislador no fue lo suficientemente preciso en la forma en que debe determinarse la cuantía de la multa económica por parte del CNTV, lo que en algunos casos, como el presente, puede implicar la imposición de una sanción desproporcionada. La sentencia sólo tiene efectos sobre el caso concreto pero abre la posibilidad de que las futuras multas económicas sean cuestionadas por su posible inconstitucionalidad.

i

ii https://www.colegiodeperiodistas.cl/2020/08/colegio-de-periodistas-rechaza.html

iii https://www.mapuexpress.org/2020/08/05/fotos-la-dignidad-de-lagmien-ana-llao-que-defiende-su-kultrun/

iv https://www.agenciadenoticias.org/comunicado-ante-detencion-de-comunicadores-as-populares-de-radio-manque-la-comunicacion-es-un-derecho-no-su-privilegio/

v https://www.facebook.com/805554739537959/posts/3231974806895928/?vh=e&d=n

vi Recursos de Protección nº 51330-2020, 52563-2020 y 64172-2020, en la Corte de Apelaciones de Santiago. Disponibles en https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/InicioAplicacion.do

vii Recursos de Protección nº 46716-2020 en la Corte de Apelaciones de Santiago y nº 6110-2020 en la Corte de Apelaciones de San Miguel, https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/InicioAplicacion.do

viiihttps://diarioelitihue.blogspot.com/2020/09/san-carlos-juzgado-absuelve-director-de.html

ix https://twitter.com/PiensaPrensa/status/1293146957112844289

x Recurso de Protección n° 37922 – 2020 en la Corte de Apelaciones de Santiago https://corte.pjud.cl/SITCORTEPORTAL/

xi https://www.adnradio.cl/nacional/2020/08/25/contraloria-detecto-diferencias-en-cifra-de-fallecidos-por-covid-19-entre-informe-del-deis-y-dos-balances-del-minsal.html

xii https://ciperchile.cl/2020/08/10/el-cuaderno-amarillo-de-manalich-consejo-para-la-transparencia-debe-decidir-si-los-datos-que-contiene-son-publicos-o-privados/

xiii https://lapublica.cl/2020/08/07/resolucion-exenta-n412-subsecretaria-de-salud/

xiv https://extranet.consejotransparencia.cl/Web_SCW2/Paginab/FichaCaso.aspx?ID=39889

xv https://extranet.consejotransparencia.cl/Web_SCW2/Paginab/FichaCaso.aspx?ID=39031

xvi https://extranet.consejotransparencia.cl/Web_SCW2/Paginab/FichaCaso.aspx?ID=37599

xvii https://extranet.consejotransparencia.cl/Web_SCW2/Paginab/FichaCaso.aspx?ID=37600

xviii https://www.consejotransparencia.cl/categoria_publicaciones/recomendaciones/

xix https://www.consejotransparencia.cl/revision-implementacion-recomendaciones-cplt/

xx https://extranet.consejotransparencia.cl/Web_SCW2/Paginab/FichaCaso.aspx?ID=41203

xxi https://extranet.consejotransparencia.cl/Web_SCW2/Paginab/FichaCaso.aspx?ID=37612

xxii https://www.infogate.cl/wp-content/uploads/2020/08/CONTRALORIACONSEJO-TRANSPARENCIA-AGOSTO28.pdf

xxiii https://media.elmostrador.cl/2020/08/Denuncia-contralori%CC%81a-1-1.pdf

xxiv https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/08/03/la-puerta-giratoria-del-expresidente-del-cplt-y-los-sumarios-que-ensombrecen-al-organismo/

xxv https://interferencia.cl/articulos/presidente-de-consejo-para-la-transparencia-prefiere-no-transparentar-su-sueldo-en

xxvi Sentencia Tribunal Constitucional de 30 de julio de 2020 (Rol 8196-20-INA), disponible en https://www.tribunalconstitucional.cl/ver2.php?id=6982